Sandra Edith Pascual Lopez
Expediente 1392/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1392/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sandra Edith Pascual Lopez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 7168/2019 signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual comunica el acuerdo que admite a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito que suscribe *********, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de quince de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso de queja hecho valer por la parte quejosa. En mérito a lo anterior, con fundamento en el artículo 101 de la ley de la materia, una vez que esté debidamente integrado el presente recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito en turno, el aludido escrito y ríndase el informe con justificación requerido, adjuntando copia del auto impugnado, de la notificación a las partes y de las demás que se estimen necesarias para el mejor conocimiento del asunto. Haciéndose saber a la Superioridad que SÍ ES CIERTO EL ACTO QUE SE ATRIBUYE; pero el mismo fue dictado conforme a derecho. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de quince de octubre de dos mil diecinueve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se provee como sigue: 1).- Registro de demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número progresivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes. Del artículo 107, fracción V, en cita, se advierte que el legislador fue claro en establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y, mediante interpretación auténtica, explicó qué se entiende por este tipo de actos, acotándolos a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por contrapartida, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra todos aquéllos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse en amparo directo, principal o adhesivo. Así, del referido 107, fracción V, de la Ley de Amparo y su interpretación, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación se requiere la presencia de dos requisitos indispensables para que puedan ser considerados como tal, a saber: 1. Que los derechos objeto de la afectación sean de naturaleza sustantiva y no únicamente de índole formal o adjetiva, por más relevantes o graves que sean y su trascendencia en el resultado de la resolución; y 2. Tratándose de derechos sustantivos, su afectación necesita producir una afectación material, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual su ejercicio, incluso, antes del dictado de la resolución definitiva. Tales argumentos fueron expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), con registro 2066589, emitida por dicho Pleno, publicada el seis de junio de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Ahora bien, tratándose de la omisión de acordar promociones o de proseguir en tiempo el juicio, por regla general el juicio de amparo es improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; tal y como lo señala la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011580 y rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Con esas bases, es necesario explicar qué debe entenderse por "abierta dilación" del procedimiento en el contexto de la procedencia del amparo indirecto sólo contra actos en juicio de imposible reparación, esto es, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Pues bien, para que exista una abierta dilación del procedimiento que dé lugar a la procedencia del juicio de amparo por considerarse que constituye un acto de imposible reparación, debe regir la misma regla que para estos últimos actos, es decir, las consecuencias de esa dilación deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; pues no debe perderse de vista que el término "abierto" en este caso es utilizado como un adjetivo que significa "claro, patente, indudable", atribuido a la dilación que califica. Así, no cualquier dilación tiene el carácter de "abierta" y para establecer cuándo se está ante un supuesto jurídico de tal naturaleza, por lo general debe atenderse a las peculiaridades de cada caso en concreto; y es posible dejar en claro que no se está ante un supuesto jurídico de dilación abierta en aquellos casos en los que entre cuya omisión se reclama y la fecha de la presentación de la demanda de amparo tan sólo media un lapso breve observado razonablemente, sobre todo dentro de contextos de impartición de justicia saturados y con problemáticas de limitación de recursos indispensables para que su eficacia sea óptima. De manera que en esos casos, aun cuando se sobrepasen los plazos que la ley que regula el acto establezca para proveer lo conducente -en algunas ocasiones podría ser el doble e incluso el triple dependiendo de la brevedad de algunos plazo-, lo cierto es que el transcurso de unos cuantos días más tan solo constituye una simple dilación y no puede considerarse una "abierta" dilación, que retrase de tal manera el procedimiento que dé lugar a decretar la procedencia del juicio de amparo, pues no produce en la quejosa un acto de imposible reparación que afecte clara, patente o ineludiblemente su derecho de acceso a la justicia pues no obstruye de manera evidente el acceso a la misma. En ese sentido, no debe perderse de vista las particularidades de la impartición de justicia de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, cuyos actos son materia del juicio de amparo, los cuales, por lo general se encuentran rebasados en sus capacidades por el cúmulo de trabajo que tienen a su cargo; de ahí que esa carga laboral debe administrarse a efecto de que todos los justiciables y no solo aquéllos que promuevan amparo, se les administre justicia de la manera más pronta posible y dentro de los plazos que marca la ley y de ser el caso de que reciban justicia fuera de dichos plazos, que esa tardanza sea razonable, y no constituya una abierta dilación que es lo que produce injusticia. Y es que la procedencia del juicio de amparo en los casos en los que exista abierta dilación tiene como finalidad que vía amparo se otorgue justicia en aquellos casos en los que verdaderamente exista una injusticia manifiesta y no para ajustar la administración de justicia de las autoridades señaladas como responsables a los plazos procesales de manera estricta, frente a una realidad imperante de recursos limitados de administración de justicia. Finalmente, hay que agregar que la propia promoción del juicio de amparo en los casos en que no exista una abierta dilación del procedimiento, es un despropósito porque la práctica refleja que el propio trámite del amparo dilata un tiempo considerable aunado a que provoca que las autoridades señaladas como responsables se vean en la necesidad de realizar los trámites inherentes a la defensa del acto reclamado, lo que ocasiona una dilación mayor en el procedimiento. Expuesto lo anterior, en este caso el acto reclamado se hace consistir en: no desahogar el procedimiento laboral dentro de los términos y plazos señalados en la Ley Federal del Trabajo, en particular, no proveer lo relativo a las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 01/792/19, en virtud de que la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que en audiencia celebrada el diez de septiembre de dos mil diecinueve, la Junta responsable se reservó para mejor proveer sobre las pruebas ofrecidas por las partes; pero ello no afecta de manera material y actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, precisamente porque de la fecha en que la autoridad responsable fue omisa en proveer sobre las pruebas ofrecidas por las partes y la fecha de la presentación de la demanda de amparo -once de octubre de dos mil diecinueve-, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, mediaron treinta y un días naturales. Por tanto, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, ese lapso -treinta y un días- no produce una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contracción de tesis 294/2018, que originó la jurisprudencia 2a./J.33/2019 que resolvió el juicio de amparo contra dilaciones procesales procede cuando han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en el concluyó el plazo que tiene la autoridad responsable esto es, a partir del proveído en el cual la autoridad responsable debió proveer sobre las pruebas ofrecidas por las partes; por tanto, en el presente asunto el computo inició a partir del once de septiembre del año en curso, y a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, han transcurrido únicamente treinta y un días, por lo que, no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización. La jurisprudencia en mención es del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Y dicha causal de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que en el caso no existe una abierta dilación en el procedimiento ni su paralización total pero además es evidente, claro y fehaciente en tanto que basta la lectura del escrito inicial de demanda para percatarse de ello; de ahí que resulte innecesario substanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia. ..
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