Sandra Edith Aquino Hernández
Expediente 733/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Sandra Edith Aquino Hernández
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz, nueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo, promovida por *********, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de este Distrito Judicial; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 733/2019/V-B que le corresponde. En principio, debe decirse que la demanda de amparo es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el arábigo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República, el cual literalmente dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal consideración se encuentra sustentada por la Tesis I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página ochocientos noventa, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) Debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, relativa a la observancia del principio de definitividad, el cual se transcribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)." La disposición legal transcrita, establece lo que se conoce como principio de definitividad, consistente en que la quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de garantías. El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa. Lo anterior es así, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos humanos contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado, salvo cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio. En ese sentido, tratándose de actos emitidos por tribunales, judiciales, administrativos o laborales, antes de promover la demanda de garantías, el interesado debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan en contra del acto de autoridad, previo a la instauración del juicio de amparo. Al respecto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, emitió la Jurisprudencia número I.6o.C. J/37, visible en la página novecientos dos, Tomo XV, Mayo de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, de la lectura de la demanda, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, emitido en los autos del expediente ********* del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de este Distrito Judicial, mediante el cual se fijó una pensión alimenticia provisional a favor de su menor hijo. Así, en contra del acto combatido procede la reclamación establecida en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 210.- Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días. En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario. En materia de derecho familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores incapaces y para el acreedor alimentario."| Por lo tanto, se concluye que este juicio de amparo es improcedente, toda vez que contra del auto reclamado procede el recurso de reclamación previsto en el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Veracruz vigente, que resulta idóneo para revocar o modificar el acto que se pretende impugnar en este juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis Aislada VI.2o.C.364 C, visible en la página novecientos veintisiete, Tomo XVIII, noviembre de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, número de registro 182898 de rubro siguiente: "ALIMENTOS PROVISIONALES. ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO DEBE AGOTARSE EL RECURSO ORDINARIO PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LOS DECRETA." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, con fundamento en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis XVI.2o.C.T.1K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del rubro siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO (INTERPRETACIÓN ADICIONAL)." DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se tienen como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, se tiene como autorizado únicamente para orí y recibir notificaciones a ********* por así haberlo solicitado. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública... "
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