Sandra Daniela Taurino Jiménez y Otros.
Expediente 1161/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1161/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sandra Daniela Taurino Jiménez y Otros.
- Sandra Daniela Taurino Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil veintidós. Vistos los autos, como se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia ahí dictada. En consecuencia, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, por tanto, con fundamento en los artículos 18, 20 y 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva, el original de este expediente será DEPURABLE, el cual conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez fenecido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, será depurado; acontecido lo anterior, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Finalmente, al no existir necesidad de conservar las copias certificadas deducidas del expediente ******************** que remitió el encargado del despacho de la Secretaría General del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, como anexo a su informe previo (un tomo), se ordena la devolución de dichas documentales a su lugar de origen. Sin que exista necesidad de acusar el recibo de estilo correspondiente, dado que el sello de recepción de la comunicación y anexo que al efecto se entregue, será la constancia que corrobore la entrega de las citadas constancias. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable mencionada."
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el siete de noviembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por 1) ***, 2) ***, 3) María Libia ****** (única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, y con fundamento en los artículos 18, 20 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme al artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Devolución de constancias. En consecuencia de lo anterior, al no existir necesidad de conservar las copias certificadas deducidas del expediente JDC/169/2016 que remitió el encargado del despacho de la Secretaría General del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, como anexo a su informe justificado (cuatro tomos), se ordena la devolución de dichas documentales a su lugar de origen. Sin que exista necesidad de acusar el recibo de estilo correspondiente, dado que el sello de recepción de la comunicación y anexo que al efecto se entregue, será la constancia que corrobore la entrega de las citadas constancias. Firma y envío de oficios. Finalmente, se autoriza al actuario, firme los oficios derivados de este juicio, y en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de forma presencial, los remita al correo electrónico autorizado, o bien, vía fax, correo ordinario o estafeta, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En caso de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto * * * * * * * * * que promovió Sandra Daniela Taurino Jiménez por propio derecho y otros; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. 1) * * * * * * * * *, 2) * * * * * * * * *, 3) * * * * * * * * *, 4) * * * * * * * * *, 5) * * * * * * * * *, 6) * * * * * * * * *, 7) * * * * * * * * *, 8) * * * * * * * * *, 9) * * * * * * * * * y 10) * * * * * * * * *, mediante escrito recibido el trece de septiembre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado en la misma fecha al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadoras: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE OAXACA. JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE OAXACA. JUZGADO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA. Ejecutoras: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA. ACTOS RECLAMADOS: "De las autoridades señaladas como ordenadoras señalamos lo siguiente: Toda vez que no conocemos la orden de arresto, ni nos fue notificada de forma personal en cualquier medio, se señalan los posibles expedientes en los cuales pudo haber sido dictada: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE OAXACA, la orden de arresto dictada dentro de los expedientes de juicios de nulidad * * * * * * * * * y * * * * * * * * * JUNTA DE ARBITRAJE PARA LOS EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE OAXACA. La orden de arresto dictada dentro de los expedientes de juicios laborales * * * * * * * * *, * * * * * * * * * y * * * * * * * * * JUZGADO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA, la orden de arresto dictada dentro del expediente del juicio mercantil * * * * * * * * * TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, las ordenes de arresto dictadas dentro de los expedientes * * * * * * * * *, * * * * * * * * * y * * * * * * * * *. De la autoridad ejecutora, reclamamos lo siguiente: Reclamamos la ejecución de la orden de arresto que trataron de ejecutar en fecha 13 de septiembre de 2022, probablemente ordenada por una de las autoridades señaladas anteriormente, ello, bajo protesta de decir verdad." SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa considera transgredidos los previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. En acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós (fojas 21 a 23), el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, admitió a trámite la demanda de amparo, bajo el registro 1068/2022, otorgó la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal y solicitó de las autoridades responsables su informe justificado. En proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós (fojas 28 a 32), el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ordenó de oficio la separación material de los autos; señalando que en dicho juicio de amparo, se tramitaría únicamente respecto del acto y autoridad responsable siguiente: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA: La orden de arresto dictada dentro del expediente * * * * * * * * *y su ejecución por parte de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. Por auto de veintinueve de septiembre de este año, dicho órgano jurisdiccional declinó competencia a este Juzgado para seguir conociendo del referido juicio de amparo, en atención a que se actualizaba el conocimiento previo establecido en el artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al haber conocido del diverso juicio de amparo 347/2020. En acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós (fojas 87 a 92), este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, aceptó la competencia declinada y radicó el juicio de amparo bajo el registro * * * * * * * * *, lo que se ordenó hacer del conocimiento de las partes; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En proveído de catorce de octubre de dos mil veintidós (fojas 101 a 103), se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo por las siguientes autoridades y actos reclamados: ".Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca. Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca.". ".De las autoridades responsables anteriormente señaladas, reclamamos la ejecución de la orden que intentaron ejecutar en fecha 13 de septiembre de 2022, probablemente ordenada por las autoridades responsables señaladas en la demanda de amparo principal. Acto reclamado señalado en la demanda de amparo principal.". Seguido los trámites de ley, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó en los términos que anteceden; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado versa sobre la materia administrativa y tendrá ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, en términos del Acuerdo General 23/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, ampliaciones e informes justificados, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La orden de arresto por doce horas decretado en acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el * * * * * * * * *. La ejecución de dichas órdenes de arresto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Ahora, si bien el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (autoridad ordenadora), en su informe justificado fue omiso en pronunciarse en relación a la existencia o no de la orden de arresto, respeto a los quejosos * * * * * * * * *; no se está en el supuesto de presumirlo cierto. Ello es así, toda vez que dentro las constancias que remitió, se encuentra el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós (fojas 133 a 139 tomo anexo), en el que hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos, e impuso un arresto de doce horas de manera personal e individual a * * * * * * * * *, Presidente Municipal, Síndica Procuradora, Síndico Hacendario, Regidora de Hacienda y Tesorera Municipal, todos del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Asimismo, ordenó al Secretario de Seguridad Pública en el Estado, por conducto del Director Jurídico de la Policía Estatal, para que dentro de sus atribuciones legales, instruya a quien corresponda para que proceda a hacer efectivo a las personas descritas con antelación el medio de apremio señalado. De ahí que, al no encontrarse entre las personas a las que se impuso arresto, los nombres de los quejosos * * * * * * * * *; se tiene por inexistente los actos reclamados a las autoridades responsables por los que se resuleve. Sin que el quejoso haya ofrecido pruebas para desvirtuar esa negativa; en consecuencia, procede sobreseer en el juicio, por lo que hace a las referidas autoridades y al acto atribuido, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia número 284, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia del acto reclamado. El encargado del despacho de la Secretaría General del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (fojas 109 a 113), Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (fojas 47 a 53 y 123 a 138, al rendir sus informes justificados convinieron en la existencia de los actos reclamados, respecto a * * * * * * * * *. Por otra parte, no obra el informe justificado del Comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, sin embargo, al tratarse de una autoridad ejecutora de un acto en que convino la autoridad ordenadora, y obrar el informe del Director de Asuntos Jurídicos de dicha dependencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a las citadas autoridades. QUINTO. Causal de improcedencia. La referida institución procesal impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Ahora, por lo que hace al acto reclamado consistente en la orden de arresto por doce horas decretado en acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el expediente * * * * * * * * *, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo. Al respecto, el artículo invocado es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral;" La porción normativa transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado verse sobre la materia electoral. Lo trascendental para que se actualice esa causal de improcedencia, es que el acto reclamado se encuentre dentro del concepto "materia electoral". En relación al tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1403/2007, indicó qué aspectos comprenden la materia electoral; al respecto señaló: "(.) La improcedencia del juicio de amparo no surgirá, entonces, por el solo hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo que se argumente en los conceptos de violación de la demanda, sino que es el contenido material de la norma, acto o resolución lo que determinará la improcedencia del juicio de garantías, esto es, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos pues en estos supuestos la norma, acto o resolución están sujetas al control constitucional previsto por la propia Ley Suprema, esto es, la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral en el caso de actos o resoluciones. Por tanto, la correcta interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, acorde con el orden constitucional y, por tanto, con la naturaleza y objeto del juicio de garantías, determina que la improcedencia de éste surgirá cuando se reclamen normas o actos cuyo contenido material sea electoral o versen sobre derechos políticos, ya que sólo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, pero siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos cuando éstos incidan sobre el proceso electoral. Debe precisarse en relación a lo antes establecido, que tratándose de las resoluciones pronunciadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos de su competencia, el juicio de amparo siempre resultará improcedente, con independencia del contenido material de esas resoluciones, esto es, aun cuando ese contenido no verse estrictamente sobre la materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva directamente del artículo 99 de la Constitución, conforme al cual las resoluciones que dicte el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Se trata, por tanto, de una improcedencia que deriva de la propia Ley Suprema en razón del órgano de que proviene la resolución, sin importar la materia a que ésta se refiera, tal como se señaló en párrafos precedentes, al destacarse la inimpugnabilidad de las determinaciones del Tribunal Electoral en todos los asuntos que caen en el ámbito de su competencia (.)" (Lo subrayado es propio) Consideración que dio origen a la tesis P . L X / 2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Materia Constitucional, página 5, de rubro "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS." Ejecutoria que es aplicable al caso en estudio, en términos del artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, ya que la fracción XV, de su artículo 61, contiene una redacción similar a la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis. En el caso, el acto reclamado es de naturaleza electoral, ya que deriva de la ejecución de una sentencia cuyo contenido material también es electoral. Es así, toda vez que el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, mediante sentencia de seis de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el expediente * * * * * * * * *, promovido por * * * * * * * * *, la cual se encuentra firme, señaló que el derecho político electoral a ser votado, previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo comprende el derecho de un ciudadano a ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, a fin de integrar los órganos estatales de representación popular, sino también abarca el derecho de ocupar el cargo para el cual resultó electo; el derecho a permanecer en él y el de desempeñar las funciones que le corresponden, así como a ejercer los derechos inherentes a su cargo. En congruencia con lo anterior, señaló que la retribución económica (dieta) es una consecuencia jurídica derivada del ejercicio de las funciones atribuidas legalmente, por lo que la omisión o cancelación total de su pago afecta de manera grave al ejercicio de su responsabilidad, por lo que indicó que las omisiones o actos que menoscaben la percepción económica de los servidores públicos electos popularmente, se encuentra dentro del ámbito del derecho electoral. Lo que sustentó en la jurisprudencia 21/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 13 y 14, de rubro y texto: "CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO (LEGISLACIÓN DE OAXACA). De la interpretación de los artículos 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, se advierte que la remuneración de los servidores públicos que desempeñan cargos de elección popular, es un derecho inherente a su ejercicio y se configura como una garantía institucional para el funcionamiento efectivo e independiente de la representación, por lo que toda afectación indebida a la retribución vulnera el derecho fundamental a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo." En la parte que interesa, el tribunal responsable resolvió en los siguientes términos (fojas 1 a 13 del tomo 1 anexo): ".En consecuencia, el Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino, Tesorero Municipal e Integrantes de la Comisión de Hacienda del citado Municipio, deberán realizar el pago de las dietas al actor, a partir de la segunda quincena del mes de mayo de dos mil catorce a la última quincena del mes de diciembre del dos mil dieciséis, a razón de $ * * * * * pesos quincenales) y que en su conjunto ascienden a la cantidad de $ * * * * * pesos 00/100.M.N) (.). Así mismo, las autoridades responsables deberán pagar al actor, por concepto de bonos, a partir de la segunda quincena del mes de mayo de dos mil catorce a la última quincena del mes de diciembre del dos mil dieciséis, a razón de $ pesos quincenales) y que en su conjunto asciende a la cantidad de * * * * * mil pesos 00/100.M.N) (.). Finalmente, las autoridades responsables, deberán pagar al actor, por concepto de aguinaldo, correspondiente a los años dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, la cantidad total de $ (* * * * * pesos 00/100.M.N), ello como resultado de multiplicar * * * * * pesos 00/100 M.N.), que es la cantidad anual que percibía el actor por concepto de aguinaldo, por tres, que son los años que se le adeudan. Ahora bien por lo que respecta al pago de los incrementos en los importes de las dietas, bonos y pagos extraordinarios que reclama el actor, el mismo no precisa los montos, y a qué prestaciones se refiere como pagos extraordinarios, sin que esta autoridad esté obligada a señalarlas, en virtud de que no obra en autos documental alguna de la que se advierta cuáles eran dichos pagos extraordinarios, o que fueran contempladas por el Municipio de Santa Lucía del Camino (.). Finalmente, las prestaciones y montos totales que deben ser pagadas al actor por parte del Presidente Municipal de Santa Lucía del Camino, Tesorero Municipal e Integrantes de la Comisión de Hacienda del citado Municipio, son las siguientes: DIETAS BONOS AGUINALDO TOTAL. * * * * * (.) Apercibidos, que para el caso de no cumplir con lo ordenado en esta sentencia, se hará efectivo el medio de apremio consistente en amonestación, de conformidad con el artículo 37, inciso a) de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (.). RESUELVE: (.) TERCERO. Se ordena a las autoridades responsables, que realicen el pago de las dietas, bonos y aguinaldo correspondientes al actor, en términos del considerando Cuarto de este fallo. CUARTO. Las autoridades responsables deberán informar a este tribunal, sobre la realización de los actos con los que dé cumplimiento a esta ejecutoria, dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la realización de los mismos, en términos del considerando CUARTO de esta resolución. (.)". Sentencia que constituye cosa juzgada, dado que no existe constancia de que haya sido impugnada ante la Sala Superior o ante la Sala Regional de la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que sus consideraciones y efectos ya no pueden ser susceptibles de discutirse por ningún tribunal. De ahí que ya no puede ser motivo de discusión la afirmación del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca en el sentido de que la litis en ese juicio versó sobre la materia electoral; considerar que tal aseveración puede ser objeto de revisión, implicaría inobservar el principio de seguridad jurídica previsto en los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, pues a pesar de que la sentencia no fue impugnada, sería susceptible de revisión por otro órgano jurisdiccional. Con base en lo expuesto, se concluye que no existe controversia en cuanto a que la litis fijada en el juicio de origen, derivada de la omisión del pago de las dietas que le corresponden a Ángel Sierra Rocha, por haberse desempeñado como Regidor de Comercios, Mercados, Restaurantes y Bares del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en el trienio 2014-2016, versa sobre la materia electoral. En ese tenor, si la orden de arresto dictada contra el quejoso deriva de dicho proceso judicial, su naturaleza también versa sobre la materia electoral, pues constituye una medida de apremio impuesta por el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca para lograr el cumplimiento de su sentencia. En efecto, contrariamente a lo que argumenta el quejoso, la orden de arresto emitida en su contra tiene una relación directa con la materia electoral, dado que fue dictada para lograr la ejecución de una sentencia en la que la litis versó sobre la misma naturaleza, por lo que el mandato restrictivo de la libertad no puede desvincularse de dicho juicio. Estimar lo contrario, implicaría fragmentar la continencia de la causa, pues se llegaría al extremo de considerar que, dentro de un mismo proceso, la sentencia dictada tiene relación con la materia electoral, pero la esencia de sus actos de ejecución, tienen otra naturaleza. Ello provocaría una segmentación de la controversia, de la sentencia y de su ejecución, dado que llevaría a considerar que una parte del proceso sería electoral, pero otra no, con lo cual se desconocería la unidad que debe regir en todo proceso, en detrimento del principio de seguridad jurídica y de acceso a la justicia, ya que a pesar de la que litis haya versado sobre la materia electoral, la impugnación de algunos actos estarían sujetos a una normatividad distinta a la que rigió al procedimiento, lo que incluso podría provocar incertidumbre respecto a qué plazo rige para la impugnación de los actos, se rompería con la continuación del procedimiento y se correría el riesgo de que se dictaran resoluciones contradictorias dentro de un mismo proceso. Motivo por el cual y en atención a los principios de unidad del proceso y continencia de la causa, opuesto a lo que señala el recurrente, todos los actos dictados en la etapa de ejecución del expediente * * * * * del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, tendrán la naturaleza de electoral, pues su objetivo es lograr el cumplimiento de una sentencia en la que se consideró que la omisión en el pago de las dietas que le correspondían a Ángel Sierra Rocha, como Regidor de Comercios, Mercados, Restaurantes y Bares del municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en el trienio 2014-2016, vulneró su derecho político a ser votado. En tales condiciones, la orden de arresto tiene una relación directa con la materia electoral, pues se emitió con el objeto de cumplir con una sentencia de la misma naturaleza. Atendiendo a lo anterior, se concluye que el acto reclamado por el quejoso, a pesar de que implica la privación de su libertad y que el actuar de la autoridad debe ajustarse a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 9, y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene vinculación con la materia electoral. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis aislada, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: AMPARO. LA IMPROCEDENCIA DE ESE JUICIO EN MATERIA ELECTORAL NO IMPLICA QUE LOS ACTOS RELATIVOS ESTÉN EXENTOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL, DEBIDO A QUE SU EXAMEN CORRESPONDE AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN AL CONOCER DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN ESA MATERIA. De la interpretación sistemática de los artículos 3, 4, párrafo primero, 8, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 43 Bis, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 61, 64, 79, 83, 86 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que existe una estructura de defensa que puede aplicarse a quien tenga el interés jurídico para hacerlo, contra actos y resoluciones de las autoridades electorales que no se sujeten a los principios de constitucionalidad y de legalidad; y que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el conocimiento de los procedimientos respectivos, destacando el juicio de revisión constitucional y los recursos de apelación y reconsideración, así como los juicios de inconformidad y para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. En esos términos, es fácil advertir que la improcedencia del juicio de garantías contra actos en materia electoral que establece el artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo, no determina que esas actuaciones se encuentren exentas del cumplimiento y respeto a las garantías que a favor de todo gobernado consagra la Constitución General de la República, dado que sólo implica que dentro del ámbito de justicia que establece la Carta Magna, existe un órgano especializado para conocer de la reclamación por violaciones a derechos fundamentales que sean de contenido medularmente electoral. En otras palabras, también los actos en materia electoral deben observar todos los derechos fundamentales que consagra el Pacto Federal y, por ende, no sólo es permitido, sino necesario, que al examinarse su juridicidad se vinculen y estudien argumentaciones no sólo relacionadas con derechos político electorales, sino también con cualquier derecho constitucional de los gobernados, pero dada su naturaleza esencialmente electoral y la existencia del órgano especializado para resolver al respecto, no debe ser la justicia constitucional común la encargada de pronunciarse en esa materia, sino el Tribunal Electoral el que debe resolver íntegramente sobre el particular. En consecuencia, al operar la causal de improcedencia en estudio, por lo que hace al acto reclamado consistente en la orden de arresto por doce horas decretado en acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el expediente * * * * * el Tribunal Electoral en el Estado de Oaxaca, procede decretar el sobreseimiento del juicio, con apoyo en la fracción V del artículo 63, de la Ley de Amparo. El criterio de esta sentencia, es acorde a lo resuelto por los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Décimo Tercer Circuito, al momento de resolver los amparos en revisión 513/2018, 116/2019 y 490/2019, interpuestos en los juicios de amparo 144/2018, 309/2018, 670/2018 y 704/2018, del índice de este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Sexto. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por * * * * *, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dese cumplimiento a lo ordenado en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por el cual rinde su informe justificado. Con el contenido del informe y anexos de cuenta, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. De la misma manera, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase a la citada autoridad ofreciendo como prueba documental de su parte, las copias que acompañó a su informe, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. Por otro lado, se tiene al oficiante, designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. Notifíquese por lista electrónica."
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