Sandra Conde Portillo
Expediente 236/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Sandra Conde Portillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 53 a 58), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente asunto, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa Sandra Conde Portillo, en proveído de veintiuno de abril de dos mil diecisiete (foja 41 y 42), sin que la quejoso en referencia diera cumplimiento al requerimiento precisado en dicho auto. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento efectuado y se tiene por no presentado el escrito aparentemente signado por la quejosa Sandra Conde Portillo, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal veinte de abril de dos mil diecisiete (foja 40).
- Principal
Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, que en la parte que interesa dice: Agréguese el oficio y anexo signado por el Presidente y Representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; por el cual en cumplimiento al proveído de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, remite diversas constancias que integran el expediente laboral 225/2014-A, por lo que se ordena agregarlos a los presentes autos para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de autos se advierte que el diez de abril de dos mil diecisiete (foja 43 a 52), el Tribunal responsable, resolvió el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte demandada en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado resolución que fue notificada a las partes el doce, diecisiete, dieciocho y veinte del presente mes y año, respectivamente (fojas 50 vuelta y 51) documentales a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitir la resolución correspondiente al incidente de nulidad de notificaciones presentado por la parte demandada y aquí quejosa, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, el cual consiste en: La omisión para resolver el incidente de nulidad de notificaciones y como consecuencia de ello la no reanudación y retardo del procedimiento dentro del expediente laboral 225/2014-A del índice de Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Presidente y Representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada de la resolución de diez de abril de dos mil diecisiete (fojas 43 a 52), por medio de la cual resuelve el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte demandada en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado notificado a las partes el doce, diecisiete, dieciocho y veinte del presente mes y año, respectivamente, circunstancia que se acredita con las copias certificadas del referido acuerdo y su respectiva constancia de notificación. De lo anterior se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que el diez de abril de dos mil diecisiete, se resolvió el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte demandada en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado, mismo que le fue notificada a la quejosa el diecisiete de abril del año en curso. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado por Sandra Conde Portillo, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, dado que no podría desvirtuar la causal de improcedencia. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, respecto a la omisión de reanudar el procedimiento, debe decirse que en el caso concreto, no es dable a hacer mayor pronunciamiento respecto al mismo, pues el proceso laboral y la protección constitucional, debe limitarse en función de los actos reclamados y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúan dichos actos dentro del procedimiento de origen, respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de inconformidad 282/2013, en el que estableció los alcances del cumplimiento de las sentencias en el juicio de amparo, en los siguientes términos: ... Por tanto, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Agréguese el oficio y anexo signado por el Presidente y Representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; por el cual en cumplimiento al proveído de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, remite diversas constancias que integran el expediente laboral 225/2014-A, por lo que se ordena agregarlos a los presentes autos para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de autos se advierte que el diez de abril de dos mil diecisiete (foja 43 a 52), el Tribunal responsable, resolvió el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte demandada en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado resolución que fue notificada a las partes el doce, diecisiete, dieciocho y veinte del presente mes y año, respectivamente (fojas 50 vuelta y 51) documentales a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitir la resolución correspondiente al incidente de nulidad de notificaciones presentado por la parte demandada y aquí quejosa, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, el cual consiste en: La omisión para resolver el incidente de nulidad de notificaciones y como consecuencia de ello la no reanudación y retardo del procedimiento dentro del expediente laboral 225/2014-A del índice de Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Lo que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Presidente y Representante legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, remitió copia certificada de la resolución de diez de abril de dos mil diecisiete (fojas 43 a 52), por medio de la cual resuelve el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte demandada en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado notificado a las partes el doce, diecisiete, dieciocho y veinte del presente mes y año, respectivamente, circunstancia que se acredita con las copias certificadas del referido acuerdo y su respectiva constancia de notificación. De lo anterior se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que el diez de abril de dos mil diecisiete, se resolvió el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte demandada en el juicio laboral de donde emana el acto reclamado, mismo que le fue notificada a la quejosa el diecisiete de abril del año en curso. Por ende, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado por Sandra Conde Portillo, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, dado que no podría desvirtuar la causal de improcedencia. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, respecto a la omisión de reanudar el procedimiento, debe decirse que en el caso concreto, no es dable a hacer mayor pronunciamiento respecto al mismo, pues el proceso laboral y la protección constitucional, debe limitarse en función de los actos reclamados y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúan dichos actos dentro del procedimiento de origen, respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de inconformidad 282/2013, en el que estableció los alcances del cumplimiento de las sentencias en el juicio de amparo, en los siguientes términos: ... Por tanto, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente.
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