Sandra Cecilia Noyola Hernández

Expediente 702/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
702/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • Sandra Cecilia Noyola Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del treinta de julio al cinco de agosto de dos mil veintiuno, transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa recurriera el proveído de veinte de julio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda con que se formó el presente expediente, no se presentó promoción alguna en que se haya hecho uso del recurso de queja a que se alude en el artículo 97 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 fracción I, inciso a) en relación con el 98 y 99 de la ley de materia y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Una vez transcurrido el plazo de tres años dese el tratamiento correspondiente de conformidad a lo dispuesto por el anotado Acuerdo.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que a la fecha no se ha recibido comunicación en relación a la resolución que se haya pronunciado en el amparo en revisión 370/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, promovido por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Dirección Regional Noroeste y Sierra Madre Oriental de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1214/2016, de la estadística del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado; resolución que repercute directamente con el juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, toda vez que en el presente juicio de amparo se ordenó la reposición del procedimiento para efecto de recabar las constancias de las que se advierta si como consecuencia de la sentencia firme dictada en el amparo indirecto 1214/2016, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, ha quedado insubsistente el "Programa de Manejo del Área Natural Protegida con categoría de Parque Nacional Gogorrón", y el "Acuerdo por el que se da a conocer el Resumen del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con categoría de Parque Nacional Gogorrón", publicados en el Diario Oficial de la Federación el ocho de agosto de dos mil dieciséis. Sin perjuicio de lo anterior, mediante oficio que derive del presente proveído, solicítese al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito que, una vez que dicte resolución en el amparo en revisión 370/2019 de su índice, se sirva remitir a este Juzgado copia de ésta, toda vez que, como se anticipó, se hace necesaria para ser tomada en consideración al resolver el presente asunto. Diferimiento. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que la misma tenga verificativo las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se reitera a las partes que su asistencia a tal audiencia no es obligatoria, dado que la ley de la materia lo establece como una posibilidad, no como una carga procesal.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa *** la determinación de veinte de julio de dos mil veintiuno, que en síntesis dice: Vista la demanda de amparo que promueve Sandra ****, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, por así tenerla reconocida ante la autoridad responsable, contra actos de la Agente Fiscal adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número de expediente 702/2021-4. Desechamiento demanda Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir este Juzgado un motivo manifiesto e indudable de improcedencia tal y como se indica a continuación. En el caso, de la demanda de amparo de amparo que dio inicio al juicio en que se actúa, aparece que la parte quejosa señala como autoridad responsable a la Agente Fiscal adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado, y como actos reclamados: "[.] La falta de acuerdo y notificación a mi petición mediante el escrito presentado, primero de junio de la presente anualidad dentro de la Carpeta de Investigación número ****" En relación con lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los motivos que a continuación se expondrán: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El precepto legal reproducido establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." La disposición legal reproducida, tiene estrecha relación con el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" Numerales cuyo contenido revela la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; esto es, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. De ahí que, tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecen que las omisiones del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito, deben impugnarse ante el Juez de Control. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos que en su favor contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, se puede concluir que las omisiones en que incurra el Ministerio Público, tratándose del sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse en sede jurisdiccional, que en el caso resulta ser el Juez de Control; como se explica a continuación. Los artículos 3, fracción VII, 211 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: [.] VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal;. [.]" "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [.]" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Por tanto, acorde con lo establecido por las disposiciones legales invocadas, resulta patente que el Juez de Control es la autoridad jurisdiccional que interviene desde el inicio del procedimiento penal hasta el auto de apertura a juicio, así como que el procedimiento penal comienza desde la etapa de la investigación (que a su vez inicia con la presentación de la denuncia) y culmina con la etapa de juicio. Además, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento. En ese orden de ideas, si en la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, como acto reclamado la parte quejosa precisa la falta de acuerdo y notificación a su petición mediante escrito presentado dentro de la carpeta de investigación, en donde la quejosa es parte ofendida. Resulta incuestionable que en términos de lo dispuesto por el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la impetrante del amparo debe acudir ante el Juez de Control competente e impugnar las omisiones que a su criterio ha cometido la Representante Social responsable, para que así el órgano jurisdiccional, de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir al Ministerio Público la debida diligencia en la investigación de los posibles ilícitos, y agotado lo anterior, en caso de obtener una respuesta negativa o desfavorable a sus intereses, entonces estará en condiciones de acudir a instar el medio de control constitucional. Se considera así, atendiendo a que acorde a la naturaleza de la nueva figura del Juez de Control, como se vio, en el sistema procesal penal acusatorio que impera actualmente en el Estado Mexicano, se introdujo ese órgano jurisdiccional con la finalidad de salvaguardar desde la etapa de investigación, las garantías y derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa investigativa. Sostener lo contrario implicaría que cada vez que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el ofendido o víctima deba acudir al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad; y, por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por tanto, en términos del numeral 113 de la Ley de la Materia, procede desechar de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Uso de aparatos electrónicos Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el artículo 27, fracción I, de la Ley de amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que se precisa en la demanda de amparo, y como autorizados para recibirlas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******** *toda vez que tienen sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco; y únicamente en términos restringidos del citado numeral a ****, toda vez que no tiene registradas sus cedulas profesionales en el aludido sistema. Notificaciones Asimismo, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese personalmente.

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