Sandra Cecilia Ávila Iglesias

Expediente 1179/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1179/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Sandra Cecilia Ávila Iglesias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha las autoridades responsables de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han sido contumaces en dar cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés. Precisado lo anterior y toda vez que la sentencia de amparo de cuatro de diciembre de dos mil veinte, dictada por ese Juzgado, confirmada por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante sesión de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los efectos siguientes: En ese orden de ideas, es oportuno precisar que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo vigente es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido, entonces debe considerarse que en todo caso debe procurarse que el único plazo que se conceda a las autoridades responsables sea el de tres días, previsto en el segundo párrafo del artículo 192, razón por la cual las dos excepciones a este lapso deben ser de aplicación estricta y limitada, pues de lo contrario no se respetaría la finalidad antedicha, lo cual, a su vez, está relacionada con el deber de garantía derivado de los derechos humanos, así como con las garantías de acceso a la justicia y recurso efectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a las autoridades, para que, dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acrediten lo siguiente: Yolanda Carolina Salcedo Pérez, Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como directamente obligada al cumplimiento, acredite, que gestionó la suficiencia presupuestal para el pago a la quejosa por la cantidad de $586,954.23, (quinientos ochenta y seis mil, novecientos cincuenta y cuatro pesos 23/100 Moneda Nacional), por conceptos de diferencias de los conceptos de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el servicio. Luis Alberto Espinoza Sauceda, Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la misma Fiscalía, como autoridad vinculada, acredite con documento expedido que se cuenta con la suficiencia presupuestal autorizada y comprometida para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, para el pago de la quejosa. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su artículo 2, REQUIÉRASE a Laura Ángeles Gómez, Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad directa responsable, así como de la autoridad vinculada al cumplimiento, los conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a las autoridades el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Finalmente, toda vez que las autoridades responsables de la referida Fiscalía han manifestado que no se cuenta con los recursos para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, para dar cumplimiento al fallo protector, dígaseles que a la obligación de pago no es oponible excusa, pretexto o dilación alguna, pues el cumplimiento de los mandatos de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades responsables, sino al imperio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que todas las autoridades que intervengan en los trámites necesarios para hacer cumplir y lograr el pago correspondiente, están, como ya se dijo, constreñidas al cumplimiento de ésta resolución. Por su aplicación, es de citarse la tesis P. XIX/2002, que literalmente refiere: SENTENCIAS DE AMPARO. EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, COMO CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE AQUÉLLAS, NO ESTÁ CONDICIONADO A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE GESTIONE Y OBTENGA LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE. La resolución incidental de daños y perjuicios, como cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo, que establece la condena al pago de una cantidad líquida, cierta y determinada, derivada de un procedimiento en el cual se le respetó a la autoridad responsable el derecho procesal de audiencia, constituye una obligación lisa y llana, cuyo cumplimiento y eficacia no se encuentran condicionados a que la autoridad responsable gestione y obtenga la partida presupuestal destinada específicamente para su pago. Lo anterior es así, en virtud de que existe una responsabilidad del Estado en la satisfacción de los deberes esenciales para restituir al gobernado en el goce de sus garantías individuales violadas, entendida ésta como la obligación ineludible de un órgano del poder público de restituir el perjuicio patrimonial o económico ocasionado a uno de sus gobernados con motivo del indebido ejercicio de la actividad que desempeña, responsabilidad que va más allá de los trámites efectuados para obtener una asignación presupuestaria específica a fin de asumir el pago del débito, pues el cumplimiento de los mandatos de amparo no está sujeto a la voluntad de las autoridades responsables, sino al imperio de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de no ser así, bastaría con que las autoridades obligadas gestionaran debidamente ante las autoridades competentes el otorgamiento de la partida presupuestal correspondiente, para quedar exoneradas de la aplicación de las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 de la propia Constitución Federal, aunque aquélla no se otorgara, lo cual permitiría tanto a la autoridad obligada al pago como a aquella que debe autorizar el presupuesto o gasto público de una oficina gubernamental, encontrar un mecanismo para evadir el cumplimiento de una resolución de pago de daños y perjuicios, hasta el grado de que ésta quedara permanentemente incumplida, con mengua del riguroso sistema dispuesto en la Norma Fundamental para el cumplimiento de los mandatos de amparo y de la garantía de administración de justicia pronta y expedita prevista en su artículo 17, a favor del gobernado, quien a través del procedimiento de inejecución de sentencia de amparo debe ser restituido en el pleno goce de sus garantías individuales violadas. (Registro No. 187084, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XV, Abril de 2002, Página: 11). Asimismo, no obstante no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberá atender la ejecutoria de amparo de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables al cumplimiento del fallo protector han sido omisas en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Así, el objetivo de la Ley de Amparo, es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido. Máxime que, el cumplimiento de una ejecutoria de amparo se trata de una situación extraordinaria, por lo que la autoridad responsable no debe darle, a las conductas exigidas, un tratamiento en condiciones ordinarias, esto es, no debe condicionar el cumplimiento a trámites burocráticos, administrativos, comunicaciones internas, ni pretender justificarlo con las cargas de trabajo pues, se insiste, se trata del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, la cual constriñe a la responsable a la restitución de los derechos afectados por un acto declarado inconstitucional de manera inmediata para que el quejoso que ya obtuvo una sentencia favorable no tenga que estar soportando más la actuación de la autoridad declarada inconstitucional. En primer término, se advierte que el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante resolución de quince de junio de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de revisión número R.A. 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 2 20/2023, confirmó la sentencia recurrida en los términos siguientes: "PRIMERO. Se confirma la sentencia dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 926/2022-VI. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Javier Silvestre Lobaco Ramírez, por los motivos expuestos en la ejecutoria recurrida." Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: "En consecuencia, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la Jefa de Servicios de Asignación de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dentro del término de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, deje sin efectos el oficio SP/01/DP/003852/2022 de dieciocho de abril de dos mil veintidós y, en su lugar, emita otro en el que se pronuncie de manera congruente respecto de lo solicitado por el quejoso mediante escrito petición de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, y hecho lo anterior, lo haga de su conocimiento, acreditando dicha circunstancia con constancia fehaciente, con lo cual quedará cumplida la presente sentencia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número VI.1o.A. J/49, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 2689, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de febrero de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro digital 165204, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. MODALIDADES DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVE POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO. El derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, como premisa normativa se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. De dicha premisa pueden advertirse distintos elementos o variables de los actos reclamados en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, dependiendo de la actuación omisiva o positiva que asuma la autoridad ante quien se presente una solicitud en los términos señalados en el precepto antes referido. Las variables fundamentales a que se alude son enunciativamente las siguientes: 1.- Si el quejoso reclama que la autoridad responsable no ha dado respuesta a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo tendrá inicialmente como finalidad obligar a la responsable para que en breve término emita una respuesta congruente a lo que le fue solicitado, y la notifique legalmente al quejoso. En este supuesto, en el juicio de amparo pueden derivar al menos otras dos situaciones complementarias: 1.1.- Que exista una solicitud presentada ante la responsable con la oportunidad debida y en la forma que prevé el artículo 8º constitucional, sin que ésta haya sido respondida por dicha autoridad, situación en que el acto reclamado es en sí mismo inconstitucional y amerita la concesión del amparo al momento de la celebración de la audiencia constitucional. 1.2.- Que se demuestre la existencia 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 3 JUICIO DE AMPARO P- 926/2022-VI de la mencionada solicitud, en los términos ya descritos, pero que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a dicha petición y su notificación, en cuyo caso, inclusive cuando la responsable aduzca que tales actuaciones son anteriores a la presentación de la demanda inicial, éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. 2.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado será de naturaleza positiva, siendo la materia de litis en el juicio de garantías el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso, y en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para el fin de que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. 3.- Si el quejoso reclama que la respuesta emitida por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, no le ha sido notificada, el acto reclamado será de naturaleza omisiva, y la acción de amparo buscará obligar a la responsable para que notifique al quejoso la respuesta emitida a su solicitud, y que éste desconoce. En este último caso, dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, pueden presentarse también en el juicio de amparo dos diversas situaciones complementarias: 3.1.- Que aun cuando se demuestre la existencia de la respuesta, ésta no se haya notificado al quejoso, en cuyo caso la concesión del amparo tendrá como finalidad notificar tal contestación al impetrante. 3.2.- Que durante la tramitación del juicio de amparo la autoridad responsable exhiba la respuesta a la solicitud y su notificación, supuesto en el que éstas podrán ser combatidas por el quejoso mediante la ampliación a la demanda de garantías, o con la promoción de un nuevo juicio de amparo. En consecuencia, el derecho de petición reviste características diversas que por su naturaleza práctica y casuista deberán ponderarse por el juzgador de amparo en cada caso concreto en que se promueva un juicio de garantías por violación al artículo 8º constitucional, pues será atendiendo a ellas que surjan en aquél diversas cargas y oportunidades procesales para las partes, que influirán en el trámite y resolución del juicio, en congruencia con los principios contenidos en el artículo 17 constitucional y con la finalidad de garantizar una debida capacidad de defensa del quejoso." En el entendido de que lo resuelto en la presente sentencia, no obliga a la autoridad responsable a resolver en un determinado sentido, ello en virtud de que el derecho establecido en el artículo 8° constitucional, asegura la emisión de un acuerdo sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." Ahora bien, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194, 197, 238 y 258 de la Ley de Amparo, prevén el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 4 causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de diez días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a Brenda Hernández Sánchez, Jefa de Servicios de Asignación de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de diez días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual debe realizar lo siguiente: 1. Dejar sin efectos el oficio SP/01/DP/003852/2022 de dieciocho de abril de dos mil veintidós. 2. Emita otro en el que se pronuncie de manera congruente respecto de lo solicitado por el quejoso mediante escrito petición de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, 3. Hecho lo anterior, lo haga de su conocimiento, acreditando dicha circunstancia con constancia 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 5 JUICIO DE AMPARO P- 926/2022-VI fehaciente, con lo cual quedará cumplida la presente sentencia. Así las cosas, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a Carlos A. Mercado Sánchez Subdirector de Pensiones, Titular del Área de Pensiones, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en su calidad de superior jerárquico de la citada autoridad, la conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de diez días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable el cumplimiento al fallo protector, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Apercibidas que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la 30/08/23 18:06:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.67.ed FRANCISCO JAVIER GARCIA HERNANDEZ TRÁMITE ? 6 citada ley, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las citadas autoridades, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. . Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese

  3. Principal

    Ciudad de México, a uno de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio signado por la Subdirectora de Amparos Administrativos en suplencia de la Coordinadora General de Administración ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

  4. Principal

    (21/07/2023).- (RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 18/07/2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: """""""""""""""""""""""""""""" Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio suscrito por el Director General de Consejos Superiores de la Guardia Nacional, a través del cual, realiza diversas constancias con las que aduce haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexo, se da vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; apercibido que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2/J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). (No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.) Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/3828/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe."""""""""""""""""""""""""""""", SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.

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