Sandra Carrera Godoy y Otros.

Expediente 963/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
963/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Lydia Aurora Orozco Martínez
  • Sandra Carrera Godoy y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase a **********, autorizado de la parte quejosa, interponiendo recurso de revisión en contra de la determinación del doce de septiembre del año en curso. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítanse las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, así como el escrito de expresión de agravios, para su substanciación. Distribúyanse las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes. Asimismo, se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación de que se trata. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los oficios por medio de los cuales el Director General de Desarrollo Urbano Sustentable, el Subdirector de Gestión Urbano y el apoderado legal, todos del Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, rinden su informe justificado. Asimismo, de conformidad con los numerales 9o. y 28 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que señalan y como domicilio el que indican. Por otra parte, este Juzgado Federal toma conocimiento del correo electrónico que refiere la última de las autoridades oficiantes, sólo para el caso de que este órgano jurisdiccional lo considere necesario. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclamado el otorgamiento de la prórroga de la licencia DGDUS/SGU/JDL/095/04/445/2022, así como los actos inherentes para la construcción de nueve viviendas. Así las cosas, de la prórroga de la licencia DGDUS/SGU/JDL/095/04/445/2022, misma que fue exhibida por la parte agraviada, se advierte que ésta tenía una vigencia de doce meses, es decir, del ocho de septiembre de dos mil veintidós al ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, en el caso, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el dispositivo legal citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.).". Del precepto antes transcrito, se desprende la posibilidad de que, cuando el acto combatido haya desaparecido, el objeto del amparo carezca de finalidad, ya sea cuando se revoque el acto reclamado o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio origen al juicio de amparo, y que atento a tal situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 731 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos". Así como la diversa tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2443 del Tomo XCIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del epígrafe siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión en que incurrió, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo que en la especie se actualiza, ya que del estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que las quejosas Lydia Aurora Orozco Martínez, Sandra Carrera Godoy, María de Lourdes Treviño Giorguli y Lourdes Escamilla Lamadrid, reclaman, en esencia, el otorgamiento de la prórroga de la licencia DGDUS/SGU/JDL/095/04/445/2022, así como los actos inherentes para la construcción de nueve viviendas; empero, se tiene que la prórroga de la licencia DGDUS/SGU/JDL/095/04/445/2022, misma que fue exhibida por la parte agraviada, tenía una vigencia de doce meses, es decir, del ocho de septiembre de dos mil veintidós al ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Por lo que, al tenor de lo anterior, resulta inconcuso que, en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que todos los efectos y consecuencias del mismo quedaron totalmente destruidos, puesto que la prórroga de la licencia en cita feneció el ocho de septiembre del año en curso, desapareciendo así perjuicio alguno en la esfera jurídica de la parte agraviada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, es decir, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la misma, por dejar de existir la afectación de que se dolía. En esas condiciones, en evidente que se actualiza plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63 fracción V, de la propia ley de la materia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con treinta y seis minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés. Hágase del conocimiento de las partes y comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Por otra parte, visto el escrito de Dudu Laura Ganon Lugardo, quien se ostenta como tercero interesada, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en esta data se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio biinstancial en que se actúa. Por otro lado, se ordena dejar sin efectos los oficios 20100/2023, 20101/2023 y 20102/2023. Finalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, notifíquese la presente determinación de manera personal a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VII. aviso. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, el proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los oficios por medio de los cuales el Director General de Desarrollo Urbano Sustentable, el Subdirector de Gestión Urbano y el apoderado legal, todos del Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, rinden su informe justificado. Asimismo, de conformidad con los numerales 9o. y 28 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que señalan y como domicilio el que indican. Por otra parte, este Juzgado Federal toma conocimiento del correo electrónico que refiere la última de las autoridades oficiantes, sólo para el caso de que este órgano jurisdiccional lo considere necesario. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclamado el otorgamiento de la prórroga de la licencia DGDUS/SGU/JDL/095/04/445/2022, así como los actos inherentes para la construcción de nueve viviendas. Así las cosas, de la prórroga de la licencia DGDUS/SGU/JDL/095/04/445/2022, misma que fue exhibida por la parte agraviada, se advierte que ésta tenía una vigencia de doce meses, es decir, del ocho de septiembre de dos mil veintidós al ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Atento a lo anterior, en el caso, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el dispositivo legal citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.).". Del precepto antes transcrito, se desprende la posibilidad de que, cuando el acto combatido haya desaparecido, el objeto del amparo carezca de finalidad, ya sea cuando se revoque el acto reclamado o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio origen al juicio de amparo, y que atento a tal situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 731 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos". Así como la diversa tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2443 del Tomo XCIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del epígrafe siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión en que incurrió, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Lo que en la especie se actualiza, ya que del estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que las quejosas Lydia Aurora Orozco Martínez, Sandra Carrera Godoy, María de Lourdes Treviño Giorguli y Lourdes Escamilla Lamadrid, reclaman, en esencia, el otorgamiento de la prórroga de la licencia DGDUS/SGU/JDL/095/04/445/2022, así como los actos inherentes para la construcción de nueve viviendas; empero, se tiene que la prórroga de la licencia DGDUS/SGU/JDL/095/04/445/2022, misma que fue exhibida por la parte agraviada, tenía una vigencia de doce meses, es decir, del ocho de septiembre de dos mil veintidós al ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Por lo que, al tenor de lo anterior, resulta inconcuso que, en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que todos los efectos y consecuencias del mismo quedaron totalmente destruidos, puesto que la prórroga de la licencia en cita feneció el ocho de septiembre del año en curso, desapareciendo así perjuicio alguno en la esfera jurídica de la parte agraviada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, es decir, como si dicho acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la misma, por dejar de existir la afectación de que se dolía. En esas condiciones, en evidente que se actualiza plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y, por ende, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63 fracción V, de la propia ley de la materia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En las relatadas condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las nueve horas con treinta y seis minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés. Hágase del conocimiento de las partes y comuníquese el presente proveído a las autoridades responsables; asimismo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Por otra parte, visto el escrito de Dudu Laura Ganon Lugardo, quien se ostenta como tercero interesada, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en esta data se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio biinstancial en que se actúa. Por otro lado, se ordena dejar sin efectos los oficios 20100/2023, 20101/2023 y 20102/2023. Finalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, notifíquese la presente determinación de manera personal a la parte quejosa, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal del expediente en que se actúa, se advierte que a la fecha las autoridades responsables, han sido omisas en rendir su informe justificado no obstante de estar debidamente notificadas para tal efecto; por lo anterior, se les requiere para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remitan a este órgano jurisdiccional el informe de que se trata, así como las constancias con las que acrediten su dicho, haciendo de su conocimiento que subsiste el apercibimiento decretado en autos para el caso de que no cumplan con ello. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con treinta y seis minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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