Sandra Carmina Zamora Gomez

Expediente 64/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
64/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/02/2021

Partes del expediente

  • Sandra Carmina Zamora Gomez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Por recibidos los oficios signados de manera electrónica por el Actuario adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por el que en uno de ellos informa el contenido del acuerdo de dieciocho de febrero del presente año y solicita le sean remitidos los autos originales del juicio de amparo y el segundo de ellos acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se ordena archivar el presente expediente como asunto concluido y, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se autoriza su destrucción una vez que transcurra el término de seis meses esto es a partir del veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado por el actuario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de Mexico, por el que informa el contenido del acuerdo de dieciséis de febrero del presente año y solicita de nueva cuenta se remitan los autos originales del juicio de amparo 64/2021 del índice de este juzgado. Se toma conocimiento de lo informado por el Juzgado oficiante sin que sea el caso de realizar mayor pronunciamiento respecto de su solicitud, toda vez que mediante auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se ordenó remitir los autos originales, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintidós de enero de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por el actuario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por el que informa que aceptó la competencia declinada y solicita se remitan los autos originales del juicio de amparo 64/2021 del índice de este Juzgado, con el fin de integrar, debidamente, su libelo constitucional. Ahora, de conformidad con lo previsto en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020, SECNO/1/2021 y SECNO/4/2021, emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito no se encuentran realizando funciones jurisdiccionales, de manera normal. Lo anterior, dado que por la situación actual que vive la Ciudad de México (Primer Circuito Judicial) en lo que respecta a la pandemia que acaeció con motivo del virus COVID-19, los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal determinaron, en síntesis, suspender las labores jurisdiccionales, por el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al veinticinco de enero de dos mil veintiuno, con el fin de proteger al personal de los órganos de dicha demarcación territorial. En ese sentido y tomando en consideración que, durante ese plazo, los documentos antes descritos prevén que únicamente: (i) se dará trámite a los asuntos considerados "urgentes"1, (ii) se tramitarán los juicios que se hayan promovido en el formato denominado "en línea"2 y, (iii) se dictarán las sentencias de los asuntos que se encuentren en estado de resolución, es que este Juzgado Federal determina acordar la promoción de cuenta. Lo anterior, pues como se desprende del análisis de este juicio constitucional, la litis constitucional encuadra en uno de los supuestos considerados como "urgentes" y, en consecuencia, este órgano de control constitucional se encuentra en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. Se toma conocimiento de lo informado por el juzgado oficiante. Se ordena remitir los autos originales de los autos del presente juicio de amparo y continuar actuando en el cuaderno de antecedentes formado en auto de quince de enero de dos mil veintiuno. Finalmente se reserva acordar lo conducente respecto del archivo del presente expediente hasta en tanto se reanuden los plazos y términos. Notifíquese.

  4. Principal

    Por recibida la demanda promovida por ***, contra actos de la Titular de la Dirección de la Clínica de Medicina Familiar División del Norte, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 3, 4, 22, 14, 16, 17, 73, fracción XVI, bases 2a y 3a., 103 fracción I, 107 fracción VIII y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena su registro en el Libro de Gobierno con el número 64/2021-VIII, así como la formación del expediente físico y electrónico que refiere el artículo 3 de la ley de la materia. Ahora, de conformidad con lo previsto en las Circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020 y SECNO/1/2021, emitidos por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos y en el Acuerdo General 13/2020, emitido por el Pleno, ambos del Consejo de la Judicatura Federal, los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación del Primer Circuito no se encuentran realizando funciones jurisdiccionales, de manera normal. Lo anterior, dado que por la situación actual que vive la Ciudad de México (Primer Circuito Judicial) en lo que respecta a la pandemia que acaeció con motivo del virus COVID-19, los órganos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal determinaron, en síntesis, suspender las labores jurisdiccionales, por el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, con el fin de proteger al personal de los órganos de dicha demarcación territorial. En ese sentido y tomando en consideración que, durante ese plazo, los documentos antes descritos prevén que únicamente: (i) se dará trámite a los asuntos considerados "urgentes", (ii) se tramitarán los juicios que se hayan promovido en el formato denominado "en línea" y, (iii) se dictarán las sentencias de los asuntos que se encuentren en estado de resolución, es que este Juzgado Federal determina acordar la promoción de cuenta. Lo anterior, pues como se desprende del análisis de este juicio constitucional, la Litis constitucional encuadra en uno de los supuestos considerados como "urgentes" y, en consecuencia, este órgano de control constitucional se encuentra en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda, en consecuencia, se provee: ANTECEDENTES: De la lectura integral de la demanda de amparo se advierten los siguientes hechos: 1. Que la promovente ***, se encuentra laborando en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, adscrita a la Clínica de Medicina Familiar División del Norte, con número de empleado ***, desempeñando las funciones de enfermera auxiliar y encargada del turno vespertino. 2. Que se reclaman diversos actos relacionados con la omisión de dar cumplimiento a la implementación de medidas para el personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para enfrentar la situación sanitaria generada por el virus SARSCoV2 (COVID19), por lo que, atendiendo al criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 127/2020, resulta pertinente realizar el siguiente pronunciamiento. En ese orden, este Juzgado Federal procede a verificar si tiene competencia para conocer el presente asunto. En primer término, es pertinente señalar que, para definir la competencia de los órganos jurisdiccionales, debe atenderse a los criterios siguientes: La materia, que se establece en atención a las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo del litigio, y que se clasifica de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo. El territorio, es el ámbito espacial dentro del cual un juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional. El grado, que se refiere a la posibilidad de que un juzgador de mayor jerarquía revise la decisión sobre una controversia, con el fin de que determine fue dictada con apego o no a derecho. Los criterios mencionados constituyen factores determinantes de la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho, dentro de un espacio territorial concreto, en una instancia determinada De acuerdo con el artículo 94, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar la distribución de competencias de los órganos jurisdiccionales de amparo, debe atenderse a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regula la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito. Los artículos 52 y 55 de la ley mencionada detallan la competencia de los Juzgados de Distrito respecto a las materias administrativa y de trabajo. Los artículos mencionados son del tenor siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Como se aprecia, la competencia para conocer de un juicio de amparo se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia del Trabajo, entre otros supuestos, cuando se promueva en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial. Cabe señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 83/98, determinó que para fijar la competencia por materia se debe atender a la naturaleza de la acción ejercida, sin analizar la relación jurídica existente entre las partes en litigio, en tanto que dicho tema pertenece al estudio de fondo del asunto. En el mismo sentido, la Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2ª/J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS", en la que concluyó que, para determinar la competencia por materia de los asuntos sometidos a los Jueces de Distrito, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, ya que éste es el elemento que define la acción constitucional, sin que ello implique analizar los argumentos alegados. Definido el marco jurídico, corresponde analizar la naturaleza del acto reclamado en el presente sumario constitucional, en el que se advierte que la promovente reclama esencialmente lo siguiente: La orden verbal y/o escrita de que la promovente de amparo se presente a labores de oficina en su centro de trabajo. Ahora, del contexto fáctico del asunto, deriva que el treinta de enero de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de la nueva enfermedad por coronavirus COVID-19 constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Posteriormente, el once de marzo siguiente, declaró la existencia de una pandemia. En esas circunstancias, el diecinueve de marzo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió el "Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México las medidas preventivas en materia de salud a implementarse con motivo del virus SARS-CoV2", en el que estableció lo siguiente: Diversos mecanismos para que las trabajadoras y los trabajadores que presentaran síntomas de contagio, así como los que tuvieran a su cargo el cuidado de sus hijos, pudieran justificar sus inasistencias; igualmente, que aquéllos ubicados en grupos vulnerables y que laboraran en la instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, de salud, gestión integral de riesgos y protección civil, así como bomberos, debían solicitar la autorización de la instancia administrativa correspondiente. Se solicitó a los titulares de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades, no ejercer amonestación o represalia en materia laboral, incluido cualquier descuento por ausencia, en contra de los servidores públicos, sin importar su esquema de contratación. El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19), de dicho instrumento normativo se advierte: La instrucción a los sectores público, privado y social, a evitar la asistencia a centros de trabajo de los adultos mayores de sesenta y cinco años, así como de las personas ubicadas en los grupos de riesgo, quienes conservarían derecho a recibir salario y demás prestaciones. Las medidas adoptadas se llevarían a cabo con respeto a los derechos laborales, además de que los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo correspondientes, continuarían normando las relaciones laborales, conforme a la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Finalmente, el treinta de marzo de dos mil vente, el Consejo General de Salubridad, declaró a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, lo que llevó a la suspensión inmediata de las actividades no esenciales, continuando únicamente en funcionamiento las actividades necesarias para atender la emergencia sanitaria, las involucradas en la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, la actividad legislativa, así como los sectores fundamentales de la economía, entre otras. En ese orden, si bien los acuerdos mencionados fueron emitidos por autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de sus facultades en materia de salud pública, lo cierto es que tienen un impacto en la materia de trabajo, ya que el Estado implementó medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, instruyendo a los empleadores para evitar la asistencia a los centros de trabajo y, ordenando la suspensión total de actividades no esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria, todo ello con respeto a los derechos laborales. De ahí que, las medidas adoptadas para contener los contagios en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo. Conviene señalar que el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, establece que la salud en el trabajo abarca la ausencia de afecciones o enfermedades, así como la protección contra elementos físicos y mentales que afecten la seguridad e higiene en el trabajo. De esa forma, las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio derivan de una política de salud pública, y su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral, al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de las y los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Ahora, es pertinente destacar que los actos reclamados en este asunto, provocan un perjuicio en la salud de la parte quejosa y pueden atentar contra su vida, dado que refiere que las autoridades fueron omisas en dar cumplimiento al acuerdo mediante el cual se emiten los criterios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad que puedan desarrollar una complicación. En ese contexto, los actos reclamados están relacionados con las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos de salud originados por el virus SARSCoV2, por lo que tienen una naturaleza laboral, ya que su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por ello, se estima que los actos impugnados son de naturaleza laboral y los tribunales de amparo en esa materia son los competentes para conocer del asunto, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, sin importar el origen del acto reclamado; es decir, si deriva del cumplimiento a un acuerdo emitido por autoridades administrativas. Lo anterior, tiene sustento en el criterio jurisprudencial 2a./J. 42/2020 (10a.), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, localizable en el Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 588, Décima Época, con registro digital, 2022187, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron respecto a qué Juez de Distrito correspondía conocer del juicio de amparo indirecto promovido en contra de la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora, las medidas implementadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo; al respecto, llegaron a conclusiones diferentes, pues mientras uno decidió que el asunto era competencia de un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, el otro resolvió que correspondía conocer de éste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que es competente el Juez de Distrito en Materia de Trabajo para conocer de las demandas de amparo indirecto promovidas en contra de la negativa de aplicar en beneficio de una persona trabajadora, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo. Justificación: Lo anterior, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para fijar la competencia por razón de materia para conocer de un juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, cuando en una demanda de amparo indirecto se reclame la negativa de aplicar a favor de una persona trabajadora las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV2 en los centros de trabajo, se advierte que su naturaleza es de carácter laboral. Lo anterior, ya que si bien tales acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, lo cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral, al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y salud de las personas trabajadoras." Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 48, de la Ley de Amparo y 55, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado declara carecer de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto, por lo que ordena remitir este expediente, al JUZGADO DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN TURNO, al que se le solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. Fórmese cuaderno de antecedentes, con la certificación secretarial respectiva relativa a que las constancias que integran el presente sumario constitucional se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico. SUSPENSIÓN DE PLANO. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la promovente solicita la suspensión para el efecto de que se suspenda su obligación de acudir a su centro de trabajo y permanecer en resguardo domiciliario por encontrarse en situación de vulnerabilidad, permitiéndole no presentarse a laborar, sin que ello implique un descuento por ausencia, garantizándose el sueldo y demás prestaciones extraordinarias. Al respecto, el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por su parte, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano se obligó a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, creando condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. A la luz de esas normas, tenemos que las personas tienen el derecho a la protección y disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Al respecto la Organización Mundial de la Salud define el vocablo salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". En ese orden de ideas, resulta relevante mencionar que el pasado once de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud, declaró que la enfermedad por virus COVID-19 es oficialmente una pandemia; por lo que ante dicho panorama, el diecinueve de marzo de dos mil veinte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus SARS-CoV2 (COVID-19), en cuyo artículo primero estableció la obligación de todos los sectores de evitar la asistencia a los centros de trabajo, entre otros grupos, a personas que padezcan hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria, entre otros, tal como se advierte de la siguiente transcripción: "PRIMERO.- Por razones de salud pública, se instruye a las personas servidoras públicas adscritas a las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México a no asistir a su centro de trabajo en los siguientes supuestos: a) En caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus (COVID-19). Dichas personas deberán aislarse en su domicilio y atender las recomendaciones médicas; b) En caso de madres o padres trabajadores, que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos, cuyos centros educativos de nivel básico suspendan actividades, podrán optativamente, no asistir a trabajar presencialmente y hacerlo a distancia. Las personas que se encuentren en este supuesto que laboren en instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil y bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la instancia administrativa que corresponda. c) En caso de contar con 68 años o más. Las personas deberán comunicarlo a su superior jerárquico. d) Pertenecer a alguno de los siguientes grupos vulnerables: mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria. Las personas que se encuentren en este supuesto que laboren en instituciones de seguridad ciudadana, sistema penitenciario, salud, gestión integral de riesgos y protección civil y bomberos tendrán que solicitar la correspondiente autorización de la instancia administrativa que corresponda." Por tanto, este juzgado concluye que la omisión de las autoridades señaladas como responsables de no permitir a la promovente ***, ausentarse de sus actividades laborales podría implicar una contravención al derecho al más alto nivel posible de salud física de la justiciable ante la situación actual de la pandemia, con lo que se le podría causar daños de difícil o, incluso, imposible reparación. Al tenor de lo señalado, y con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que pone en peligro la salud e, incluso, en riesgo la vida de la quejosa, se concede la suspensión de plano respecto de la omisión por parte de las autoridades responsables, en el sentido de que permita al quejoso realizar resguardo domiciliario; es decir, no asistir a su centro de trabajo sin responsabilidad jurídica alguna y se les sigan pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se les cubren con motivo de su nombramiento, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General o las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, suspendan o den por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19; dejando al prudente arbitrio de las autoridades se le asignen actividades inherentes a su cargo y que pueda llevar a cabo en su hogar, poniendo especial cuidado y consideración en el padecimiento que pone en peligro la vida de la quejosa. Lo anterior es así, dado que la promovente menciona pertenece a grupo vulnerable, ya que fue diagnosticada con espasmo bronquial (asma) y ya haber sido diagnosticada en una ocasión con coronavirus 2 (SARS-CoV-2), causante de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Por tanto, con independencia del lugar o las actividades que desarrolle la quejosa, corre el riesgo de volver a contagiarse con el simple hecho de asistir a su centro de trabajo, en el que, según aduce, se desarrolla como enfermera auxiliar y encargada del turno vespertino de la Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, adscrita a la Clínica de Medicina Familiar División del Norte; pues es un hecho notorio que el nivel de contagio a nivel nacional es alto, situación que se agrava con la condición médica que indiciariamente acreditan sufrir. Ello implica que la autoridad responsable debe instrumentar todas las medidas necesarias para cumplir con dicha finalidad despojándose de todas las formalidades administrativas que impidan la consecución del fin referido, como principio de relevancia a salvaguardar, en el entendido de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al artículo 4° Constitucional. Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija requisito de efectividad alguno, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE". Importa destacar que no solo la autoridad responsable está obligada a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que quede debidamente notificada de esta determinación, informe a este órgano jurisdiccional sobre la forma en la que ha dado cumplimiento a la suspensión de plano otorgada. Apercibida que en caso de ser omisa en desahogar el requerimiento que se le formula o no manifestar el impedimento legal que para ello tenga, se procederá en términos del artículo 262, fracción III, de la legislación citada respecto del delito ahí previsto. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: "262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". APERCIBIMIENTO. Se hace saber a la autoridad responsable que deberá coordinarse con las autoridades que deban intervenir en el cumplimiento de la medida que se concede, y que la violación a la suspensión decretada entraña la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, en términos de lo preceptuado en el artículo 262, fracciones III y V, de la legislación de la materia, por lo que si se consuma el acto reclamado, se dará vista al agente del Ministerio Público Federal para los efectos legales conducentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa, como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala para tales efectos y que tengan debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a las personas autorizadas en términos de la última parte del referido numeral. En términos del artículo 3° de la ley de la materia, se autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa a los usuarios "*** en virtud de que se aprecia su registro. HÁBILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.

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