Sandra Campuzano Nava
Expediente 453/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Sandra Campuzano Nava
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que la parte quejosa y tercero interesado se inconformaran en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 150 a 152), en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil dieciocho (foja 142 y 143), para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, sin que realizaran manifestación dentro de dicho lapso; en consecuencia este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este Juzgado Federal, con fecha veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, emitió sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al peticionario de amparo (fojas 103 a 116). Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto siguiente: ".Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente el acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la causa penal número 52/2015, de su índice; y, con plenitud de jurisdicción, funde y motive adecuadamente la determinación, que pronuncie respecto a la interposición del recurso de revocación en contra del auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete purgando los vicios formales destacados en la presente ejecutoria de amparo." En acatamiento a lo anterior, mediante oficio número 777/18/2° de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho (foja 141), el Juez Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, autorizado para seguir conociendo asuntos en materia penal hasta su total conclusión, remitió el acuerdo dictado en la causa penal número 52/15/2°, de su índice, del que se desprende que la responsable dejó insubsistente el acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio de origen, y, con plenitud de jurisdicción, fundó y motivó adecuadamente el proveído de veinticuatro de abril del año en curso, que pronuncio respecto a la interposición del recurso de revocación en contra del auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Constancia que anexó dicha responsable, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno dado su carácter de documentos públicos. En consecuencia, la autoridad responsable dejó insubsistente el acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecisiete y purgó los vicios formales destacados en la ejecutoria de amparo fundando y motivando el referido acuerdo. Acorde con lo anterior, es procedente declarar que la autoridad responsable, acató en sus términos la ejecutoria de amparo, restituyendo así en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados a la quejosa Sandra Campuzano Nava; por lo que ha lugar a declarar que la ejecutoria emitida en el presente asunto, SE ENCUENTRA CUMPLIDA, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena dar vista a la quejosa y tercero interesado para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, apercibidos que de no hacerlo, este tribunal de amparo ordenará el archivo del expediente, lo anterior de conformidad en el artículo 196 en relación con el primer párrafo del numeral 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercero interesado.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo de lo Familiar del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, autorizado para seguir conociendo asuntos en materia penal hasta su total conclusión, mediante el cual informa sobre el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, previo a tener a la autoridad responsable dando cumplimiento al fallo protector de que se trata, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa y a la parte tercero interesada, con el comunicado de previa alusión, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se les haga, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto a dicho cumplimiento; apercibidos que de no hacerlo, este Juzgado se pronunciará al respecto. ...Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa y tercero interesado.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de abril de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho (fojas 103 a 116), en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la peticionaria de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la misma, para todos los efectos legales. Sin que se soslaye el hecho de que no se realice el respectivo cómputo para las autoridades responsables, toda vez que, carecen de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia número P./J./ 22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir". En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 47/98, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para los efectos siguientes: ".Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente el acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro de la causa penal número 52/2015, de su índice; y, con plenitud de jurisdicción, funde y motive adecuadamente la determinación, que pronuncie respecto a la interposición del recurso de revocación en contra del auto de veintinueve de mayo de dos mil diecisiete purgando los vicios formales destacados en la presente ejecutoria de amparo." En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo y el punto número 1.2 de la circular 1/2013-P, de nueve de abril de dos mil trece, emitida por el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece la aplicabilidad de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del año dos mil trece, en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, que causen ejecutoria a partir de la entrada en vigor de la citada legislación, se requiere a el Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento al fallo protector, remitiendo las constancias que acrediten su cumplimiento. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo además del artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal, del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
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