Sandra Bay Díaz
Expediente 692/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 17 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 692/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 05/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Sandra Bay Díaz y Otros.
- Sandra Bay Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Agréguese a los autos sin mayor trámite el oficio y anexo de cuenta que envió la Juez Primera de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, toda vez que mediante proveído de primero de los cursantes (fojas 647 a 649), se tuvo por cumplido el fallo.
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede de la que se desprende, que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veinte de febrero del año en curso (fojas 645 a 646), que fue notificado a la parte quejosa, personalmente por conducto de su autorizado, el veintidós siguiente (foja 646 vuelta), por lo que el término feneció el veintiocho de febrero de la presente anualidad. En dicho proveído, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto al oficio que remitió la Juez Primera de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora (fojas 636 a 640), mediante el cual informa que en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, emitió auto en diecinueve de febrero del año en curso, en el que dejó sin efecto el diverso proveído de uno de octubre de dos mil dieciocho, dentro del juicio ordinario civil (pérdida de patria potestad) 1418/2017. Asimismo, para acreditar lo anterior trascribe el proveído de diecinueve de febrero del año en curso y remite copia certificada de los comunicados 580/2019 y 579/2019 dirigidos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF) y Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual de las Personas y Violencia Intrafamiliar ambos con domicilio en San Luis Río Colorado, Sonora (fojas 641 a 644). Por consiguiente, una vez transcurrido el término concedido, se procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En apoyo, de lo expresado se cita, la tesis 2ª XXXVIII/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página trescientos quince del Tomo IX, de la Novena Época, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del mil novecientos noventa y nueve, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". -Efectos de la Sentencia- Al respecto, debe decirse que el quince de enero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de la quejosa ****, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos *****, de apellidos ****, para el efecto de que la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en San Luis Río Colorado, Sonora realizara lo siguiente (fojas 603 a 615): ? ".dejara insubsistente el auto de uno de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio ordinario civil (pérdida de la patria potestad) 1418/2017, y en resarcimiento de la garantía violada, la responsable debía emitir otra resolución, en la cual con libertad de jurisdicción atiendiera todas y cada una de las pruebas que les admitió a las partes del juicio, así como las pretensiones de las mismas; de igual forma, quedó expedita su facultad para recabar de oficio las pruebas que estimara necesarias para resolver conforme a derecho y protegiendo el interés superior de los menores quejosos, respecto al tópico de convivencias entre éstos últimos y sus progenitores." Sentencia que causó ejecutoria en proveído de doce de febrero de dos mil diecinueve, en el que se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento (fojas 628 a 630). -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- A efecto de cumplir con la sentencia, la Juez Primera de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, adjuntó transcripción del proveído de diecinueve de febrero del año en curso y remitió copia certificada de los comunicados 580/2019 y 579/2019 dirigidos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal (DIF) y Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual de las Personas y Violencia Intrafamiliar ambos con domicilio en San Luis Río Colorado, Sonora (fojas 641 a 644). Documentales a las cuales de conformidad con lo que señala el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el numeral 2 de la propia legislación, tiene pleno valor probatorio. En consecuencia, de las referidas constancias se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida en el presente asunto y con ello, se dio cumplimiento además, a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que con ello se colman los lineamientos de la sentencia en la que se concedió la protección constitucional, motivo por el cual debe concluirse que el fallo protector ha quedado cumplido. En consecuencia, en acatamiento al segundo párrafo del artículo decimoprimero del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de depuración, a partir del dos de marzo de dos mil veinticuatro, en virtud de haberse concedido a la quejosa la protección constitucional, en términos de la fracción IV del precepto aludido. De conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, es susceptible de depuración al haberse otorgado la medida cautelar solicitada. Así también, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, hágase del conocimiento de la parte quejosa del presente proveído para los efectos del precepto 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de quince de enero de dos mil diecinueve (fojas 603 a 615), con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la ley mencionada en primer término, se declara que dicha sentencia que ampara y protege a *****, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos *****, de apellidos ****, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que la constancia de notificación de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, no obre en el presente juicio de amparo, ya que carece de legitimación para, en un momento dado, interponer el recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 23, Tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, para que: ? ".deje insubsistente el auto de uno de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio ordinario civil (pérdida de la patria potestad) 1418/2017, y en resarcimiento de la garantía violada, la responsable debe emitir otra resolución, en la cual con libertad de jurisdicción atienda todas y cada una de las pruebas que les admitió a las partes del juicio, así como las pretensiones de las mismas; de igual forma, queda expedita su facultad para recabar de oficio las pruebas que estime necesarias para resolver conforme a derecho y protegiendo el interés superior de los menores quejosos, respecto al tópico de convivencias entre éstos últimos y sus progenitores." En acatamiento a lo anterior, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, deberá informar las gestiones relativas al cumplimiento de la ejecutoria de mérito, para lo cual deberá anexar la documentación correspondiente; apercibida que en caso de omisión, se le impondrá multa de cien veces el valor por unidad equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) dando un total de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del artículo quinto del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, así como la actualización de la Unidad de Medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo. En cumplimiento al presente proveído, se gira el oficio siguiente: 3140.
- Principal
Sentencia. Notificación Personal
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