Sandra Aracely Contreras Maltos
Expediente 1209/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1209/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Sandra Aracely Contreras Maltos
- Titular de la Tesorería Municipal de Sabinas, Coahuila de Zaragoza.
Actuaciones
- Incidental
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por el licenciado Enrique Madinabeitia Aguirre, en su carácter de autorizado de la quejosa Daniela Ramírez Zúñiga, a través del cual ofrece pruebas documentales que acompaña. 1.1 Pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe el ocursante de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia incidental. Finalmente, en cuanto a la petición de la parte quejosa, respecto a que se tenga por ofrecidas dichas pruebas en el juicio de amparo principal del que deriva este cuaderno, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que el mismo se lleva por cuerda separada. Por tanto, queda expedito su derecho para gestionar lo conducente respecto a las pruebas que pretende aportar en el juicio de amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
1. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que promueve ...contra actos del Titular de la Tesorería Municipal de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1209/2023, en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 4. Incidente de suspensión. La Secretaría debe formar por separado el incidente de suspensión en virtud de haber sido solicitado. 5. Consulta y notificaciones vía electrónica. Se autoriza las notificaciones y consulta vía electrónica a la parte quejosa con el nombre de usuario "ENRIQUE.MADINABEITIA". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 5.1 Instrucción a la Oficial Judicial "A". Se instruye a la Oficial Judicial "A", para que bajo su más estricta responsabilidad, vincule al usuario antes señalado con este expediente. 6. Autorizados para notificaciones. Se tienen como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Enrique Madinabeitia Aguirre y David Rangel Morales, en virtud de que se encuentran registrados en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos del citado numeral a Reyna Araceli Azua Hernández, César Armando Rosas Martínez, Jesús Daniel Adame Beltrán, José Enrique Adama Beltrán, Michelle Hernández Chávez, Félix Alexander Corpus Rodríguez y Pamela Castillón Contreras, por no encontrarse registrados en el mencionado sistema. 7. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas las pruebas documentales que ofrece la parte quejosa. La Secretaría deberá hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional conforme lo previsto en el artículo 124 de la citada ley de la materia. 8. Ministerio Público. En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. 9. Autoridades señaladas como responsables. Se tienen como autoridades responsables al Titular de la Tesorería Municipal de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, Coordinador de Transporte Municipal de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, Presidente del Republicano Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, Cabildo del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, Comisión Revisora del Consejo Consultivo de Transporte Municipal de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y Consejo Consultivo de Transporte Municipal de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. 10. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables deberán rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento en que reciban la notificación del presente proveído, con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remitan copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que el peticionario de amparo manifieste la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibido que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. 10.1 Correo electrónico oficial. Ahora bien, a fin de respetar los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia, así como del acceso a la misma, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción lll, de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables se sirvan a proporcionar correo electrónico oficial al rendir su informe justificado, con la finalidad de establecer comunicación entre la dependencia que representa y este órgano jurisdiccional, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, simplificando y agilizando los juicios en beneficio de las personas justiciables. 11. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 12. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 13. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 14. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE).
- Incidental
1. Formación de incidente y acto reclamado. Como está ordenado en el juicio principal se forma por separado el incidente de suspensión promovido por ...contra actos del Titular de la Tesorería Municipal de Sabinas, Coahuila de Zaragoza y otras autoridades, consistentes en la negativa de recibir cualquier tipo de pago de ruta, replaqueo, ecología, renovación, refrendo anual, y demás contribuciones que se deben pagar y recibir conforme a la ley, con respecto a las concesiones vigentes de números TPSC-043-16, TPSC-046-16, TPSC-052-16, TPSC-053-16, TPSC-054-16 y TPSC-063-16; la orden dada al personal a cargo de las autoridades señaladas como responsables, para negarse a ello; así como de realizar cualquier trámite en relación con dichas concesiones. 2. Requisitos para otorgamiento de medida cautelar. El artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos para conceder la suspensión: i) solicitud del quejoso y ii) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, como los supuestos contenidos en el precepto 129 de ese ordenamiento legal. El objeto de la suspensión de los actos reclamados es preservar la materia del juicio y evitar que se consuma de manera irreparable la conculcación de derechos humanos. Inclusive, en términos del artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, de ser jurídica y materialmente posible, se puede ordenar restablecer de manera provisional y en tanto se dicta sentencia ejecutoriada, el derecho que se estima afectado. La medida cautelar procede a partir del análisis de la naturaleza de los actos, para determinar si es actualizable la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. 3. Derecho subjetivo tutelado. Además, cuando exista la titularidad jurídica de un bien o de un derecho a favor de la parte quejosa, se entiende que hay interés para obtener la medida suspensional y merece ser protegida la situación jurídica que guardan las cosas al momento de decretar la paralización del acto, pues a través de la suspensión no es válido constituir, modificar o restringir un derecho del que no se gozaba antes de la presentación de la demanda, porque dicha circunstancia se encuentra impedida por el artículo 131 del invocado ordenamiento legal. 4. Efectos solicitados. Se pide la suspensión de los actos reclamados para que no se niegue a la parte quejosa la posibilidad de realizar cualquier tipo de trámite con respecto a las concesiones vigentes de números TPSC-043-16, TPSC-046-16, TPSC-052-16, TPSC-053-16, TPSC-054-16 y TPSC-063-16, que por cuestión de competencia atañe a las autoridades señaladas como responsables; en su caso, cualquier pago de ruta, replaqueo, ecología, renovación, refrendo anual, así como las demás contribuciones que se deben pagar y recibir conforme a la ley. 5. Pruebas. La parte quejosa exhibió en copia simple las siguientes documentales como pruebas: i) Documental. Copia simple de la concesión de Transporte Público TPSC-046-16 de uno de diciembre de dos mil diecisiete, expedida por la Coordinación de Transporte Público Municipal de Sabinas Coahuila de Zaragoza. ii) Documental. Copia simple de la concesión de Transporte Público TPSC-052-16 de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, expedida por la Coordinación de Transporte Público Municipal de Sabinas Coahuila de Zaragoza. iii) Documental. Copia simple de la concesión de Transporte Público TPSC-063-16 de dos de marzo de dos mil veinte, expedida por la Coordinación de Transporte Público Municipal de Sabinas Coahuila de Zaragoza. iv) Documental. Copia certificada de la concesión de Transporte Público TPSC-053-16 de catorce de marzo de dos mil veinte, expedida por la Coordinación de Transporte Público Municipal de Sabinas Coahuila de Zaragoza. v) Documental. Copia simple del acto reclamado consistente en el oficio CT/081/2023 de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, firmado por el Coordinador de Transporte del Municipio de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Documentales que son valoradas conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 6. Interés suspensional. Por consiguiente, este juzgado estima que hasta este momento la parte quejosa no acredita ni siquiera de manera indiciaria la afectación a su interés suspensional, en virtud de que no exhibe documento original o debidamente certificado con el cual acredite ser la titular de las concesiones de servicio de transporte público TPSC-043-16, TPSC-046-16, TPSC-052-16, TPSC-053-16, TPSC-054-16 y TPSC-063-16, de las cuales pide la suspensión. Además, hasta este momento no acredita con prueba alguna, el haber comparecido por escrito ante las autoridades responsables y que las mismas le hayan negado realizar cualquier tipo de trámite con respecto a las concesiones de referencia de las cuales aduce ser la titular, así como de recibir cualquier tipo de pago de ruta, replaqueo, ecología, renovación, refrendo anual y demás contribuciones que deben de recibir conforme a la ley, con respecto a las concesiones vigentes citadas. Por ello es que no prueba la negativa de las autoridades responsables para atender esas circunstancias por alguna razón en específico, motivo por el cual no se satisfacen las exigencias del numeral 128, fracción I de la ley de la materia. 7. Negativa de la suspensión provisional. En consecuencia, toda vez que no se satisfacen las exigencias de los numerales 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, respecto a los actos reclamados consistentes en la negativa de recibir cualquier tipo de pago de ruta, replaqueo, ecología, renovación, refrendo anual, y demás contribuciones que se deben pagar y recibir conforme a la ley, con respecto a las concesiones vigentes de números TPSC-043-16, TPSC-046-16, TPSC-052-16, TPSC-053-16, TPSC-054-16 y TPSC-063-16; la orden dada al personal a cargo de las autoridades señaladas como responsables, para negarse a ello; así como de realizar cualquier trámite en relación con dichas concesiones. Máxime que, hasta este momento no acredita con prueba alguna haber comparecido por escrito ante las autoridades responsables para realizar algún tipo de trámite de los que hace alusión, en relación a las concesiones que aduce ser titular, y que por consiguiente les haya sido negado, motivo por el cual, no se satisfacen las exigencias de los numerales 128 y 131 de la ley de la materia. 8. Determinación provisional. En atención a lo manifestado por la parte quejosa, lo procedente conforme a derecho es negar la suspensión provisional solicitada, hasta que una vez que se rinda el informe previo se cuente con mayores elementos para mejor proveer. 9. Requerimiento de informe. En conformidad con lo dispuesto en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, se requiere informe previo a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas rinda su informe previo. Se apercibe que en caso de incumplir este requerimiento, se aplicará multa consistente en cien Unidades de Medida y Actualización vigente, equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), en términos de los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto se ordena al Actuario Judicial adscrito adjunte copia simple de la demanda y anexos pertinentes en cada oficio. 10. Audiencia incidental. La audiencia incidental se llevará a cabo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS (HORARIO DE LA FRONTERA NORTE).
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