Sandra Araceli Castro Morales
Expediente 1883/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 21 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1883/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sandra Araceli Castro Morales
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de octubre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa del auto de treinta y uno de agosto de dos mil quince, con las constancias que al efecto allego la autoridad responsable Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por el término de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el citado acuerdo. En consecuencia se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el veinte de marzo de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Ana Bertha Torres Osorio, para los efectos siguientes: Se desincorporen de la esfera jurídica del quejoso, hasta en tanto no sean reformados, el artículo 77, fracción II, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, así como los diversos 94 bis a 94 bis-12 y 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del referido Estado y, en su lugar, se cobre al quejoso la tarifa mínima de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción del contrato de transmisión de propiedad a que se refiere la escritura pública número doscientos sesenta y cuatro mil ciento veinte, pasada ante la fe del Notario número Dos de la Primera Demarcación Notarial en el Estado. Como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de los mencionados preceptos y, en razón de la inconstitucionalidad que le asiste a los cobros consignados en los recibos de pago 19621, 1051207 y 995491 -sólo por lo que hace al impuesto adicional-, expedidos por el Municipio de Ayala y la Secretaría de Finanzas y Planeación, ambas del Estado de Morelos, se ordena reintegrar a la parte quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones $15,591.00 (quince mil quinientos noventa y un pesos 00/100 moneda nacional), descontando el monto de un día de salario mínimo general vigente en el Estado, con motivo de la inscripción del contrato de transmisión de propiedad a que se refiere la escritura pública número doscientos sesenta y cuatro mil ciento veinte, pasada ante la fe del Notario número Dos de la Primera Demarcación Notarial en el Estado. En el entendido que se deberá restituir a la quejosa el pago que realizó por concepto de dichas contribuciones $15,591.00 (quince mil quinientos noventa y un pesos 00/100 moneda nacional), previo descuento precisado en el párrafo que antecede, debidamente actualizado, pero sin que ello obligue al pago de intereses, toda vez que el pago de aquéllos tiene como finalidad sancionar a la autoridad por el incumplimiento oportuno del deber de una devolución, es decir, tienen una naturaleza indemnizatoria, tal como lo dispone el artículo 32 del Código Fiscal del Estado de Morelos. Por auto dictado el veintiocho de abril de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En acatamiento a lo anterior, la Subprocuradora de Recursos Administrativos, Consultas y Contencioso Estatal, en suplencia por ausencia de las Titulares de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito, por oficio acordado el treinta y uno de agosto de dos mil quince, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0048210, que se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería General de Estado por la cantidad que hace un total de $2,528.76 (dos mil quinientos veintiocho pesos 76/100 moneda nacional), por concepto de pago improcedente de derechos de inscripción de una escritura pública ante el Instituto de Servicios de Registrales y Catastrales del Estado; esto en virtud, de que la autoridad responsable le restó un día de salario mínimo general vigente en el Estado de Morelos. Documentales que fueron expedidas por las autoridades en ejercicio de sus funciones, por tanto, son documentos a los cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al restituirle a la parte quejosa, el citado monto cobrado por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, por cuanto a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito, la sentencia de amparo HA QUEDADO PARCIALMENTE CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancias de las que se advierta que la parte quejosa recibió el cheque correspondiente, de las autoridades responsables, en virtud de que las autoridades responsables ya pusieron a su disposición los títulos de crédito por dichos conceptos, además dicha situación le fue notificada a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Apoya lo anterior la Tesis III.3º.A 52 A, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, materia administrativa, Página 1455 con número de registro 178468. Por otra parte, este juzgado procede en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo y el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), señalada en el auto de QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE; en el caso existe incumplimiento por parte de las autoridades responsables Presidente Municipal y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, así como a los superiores jerárquicos de estas; para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues no obstante estar notificadas del acuerdo por el que se le ordenó cumplir con esa, no han demostrado haber realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que no acreditan estar en vías de cumplir con la ejecutoria de amparo ni las circunstancias que justifiquen la causa del retraso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 193, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo, este juzgador impone al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ayala, Morelos (Luis Alberto Romano Barrios), una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (monto mínimo), equivalente a $7,010.00 (siete mil diez pesos 00/100 moneda nacional), considerando que el salario diario vigente en esa zona geográfica es de $70.10, (sesenta pesos 10/100, moneda nacional). Igualmente, este juzgador impone a las autoridades Presidente Municipal de Ayala, Morelos (Bernardo Sosa Barrios) y al Ayuntamiento de Ayala, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, JOSÉ ISABEL MEDINA CENTENO y Regidores GERARDO ALCÁNTARA MOLINA, ISAÍAS PÉREZ CHÁVEZ, GUILLERMO LUGO CABRERA, SOSIMO BARRETO SOLÍS, FERNANDO VILLALOBOS ARANDA, ESTEBAN MARCO ANTONIO FUENTES MALPICA, JOSÉ LUIS VERGARA LEANA,THALIA NÁJERA ABÚNDEZ, MARIA DE LOURDES LÓPEZ TOVAR ), una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (monto mínimo), equivalente a $7,010.00 (siete mil diez pesos 00/100 moneda nacional), A CADA UNO DE LOS MENCIONADOS, considerando que el salario diario vigente en esa zona geográfica es de $70.10, (sesenta pesos 10/100, moneda nacional), TODA VEZ QUE NO ACREDITARON HABER GIRADO LA ORDEN AL TESORERO RESPONSABLE, PARA QUE ÉSTE CUMPLIERA CON LA EJECUTORIA DE AMPARO. Para la ejecución de la multa, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo, la notificación de este auto, informe el resultado de la ejecución de las multas impuestas en el párrafo que antecede. En el entendido de que puede ser localizado, el Presidente Municipal (Bernardo Sosa Barrios) y Tesorero Municipal (Luis Alberto Romano Barrios) del Ayuntamiento de Ayala, Morelos , en el domicilio ubicado en Plaza Cívica Francisco Ayala sin número, colonia Centro, en la Ciudad de Ayala Morelos. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con independencia de lo anterior, conforme a los establecido en el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), señalada en los párrafos que anteceden, que señala que una vez transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable e improrrogable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. En el entendido de que el término de DIEZ DÍAS, se considera un plazo razonable para el acatamiento de la ejecutoria, en virtud de que para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; además de que ya se concedió el plazo de veinte días. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere al Presidente Municipal (Bernardo Sosa Barrios) y Tesorero Municipal (Luis Alberto Romano Barrios) del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, para que dentro del término de DÍEZ DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen y REMITAN COPIA CERTIFICADA DEL CHEQUE CORRESPONDIENTE. Cabe precisar que el término de DIEZ DÍAS, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Ayala, Morelos (Bernardo Sosa Barrios), y al Ayuntamiento de Ayala, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, JOSÉ ISABEL MEDINA CENTENO y Regidores GERARDO ALCÁNTARA MOLINA, ISAÍAS PÉREZ CHÁVEZ, GUILLERMO LUGO CABRERA, SOSIMO BARRETO SOLÍS, FERNANDO VILLALOBOS ARANDA, ESTEBAN MARCO ANTONIO FUENTES MALPICA, JOSÉ LUIS VERGARA LEANA,THALIA NÁJERA ABÚNDEZ, MARIA DE LOURDES LÓPEZ TOVAR), en su carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables, Tesorero Municipal (Luis Alberto Romano Barrios) del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir del momento en que estén notificados de este acuerdo, acrediten la orden girada a las citadas autoridades responsables, para que éstas cumplan con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez quien autoriza y da fe.
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