Sandra Alicia Calderon del Carmen

Expediente 1439/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1439/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
23/01/2018

Partes del expediente

  • Sandra Alicia Calderon del Carmen
  • Congreso del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Archívese como asunto concluido. Cuernavaca, Morelos, veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo con fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en la que se determinó sobreseer el presente juicio.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las doce horas con veintinueve minutos del día veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, hora y día señalado para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con asistencia de María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien actúa y da fe, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1439/2017, promovido por SANDRA ALICIA CALDERÓN DEL CARMEN, por su propio derecho; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto continuo, al no existir promociones pendientes por acordar, se declara abierto el periodo probatorio, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica la documental que anexó a su demanda la parte quejosa, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humana ofrecidas por dicha parte; lo anterior con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede a abrir el periodo de alegatos. La Secretaria hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita hizo uso de ese derecho a través de la intervención ministerial MPF/449/2017; por lo cual, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por legalmente reproducidos dichos alegatos sin perjuicio de ser tomados en consideración al momento de resolver en definitiva; acto seguido se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se concluye la presente audiencia, levantándose la presente acta, firmando para constancia legal los que en ella intervinieron y quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1439/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido el mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, SANDRA ALICIA CALDERÓN DEL CARMEN, por su propio derecho, promovió demanda de garantías, contra actos del Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno del Estado de Morelos, Director del Periódico Oficial del Estado de Morelos y Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, de quienes reclamó: "1) Ordenadoras: H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, reclamo: La discusión, aprobación y expedición del Decreto Número 587, que adiciona el Capítulo Primero Bis Secciones Primera y Segunda y los artículos 94° bis a 94° bis-12 publicado en el Periódico Oficial de fecha 17 de noviembre de 1999, en cuyos términos se adicionan los artículos 94° bis al 94° bis-12; asimismo los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS, reclamo: La sanción, aprobación promulgación y orden de publicación del Decreto Número 587, que adiciona el Capítulo Primero Bis Secciones Primera y Segunda y los artículos 94° bis a 94° bis-12 publicado en el Periódico Oficial de fecha 17 de noviembre de 1999, en cuyos términos se adicionan los artículos 94° bis al 94° bis-12; asimismo los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. C. SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, reclamo: El refrendo y publicación del Decreto promulgatorio Número 587, que adiciona el Capítulo Primero Bis Secciones Primera y Segunda y los artículos 94° bis a 94° bis-12 publicado en el Periódico Oficial de fecha 17 de noviembre de 1999, en cuyos términos se adicionan los artículos 94° bis al 94° bis-12; asimismo los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. D) DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DEL ESTADO DE MORELOS, reclamo: 1. La publicación del Decreto promulgatorio de fecha 113 de abril de 1999, a través de la cual se ordenó la publicación y observancia del Decreto Legislativo señalado en el inciso A) que antecede. 2) Ejecutoras: C. TESORERO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, les reclamo: LA DETERMINACIÓN, COBRO Y RECAUDACIÓN INDEBIDA de las cantidades correspondientes al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y su adicional." Actos que estima violatorios en su perjuicio de las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías; por auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite, se registró con el número 1439/2017, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 y 35 de la Ley de Amparo, relación con los numerales 48 y 52, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales números 3/2013 y 15/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación; además por tratarse de un asunto en materia administrativa en el que se reclaman actos de autoridades que residen dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados en el presente juicio, en cumplimiento además a los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los cuales se hacen consistir en: 1. El proceso legislativo que dio lugar a la creación de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en sus artículos 94 Bis a 94 Bis-12 y del 119 a 125. 2. La aplicación de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos al haberse efectuado el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles y su adicional con motivo de la aplicación de dichos preceptos. TERCERO. De acuerdo con la técnica que rige el juicio de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en particular, para que, de ser procedente el juicio, pronuncie la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61, de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causa de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causas de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia XVII.2o. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, página 68, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. En ese sentido, las responsables Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario General de Gobierno del Estado de Morelos y Director del Periódico Oficial del Estado de Morelos, al rendir sus informes justificados aceptaron en esencia, la existencia de los actos reclamados. Por tanto, se tienen plenamente probados los actos reclamados al tenor de la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, negó categóricamente los actos que se le atribuyen. CUARTO. Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este juzgado federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación la tesis Jurisprudencial 11.10.J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Octava Época, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro: 222780, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, el suscrito juzgador advierte que se actualiza de oficio una causa de improcedencia; sin embargo, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, en términos lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, pues sólo existe obligación de notificar al quejoso en los juicios de amparo indirecto en revisión o segunda instancia, así como en el recurso de queja que se interponga en contra del desechamiento de la demanda. Orienta al criterio anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federa,, publicada en la página 2660, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, del tenor literal siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." En efecto, en el caso, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6°, del mismo ordenamiento legal, respecto del acto de aplicación de los artículos 94 Bis a 94 Bis-12 y del 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, por las consideraciones que se exponen a continuación. El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos establece: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.". El precepto legal 6° de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]. Mientras que el numeral 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en sus fracciones XII y XXIII disponen que el juicio de amparo es improcedente: ".XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción I del mismo ordenamiento, dice que el juicio de amparo debe pedirse al Juez de Distrito: "Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." La intelección de los preceptos legales apuntados, permite establecer que el ejercicio de la acción constitucional, está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la Ley. La noción perjuicio, para que proceda la acción constitucional; presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo; debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos, a través de una o varias de sus normas. En otros términos, la procedencia de la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, cuya incidencia en la esfera jurídica de la entidad moral o física quejosa, constituye el interés jurídico que, entre los intereses que pueden concurrir en un gobernado para que sea jurídico y por consiguiente legalmente protegido, precisa estar reconocido y amparado por la norma legal (derecho positivo vigente); de tal manera que cuando con los actos de autoridad se afecte ese derecho, irrogue un agravio real, personal y directo así como actual en esa esfera jurídica, que resiente una lesión o un perjuicio en el derecho del que es titular y que resulta conculcado. En apoyo a los razonamientos que se esgrimen, es oportuno citar el criterio que informa la Tesis Jurisprudencial 1º.A.J/17, publicada en la página treinta y cinco de la Gaceta número sesenta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "INTERÉS JURÍDICO NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclama tendrá por incidir en relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se cite sólo proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". De ahí que, si en el caso las normas reclamadas se refieren a impuestos derivados de diversos actos jurídicos, es necesario que la impetrante de garantías acredite fehacientemente encontrarse en las hipótesis mencionadas, es decir, haber practicado el pago correspondiente por dichos conceptos, como en su escrito de demanda refiere haberlo hecho. Sin embargo, la reclamante, para acreditar su interés jurídico y la afectación al mismo, no ofreció ningún medio de convicción idóneo para acreditar que se le hayan aplicado en concreto los artículos 94 Bis a 94 Bis-12 y del 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, reclamados, pues solo exhibió copia simple de un recibo, sin que ofreciera medio de prueba alguno tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad municipal. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis de jurisprudencia 45/90, emitida por la entonces Tercera Sala de nuestro máximo tribunal, visible en la página 199, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." Asimismo, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, tomo 199-204, Primera Parte, Materia Constitucional y Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "LEY, AMPARO CONTRA. CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN, ESTE DEBE PROBARSE. De lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, se infiere que cuando se reclama una ley, autoaplicativa o heteroaplicativa, con motivo de un acto de aplicación, éste debe acreditarse, para probar la vinculación del acto con la ley cuya inconstitucionalidad se reclama.". Y por identidad jurídica sustancial, el emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 112, Volumen 193-198, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que sostiene lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. NO PUEDE SER PRESUNTIVO. De acuerdo con los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, es al quejoso a quien corresponde demostrar que los actos reclamados afectan su interés jurídico, y si en el caso la promovente no demostró esa circunstancia, es legal el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, independientemente de que, por sí sola, manifieste que es causante del impuesto que se impugna en el juicio. El interés jurídico debe estar fehacientemente probado sin que, por tanto, pueda establecerse en forma presuntiva, según lo ha sostenido reiteradamente este Alto Tribunal; consecuentemente, no es factible estimar que la quejosa acreditó su interés jurídico aduciendo que sería absurdo pensar lo contrario cuando espontáneamente ha manifestado ser causante del impuesto que reclama, ya que ello equivaldría a aceptar un interés jurídico presuntivo.". Sin que este juzgador se encuentre obligado a recabar pruebas de oficio con la finalidad de acreditar el interés jurídico de la impetrante, pues con ello, se rompería el equilibrio procesal de las partes en el presente juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica y en lo conducente, el criterio emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2137, tomo XXIII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, relativo al mes de marzo de 2006, que dice: "VALOR AGREGADO. PARA IMPUGNAR EL ARTÍCULO 1o.-B DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EL INTERÉS JURÍDICO NO SE ACREDITA CON EL SIMPLE RECIBO DE PAGO. El artículo 1o.-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contempla los conceptos por los cuales las contraprestaciones se consideran efectivamente cobradas o pagadas, ya sea en efectivo, bienes o servicios, cheques u otros títulos de crédito. Ahora bien, en tratándose de personas morales, para acreditar el interés jurídico al impugnar este precepto, se requiere que el recibo de pago del tributo acredite con certeza cuáles fueron las actividades gravadas y exentas realizadas por el sujeto pasivo del impuesto y respecto de qué cantidades procede o no el acreditamiento, pues no basta demostrar que el tributo se pagó, sino que se debe probar que se realizó alguna de las operaciones propias de su objeto social, ya que en el supuesto de que no fuera necesario demostrar que se recibió el pago con motivo de los actos jurídicos que corresponden a dicho objeto, con el simple hecho del pago del impuesto no sería posible saber cuál fue la tasa aplicada, el factor y, en general, los elementos para cuantificar el monto del impuesto que le corresponde por ese concepto. Consecuentemente, tal elemento de prueba es insuficiente para tener por acreditado el interés jurídico para impugnar el citado precepto, por lo que con fundamento en el artículo 73, fracción V, en relación con la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio". Por tanto, se estima que la documental allegada por la parte quejosa, resulta insuficientes para acreditar sus afirmaciones en el sentido de que se encuentra en las hipótesis que tutelan los artículos 94 Bis a 94 Bis-12 y del 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, tildados de inconstitucionales y específicamente que se le haya retenido determinado numerario con motivo de la aplicación de las normas combatidas, pues el hecho de que haya practicado manifestaciones en ese sentido bajo protesta de decir verdad, no implica la demostración en forma eficiente que se encuentra colocada en los supuestos de la norma, ya que con tales medios de convicción no acredita de ninguna manera la aplicación en su perjuicio de los citados artículos 94 Bis a 94 Bis-12 y del 119 a 125, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. En consecuencia, al no haber acreditado la parte demandante el acto de aplicación de las normas combatidas, y por ende, no acreditar la afectación a su interés jurídico, lo cual constituye un requisito indispensable de procedencia en el juicio de garantías para combatirse los actos que se estimen violatorios de garantías, ya que no se demostró de manera eficiente e indubitable con algún elemento de convicción que la peticionaria del amparo se ubique dentro de los supuestos que contemplan los preceptos legales antes indicados, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías, de conformidad con la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 63, fracción V, ambos de la Ley de la Materia. Más si se considera que incluso el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, informó que en los archivos de la Dirección de Impuesto Predial y Catastro del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, no existe glosa del inmueble asentada en el juicio de amparo promovido por la quejosa (foja 52); aseveraciones de la autoridad que no pueden considerarse desvirtuadas con la copia simple que la impetrante anexó a su demanda (foja 8); con lo cual, corrobora su negativa respecto de los actos que se le atribuyen. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por SANDRA ALICIA CALDERÓN DEL CARMEN, contra los actos y autoridades señalados en el resultando primero de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de ésta. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma JORGE CARENZO RIVAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos; asistido de María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. ***Lupix***

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el escrito de intervención ministerial número MPF/449/2017, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por medio del cual hace diversas manifestaciones, entre las que destacan la petición de que al resolver el presente juicio de amparo se decrete el sobreseimiento. Al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por la Representante Social, las que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Por cuanto hace a la copia certificada que solicita, una vez que se dicte la sentencia en el presente juicio de amparo, previa reiteración que de la misma realice, se acordará lo procedente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda, el escrito signado por el delegado de la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de diecinueve de octubre del presente año, refiere bajo protesta de decir verdad que en los archivos de la Dirección de Impuesto Predial y Catastro del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, no existe la glosa requerida. Con el contenido del mismo, dése vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes.

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