Sandra Alicia Alvarez Armenta
Expediente 1014/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Sandra Alicia Alvarez Armenta
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de ley sin que haya sido interpuesto recurso de queja contra del auto de cuatro de julio del presente año, en que se desechó la demanda *****; atento a lo anterior, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal. Ahora, previa revisión por el Secretario de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Demanda Vista la demanda de amparo promovida por ...; regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1014/2022-8, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En torno a ello es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32 (registro 192097), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese orden, la lectura de la demanda de amparo permite colegir que la acción de amparo se plantea respecto del auto de tres de junio de la anualidad, dictado por el Juez Sexto civil de Primera Instancia de esta ciudad, dentro del juicio civil 318/2021, en el cual declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto por la hoy quejosa en contra del citado auto. Desechamiento Puntualizado lo anterior, se estima que en el caso sobreviene de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, del propio ordenamiento legal, teniendo en cuenta que el acto reclamado, no es de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo por vía indirecta. Los invocados numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" La aplicación sistemática de las porciones normativas trascritas hace patente la improcedencia del juicio de amparo en vía biinstancial, tratándose de actos que no tengan una incidencia de imposible reparación sobre los derechos fundamentales reconocidos al gobernado tanto en la Constitución Federal como en tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. De manera que la procedencia del medio de control constitucional por vía indirecta, conforme la legislación vigente al juicio de amparo, debe partir de que para ello se colme el requisito ineludible de afectación directa e inminente a derechos fundamentales o sustantivos tales como el patrimonio, la vida, posesión o libertad entre otros, y que no sea susceptible de ser reparado aún si la parte a quien se lesiona o afecta la esfera jurídica obtuviera resolución favorable a sus intereses. Cabe abundar que la distinción entre un derecho sustantivo y uno de carácter adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Así, el amparo indirecto no procede cuando se trata de cuestiones adjetivas reparables; es decir, respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar lesión en su esfera jurídica. Al respecto, cobra vigencia el criterio contenido en la tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de 2015, tomo I, Décima Época, página 1070 (registro 2009478), que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Bajo ese contexto normativo, como se adelantó, la demanda de amparo deviene improcedente toda vez que el acto que a través de ella se reclama no incide ni tiene repercusión inminente o directa sobre derecho fundamental alguno reconocido en favor de la parte quejosa, ya sea en la Carta Magna o en convención internacional adoptada como parte del bloque de constitucionalidad. Por el contrario, la determinación con la que se declaró improcedente la substanciación del recurso de apelación por la alzada, solo tiene efectos intraprocesales, sólo trasciende a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, por lo que hasta este momento es inconcuso que no causa afectación sobre derecho fundamental alguno. De ese modo, para efectos de la procedencia de este juicio que se pretende, el auto que se reclama únicamente produce efectos intraprocesales, lo que hace inviable admitir a trámite la demandada de amparo pues, se insiste, no se configura la afectación a derecho fundamental. En consecuencia, como se adelantó, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda que se trata, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio; asimismo, se tiene por designados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Humberto Díaz Vela y Martín Iván Ponce León, no así de Katherine Moran González, en virtud de no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, para oír y recibir notificaciones a la persona que indica en su escrito. Notificaciones y consulta electrónica de expediente Ahora, por lo que hace a la solicitud de la autorización para consulta virtual del expediente, considerando que el promovente proporciona la información para el acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al expediente electrónico a la parte quejosa mediante los usuarios "LUISHDIAZVELA", "MARTINIVAN.PONCE" y "KATHERINE.MORAN.GONZALEZ" para ello háganse las actualizaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, como se solicita, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, háganse las notificaciones a la parte quejosa por vía electrónica, por conducto de los usuarios que para ello designa. Lo anterior, sin perjuicio de la designación del domicilio procesal, ya que las notificaciones deberán practicarse, por regla general, vía electrónica salvo caso extraordinario. Asimismo, proporciona cuenta de correo electrónico y número telefónico, ello para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios en el presente juicio. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales a las partes, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el diligenciario de la adscripción efectúe las mismas. Transparencia Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7°, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles que puedan contener. Notifíquese vía electrónica a la parte promovente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · 8,097 expedientes
- Samuel Lazaro Remache1636/2022
- Samuel Martínez Zapata1179/2023
- Samuel Montaya o Montoya Navarro619/2021
- Samuel Quintero Caro621/2021
- Samuel Rodriguez Cruz458/2015
- San juana Ledezma Ceballos117/2023
- Sandra Areli Nevarez Padilla786/2019
- Sandra Bay Diaz758/2018
- Sandra Bravo Gonzalez1201/2021
- Sandra Catalina Bautista Cortes415/2020
- Sandra De La Caridad Prieto Jimenez1430/2022
- Sandra Gabriela Garcia Villa350/2023