Sandra Adelaida Antonio Luis
Expediente 985/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 985/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sandra Adelaida Antonio Luis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
"RESOLUCIÓN Mediante la que se falla el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 985/2023 promovido por ********************, en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES De la demanda de amparo y su aclaración se advierte que la justiciable reclama el acto siguiente: De la autoridad ordenadora: Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec: La retención de la cantidad de $*** (*** pesos **/***), en la cuenta bancaria **** , del banco Azteca, ordenada en el expediente ***/*** del índice de la responsable, relativo a un procedimiento de medida precautoria. La inconforme estima que el acto que combate, vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y causan afectación a su esfera jurídica. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue presentada el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, la cual por razón de turno, fue remitida en esa propia fecha a este órgano jurisdiccional, donde quedó registrada con el progresivo 985/2023. Mediante proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, una vez desahogada la prevención ordenada el veintisiete de septiembre pasado, se admitió el escrito inicial y se ordenó tramitar -por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se negó la suspensión provisional solicitada, por las consideraciones expuestas en la determinación de esa data. La audiencia incidental se celebró en esta fecha, en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a lo previsto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128 y 144 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso concreto, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: Del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. La retención de la cantidad de $*** (*** pesos **/***), en la cuenta bancaria ***, del banco Azteca, ordenada en el expediente **/***, relativo a un procedimiento de medida precautoria. V. EXISTENCIA DE LOS DIVERSOS ACTOS COMBATIDOS Y DETERMINACIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA El Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, al rendir su informe previo, aceptó la existencia del acto reclamado. Dicha constancia tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ante la certeza del acto reclamado, procede efectuar el análisis respecto de la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. VI. CONCESIÓN DE SUSPENSION DEFINITIVA Este juzgador reitera la decisión tomada en el acuerdo de diez de octubre de dos mil veintitrés, donde se negó la suspensión provisional, pues aún existen las mismas razones negar la medida cautelar, pero ahora de forma definitiva. Para explicar la decisión expuesta en el párrafo que precede, conviene reproducir los antecedentes del acto reclamado narrados por la parte quejosa: Relató que el quince de septiembre de dos mil veintitrés, se realizó un descuento de su nómina de un poco más de dos mil pesos, por tanto, acudió a la institución bancaria, mediante el cual al momento de solicitar una aclaración, le informaron mediante el dictamen de aclaración, con folio: **, que se debía a la orden judicial **-**-***-**, como medida precautoria de retención de bienes, en el expediente **/*** del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Oaxaca. Sin embargo, refiere que no ha sido emplazada y tampoco ha comparecido al juicio **/***, del índice de la autoridad responsable. Por lo que reclama el embargo o retención de la cantidad de $*** (*** pesos **/***). Ahora, con la finalidad de determinar la procedencia de la medida cautelar solicitada, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados en el juicio de amparo "podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social." En relación con lo anterior, el artículo 128 de la Ley de Amparo prevé que la suspensión se decretará siempre que se actualicen dos supuestos, los cuales son los siguientes: Que la solicite la parte quejosa; y, b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, el Alto Tribunal del País ha establecido diversas notas relacionadas con la figura de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, a saber: Que el objeto de la suspensión es el de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias se consuma destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan detrimentos de imposible reparación a la parte quejosa, siempre que reúna los requisitos de procedencia. Que la suspensión sí puede otorgarse respecto de actos consumados, con efectos restitutorios, en tanto no se afecte a la sociedad. Que, por regla general, sólo los actos futuros de inminente realización y no los futuros e inciertos son susceptibles de ser suspendidos; entendiéndose por los primeros los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente; de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutará en breve y, por los segundos, aquellos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. Que siempre es factible que se otorgue la medida cautelar solicitada con respecto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, cuando la naturaleza del acto lo permita y no se afecte al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno; además que dichas figuras se ven afectadas cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría Precisadas las condiciones para la concesión de la medida cautelar en el amparo, debemos deducir si éstas se cumplen en los términos solicitados por la parte quejosa y atendiendo al acto que pretende se suspenda. El primer requisito es colmado, ya que así lo solicita la parte quejosa de manera expresa en su escrito inicial de demanda. El segundo requisito (que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público), a consideración de este Juzgado de amparo, no se satisface. Debemos tener presente que el embargo o retención controvertido deriva de una solicitud de providencias precautorias emitida por una autoridad federal competente para ello. Se precisa que sobre este tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2016, cuya materia de análisis consistió en determinar si es posible otorgar la suspensión definitiva solicitada en contra de medidas cautelares decretadas en procesos civiles o mercantiles, consideró lo siguiente: Sostuvo que es claro que dichos requisitos pueden cumplirse cuando el quejoso solicite la suspensión del acto reclamado y demuestre su certeza; que la naturaleza del acto reclamado permita su suspensión y que no se contravengan disposiciones de orden público ni el interés social. Además, consideró que es posible que la medida cautelar haya sido ilegalmente decretada, de tal forma que se advierta que el quejoso tiene apariencia del buen derecho. También determinó que el hecho de que las legislaciones en cuestión prevean una garantía para indemnizar los daños y perjuicios que ocasione la medida cautelar no es una razón suficiente para sostener que en ningún caso estas pueden ser suspendidas. Concluyó que la Ley de Amparo privilegia la libertad judicial para que, en el caso concreto, se analicen todas las particularidades del caso y se evalúe si procede la suspensión; por lo que serán las circunstancias de cada caso las que determinen si debe concederse la suspensión solicitada. De la referida contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 53/2017 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 519, registro digital 2014802, Décima Época, Materias Común, civil, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. HAY CASOS EN LOS QUE ES POSIBLE OTORGARLA CONTRA MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN PROCESOS CIVILES O MERCANTILES. De la Constitución y de la Ley de Amparo se desprende que para que proceda la suspensión definitiva a petición de parte se deben cumplir con estos requisitos: 1. Que la solicite el quejoso; 2. Que los actos reclamados cuya paralización se solicita sean ciertos; 3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión; y 4. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen derecho. Por lo tanto, los daños y perjuicios que se puedan causar al quejoso con la ejecución del acto no son un requisito para otorgar la suspensión. En este orden de ideas, esta Primera Sala advierte que podrían existir casos en los que las medidas cautelares puedan ser suspendidas, lo cual, claramente no significa que siempre deba concederse la suspensión contra medidas cautelares. En efecto, el hecho de que el Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles prevean una garantía para indemnizar los daños y perjuicios que ocasione la medida cautelar no es una razón suficiente para sostener que en ningún caso las medidas cautelares pueden ser suspendidas. Por último, los jueces de amparo deben tomar en cuenta que las medidas cautelares buscan proteger que no se quede sin materia el juicio de origen y que la suspensión tiene la misma finalidad respecto al juicio de amparo. Sin embargo, la Ley de Amparo privilegia la libertad judicial para que se analicen todas las particularidades del caso y se evalúe si procede la suspensión, por lo tanto, serán las circunstancias de cada caso las que determinen si debe concederse la suspensión solicitada." Ahora bien, de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que el hecho de que las medidas cautelares pueden ser suspendidas, ello no significa que siempre deba concederse la suspensión contra ellas, pues tal y como la aludida Primera Sala y el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al sustentar la jurisprudencia 61 K (10a.), corresponde al juzgador analizar las particularidades del caso concreto para determinar si procede conceder la suspensión o no, pues la Ley de Amparo privilegia la libertad judicial para que se analicen todas las particularidades del caso, esto es, serán las circunstancias de cada caso las que determinen si debe concederse la suspensión solicitada. Por consiguiente, este Juzgador Federal, considera negar la suspensión definitiva solicitada. Para arribar a la anterior determinación, se destaca, en principio, que la medida cautelar calificada también como providencia o medida precautoria, es aquel instrumento que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio para conservar la materia del litigio; así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso. Las medidas cautelares constituyen un proceso urgente que, sin ser autónomo, sirve para garantizar el buen fin de otro proceso o del juicio principal. La finalidad de la medida cautelar es evitar que el tiempo que implica el proceso frustre el derecho del peticionario, con lo que se asegura el eventual cumplimiento de la condena y se disipan los temores fundados de quien la solicita. Por lo que una medida cautelar es aquel instrumento empleado por la autoridad judicial con el fin de conservar la materia del litigio, evitar un grave e irreparable daño a las partes, o bien, evitar que se frustre el derecho del peticionario y asegurar así el cumplimiento de lo sentenciado. Como puede verse y sin que ello implique examinar la constitucionalidad del acto reclamado que es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal, para el juzgador mercantil surgieron bases suficientes para decretar dicha medida precautoria. Con base en lo expuesto, procede negar la suspensión definitiva. Deliberar en sentido contrario se estaría vulnerando disposiciones de orden público, porque se la medida precautoria origen del asunto, tuvo como objetivo retener de manera provisional un bien material con motivo de una medida precautoria; por ende, la sociedad está interesada en no obstaculizar los procedimientos jurisdiccionales como el que nos ocupa en el estudio de esta medida cautelar de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ***, por las razones expresadas en el apartado VI de esta resolución. NOTIFÍQUESE."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para hoy; sin embargo, a la fecha transcurre el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable. Aunado que mediante proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, el ******************, por conducto de su apoderada legal ************, se apersonó al presente juicio en su calidad de tercero interesado. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las nueve horas con treinta y cinco minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual **********************o, se apersona al presente juicio de amparo. De conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene por apersonado al juicio al *******************, por conducto de su apoderada legal ****************. Ahora bien, Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se autoriza el acceso, consulta y notificación del expediente electrónico relativo al presente asunto, vía Internet, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "mapacheco10", proporcionado para tal efecto. En razón de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice el alta del usuario "mapacheco10", a fin de que pueda realizar la consulta y notificación del expediente electrónico indicado. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de octubre de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.
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