Sandibel Manríquez García
Expediente 746/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/12/2020
Partes del expediente
- Sandibel Manríquez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa la resolución de mérito y los acuerdos subsecuentes, aun los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. En la inteligencia de que la lista de acuerdos se publicará en internet, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales; así como también se colocará en un espacio de fácil acceso del edificio sede de Ciudad Judicial Federal, para quienes acudan sin contar con una cita, en términos de lo previsto el arábigo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.
- Principal
Se declara que el proveído que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha causado estado. Archívese el expediente en el que se actúa como asunto concluido. Se estima que este expediente es destruible. Con un documento considerado original por lo que se ordena notificar personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Se advierte de autos que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; en los cuadernos original y duplicado de esta incidencia no obran documentos considerados como originales. Archívese este incidente de suspensión como asunto concluido.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte tercero interesado FRANCISCO CASTELLANOS MORA, la resolución de treinta de octubre de dos mil veinte, en la que se determinó lo siguiente: "Zapopan, Jalisco, treinta de octubre de dos mil veinte. Se tiene por no formulada solicitud. Visto el estado de autos y la primera de las certificaciones de cuenta, se advierte que la solicitante del amparo no compareció al despacho de este Juzgado de Distrito -en el día y hora programados para tal efecto- a manifestar sí reconoce como suya la firma estampada en el escrito presentado el veintitrés de septiembre pasado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de veinticinco de septiembre del año en curso, y se tiene por no realizada la petición contenida en el ocurso en mención, donde se señala como autoridad responsable a la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. No se tiene como autoridad responsable. En mérito de lo anterior y en atención a la segunda de las certificaciones de cuenta, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento de la materia se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el acuerdo de treinta y uno de agosto del año que transcurre, y no se tiene a la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco como autoridad responsable, debido a que la quejosa omitió ampliar su demanda en contra de dicho tribunal dentro del término de quince días que se le concedió. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia en materia común 1a./J. 21/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XV, abril de 2002, página 314, registro 187149, de rubro y texto: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO." También sirve de sustento a lo expuesto, en lo relativo, la tesis en materia constitucional 1a. CCV/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XXII, julio de 2013, tomo 1, página 565, registro 2004055, que refiere: "PRECLUSIÓN DE UN DERECHO PROCESAL. NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del estado procesal que guardan las presentes actuaciones se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 5°, fracción II, y 108, fracción III, del propio ordenamiento legal, aplicados a contario sensu. Es así, porque dichos preceptos legales establecen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]" De la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se advierte -entre otras disposiciones- que en el juicio de amparo es parte la autoridad o autoridades responsables; que tendrán tal carácter con independencia de su naturaleza formal, quienes dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas y, que las autoridades que realicen esos actos deberán ser señaladas como responsables. Por tanto, el juicio de tutela de derechos fundamentales es improcedente cuando no se señalan como autoridades responsables a las que ordenan y ejecutan los actos reclamados, ya que existe la imposibilidad jurídica para determinar su inconstitucionalidad, en tanto que las autoridades no designadas no tienen la oportunidad de acudir al juicio de amparo en defensa de sus actos. En este sentido, es importante señalar que la jurisprudencia en materia común 108, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 69, registro 394064, informa: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Como se ve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo no se señala a alguna de las autoridades que, de conformidad con lo dispuesto por el arábigo 5° de la Ley de Amparo, les revista el carácter de responsables, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se les llamó a juicio ni fueron oídas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia en materia común VI.2o. J/205, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo II, octubre de 1995, página 468, registro 208065, que expone: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5º., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Además, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia en materia común P./J. 127/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, diciembre de 2000, página 19, registro 190689, que refiere: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR LA QUEJOSA EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME, CON LA PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE." De ahí que, cuando se reclama en el juicio de protección de derechos humanos un acto de autoridad, y ésta no es llamada, como autoridad responsable, se hace nugatorio el derecho que le asiste para defender la legalidad de tal acto y, por consiguiente, el Juzgador Federal estará impedido para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del propio acto reclamado y la de aquéllos que de él derivan, más aun cuando durante la substanciación del procedimiento, se colma la exigencia de prevenir a la parte quejosa para que señale como responsable a la autoridad correspondiente, por haberse advertido su participación en los actos reclamados, y el impetrante del amparo no la designa con tal carácter, lo que trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo. En la especie, la justiciable reclama la falta de llamamiento al juicio sumario civil 249/2013, de la estadística del Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el que se ordenó la desposesión de la finca mil trescientos noventa y nueve, de la calle Hospital, localizada en Guadalajara, Jalisco, respecto de la cual afirma ser arrendataria, así como sus consecuencias. Ahora bien, del análisis de las copias certificadas del juicio de origen, a las que se les concede valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos, según lo prevén los artículos 93, fracción II, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se advierten los datos siguientes: a) Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco el veintinueve de enero de dos mil diez, Francisco Castellanos Mora demandó, en la vía sumaria civil, de María del Cristal Sotelo Íñiguez y de Francisco García González, la terminación del contrato de arrendamiento que celebraron el dos de enero de dos mil ocho, respecto del local comercial ubicado en la finca mil trescientos noventa y nueve, de la calle Hospital, Sector Hidalgo, en Guadalajara, Jalisco, así como la desocupación y entrega de ese inmueble, entre otras prestaciones. b) De esa demanda conoció la Jueza Primera lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, quien mediante acuerdo de cuatro de febrero de dos mil diez, la admitió a trámite, le asignó el expediente 139/2010 y, entre otras determinaciones, ordenó el emplazamiento a juicio de la parte demandada. c) Por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil diez, se tuvo a la demandada María del Cristal Sotelo Íñiguez dando contestación a la demanda, así como oponiendo excepciones y defensas. d) Mediante proveído de nueve de agosto de dos mil diez, se tuvo al enjuicio Francisco García González dando contestación a la demanda, así como oponiendo excepciones y defensas. e) En actuación de uno de febrero de dos mil trece, la Titular del Juzgado de origen se excusó para seguir conociendo del negocio y ordenó remitir los autos y documentos a la Oficialía de Partes del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, para que los turnara al órgano jurisdiccional correspondiente para su sustanciación. f) Por acuerdo de treinta de mayo de dos mil trece, el Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, recibió las actuaciones originales reseñadas, se avocó al conocimiento del negocio y lo registró con el consecutivo 249/2013. g) Seguido el juicio por sus demás etapas, el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva, donde se declaró procedente la acción ejercida por el actor, por lo que se dio por terminado el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes y se condenó a los demandados a la desocupación y entrega del inmueble materia de la litis. h) Inconforme con lo anterior, los demandados interpusieron recurso de apelación, del cual conoció la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, quien mediante resolución dictada el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en el toca de apelación 376/2018, de su estadística, modificó la proposición cuarta del fallo impugnado, para el efecto de se condene a la parte demandada al pago del interés legal a razón del nueve por ciento anual sobre las rentas vencidas y no cubiertas. i) En acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió a la parte demandada un plazo de quince días para la desocupación y entrega del inmueble controvertido, así como un término de cinco días para que cumpliera voluntariamente con lo condenado en las proposiciones cuarta y quinta de la sentencia definitiva, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería a la ejecución forzosa en su contra. De la reseña de antecedentes del juicio sumario civil en mención, se desprende que el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco dictó la sentencia de segunda instancia, en el toca de apelación 376/2018, por lo que es inconcuso que dicho tribunal tuvo intervención en los actos reclamados y, por ende, le reviste el carácter de autoridad responsable en términos de lo dispuesto en el dispositivo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Sustenta lo considerado la jurisprudencia en materia común 1a./J. 13/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 145, registro 164628, que informa: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO ES LA SALA QUE CONOCIÓ DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, CUANDO EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN RECLAMA EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO AL JUICIO DE ORIGEN Y TODO LO ACTUADO EN ÉL." De modo que si no se llamó al presente juicio constitucional a la Sala como autoridad responsable, es evidente que no es factible examinar si los actos reclamados son o no violatorios de derechos humanos, porque no estuvo en posibilidad de defender la legalidad de su actuación. Máxime que -como se vio en párrafos precedentes- durante la sustanciación del procedimiento, se colmó la exigencia de prevenir a la parte quejosa para que señalara como responsable a la autoridad correspondiente, por haberse advertido su participación, y la impetrante del amparo no la designó con tal carácter. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 63, fracción XXIII, en relación con los dispositivos 5°, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, con fundamento en el numeral 63, fracción IV, de la legislación en cita. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia en materia común 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, de registro 184572, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Lo anterior, permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente juicio constitucional, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emita, sin duda, seguiría siendo el mismo. Se considera así, porque la anterior circunstancia no podrá ser desvirtuada con medios de convicción alguno si se continuará con la sustanciación del juicio de amparo hasta la celebración de la audiencia constitucional. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con cuarenta y seis minutos del trece de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente." Lo anterior, para su conocimiento y efectos correspondientes.
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