Sandalio Velázquez Díaz

Expediente 235/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
235/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/11/2022

Partes del expediente

  • Sandalio Velázquez Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene al homólogo informando que se avoco al conocimiento de la demanda, se ordena archivar el presente asunto. Ahora bien, en términos del artículo 21, inciso d), del citado acuerdo este expediente debe ser considerado destruible porque se trata de un juicio de amparo en el que este órgano jurisdiccional se declaró impedido para conocer de la demanda.

  2. Principal

    Fórmese expediente con el oficio de cuenta y anexos. Regístrese, bajo el número 235/2022 en el libro de gobierno respectivo de este órgano jurisdiccional. COMPETENCIA. Previo aceptar la competencia planteada por el órgano jurisdiccional declinante, este juzgado se pronunciará respecto al impedimento que se advierte para aceptar aquélla. IMPEDIMENTO. Con fundamento en el artículo 51, fracción VIl, de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador se declara impedido para conocer del presente juicio de amparo, en atención a lo siguiente: Los impedimentos constituyen un aspecto que está íntimamente vinculado con la idoneidad e imparcialidad exigida por la Constitución Federal en la administración de justicia. Por su parte, la imparcialidad es una cualidad que deben gozar los jueces en el ejercicio de su función, que consiste en la neutralidad que deben presentar respecto a quien solicita una concreta tutela jurídica y respecto de aquél frente a quien esa tutela se solicita. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la obligación de juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado, además de ser una virtud interior de quien dice el derecho que sólo puede ser evaluada en la conciencia de cada quien, y también está plasmado en la Constitución Federal como uno de los atributos de la carrera judicial, lo cual implica que la imparcialidad ha de tener un reflejo exterior palpable en los actos del funcionario judicial, de modo tal que su comportamiento imponga a las partes, nada más por la fuerza del ejemplo y de la razón, la confianza fundada en que los asuntos sometidos a su potestad habrán de resolverse sin prevención a favor de alguna de ellas. En ese sentido, el principio de imparcialidad se ha entendido en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. En efecto, el condicionamiento del ejercicio de la función jurisdiccional, desde el punto de vista del juzgador, individualmente considerado, tiene lugar desde una óptica objetiva, por causa de los requisitos legales que debe satisfacer para ser designado juez, y desde una óptica subjetiva, por causa de las relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones en torno a las cuales le unen vínculos de afecto, de animadversión o de interés directo en el negocio. Las relaciones e intereses personales que permiten presumir parcialidad en un juzgador se traducen en hechos o circunstancias personales que ocurren en un funcionario judicial y que lo obligan a inhibirse del conocimiento de determinado juicio por ser obstáculo para que imparta justicia. La existencia de tales conflictos de interés para el juzgador, por virtud de la exigencia constitucional de imparcialidad, implica un problema de interés público que el legislador ha resuelto a través de la figura del impedimento y otras instituciones procesales. Como ya se mencionó, todo proceso que se someta a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las relaciones de los tribunales, con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de nuestra Carta Magna. A mayor abundamiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante «Corte IDH», ha señalado que en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de derecho, constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros. En ese sentido, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere a las "garantías judiciales" y establece los lineamientos del llamado "debido proceso legal": "Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." Relacionado con lo anterior, la Corte IDH ha indicado que toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado, deberá contar con la garantía que dicho órgano actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete. Así, la justicia imparcial se traduce en la observancia de las normas jurídicas que regulan el caso y el ánimo del juzgador de estudiar los aspectos que se debaten sin crear sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto. Desde esa óptica, las leyes permiten que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, a efecto de inhibirse de su conocimiento con el fin de cumplir con el artículo 17 constitucional. En el caso, se actualiza la fracción VII, del numeral 51 de la Ley de Amparo, en virtud de que el directo menor quejoso, es hijo de Lorena Manzanares Padilla, quien actualmente desempeña el cargo de Secretaria Particular, adscrita a este órgano jurisdiccional; lo que se corrobora con el nombramiento que obra en su expediente personal con que se cuenta. Por ello, si bien en cuanto a dicha relación laboral existe subordinación, lo cierto es que producido por la convivencia cotidiana que deriva de dicho vínculo, se genera en el ánimo del suscrito un aprecio como a todo colaborador que integra el juzgado del cual soy titular y, por ende, la empatía puede calificarse como amistad estrecha, sumado a que, como se ha establecido, la imparcialidad debe tener un reflejo exterior en los actos del suscrito. El citado artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo dice: "ARTÍCULO 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y [.].". De lo transcrito, se advierte que un Juez de Distrito debe declararse impedido legalmente para conocer de un juicio de amparo, en caso de que tuviesen amistad estrecha con alguna de las partes, sus abogados o sus representantes. Asimismo, atendiendo a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, este juzgador se declara impedido para conocer del presente juicio de amparo. Igualmente, debe tomarse en consideración que el citado precepto 51 del ordenamiento en consulta, establece que de satisfacerse cualquiera de los supuestos legales que contempla, resulta forzosa la manifestación del impedimento, pues la ley establece una presunción a esos efectos, con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, exigida constitucionalmente. En atención a lo anterior, de conformidad con los numerales 51 y 55 ambos de la Ley de Amparo, el juzgador debe declararse impedido desde el momento en que se actualice cualquiera de las causales, bajo el apercibimiento de incurrir en responsabilidad en caso de ser omiso, y que para ello basta que el servidor público impedido invoque las razones y circunstancias que satisfagan los supuestos de alguna de las causales correspondientes. En consecuencia, al considerar actualizada la causa de impedimento a que se hizo referencia, con fundamento en el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, remítanse los autos del juicio de amparo en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en Hermosillo, Sonora, en turno, a fin de que se sirva calificar el impedimento planteado. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. 4. DOMICILIO. De la demanda de amparo, se advierte que el domicilio señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, sin embargo, en la misma también se señala el domicilio particular del directo quejoso el cual se encuentra ubicado en avenida 5, número 2225, entre calles 22 y 23, colonia Ejidal, en esta ciudad; por tanto téngase por señalado el mismo para tales efectos. Por otra parte, se tiene por señalado los correos electrónicos rmjuraz@cjf.gob.mx y asesoriajuridicafederalifdp@hotmail.com y el número de teléfono 6313123475, únicamente para comunicaciones no procesales; por ende, y en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 24, 26, fracción IV y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 55 y 57 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 5. AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas Roque Miguel Juraz García, Edgar Eduardo García Amavizca, Martín Contreras Martínez, Marisol Jiménez Martínez, Enrique Martínez Zamorano, Eduardo Echeverría Cota, Félix Tarazón Encinas, Francisco Guerrero Durán y Humberto Javier Robles Herrera, debido a que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente se autorizan para recibir notificaciones, en términos de la última parte del artículo antes referido, a los que menciona. 6. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En atención a la solicitud planteada y por haberse proporcionado los nombres de usuarios "Sanda", "RMAJURAZG" y "MCZAVALA" para tal efecto, respecto de los cuales se verificó su existencia, de acuerdo a la certificación que antecede; con fundamento en los artículos 21, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al expediente electrónico, en este asunto a los citados usuarios.

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