San Miguelita López López

Expediente 549/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
549/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • San Miguelita López López

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto dictado el doce de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos legales en mención, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurrido el plazo de tres años.De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO PRINCIPAL. Por este medio de lista se notifica a la parte quejosa el contenido de la resolución de fecha doce de julio de dos mil veintidós que dice: Vista la demanda de amparo de cuenta, con la que *****, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 549/2022. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Por tanto, es necesario precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable , que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Ahora bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS: El auto de fecha dieciséis de junio del año dos mil veintidós, dictado dentro de la audiencia pública de ofrecimiento y admisión de pruebas mediante el cual la responsable da por perdido el derecho de la actora de ofrecer pruebas en la referida audiencia y posteriormente declara precluído el derecho de ofrecer (sic) probanza alguna, declarando desahogada la etapa de ofrecimiento de pruebas relativa al conflicto individual de trabajo ******. lo sombreado es propio De igual forma, cabe precisar que el peticionario de amparo en el apartado de antecedentes del acto reclamado, precisó lo siguiente: En dicha audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, denegó el derecho de la parte actora para ofrecer pruebas aseverando sin otorgar el uso de la voz al apoderado legal que por no haber ofrecido medio de convicción había perdido el derecho de ofrecer pruebas. [lo sombreado es propio] De la anterior transcripción, así como de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la peticionaria de amparo consiste en: El acuerdo dictado en la audiencia de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral ***** del índice de la autoridad responsable, en el que dio por perdido el derecho de la parte actora de ofrecer pruebas. Precisado lo anterior, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, ya que se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, el cual dispone: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improce43cdencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Del estudio correlativo de la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, se concluye que el juicio de amparo biinstancial es procedente, tratándose de actos en juicio, cuando: sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, el legislador acotó los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de este tipo de actos, dado que especificó que los relativos a afectación de imposible reparación son los que materialmente atañen a derechos sustantivos. Lo cual cobra relevancia, toda vez que permite concluir que el amparo indirecto es procedente tratándose de actos en juicio, cuando éstos afecten derechos sustantivos. En el caso concreto que nos ocupa, el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que el acto reclamado antes señalado no afecta derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. Es decir, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la audiencia dictada el dieciséis de junio de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral ***** del índice de la autoridad responsable en la que se dio por perdido el derecho de la parte actora de ofrecer pruebas. En tales condiciones, el acto de autoridad no es de imposible reparación, condición necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; por el contrario se está en presencia de un acto en el cual se desechó un medio probatorio, lo que constituye una violación procesal en términos del artículo 172, fracción XII, en relación con la diversa III4, del mismo numeral, de la ley de la materia, que únicamente puede combatirse a través de la vía de amparo directo. Así las cosas, se colige que el acto reclamado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la quejosa contenidos en la Constitución General de la República, toda vez que sólo entraña posibles infracciones a sus derechos adjetivos que, únicamente, producen efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales. Por ende, las violaciones que en un momento dado llegaren a cometerse con el acto reclamado, al constituir únicamente posibles infracciones a las leyes del procedimiento, acorde a lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la ley de la materia, podrán quedar subsanadas con posterioridad si la sentencia que ponga fin al juicio resulta finalmente favorable a sus intereses y, aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva contra el fallo definitivo. Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la Jurisprudencia 244, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 164, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, contrario sensu, cuyo contenido es el siguiente: EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable , los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. . Igualmente, en lo conducente la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3811, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXI, que establece: PRUEBAS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA ADMISIÓN DE LAS. El juicio de garantías es notoriamente improcedente contra el auto que admite una prueba ofrecida por la contraparte del quejoso, porque dicho auto no causa agravio irreparable al agraviado, ya que éste tiene defensas que oponerle dentro del procedimiento, y por otra parte, al admitirse una prueba, no se hace la calificación de la misma, ya que eso corresponde a la sentencia de fondo que se pronuncie en el juicio. Finalmente, la diversa tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 608, Tomo X, Agosto de 1992, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que dice: PRUEBAS. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LAS ADMITE. De conformidad con la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución General de la República, el mismo es improcedente contra el acuerdo que admite pruebas, porque no constituye un acto en el juicio que tenga ejecución irreparable, pues sólo produce efectos intraprocesales, ya que esos medios de convicción admitidos se analizarán y evaluarán en la sentencia definitiva que en él se dicte, la que puede ser favorable al promovente de amparo, caso en el cual ningún perjuicio le causará el acto reclamado, pero si fuere adversa a sus intereses, entonces los perjuicios que le origine la resolución reclamada, pueden ser reparados por medio del amparo directo, en los términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), del pacto federal, y 158, 159, fracción VII, y 161 de la Ley de Amparo. . Consecuentemente, todo lo expuesto permite sostener, como se ha venido haciendo, que el acto reclamado en estudio no tiene sobre la quejosa una afectación a sus derechos de imposible reparación, sino se trata de posibles violaciones a derechos procesales o adjetivos, lo cual impide la procedencia del amparo indirecto en su contra, de acuerdo a lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu. Por tanto, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se analiza. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, los estrados de este órgano jurisdiccional y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, por así solicitarlo expresamente. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo las notificaciones con motivo de este asunto se ordenen. Se exhorta a las demás partes para que, cuando les sea posible, en términos de los artículos 22 fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, transiten hacia la actuación al juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del numeral 22 citado, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos,5 hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este órgano jurisdiccional para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

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