San Juana Vera Márquez
Expediente 272/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 272/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- San Juana Vera Márquez
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, a veintinueve de abril de dos mil veintiuno. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se tuvo por desechada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Requerimiento a la parte quejosa. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda ante este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Devolución tomo. Finalmente, devuélvase el tomo de pruebas que la autoridad responsable Juez Séptimo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, anexó al juicio en que se actúa, en virtud de que es innecesario permanecer con el mismo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, a nueve de abril de dos mil veintiuno. I. Tribunal Colegiado remite demanda de amparo. Téngase recibido el oficio y anexos de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, a través del cual remite copia certificada de los oficios 439 y 440, acta de nacimiento, acta de defunción, un sobre con documentos, expediente 790/2018 en dos tomos, así como un legajo de constancias; por haberse declarado legalmente incompetente para su conocimiento; dada la voluminosidad de las constancias recibidas, se ordena formar un tomo de pruebas. Acúsese recibo. Atento al contenido del oficio de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo primero, relativo al Décimo Sexto Circuito, y cuarto, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada y por ende, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito. II. Registro de Expediente. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 272/2021-II. Parte quejosa. San Juana Vera Márquez. Autoridades responsables. Juez Séptimo Civil de Partido, con sede en esta ciudad. V. Fijación de la litis. La falta de notificación o emplazamiento al juicio especial civil de sucesión intestamentaria 790/2018-C del índice del Juzgado Séptimo de Partido Civil, de esta ciudad, así como sus consecuencias, que se traducen en no tener reconocida personalidad alguna dentro del mismo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. De la lectura de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado lo hace consistir en la falta de notificación o emplazamiento al juicio especial civil de sucesión intestamentaria 790/2018-C del índice del Juzgado Séptimo de Partido Civil, de esta ciudad, así como sus consecuencias, que se traducen en no tener reconocida personalidad alguna dentro del mismo; empero, de la certificación que antecede se advierte que dicha parte impetrante promovió diversa demanda de amparo, aunque posteriormente a la en que se actúa, sustancialmente en los mismos términos que la presente, en contra de la misma autoridad y por el mismo acto combatido; por tanto, se determina que su tramitación es notoriamente improcedente y por tanto, debe desecharse de plano, como se verá a continuación. El artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." La hipótesis legal en cita alude al supuesto en que un juicio de amparo resulta improcedente, cuando el acto que en él se reclama, sea materia de otro juicio de la misma naturaleza, promovido por el mismo quejoso respecto de las mismas autoridades responsables, aun cuando se aduzcan en uno y otro, distintas violaciones constitucionales, lo que significa estar ante la institución procesal de la litispendencia. De acuerdo a la doctrina procesal, esa figura requiere que un litigio esté vigente, es decir, pendiente de resolverse y se entenderá terminado una vez que exista cosa juzgada, en otras palabras, en el momento en que cause ejecutoria o quede firme la determinación que haya concluido el juicio primigenio. Cabe hacer notar que en distingo a la Ley de Amparo, hasta el dos de abril de dos mil trece, la actual Ley Reglamentaria modificó el texto de la fracción que preveía la causal de improcedencia analizada, siendo que el texto anterior sí detallaba qué debe entenderse cuando se aludía a un juicio "pendiente de resolución", esto es, ya sea que se encuentre substanciando en primera o única instancia, o bien, en revisión. Así, del texto anterior era factible extraer que la figura de litispendencia podía surtirse en tres momentos: Antes del dictado de la sentencia en el primer juicio; Aun cuando ya se haya dictado sentencia en el primer juicio, siempre y cuando no haya causado ejecutoria antes de la iniciación del segundo; y, Si existe recurso de revisión en contra de la sentencia, hasta antes del dictado del fallo correspondiente. Precisión que si bien es verdad no se contiene gramaticalmente en el texto vigente de la fracción X, del precepto 61, de la Ley de Amparo, ya que únicamente prevalece la expresión que alude a un juicio de amparo precedente "pendiente de resolución", también es verdad que ésta debe ser interpretada acorde con la naturaleza y teleología de la institución jurídica que acoge, asimismo, en forma sistemática, con el texto integral del precepto 61 de la Ley de Amparo. En efecto, se destaca que la litispendencia es una institución procesal que tiene como finalidades fundamentales las siguientes: Que se guarde la unidad del proceso; Que se cumpla con el principio de economía procesal que debe imperar en todo juicio; y, Evitar que se pronuncien sentencias contradictorias en procesos iniciados por las mismas partes, por el mismo objeto y que busquen la misma pretensión. Si bien en el presente asunto estamos en el supuesto de que se admitió a trámite la demanda presentada con posterioridad (relativa al juicio de amparo 196/2021-I), mientras la primigenia se encontraba pendiente de resolverse sobre su procedencia en el tribunal declinante antes referido; con el objetivo de proteger la unidad del proceso, el principio de economía procesal y sobre todo, evitar la emisión de resoluciones contradictorias en asuntos iniciados por las mismas partes, con el mismo objeto y pretensión, se concluye que la causal de improcedencia materia del presente análisis sí puede manifestarse en el presente asunto. A más de lo anterior, cabe decir que de considerar lo contrario, se ocasionaría dos efectos perniciosos para la administración de justicia, a saber: Se tendría que retrasar la emisión de sentencia en el o los juicios de amparo presentados en un segundo lugar; y, b) Obligaría al órgano de justicia a emitir sentencias exactamente iguales a la emitida en el juicio promovido en primer lugar. Así, para la actualización de la litispendencia es necesario que se actualicen los siguientes elementos constitutivos: a) Que el acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Los anteriores requisitos se encuentran probados con los datos que constan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ya que se advierte que ante este mismo Juzgado, se presentó diversa demanda de amparo promovida por San Juana Vera Márquez, en la que se reclama la falta de notificación o emplazamiento al juicio especial civil de sucesión intestamentaria 790/2018-C del índice del Juzgado Séptimo de Partido Civil, de esta ciudad, así como sus consecuencias, que se traducen en no tener reconocida personalidad alguna dentro del mismo, la cual se registró bajo el número 196/2021-I, expediente en cual mediante auto de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, que se promovió contra la misma autoridad responsable y por el mismo acto que se reclama en el presente asunto, demanda que incluso constituye una reproducción casi literal del ocurso de trato y sobre el cual se provee hasta esta data (nueve de abril de dos mil veintiuno) sobre su procedencia. Obténgase copia certificada de la demanda relativa al juicio de amparo 196/2021-I, de este índice, y glósense al presente expediente para que obren como corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, visible en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Así como la tesis I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1946, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente rubro: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO.". Siguiendo con la exposición, se insiste que de la confrontación de los datos antes mencionados, se advierte que ambos procedimientos de amparo fueron promovidos por San Juana Vera Márquez, básicamente por el mismo acto (la falta de notificación o emplazamiento al juicio especial civil de sucesión intestamentaria 790/2018-C del índice del Juzgado Séptimo de Partido Civil, de esta ciudad, así como sus consecuencias, que se traducen en no tener reconocida personalidad alguna dentro del mismo); consecuentemente, es dable afirmar que, dicho acto reclamado ya es materia de estudio en el juicio de amparo 196/2021-I; aunado a que con fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiuno se admitió a trámite, concediéndose la suspensión provisional. Circunstancia anterior que impide a este Juzgado entrar al estudio en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto aquí reclamado, por tratarse de una cuestión que no se ha resuelto en la vía constitucional en el juicio de amparo 196/2021-I, recibido y admitido con anterioridad a la recepción de la demanda que ahora nos ocupa y respecto de la cual hasta esta actuación se está emitiendo pronunciamiento sobre su procedencia; asumir una posición contraria, implicaría que la aquí quejosa pueda válidamente promover tantos amparos como quisiera, en total detrimento de la justicia federal que emplearía más recursos materiales y humanos en analizar algo que será materia de estudio por la misma instancia federal, situación contradictoria con los fines de buena fe que persigue el juicio de amparo. Por los razonamientos que han sido expuestos, se resuelve que en este caso la acción constitucional es notoriamente improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de estudio. Al respecto, es aplicable la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 18, Tomo VIII, Octubre de 1991, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con rubro y contenido literal, siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMAR EL ACTO EN DOS AMPAROS. NO ES OBSTACULO PARA DECLARARLA EN EL SEGUNDO JUICIO EL QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CUMPLAN POR SI MISMAS LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRIMERO, PENDIENTE DE RESOLUCION EN REVISIÓN, POR NO ESTAR CONFORME EL QUEJOSO CON LOS EFECTOS PARA LOS CUALES SE LE CONCEDIO LA PROTECCION DE LA JUSTICIA FEDERAL. De lo dispuesto por el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, se desprende que únicamente son tres los requisitos exigidos para que opere la causal de improcedencia relativa, a saber: a) Que la ley o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión y, c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, todo lo cual permite inferir que se estableció por el legislador ordinario con el exclusivo propósito de impedir, en ese caso, la posibilidad de la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada y fuerza ejecutoria. Ahora bien, el hecho de que las autoridades responsables, por si mismas, den cumplimiento a la sentencia dictada en el primer juicio, carente de firmeza en virtud de la falta de resolución del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa al no estar conforme con los efectos para los cuales se le concedió la protección de la Justicia Federal, no constituye obstáculo para que en el segundo juicio se surta lo previsto por el mencionado dispositivo legal en la medida que, pese a la actitud peculiar asumida por las autoridades, sigue quedando en pie la existencia del primer juicio de amparo pendiente de resolución en revisión, promovido, al igual que el segundo, por el mismo quejoso en contra de las mismas autoridades responsables y por los propios actos reclamados, de manera que no se destruye la factibilidad de que lleguen a dictarse dos sentencias contradictorias que es lo que pretende evitar la causal aludida". Asimismo, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 817, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTIAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCION III, DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIENDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." De igual forma, robustece lo aquí detrminado la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 655, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. El juicio de amparo en el que se reclama el mismo acto de autoridad que fue combatido en un diverso juicio de garantías anterior, en el cual el auto que desechó la demanda aún no ha causado ejecutoria por estar transcurriendo el término legal establecido para interponer el recurso de revisión, es improcedente de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción III de la ley de la materia, en virtud de que en tal hipótesis el acto reclamado debe entenderse que es materia del juicio de amparo no concluido; máxime que la conducta procesal del quejoso implica un evidente abuso en el ejercicio de la acción constitucional". VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VII. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. IX. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. X. Exhortación a las partes. Por otra parte, se exhorta a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el siete de abril de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes
- Samuel Navar López118/2018
- Samuel Ramos Reyes179/2016
- Samuel Ramos Reyes1268/2016
- Samuel Rosas Barron1403/2013
- Samuel Torres Moreno471/2019
- Samuel Zavala Bautista427/2015
- Sandra Anaya Ávila1440/2010
- Sandra Beatriz Ramírez Acevedo828/2023
- Sandra Carolina Rodríguez Guzmán811/2017
- Sandra Edith García Gómez591/2022
- Sandra Edith Pescador Huerta1453/2017
- SANDRA ELENA REYES GOMEZ y Otros.279/2022