San Juana Vega Vázquez
Expediente 1179/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1179/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2021
Partes del expediente
- San Juana Vega Vázquez
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Según se advierte del estado procesal de autos, así como de la certificación de cuenta, la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles,1 de aplicación 1 "Articulo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias: [.] II.- Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y [.]." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 212 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Querétaro, Querétaro, once de noviembre de dos mil veintiuno. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ............, contra actos del administrador del ............., en el municipio de Corregidora, Querétaro. Con apoyo de del numeral 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a ............, por así solicitarlo expresamente. II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número ............ Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Desechamiento. Ahora, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Así, este juzgado de distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, de conformidad con el artículo 113 del mismo ordenamiento. Ahora, en el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley de la Constitución; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. El artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscribe por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos fundamentales. En tanto que el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiera dichas situaciones jurídicas; así también, se introduce la procedencia del juicio de amparo contra especiales actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, en los términos expuestos. Dichos preceptos, interpretados en sentido contrario, permiten concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no constituya un acto de autoridad, esto es, cuando una persona moral señalada como autoridad responsable no actúe dotada de imperio. El término autoridad para los efectos del amparo, es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. En la jurisprudencia 164/2011 consultable en la página 1089 del Tomo XXXIV, de septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para los efectos del juicio de amparo, una autoridad goza de las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, el artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, precisa que, para efectos de dicha ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Esa introducción normativa ha tenido claro un origen material que luego ha sido rescatado y explicado por la doctrina jurídica internacional y nacional, así como en la propia interpretación que han sentado diversos Tribunales Colegiado de Circuito, quienes ya al respecto han precisado como características de tales actos las siguientes: a) Que el particular señalado como autoridad responsable realice actos equivalentes a los de autoridad, tales como ordenar, ejecutar, o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria que afecten la esfera legal de otro particular; b) Que las funciones del particular estén determinadas por una norma de carácter general; c) Que el acto realizado por un particular, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual; d) La existencia de un ente particular que establece una relación de supra a subordinación; Tales referentes derivan de las consideraciones contenidas en la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, con registro 161133 de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así como la tesis XVI.1o.A.22 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, visible en la página 1943, con registro 2009420, que dice: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." Asimismo, la tesis III.4o.C.10 K (10a.), sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, publicada en la página 1828, con registro 2008197, que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." Ahora, en relación con la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares por sí mismos, así como los actos de éstos, pero equivalentes a los de una autoridad, tiene relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel, por lo cual tienen que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En tanto que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado. En esa relación de supra a subordinación, las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, o sea, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, características de las que igualmente deben encontrarse revestidos los actos de particulares, pues de lo contrario, esto es, al faltar alguna de esas características, no se pueden considerar como actos de autoridad. Ahora bien, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa reclama la asamblea extraordinaria del régimen condominal denominado ............, de fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, por medio del cual ............, se autonombró como administrador del referido condominio; acto que, de acuerdo con lo expuesto, no reviste las características requeridas para ser considerado un acto de autoridad. Es así, en virtud de que el acto que refiere, no constituye una premisa válida para establecer que aquél se instituye como un particular que realiza actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; ello, toda vez que el acto que se le reclama constituye un acto unilateral que no encuentra fundamento en facultades u obligaciones conferidas por ley a un particular. En efecto, con los datos que expone la parte quejosa en su escrito inicial, se llega al convencimiento que se trata de una relación de coordinación, según lo expuesto, en tanto que no se está en una relación entre gobernantes y gobernados (supra a subordinación) ni entre los órganos del propio Estado (supraordinación). Aunado a ello, el reclamo de la quejosa no implica que se trate de una relación de supra a subordinación, pues sólo constituye un conflicto entre particulares, y como consecuencia, lo que da a lugar una relación de coordinación surgida entre particulares, que se desarrolla entre individuos iguales y libres, y que quedan sometidos solamente al imperio de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, dándose por entendido que no necesitan ninguna protección externa adicional. Por tanto, el acto que aquí se pretende impugnar en modo alguno pueden constituirse en equivalentes a los emitidos por una autoridad, es decir, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, puesto que para ello es requisito necesario que las funciones del particular estén determinadas por una norma general, supuesto que no se actualiza en el caso materia de estudio. Es de esta manera, dado que no existe duda que la materia del acto que se pretende combatir no puede equipararse con el emitido por un particular en forma equivalente al de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, en la medida que el acto que se le atribuye no implicó el ejercicio de facultades decisorias establecidas en ordenamientos normativos que rigen su competencia, esto es, el acto aquí reclamado, al margen de las razones que expone la parte quejosa, no constituye el ejercicio de una potestad de decisión fundamentada en un precepto contenido en una norma de carácter general. Por ende, el acto reclamado no puede considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, atento a que tal acto queda comprendido en la relación de particulares que los vincula virtud al acto unilateral destacado, el cual no encuentra fundamento en facultades u obligaciones conferidas por la ley al particular que lo emitió, sino en todo caso su origen es carácter privado que afecta de manera unilateral la esfera jurídica de la promovente. Sobre el particular, es aplicable el criterios sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis aislada I.8o.C.13 K (10a.), consultable en el Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2132, registro 2009696, cuyo rubro y texto se transcriben: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE UN CONJUNTO HABITACIONAL, CUANDO PRETENDE IMPONER SUS DETERMINACIONES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con el rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", ha establecido que las notas distintivas para ser considerada autoridad responsable en el juicio de amparo, son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular, b) que esa relación nazca de una ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa irrenunciable por nacer precisamente de la ley, c) que con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales a través de los cuales modifique, cree o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado, y d) que para emitir esos actos, no requiera acudir a órganos judiciales, ni precise del consenso de voluntad del afectado. Por su parte, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, incluyó al particular en el concepto de autoridad, cuando: dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria, o bien deje de realizar el acto que pudiera modificar o extinguir situaciones jurídicas, cuyas funciones se encuentren determinadas por una norma general (impersonal y abstracta) y deriven de una disposición jurídica de orden público y, por tanto, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable. Así, cuando una asamblea general de socios apercibe que en el caso de que alguno adeude una cuota ante la administración, se le bloqueará el acceso al condominio, se concluye que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige a la asamblea con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquélla no actúa de manera unilateral con relación a éstos, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil." Así mismo, es aplicable el criterio sustentado Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis aislada III.2o.C.20 C (10a.), localizada en el Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Materia Común y Civil, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2819, registro 2007698, cuyo rubro y texto se transcriben: "CONDOMINIO. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE, FRENTE A LOS CONDÓMINOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Acorde con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los particulares tienen carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo cuando, en un plano de supra a subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad, y en ejercicio de funciones previamente determinadas por una norma general, realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir, actos unilaterales e imperativos que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a otro particular, y cuyas funciones están determinadas por una norma general. En ese tenor, la circunstancia de que en el acta constitutiva de una sociedad civil de condominio, se establezcan como sustento legal de su creación los artículos 1001 al 1038 del Código Civil del Estado de Jalisco, y que su integración, funcionamiento, administración, representación, facultades y obligaciones deriven tanto de ese ordenamiento legal como del reglamento interno del condominio; no otorga a los miembros del consejo de administración, frente a los condóminos, el carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, porque las relaciones entre ellos son de coordinación (y no de supra a subordinación) y, por ende, pertenecen al ámbito del derecho privado; además de que las funciones de dicho órgano, están determinadas en el acta constitutiva y, por ello, deben acudir a dilucidar las eventuales controversias que en relación con los condóminos surjan ante la autoridad competente, en términos de los artículos 1029, 1031, fracción IV y 1032 del citado código." De igual modo, es ilustrativa la tesis aislada I.3º.C.88 K (10ª), publicado por el Tercero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primera Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre 2015, Tomo III, página 2091, Décima Época, que a la letra dice: "NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia, así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales." Así como la tesis aislada XI.1o.A.T.25 K (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, visible en la página 3823, con registro 2010168, que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma." También se cita la tesis aislada XV.5o.3 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, visible en la página 1500, con registro 2006034, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo." Consecuentemente, al actualizarse de manera clara e indudable la causa de improcedencia indicada, PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo en cuestión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007580, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento". Asimismo, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Adicionalmente cabe dejar en claro que aun cuando se tramitara la presente demanda de amparo hasta el dictado de la sentencia, de igual manera, se llegaría a la misma conclusión aquí tomada, lo que hace innecesario el trámite del juicio hasta sus últimas consecuencias. IV. Captura de proveído. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. V. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico 442 235 7000, extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VI. Atención presencial. En caso que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. VII. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento que la mecánica de habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. 09:00 a 14:00 horas y de las 15:00 a 19:00 horas. Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) 14:01 a 20:00 horas. Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (artículos 12 del Acuerdo General 21/2020) 20:01 a 00:00 horas. Recepción de promociones vía electrónica 24 horas Así mismo, se informa que, de conformidad con la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. En ese sentido, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. VIII. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio procesal el ubicado en "............."; asimismo, como autorizado en términos amplios a ..............., por así solicitarlo expresamente. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. IX. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. X. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XI. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XIII. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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EN ESTA FECHA SIENDO LA PRIMER HORA HABIL SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Querétaro, Querétaro, once de noviembre de dos mil veintiuno. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ............, contra actos del administrador del ............., en el municipio de Corregidora, Querétaro. Con apoyo de del numeral 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común a ............, por así solicitarlo expresamente. II. Creación del expediente. Fórmese expediente físico y electrónico, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno correspondiente de este juzgado, bajo el número ............ Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. III. Desechamiento. Ahora, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Así, este juzgado de distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda, de conformidad con el artículo 113 del mismo ordenamiento. Ahora, en el artículo 61, fracciones I a XXII, de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley de la Constitución; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. El artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscribe por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos fundamentales. En tanto que el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiera dichas situaciones jurídicas; así también, se introduce la procedencia del juicio de amparo contra especiales actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, en los términos expuestos. Dichos preceptos, interpretados en sentido contrario, permiten concluir que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no constituya un acto de autoridad, esto es, cuando una persona moral señalada como autoridad responsable no actúe dotada de imperio. El término autoridad para los efectos del amparo, es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. En la jurisprudencia 164/2011 consultable en la página 1089 del Tomo XXXIV, de septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para los efectos del juicio de amparo, una autoridad goza de las características siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, el artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, precisa que, para efectos de dicha ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Esa introducción normativa ha tenido claro un origen material que luego ha sido rescatado y explicado por la doctrina jurídica internacional y nacional, así como en la propia interpretación que han sentado diversos Tribunales Colegiado de Circuito, quienes ya al respecto han precisado como características de tales actos las siguientes: a) Que el particular señalado como autoridad responsable realice actos equivalentes a los de autoridad, tales como ordenar, ejecutar, o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria que afecten la esfera legal de otro particular; b) Que las funciones del particular estén determinadas por una norma de carácter general; c) Que el acto realizado por un particular, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual; d) La existencia de un ente particular que establece una relación de supra a subordinación; Tales referentes derivan de las consideraciones contenidas en la Jurisprudencia 2a./J***, sustentada por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, con registro 161133 de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así como la tesis XVI.1o.A.22 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, visible en la página 1943, con registro 2009420, que dice: "ACTOS DE PARTICULARES. PARA CONSIDERARLOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, DEBEN REUNIR LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y COERCITIVIDAD, ADEMÁS DE DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN. El artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, los que se conceptualizan por la propia porción normativa, como aquellos mediante los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, siempre que las funciones del particular equiparado a autoridad responsable estén determinadas por una norma general. De ahí que para considerar que el acto realizado por un particular equivale al de una autoridad y, por ende, es reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que sea unilateral y esté revestido de imperio y coercitividad, lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. Además, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", el concepto jurídico de "autoridad responsable" lleva implícita la existencia de una relación de supra a subordinación que da origen a la emisión de actos unilaterales a través de los cuales se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. En consecuencia, para que los actos de particulares puedan ser considerados equivalentes a los de autoridad, deben reunir las características de unilateralidad, imperio y coercitividad, además de derivar de una relación de supra a subordinación; por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de igualdad, que no impliquen una relación en los términos apuntados, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable." Asimismo, la tesis III.4o.C.10 K (10a.), sostenida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Enero de 2015, Tomo III, publicada en la página 1828, con registro 2008197, que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." Ahora, en relación con la distinción entre actos de autoridad y actos de particulares por sí mismos, así como los actos de éstos, pero equivalentes a los de una autoridad, tiene relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel, por lo cual tienen que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En tanto que las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado. En esa relación de supra a subordinación, las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, o sea, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, características de las que igualmente deben encontrarse revestidos los actos de particulares, pues de lo contrario, esto es, al faltar alguna de esas características, no se pueden considerar como actos de autoridad. Ahora bien, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa reclama la asamblea extraordinaria del régimen condominal denominado ............, de fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, por medio del cual ............, se autonombró como administrador del referido condominio; acto que, de acuerdo con lo expuesto, no reviste las características requeridas para ser considerado un acto de autoridad. Es así, en virtud de que el acto que refiere, no constituye una premisa válida para establecer que aquél se instituye como un particular que realiza actos equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo; ello, toda vez que el acto que se le reclama constituye un acto unilateral que no encuentra fundamento en facultades u obligaciones conferidas por ley a un particular. En efecto, con los datos que expone la parte quejosa en su escrito inicial, se llega al convencimiento que se trata de una relación de coordinación, según lo expuesto, en tanto que no se está en una relación entre gobernantes y gobernados (supra a subordinación) ni entre los órganos del propio Estado (supraordinación). Aunado a ello, el reclamo de la quejosa no implica que se trate de una relación de supra a subordinación, pues sólo constituye un conflicto entre particulares, y como consecuencia, lo que da a lugar una relación de coordinación surgida entre particulares, que se desarrolla entre individuos iguales y libres, y que quedan sometidos solamente al imperio de la autonomía de la voluntad y la libertad contractual, dándose por entendido que no necesitan ninguna protección externa adicional. Por tanto, el acto que aquí se pretende impugnar en modo alguno pueden constituirse en equivalentes a los emitidos por una autoridad, es decir, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, puesto que para ello es requisito necesario que las funciones del particular estén determinadas por una norma general, supuesto que no se actualiza en el caso materia de estudio. Es de esta manera, dado que no existe duda que la materia del acto que se pretende combatir no puede equipararse con el emitido por un particular en forma equivalente al de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, en la medida que el acto que se le atribuye no implicó el ejercicio de facultades decisorias establecidas en ordenamientos normativos que rigen su competencia, esto es, el acto aquí reclamado, al margen de las razones que expone la parte quejosa, no constituye el ejercicio de una potestad de decisión fundamentada en un precepto contenido en una norma de carácter general. Por ende, el acto reclamado no puede considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, atento a que tal acto queda comprendido en la relación de particulares que los vincula virtud al acto unilateral destacado, el cual no encuentra fundamento en facultades u obligaciones conferidas por la ley al particular que lo emitió, sino en todo caso su origen es carácter privado que afecta de manera unilateral la esfera jurídica de la promovente. Sobre el particular, es aplicable el criterios sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis aislada I.8o.C.13 K (10a.), consultable en el Libro 21, Agosto de 2015, Tomo III, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2132, registro 2009696, cuyo rubro y texto se transcriben: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE UN CONJUNTO HABITACIONAL, CUANDO PRETENDE IMPONER SUS DETERMINACIONES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con el rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", ha establecido que las notas distintivas para ser considerada autoridad responsable en el juicio de amparo, son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular, b) que esa relación nazca de una ley, la cual dote al ente de una facultad administrativa irrenunciable por nacer precisamente de la ley, c) que con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales a través de los cuales modifique, cree o extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado, y d) que para emitir esos actos, no requiera acudir a órganos judiciales, ni precise del consenso de voluntad del afectado. Por su parte, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, incluyó al particular en el concepto de autoridad, cuando: dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas del gobernado, en forma unilateral y obligatoria, o bien deje de realizar el acto que pudiera modificar o extinguir situaciones jurídicas, cuyas funciones se encuentren determinadas por una norma general (impersonal y abstracta) y deriven de una disposición jurídica de orden público y, por tanto, constituyan una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable. Así, cuando una asamblea general de socios apercibe que en el caso de que alguno adeude una cuota ante la administración, se le bloqueará el acceso al condominio, se concluye que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ya que, en principio, la relación que rige a la asamblea con sus socios, no es de supra a subordinación, en tanto que aquélla no actúa de manera unilateral con relación a éstos, ni con base en una norma jurídica general que la faculte a establecer la medida en comento, sino en apoyo en una determinación tomada por la mayoría de los condóminos, que se rigen por disposiciones de derecho privado, dentro de un plano de coordinación regulado por la ley civil." Así mismo, es aplicable el criterio sustentado Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis aislada III.2o.C.20 C (10a.), localizada en el Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Materia Común y Civil, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 2819, registro 2007698, cuyo rubro y texto se transcriben: "CONDOMINIO. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE, FRENTE A LOS CONDÓMINOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Acorde con el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, los particulares tienen carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo cuando, en un plano de supra a subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad, y en ejercicio de funciones previamente determinadas por una norma general, realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir, actos unilaterales e imperativos que creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a otro particular, y cuyas funciones están determinadas por una norma general. En ese tenor, la circunstancia de que en el acta constitutiva de una sociedad civil de condominio, se establezcan como sustento legal de su creación los artículos 1001 al 1038 del Código Civil del Estado de Jalisco, y que su integración, funcionamiento, administración, representación, facultades y obligaciones deriven tanto de ese ordenamiento legal como del reglamento interno del condominio; no otorga a los miembros del consejo de administración, frente a los condóminos, el carácter de autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo, porque las relaciones entre ellos son de coordinación (y no de supra a subordinación) y, por ende, pertenecen al ámbito del derecho privado; además de que las funciones de dicho órgano, están determinadas en el acta constitutiva y, por ello, deben acudir a dilucidar las eventuales controversias que en relación con los condóminos surjan ante la autoridad competente, en términos de los artículos 1029, 1031, fracción IV y 1032 del citado código." De igual modo, es ilustrativa la tesis aislada I.3º.C.88 K (10ª), publicado por el Tercero Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primera Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre 2015, Tomo III, página 2091, Décima Época, que a la letra dice: "NOTARIO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, DADO QUE CARECE DE FACULTADES PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de un notario en la elaboración de una escritura, no le otorga la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, porque no dicta, ordena, ni ejecuta un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que únicamente da fe y protocoliza el acto de la autoridad judicial. Esto es, la objetiva posibilidad legalmente prevista de que un ente del gobierno o un particular puedan ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, deriva de la naturaleza y características propias del acto que emiten u omiten, pues no sólo debe tener las cualidades específicas señaladas de unilateralidad y obligatoriedad, sino que también deben trascender o impactar en la esfera jurídica del gobernado, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas o fácticas, siempre que esa posibilidad para el particular derive de una facultad expresa conferida por normas generales. En esas condiciones, si bien es cierto que aunque el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la citada fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que el notario público no se encuentra en ese supuesto, pues lo que se reclama de éste es cualquier acto tendente a tirar la escritura del inmueble materia del juicio de origen, lo que implica que únicamente dará fe del acto de adjudicación, con lo cual da la forma de escritura pública a ese acto, para efecto de su inscripción; pero no actúa por sí y ante sí, de manera unilateral, para afectar la esfera jurídica de la quejosa, máxime que de los artículos 11 y 12 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal se advierte que los notarios públicos son sólo auxiliares de la administración de justicia, así como que están obligados a prestar sus servicios profesionales cuando para ello fueren requeridos por las autoridades, por los particulares o en cumplimiento de resoluciones judiciales." Así como la tesis aislada XI.1o.A.T.25 K (10a.), sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, visible en la página 3823, con registro 2010168, que establece: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SÓLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SÍ, SINO ADEMÁS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA. De los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de la naturaleza formal del órgano público y atiende, ahora, a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir, en forma obligatoria, situaciones jurídicas, o de la omisión para desplegar un acto que -de realizarse- crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, máxime que la interpretación teleológica de la norma reglamentaria así lo confirma, al señalarse en el proceso legislativo -que le dio origen- la necesidad de ampliar la procedencia del juicio contra actos provenientes no sólo de autoridades, sino también de particulares, a través de los cuales se afectara la esfera jurídica de derechos de los gobernados, sin que ello significara el abandono de los medios de defensa ordinarios; y aunque se propuso que en la propia ley se especificaran los casos en que esos actos serían susceptibles de impugnación, se optó por dejar al Poder Judicial de la Federación la determinación de esas hipótesis, atento a las particularidades de cada caso y a las notas del acto cuestionado. En estas condiciones, autoridad responsable, para los efectos del juicio de amparo es: a) la que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y b) el particular que realice u omita actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y que las funciones deben estar determinadas por una norma general. Por tanto, para determinar si un particular encuadra en la categoría de autoridad responsable, no sólo debe analizarse su acto u omisión en sí, sino además, si afecta derechos y deriva de las facultades u obligaciones establecidas en una norma." También se cita la tesis aislada XV.5o.3 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, visible en la página 1500, con registro 2006034, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo." Consecuentemente, al actualizarse de manera clara e indudable la causa de improcedencia indicada, PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo en cuestión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007580, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento". Asimismo, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Adicionalmente cabe dejar en claro que aun cuando se tramitara la presente demanda de amparo hasta el dictado de la sentencia, de igual manera, se llegaría a la misma conclusión aquí tomada, lo que hace innecesario el trámite del juicio hasta sus últimas consecuencias. IV. Captura de proveído. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. V. Información vía telefónica y correo electrónico. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, se hace del conocimiento de las partes que únicamente a fin de obtener información y comunicaciones no procesales respecto de los juicios que lleven ante este órgano jurisdiccional, se pone a su disposición el número telefónico **** extensión 2501, así como el correo electrónico 5jdo22ctoajf@correo.cjf.gob.mx; en el entendido de que, solo de estimarse necesario, se conservará y certificará el registro de la comunicación correspondiente, para ser incorporadas al expediente respectivo. VI. Atención presencial. En caso que, de manera excepcional e indispensable, las partes requieran acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, deberán hacerlo a través del modelo de atención presencial basado en citas contenido en el Acuerdo General 21/2020, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento; acudir puntualmente a sus citas y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia; y que, el incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. VII. Recepción de promociones. Se hace del conocimiento que la mecánica de habilitación de buzones judiciales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado y de la Oficialía de Partes Común, para la recepción de promociones presentadas físicamente, así como de las promociones presentadas electrónicamente, es la siguiente: Recepción de promociones a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), instalada fuera de las instalaciones de este juzgado. Recepción de promociones de término mediante su depósito en los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado (OCC) siguiendo las reglas para su uso (artículos 10 y 11 del Acuerdo General 21/2020) Recepción de promociones únicamente de término a través del Secretario de guardia, entendidas como aquellas que el día en que se pretenda su presentación, sea el último para desahogar una prevención o requerimiento, que se haya decretado bajo algún apercibimiento, siguiendo las reglas para su uso (*** Así mismo, se informa que, de conformidad con la fracción VII del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, las promociones presentadas a través de la Oficialía de Partes Común y de los buzones judiciales colocados en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, serán ingresadas materialmente a este Juzgado el día hábil siguiente, con independencia de la hora de su presentación. En ese sentido, tratándose de promociones dirigidas a audiencias o diligencias de la propia fecha de su presentación, no podrán ser remitidas de inmediato a este órgano jurisdiccional, atento a la mecánica prevista en el Acuerdo General 21/2020 y Circular 14/2020; lo que deberán tomar en consideración para los efectos que estimen conducentes; sin perjuicio de que las promociones presentadas vía electrónica, no tienen tal restricción. VIII. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, tiene como domicilio procesal el ubicado en "............."; asimismo, como autorizado en términos amplios a ..............., por así solicitarlo expresamente. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios y secretarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. IX. Notificación y exhortación. Se reitera la exhortación a las partes y a sus autorizados, para que, de acuerdo a la contingencia por el virus COVID-19 en el que el país se encuentra inmerso, realicen consulta de expedientes vía remota (expediente electrónico o listas de acuerdos a su disposición en la página www.cjf.gob.mx), para lo cual, se hace de su conocimiento que tienen expedito su derecho de solicitar el acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. También se hace la precisión de que tratándose del juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, las partes, sus representantes en los juicios o los autorizados que cuenten con facultades expresas para ello conforme al segundo párrafo del artículo 35, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. X. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XI. Publicación de lista de acuerdos y contacto con las partes. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; y, adicionalmente, se remitirán a la administración del edificio, para que se coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita, sin perjuicio de que puedan consultar el expediente electrónico a través de los usuarios autorizados. No obstante lo anterior, en términos de lo dispuesto en los numerales 22 y 28 del citado acuerdo general, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y/o propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Asimismo, se requiere a las partes (incluidas las autoridades responsables) para que proporcionen un número de teléfono móvil, a fin de que, en caso de ser necesario, se entable comunicación por parte del personal de este órgano jurisdiccional. XII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XIII. Transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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