Samuel Zarate Román
Expediente 1623/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1623/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/09/2021
Partes del expediente
- Samuel Zarate Román
Actuaciones
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** EL AUTO DE VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EL AUTO EN CITA SEÑALA: Zapopan, Jalisco, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado a la parte quejosa el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, y a la autoridad tercera interesada el veinte de agosto siguiente. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, realizara lo siguiente: De no existir impedimento legal para tal efecto y de no haberlo hecho, acredite que se notificó el oficio *****, por el que se requirió a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, informara los incrementos otorgados al puesto de Jefe de Departamento "B" adscrito a la Sub Ciudadana de la Dirección de Promoción Social del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, del año dos mil diez, a la fecha. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, acredita haber notificado el oficio ****, por el que se requirió a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, informara los incrementos otorgados al puesto de Jefe de Departamento "B" adscrito a la Sub Ciudadana de la Dirección de Promoción Social del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, Jalisco, del año dos mil diez, a la fecha, toda vez que mediante el diverso oficio de nueve de diciembre de dos mil veinte, signado por el Auditor Superior del Estado, hace constar la respuesta dada al oficio ****, misma que fue en el sentido de que el Congreso del Estado aprobó las cuentas públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, de los ejercicios dos mil diez a dos mil dieciséis, como se puede constatar en los decretos correspondientes; sin embargo, manifestó que en lo referente a esos años no estaba en condiciones de proporcionar la información solicitada y que por tal motivo, la misma debía ser solicitada al Ayuntamiento demandado. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. III. Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. IV. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓIN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental; asimismo, no se trata de un asunto relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni versa sobre la materia agraria; aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en artículo 15 del acuerdo general en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo dispone el artículo 18, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el artículo 35, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el artículo 18 del acuerdo general en cita, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al antepenúltimo párrafo del mismo. V. Intégrese expediente físico. Se instruye al personal adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Zapopan, Jalisco, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Audiencia celebrada. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo se celebró a las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, lo cual puso fin a la secuela procesal del juicio de amparo. Resérvese. En tal virtud, téngase por recibido el oficio y anexo proveniente del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, y atento a la causa de improcedencia que hace valer, indíquesele que de resultar procedente será tomada en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente. Orienta sobre el particular, la tesis siguiente: "Novena Época Registro: 170855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Materia(s): Común Tesis: IV.2o.C.48 K Página: 1678 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU CELEBRACIÓN PONE FIN A LA SECUELA PROCESAL DEL JUICIO DE AMPARO Y EL JUEZ QUEDA IMPEDIDO PARA ACORDAR PROMOCIONES ALLEGADAS CON POSTERIORIDAD, AUNQUE SE REFIERAN A CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE EN LOS ESCRITOS RESPECTIVOS SE OFREZCAN PRUEBAS QUE LAS JUSTIFIQUEN. Conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Ley Fundamental y 155 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional comprende tres fases que se desarrollan en el siguiente orden: a) el periodo de pruebas, donde se ofrecen, admiten y desahogan; b) la formulación de alegatos; y, c) el dictado de la sentencia. Íntimamente relacionado con ello, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el precepto y fracción citados, es determinante al disponer que la tramitación del amparo indirecto se rige por el principio de concentración, en cuanto ordena que "... se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia... se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". Dicha taxativa aparece confirmada en el artículo 155 de la Ley de Amparo, que es categórico al establecer en su primer párrafo: "Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo, se dictará el fallo que corresponda.". Ahora bien, tomando en cuenta la secuela de actos que en la audiencia se van sucediendo en su propio orden, junto con la señalada característica de la concentración, emergen los matices relativos a la continuidad y la unidad, pues tales actos surgen uno tras otro, por regla general de modo inmediato; esto es, al ofrecimiento de pruebas debe recaer el auto admisorio o desechatorio, para seguir con el desahogo de las admitidas; después se pasa al periodo de alegatos y, de inmediato, en culminación de la audiencia, se dicta sentencia, siendo a través de esa secuela como se delimita la concentración de los mismos, se eslabona su continuidad y se cierra la unidad de la actuación. Todo ello confirma el criterio de que, una vez celebrada la audiencia constitucional, ya no es posible que se emita pronunciamiento con relación a promociones presentadas después de la fecha en que ésta tuvo lugar, independientemente de que propongan causales de improcedencia porque para entonces, con motivo de haberse cerrado el mencionado acto procesal, ya cesó la actividad del Juez de Distrito por lo que ve al procedimiento del juicio constitucional, restando solamente el dictado de la sentencia correspondiente; a menos que en los escritos respectivos se ofrezcan pruebas que justifiquen la improcedencia." III. Intégrese expediente físico. Se instruye al personal adscrito para que integre el expediente físico con el presente proveído y, en su caso, con lo de cuenta, en los términos y plazos indicados en los Acuerdos Generales expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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