Samuel Velazquez Dominguez

Expediente 155/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
155/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
26/02/2018

Partes del expediente

  • Samuel Velazquez Dominguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VI.- De la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de catorce de febrero de este año, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. Por otra parte, vista la cuenta precedente y el estado que guarda este asunto, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. El presente asunto es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, párrafo segundo y cuarto del Acuerdo de referencia), pues, se concedió la suspensión de oficio y de plano en el presente asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; catorce de febrero de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso Samuel Velázquez Domínguez no desahogó la prevención formulada en auto de cuatro de febrero del presente año; por tanto, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, cabe destacar que si bien es cierto la notificación del presente proveído debe ser en forma personalísima a la parte quejosa, no menos cierto resulta que mediante proveído de cuatro de febrero de este año, se tuvo como domicilio de dicha parte, para oír y recibir notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado, al haberlo solicitado expresamente así en el escrito de demanda; por tanto, practíquese esta notificación a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa, que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    III Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°, agréguese a los autos la razón suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, en la cual manifiesta la imposibilidad de notificar a las personas morales terceras interesadas Elektra del Milenio, sociedad anónima de capital variable y Elmex Superior, sociedad anónima de capital variable, la radicación del presente juicio de amparo, por las razones ahí expuestas. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 563, publicada en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo IV, cuyo contenido es: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Ahora, ante dicha imposibilidad dése vista al quejoso para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, inserto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en conformidad con su numeral 2°, proporcione el domicilio correcto, o en su caso uno diverso donde sea factible llamar a juicio a las terceras interesadas de referencia. Con el apercibimiento que de no desahogar el presente requerimiento, se procederá a realizar las diligencias a la precitada tercera interesada por medio de edictos a su costa, como lo prevé el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, previa investigación de los domicilios que realice este juzgado federal. Sobre lo expuesto, es aplicable la tesis publicada en la página 538, del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, Tomo XIV, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevee' diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevee' en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados." Así como la tesis consultable en la página 837, del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, Tomo XIV, Materia Civil, Octava Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. QUE DEBE ENTENDERSE POR DOMICILIO DEL. El artículo 116 fracción II de la Ley de Amparo, no exige que se señale el domicilio particular del tercero perjudicado; sin embargo, debe entenderse que alude a un lugar determinado en el cual sea factible recibir notificaciones y practicar diligencias, es decir, se refiere a un inmueble, casa, despacho o local en donde la persona que deba notificarse resida, habite, tenga el principal asiento de sus negocios, se encuentre, o bien que haya señalado; pues de lo contrario, esto es, de aceptar como domicilio "los estrados del juzgado", no podría efectuarse el emplazamiento en términos de ley ya que por ejemplo, el actuario se vería imposibilitado para buscar al interesado en la puerta, pasillos o escalinatas del Tribunal ni podría dejarle el citatorio a sus parientes, empleados o domésticos; en todo caso, lo dejaría a los empleados quienes por el número de personas que acuden al juzgado no podrían entregarlo. En conclusión, el domicilio del tercero perjudicado que debe señalar el quejoso tiene que ser un inmueble, casa, despacho o local en donde sea posible recibir notificaciones y practicar diligencias."

  4. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; seis de febrero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibida la constancia de notificación practicada por el Actuario de la adscripción, en la cual se desprende que el quejoso Samuel Velázquez Domínguez, ratificó la demanda promovida en su representación por Javier Morán García, mismo que si autoriza. A dicha diligencia se le otorga valor probatorio pleno en conformidad con lo establecido en los ordinales 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Sobre el particular por similitud jurídica se invoca la jurisprudencia publicada con el número 573, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, cuyos rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Morán García. Finalmente, se reserva proveer sobre su admisión o desechamiento, hasta en tanto, se dé cumplimiento a los puntos de prevención formulados en proveído de cuatro de los corrientes, o bien, fenezca el plazo otorgado en dicha determinación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Victor Manuel Rendon Sosa, que autoriza, firma y da fe.

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