Samuel Roldan Salazar Mendiguchia y Otros.
Expediente 313/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 313/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/06/2021
Partes del expediente
- Samuel Roldan Salazar Mendiguchia y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la autoridad señalada como: 1. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 313/2021-1-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, el cual hace consistir en el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: se reclama de la responsable la resolución con folio margo: ***, de fecha 21 de abril de 2021, el cual manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que tuve legal conocimiento el día 03 de mayo del 2021, mediante un correo recibido por el medio electrónico: no-reply@conducef.gob.mx, a mi correo personal". Asimismo, en el capítulo de antecedentes, el promovente refiere: "1. Es el caso que con fecha 25 de febrero de 2021, presente escrito de queja ante la hoy autoridad responsable en la que se relata de manera precisa y congruente los hechos suscitados en mi contra, así como las pretensiones que se pretenden en dicho escrito. (.) El asunto no cumple con las características necesarias para ser atendido por esta Comisión Nacional, lo anterior en términos del: LOS ARTÍCULOS 62, 63 Y 65 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, TODA VEZ QUE NO ACREDITA LA TITULARIDAD DE LA CUENTA DE BANCOMER AL SOLICITAR LOS ESTADOS DE CUENTA, ASI MISMO EL CARGO QUE MENCIONA ES DEL AÑO DE 2016, PUESTO QUE LA LEY MENCIONA QUE TENEMOS LA FACULTAD DE INTERVENCIÓN DE AUSUNTOS QUE NO EXCEDAN DE DOS AÑOS. Para CONDUSEF tu SEGURIDAD es lo más importante. (.)". Lo anterior, pues a juicio de la suscrita, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que el impetrante de amparo no agotó los recursos o medios ordinarios de defensa existentes en relación con el acto reclamado antes de acudir al presente juicio de amparo. Antes de entrar al tema de la improcedencia advertida de oficio, resulta conveniente dejar establecido que el presente juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad que establece que dicho juicio únicamente es procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquéllos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta es la razón por la que al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tienen efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que previo a instar la acción constitucional se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto y que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Esta directriz de procedencia del juicio de garantías biinstancial se desprende del contenido de los artículos 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente, lo siguiente: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Del contenido de las anteriores disposiciones legales, se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. El precepto citado en segundo término, establece como excepciones al principio de definitividad las siguientes: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. e) Cuando al rendir su informe justificado, la autoridad responsable señale la fundamentación y motivación del acto reclamado. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto es entonces un mandato constitucional de estricta observancia que exige la exclusión de interpretaciones contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa. Por tanto, por regla general, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación no determina per se, una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Así, no es suficiente para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe constatarse que la parte solicitante de la protección constitucional haya agotado el recurso ordinario de defensa que, de ser el caso, esté previsto en la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. En ese tenor, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos que como ya se señaló, tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los recursos. En la especie, el acto reclamado se hace consistir, esencialmente, en la resolución con número de folio margo ***, de veinte de abril de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad responsable, en la que se hizo del conocimiento del quejoso que la solicitud (queja) presentada no podía ser atendida. Sentado lo anterior, para determinar si la parte quejosa tenía la obligación de cumplir con el principio de definitividad en estudio, resulta necesario establecer que el artículo 99 de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, así como los diversos 83, 86 y 87 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, disponen lo siguiente: Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros. "Artículo 99. Los afectados con motivo de los actos de la Comisión Nacional en resoluciones dictadas fuera del procedimiento arbitral que pongan fin a un procedimiento o de la imposición de sanciones administrativas, podrán acudir en defensa de sus intereses interponiendo recurso de revisión, cuya interposición será optativa. El recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto respectivo y deberá presentarse ante la Junta, cuando el acto haya sido emitido por dicha Junta o por el Presidente, o ante este último cuando se trate de actos realizados por otros servidores públicos. [.]" Ley Federal del Procedimiento Administrativo. "ART. 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente." ART. 86.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por el mismo. [.]" ART. 87.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Sea procedente el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas prevista en el Código Fiscal de la Federación. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión." Por su parte, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece, entre sus hipótesis de procedencia varios supuestos de actos administrativos y recursos resueltos en sede administrativa tendentes a revocar, modificar o nulificar dicho acto, como se aprecia: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; (.) XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal." De estos numerales se puede obtener que contra las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, -en el caso la resolución con número de folio margo ***, de veinte de abril de dos mil veintiuno, emitida por la autoridad responsable, en la que se hizo del conocimiento del quejoso que la solicitud (queja) presentada no podía ser atendida- procede el recurso de revisión previsto en la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, o en su caso, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. Así, las hipótesis de procedencia tanto del recurso de revisión en sede administrativa y del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa establecidas en los preceptos legales anteriormente destacados, actualizan la existencia de un medio ordinario de defensa susceptible de revocar, nulificar o modificar los actos administrativos enumerados en ellas, al constituir la ley que los rige, por cuanto a que los regula y alude a ellos de manera específica y expresa, al colmar las hipótesis y consecuencias jurídicas que producen en la esfera del particular, esto ocurre aun cuando se encuentren en un ordenamiento legal diverso al que motivó la emisión del acto, debiendo concluir que con ello se satisfacen los requisitos previstos para considerar al citado juicio de nulidad un medio impugnativo regido o establecido en una ley formal y material. Atento a lo anterior, se estima que la resolución reclamada, previamente a impugnarla en la presente instancia constitucional, debió combatirse a través del recurso de revisión o mediante el procedimiento contencioso administrativo en términos de los invocados artículos de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros o de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Es aplicable, por las razones que la informan, la tesis I.7o.A.494 A, Novena Época, aprobada por los Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la página 2201 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, con número de registro 2019932, que dice: "COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). CONTRA SU RESOLUCIÓN QUE ORDENA A UNA INSTITUCIÓN DE SEGUROS LA CONSTITUCIÓN E INVERSIÓN DE UNA RESERVA TÉCNICA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SI PREVIAMENTE NO SE AGOTARON LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. La determinación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros por la cual obliga a una institución de seguros para que efectúe la constitución e inversión de una reserva técnica específica para las obligaciones pendientes de cumplir, en términos del artículo 68, fracción X, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, es impugnable, optativamente, mediante el recurso de revisión ante dicha comisión o por medio del juicio contencioso administrativo, seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de conformidad con el artículo 99 de la citada ley, ya que esa resolución pone fin a un procedimiento de conciliación que es distinto al arbitral. En tal virtud, si la quejosa promueve juicio de amparo indirecto contra tal acto, sin que previamente haya agotado los medios de defensa ordinarios, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Carta Magna, máxime que los artículos 24 a 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevén mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender el acto reclamado." Máxime que en ambos casos, esto es, el recurso de revisión, o bien, en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 130/2013, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1446 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 2, Libro XXIV, del mes de Septiembre de 2013, con número de registro 2004553, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Bajo ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia aludida, en razón de que el acto que tilda de inconstitucional el quejoso, lo atribuye a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que debe ser revisado conforme a las leyes que rigen tal acto, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; lo que implica que el peticionario del amparo no agotó el principio de definitividad antes de acudir al juicio constitucional. En la inteligencia que no se está ante los supuestos de excepción a que alude el propio numeral 61, fracción XX, párrafo segundo, de ley de la materia, en virtud de que la ley que rige el acto reclamado no exige mayores requisitos de la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; el acto no carece de fundamentación, ni se alegaron violaciones directas a la Constitución. Además, cabe señalar, no se materializa el supuesto de excepción en el sentido de que los recursos ordinarios o medios de defensa legales, se encontraran previstos en un reglamento; pues como se vio, se trata de una ley formal donde se establece su existencia. De modo que, si el ahora quejoso no se ubica en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad; es incuestionable, que para efectos del juicio de amparo, debió de agotar el medio defensa descrito. En esas condiciones, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual pueden revocarse, modificarse o anularse el acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin que la ley que regula ese medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para efectos de suspender el acto reclamado, y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. En consecuencia, al surtirse de manera indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la presente demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados en términos restringidos a ***, ya que no cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,778 expedientes
- Samuel Monzon Barrios909/2017
- Samuel Muñoa Rincon31/2017
- Samuel Ocaña Zepeda822/2017
- Samuel Pineda Champo y Otros.727/2023
- Samuel Pineda Champo y Otros.764/2023
- Samuel Robles Morales1102/2017
- Samuel Santiz Gómez y Otros.723/2023
- Samuel Trejo Paniagua299/2017
- Sandi Elizabeth Domínguez Pérez y Otros.421/2019
- Sandi Elizabeth Domínguez Pérez y Otros.764/2020
- Sandi Elizabeth Domínguez Pérez y Otros.388/2021
- Sandi Elizabeth Domínguez Pérez y Otros.358/2023