Samuel Reyes Conti
Expediente 1196/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1196/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Samuel Reyes Conti
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación del Secretario, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 del Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó y concedió la medida cautelar provisional y definitiva, el cuaderno incidental original es depurable después de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria de treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA VI ". San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso SAMUEL REYES CONTI; en consecuencia, con fundamento en el precepto 356, fracción II, en concordancia con el 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. En términos de lo dispuesto en el artículo 18 fracción I inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso SAMUEL REYES CONTI, este expediente es depurable, después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Expedientes. Devuélvase al Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, con sede en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, un disco conteniendo copia debidamente certificada del registro de audio y video de la Audiencia de Comunicación de la Imputación Inicial, de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve; copia certificada de la transcripción del Auto de Vinculación a Proceso y de la Medida Cautelar Definitiva impuesta al quejoso Samuel Reyes Conti, ambas de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el cual envió como anexo a su informe justificado, debiendo acusar el recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
(.) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, dada la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte agraviada y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado. De una lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente, se inconforma con el auto de vinculación a proceso dictado por Juez de Control en Materia Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, en la causa penal 262/2019 y su ejecución; así como la medida cautelar de suspensión de actividades por tiempo indefinido en lo que dure el procedimiento penal. TERCERO. Certeza del acto reclamado Al rendir su informe, el 1. Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y la 2. Delegada Regional de Medidas Cautelares de San Juan Bautista Tuxtepec, aceptaron la existencia del acto reclamado. De ahí que se tenga por cierto el acto reclamado Para justificar su dicho, la primera responsable remitió un disco de audio y video, que contiene diversas constancias, a las que se otorga valor probatorio pleno y de las que se advierte que el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en su causa penal 262/2019, Oaxaca, dictó auto de vinculación proceso contra el aquí quejoso; y la segunda, un cuadernillo de copias certificadas. CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni de oficio este órgano de control constitucional advierte que se actualice alguna. QUINTO. Conceptos de violación. El quejoso expuso, en esencia, los siguientes conceptos de violación: Señala que el auto de vinculación vulnera sus derechos humanos porque no está fundado ni motivado; además de que se le priva del derecho a un trabajo digno. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado En principio, cabe destacar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen. "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De los invocados preceptos, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben satisfacerse los siguientes requisitos. Que se haya formulado la imputación. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El primero de tales requisitos relativo a que se haya formulado la imputación, está satisfecho, pues en audiencia de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve (minuto doce con cuarenta y nueve segundos del archivo denominado AUTO DE VINCULACIÓN 262-2019), se comunicó la imputación a SAMUEL REYES CONTI, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de tráfico de plazas y servicios, previsto y sancionado por el artículo 240 Ter, del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca. El segundo de los requisitos, consistente en que se otorgara al imputado la oportunidad para declarar también se encuentra colmado, ya que en la aludida audiencia de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, una vez que le fueron explicadas las prerrogativas que tiene como procesado, y asistido de un defensor público, se le dio la posibilidad de declarar, manifestando su deseo de no emitir su declaración preparatoria (minuto veinte con quince segundos del archivo denominado AUTO DE VINCULACIÓN 262-2019). Ahora, para justificar el tercero y cuarto de los requisitos que se exigen para el dictado de un auto de plazo constitucional, la juez responsable tomó en consideración los siguientes datos de prueba (dieciocho minutos con veinte segundos). Denuncia emitida por Zuleyma Hernández Rivera, emitida el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Entrevista a Isabel Rivera Morales, de treinta de septiembre de dos mil diecinueve Informe contenido en el oficio D.A./4974/2019, de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, suscrito y firmado por el Director Administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en el que se indicó (treinta y ocho minutos y veinticinco segundos) ".informa que para obtener plazas para las personas interesadas que quieran obtener una plaza, deben participar en el proceso de admisión conforme a los lineamientos administrativos, para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo del año dos mil diecinueve, emitida por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional docente; por lo tanto el imputado Samuel Reyes Conti no está facultado para proporcionar, gestionar o realizar trámites para la obtención de plazas de base para docentes a persona alguna; para el otorgamiento de nombramientos de plaza de base, informa el director administrativo, que es a través de la Oficialía Mayor, esto con fundamento en el artículo 27 del Reglamento Interno del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; también informa que no existe un trámite alguno para obtener una plaza de docente de nivel telesecundaria a favor de la víctima Zuleyma Hernández Rivera; asimismo informa que la constancia de contratación con la categoría de docente a nombre de Zuleyma Hernández Rivera de fecha nueve de julio del año dos mil diecinueve, firmada por el licenciado Benjamín Ruiz Ruiz, Jefe del Departamento de Registros y Controles no fue generado por el portal electrónico del IEEPO; lo anterior toda vez de que en dicho portal solo pueden generarse los siguientes documentos: ingreso al centro de desarrollo infantil; un trámite para visa; crédito hipotecario; inscripción a la Universidad Pedagógica Nacional; titulación Universidad Pedagógica Nacional; la expedición del título Universidad Pedagógica Nacional y diversos trámites, pero no se puede decir de que efectivamente se imprimió en el portal electrónico del IEEPO la constancia que el imputado le mostró y le entregó a la víctima; y por último informa el director administrativo que después de realizar un escaneo del documento al código QR, esto con la finalidad de validar la autenticidad de la misma, arrojó que dicha información fue generada a favor del ciudadano Samuel Reyes Conti, para efectos de trámite de ingreso al centro de desarrollo infantil." Inspección realizada por la Agente Estatal de Investigaciones al teléfono de la víctima el treinta de septiembre de dos mil diecinueve (minuto cuarenta y uno con cuatro segundos), quien hizo constar, en lo esencial: ".dicho celular la víctima lo desbloquea, le enseña que dentro de sus contactos obra el registro del profesor Samuel Reyes Conti, con número telefónico 2871324889, el cual ingresa a la aplicación de whatsapp y encuentra su información de contacto aparece la frase por un Tuxtepec tranquilo ya no más sangre; posteriormente la víctima le muestra diversas conversaciones que tuvo con el imputado Samuel Reyes Conti, siendo esta una conversación larga que lleva a cabo durante varios días en donde se puede apreciar la insistencia del imputado hacia la víctima de conseguir dinero a cambio de asegurarle una plaza de maestra que le ofrece y que él puede obtener para ella, así como también le pide le recomiende a otras personas que quieran que las apoye para conseguirles plazas; asimismo la víctima muestra otra conversación de whatsapp con el profesor Samuel Reyes Conti en la cual el imputado insiste de manera grosera a la víctima que le dé más dinero para sus viáticos por los viajes que hace a la ciudad de Oaxaca, en los cuales obtiene información y documentación para las personas a las cuales está ayudando a conseguir empleo; y que si no le da dinero él ya no le dará información sobre su trámite; también la víctima muestra otro chat de whatsapp con el nombre snte tres profe, en donde se aprecia que la víctima envía información a ese grupo de whatsapp relacionadas a números de folio y nombres de personas interesadas en obtener una plaza; anexando el agente estatal de investigaciones de esto placas fotográficas." Con ellos, el fiscal investigador imputó que (minuto trece): ". la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con fecha veintitrés de septiembre del presente año, inició la carpeta de investigación 33066/FVC/Oaxaca/2019, por el hecho que la ley señala como el delito de tráfico de plazas y servicios, cometido en perjuicio del servicio público del Estado, así como de Zuleyma Hernández Ramírez, en atención al siguiente hecho: La víctima es licenciada en pedagogía, egresada de la Universidad del Golfo, México campus Norte de Tierra Blanca. El día veintisiete de mayo del presente año, entregó su documentación en el edificio conocido como de la sección veintidós que se ubica en la calle de Armenta y López, en el Centro de la Ciudad de Oaxaca; esto, con la finalidad de participar en una convocatoria para obtener una plaza de nivel de telesecundaria que dicha sección había publicado. El día veintiuno de julio del año en curso, usted le realizó una llamada telefónica a la víctima de su número celular 2871324889, donde usted le dice que le podría facilitar todo el proceso de selección, asegurándole, que le obtendría un lugar dentro de la lista y que además se quedaría con una plaza en la Región de la Cuenca del Estado de Oaxaca, donde tiene su domicilio la víctima, pero a cambio le tendría que pagar cierta cantidad de dinero; motivo por el cual la víctima le pagó a usted dinero en efectivo con las siguientes fechas: el día veintiuno de julio del presente año, le pagó cuatro mil pesos; el día veintiséis de julio del año en curso, le pagó tres mil pesos y el veintinueve de julio del presente año, le pagó la cantidad de dos mil pesos; de la misma manera, por indicaciones de usted, la víctima el nueve de agosto del año en curso, le realizó dos depósitos en la cadena comercial denominada OXXO; el primero por la cantidad de cinco mil pesos y el segundo por la cantidad de dos mil quinientos pesos, a su cuenta del banco Santander de número 5579100181984681. El día doce de agosto del presente año a las diecisiete horas, usted se entrevistó con la víctima en la multiplaza de Tuxtepec, donde le mostró una constancia de contratación de fecha nueve de julio del año dos mil diecinueve, expedida por el licenciado Benjamín Ruiz Ruiz, Jefe del Departamento de Registros y Controles de la Dirección Administrativa del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, donde aparecen los datos de la víctima, pero un número de su curp estaba mal, por lo cual usted le comentó que iba a regresar a la ciudad de Oaxaca a componerla; en ese momento la víctima le entregó la cantidad de siete mil quinientos pesos; el cuatro de septiembre del año en curso, la víctima, al platicar con Mayra Gisela López Pérez y con su primo Raymundo Alejandro González López, personas a quien usted también les está tramitando su plaza, se dieron cuenta que también a ellos les enseñó una constancia de contratación parecida a la que le había enseñado a Zuleyma, pero esta constancia estaba firmada por el maestro Francisco López López; por dicha razón y ante el temor que los engañaran, hablaron con el maestro Francisco López López, titular de la Secretaría de Conflictos de nivel Telesecundarias del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, quien les manifestó que el nombre y la firma que aparecen en la constancia de contratación que usted les mostró no eran suyos. El siete de septiembre del presente año, usted le mandó mensajes a la víctima para pedirle quinientos pesos para sus viáticos, ya que iba a ir a la ciudad de Oaxaca a seguir con su trámite, contestándole la víctima que ya no le iba a dar más dinero porque se había dado cuenta que la constancia de contratación que le había enseñado sí tenía sus datos pero el QR que aparecía en dicha constancia aparecían los datos de usted, no los de ella; aunado a eso que no existe ningún trámite dentro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, donde se vea favorecida para el otorgamiento de una plaza de nivel de Telesecundaria." Los tres primeros medios de prueba que el juez responsable valoró acertadamente de manera libre y lógica (dos horas con cuatro minutos y ocho segundos) en términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues señaló que ninguno de los datos de prueba fue obtenido vulnerando derechos humanos, lo que tampoco se advierte en esta instancia constitucional, ni ha sido declarada nula por diversa autoridad. Ahora, el artículo 240 Ter del Código Penal del Estado de Oaxaca dispone: "CAPÍTULO V DEL TRÁFICO DE PLAZAS Y SERVICIOS "ARTÍCULO 240 TER.- Se impondrá pena de tres a siete años de prisión y multa de cien a quinientas veces el salario mínimo, a quien obtenga un lucro o beneficio económico, prometiendo falsamente otorgar u obtener para otra persona un empleo, trabajo, cargo, plaza, comisión o nombramiento en el sector público o privado". De la anterior transcripción la responsable tuvo como elementos integradores del delito los siguientes (minuto treinta y seis con cuarenta y nueve segundos del DVD 0250-2018 A2P2 30.08.2018): La acción de prometer falsamente otorgar u obtener para otra persona empleo, trabajo, cargo, plaza, comisión o nombramiento en el sector público o privado Que de esa acción se obtenga un lucro o beneficio económico Ahora, el primero de dichos elementos, consistente en la acción de prometer falsamente otorgar un empleo o nombramiento en el sector público, el juez responsable lo tuvo por acreditado, de manera correcta, con la denuncia de la víctima Zuleyma Hernández Rivera, emitida el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve señaló (dos horas con cinco minutos y treinta y tres segundos), en la cual dio pormenores como los motivos por los que conoció a Samuel Reyes Conti, al acudir a las oficinas correspondientes a obtener una plaza a nivel telesecundaria; que posteriormente esta persona vía telefónica le ofreció una plaza y por ello se vieron en diferentes lugares para darle dinero en efectivo, de forma personal; que posteriormente la relación se empieza a fracturar dado que Samuel Reyes Conti no le dio algún dato del que se obtuviera que realizó el trámite prometido para obtener la plaza; Lo que concatenó con lo manifestado por Isabel Rivera Morales, madre de la víctima, quien aseguró que acompañó a su hija en el momento en que realizó la entrega del dinero a Samuel Reyes Conti, de manera personal, para específicamente obtener una plaza a nivel telesecundaria. Declaraciones donde percibieron hechos de manera personal y directa, a través de sus sentidos como la vista, el oído y el tacto, por lo que les dio credibilidad en ese aspecto. También relacionó las declaraciones con el informe de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, firmado por el Director Administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, pues de él se obtuvo que para que una persona pueda obtener una plaza deben participar en el proceso de admisión conforme a los lineamientos administrativos del artículo dos transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil diecinueve y que por tanto Samuel Reyes Conti no está facultado para proporcionar, gestionar o realizar trámites para obtener plazas de base para docentes, pues esa facultad es de la Oficialía Mayor. De igual manera se obtuvo que no existía un trámite para obtener una plaza de docente de telesecundaria a favor de la víctima y que la constancia de contratación de nueve de julio de dos mil diecinueve, firmada por el Jefe del Departamento de Registros y Controles no fue generado por el portal electrónico del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, además de que al generar el escaneo del código QR, para validar la autenticidad del documento, la información contenida era para que el imputado pudiera ingresar al centro de desarrollo infantil. Documento al que dio credibilidad pues no se aportó prueba en contrario ni se objetó. En cuanto a las llamadas telefónicas, los mensajes y los depósitos realizados a la cuenta bancaria, no les dio credibilidad, debido a que la fiscalía, no realizó las investigaciones necesarias para determinar que el número de cuenta al que se realizaron depósitos y el número telefónico al que se realizaron las llamadas y se entendieron los mensajes, esté vinculado con el imputado, por lo que a la inspección realizada al teléfono celular de la víctima no le dio credibilidad. Precisado lo anterior, la responsable consideró que se acreditaron hechos que la ley señala como delito de tráfico de plazas y de servicios, previsto en el artículo 240 ter del Código Penal del Estado de Oaxaca, en el supuesto del sector público, de la siguiente manera (dos horas con veintinueve minutos): "Que la ciudadana Zuleyma Hernández Rivera en diversas fechas como lo son veintiuno de julio del presente año dos mil diecinueve, le pagó cuatro mil pesos al señor Samuel Reyes Conti; de igual forma el día veintiséis de julio del año dos mil diecinueve le pagó tres mil pesos al señor Samuel Reyes Conti; el veintinueve de julio del presente año le pagó la cantidad de dos mil pesos al señor Samuel Reyes Conti; el doce de agosto del año en curso, es decir del año dos mil diecinueve, le pagó siete mil quinientos pesos al señor Samuel Reyes Conti; ello con motivo de obtener una plaza a nivel telesecundaria de base en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y que el día doce de agosto del presente año a las diecisiete horas, la víctima se entrevistó con el imputado Samuel Reyes Conti en la multiplaza de Tuxtepec, donde el imputado le mostró una constancia de contratación de fecha nueve de julio del año dos mil diecinueve expedida por el licenciado Benjamín Ruiz Ruiz, Jefe de Departamento de Registros y Controles de la Dirección Administrativa de la Unidad de Recursos Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, donde aparecían los datos de la víctima pero un número de su curp estaba mal, por lo cual el imputado le comentó que lo iba a llevar a la ciudad de Oaxaca a componerla; en ese momento la víctima le entregó esta última cantidad de siete mil quinientos pesos, haciendo un total de dieciséis mil quinientos pesos; ello para la obtención, vuelvo a repetir, de una plaza a nivel telesecundaria." Agregó (dos horas con treinta y dos minutos y cuarenta y nueve segundos): ".De los datos de prueba se advierte que el señor Samuel Reyes Conti prometió una plaza, cargo o trabajo falsamente, esto porque se acredita primeramente con la misma declaración de la ciudadana Zuleyma Hernández Rivera, a la que le ha mencionado la señorita que ella de viva voz le mencionó el señor Samuel Reyes Conti que le iba a otorgar una plaza a nivel telesecundaria, también una plaza basificada en virtud a que le iba a depositar diferentes cantidades de dinero y esto se advierte que es falsamente puesto que de la documental o del informe que aporta el Agente del Ministerio Público consistente en el informe de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve, suscrito y firmado por el licenciado Manuel Enrique Márquez Zamora, Director Administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, establece que el señor Samuel Reyes Conti no está facultado para proporcionar, gestionar, realizar trámites para la obtención de plazas de base para docentes a persona alguna; tampoco para el otorgamiento de nombramientos de plaza de base; ello se informó con este informe al cual se le dio credibilidad, de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve y que se acredita de igual forma con el hecho que ya quedó precisado en el apartado correspondiente de este cuerpo resolutivo; es por eso mismo se advierte que también se obtuvo un lucro o beneficio económico en virtud a las cantidades de dinero que le otorgó la señora Zuleyma Hernández Rivera en diversas fechas como lo son con fecha veintiuno de julio del año dos mil diecinueve que le pagó cuatro mil pesos; el día veintiséis de julio del año dos mil diecinueve y le pagó tres mil pesos; el día veintinueve de julio le pagó también la cantidad de dos mil pesos y por último el doce de agosto del año dos mil diecinueve le pagó la cantidad de siete mil pesos. Ello se corrobora también con la misma declaración de su señora madre a la cual ya se le dio credibilidad de la señora Isabel Rivera Morales Que esta plaza, cargo o comisión sea nombramiento en el sector público o privado se advierte también y es de todos conocido que este tipo de plazas y como también se constata a través del informe que ya se le dio credibilidad, solamente se puede acceder a ellos en un proceso de admisión conforme a lo lineamientos administrativos para dar cumplimiento al artículo dos transitorio del decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo del año dos mil diecinueve, emitida por la Coordinación Nacional de Servicios Profesionales Docente, y en consecuencia, se da por establecido que el hecho se subsume en dicho tipo penal." En cuanto a la probable comisión o participación del imputado, aquí quejoso, la juez responsable de manera atinada señaló que estaba acreditada, con los mismos datos de prueba (dos horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y un segundos), pues: ". De acuerdo también a los datos de prueba en cuanto a la probable participación del ahora imputado, existe un señalamiento categórico directo por parte de la ciudadana Zuleyma Hernández Rivera de que la persona con la que se entrevistó, con la que le dio las cantidades de dinero en diferentes lugares de esta ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, es el señor Samuel Reyes Conti, y que precisamente es la persona que tenemos en esta sala de audiencias de este juzgado de control; ella sin lugar a equivocarse manifiesta su nombre y apellido puesto que así se lo proporcionó dicha persona y en consecuencia también existe la testimonial por parte de su señora madre la señora Isabel Rivera Morales, que también ella declara que es el señor Samuel Reyes Conti la persona a la que se otorgó quien recibió las cantidades de dinero antes referidas y a las que también por el hecho de que él le iba a conseguir una plaza un trabajo, nombramiento a su hija de nombre Zuleyma Hernández Rivera, y que les había prometido esa circunstancia." Actuar que el aquí quejoso hizo de forma dolosa en términos del artículo 8, fracción I del Código Penal del Estado de Oaxaca, pues sabía que la consecuencia de su actuar era antijurídica y no obstante la llevó a cabo con todos sus elementos; su intervención la hizo en términos del artículo 11, fracción I del citado código, ya que fue autor material por tener el dominio funcional del hecho, y sin que su actuar estuviera bajo alguna causa de exclusión del delito; además de ser mayor de edad y contar con la capacidad de goce y ejercicio por no advertirse lo contrario. De esta manera, fue acertado el actuar de la juez responsable al dictar contra el quejoso auto de vinculación a proceso, considerándolo probable responsable en la comisión del hecho señalado como delito de tráfico de plazas y servicios, previsto y sancionado en el artículo 240 ter del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, ya que en el acto reclamado se precisó, en función de las pruebas recabadas, la forma comisiva del delito; las peculiaridades del agente del delito; y la forma en que acontecieron los hechos por la que someterá a acusación al quejoso. De esta forma, los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo son INFUNDADOS, sin que se advierta deficiencia que suplir en la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En efecto, en sus conceptos de violación, el quejoso señala, en esencia, que el auto de vinculación a proceso es ilegal porque se le priva de su derecho al trabajo, cuando que no ha mediado algún juicio laboral; además de que en la causa penal no se trató alguna cuestión de la relación laboral entre el aquí quejoso con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Argumento que resulta inatendible, en la medida que en el auto de vinculación a proceso, no se ordena privarlo de su derecho al trabajo como servidor del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; además de que el acto restrictivo de libertad se encuentra fundado y motivado como se advierte en párrafos que preceden. Cabe agregar que no son necesarios elementos de prueba que demuestren de manera fehaciente los hechos de que se trata; pues lo importante es que, el actuar de la autoridad responsable se considera correcto, toda vez que no hay dato de prueba que demuestre que el quejoso no participó en el hecho ilícito que se recrimina, además de que, en el dictado del auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es mínimo, de tal forma que con los datos señalados por la autoridad ministerial, se demuestra la participación en grado probable del quejoso como sujeto activo, y en su caso, en la etapa de investigación complementaria, las partes, entre ellas quien solicita el amparo, pueden recabar medios de convicción que desvirtúen la comisión de la conducta que se le atribuye para ser analizados en la etapa de juicio -si se llega a ella-; sobre todo, porque en el acto reclamado solamente se fija la materia de la investigación por el hecho que la ley señala como delito, porque existen indicios razonables que demuestran la probabilidad de que lo cometió. Sobre este aspecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J.35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página trescientos sesenta del libro cuarenta y cinco, tomo I, agosto de dos mil diecisiete, materia penal, registro 2014800, que a continuación se transcribe. "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Por otra parte, en cuanto a la medida cautelar impuesta, consistente en la suspensión temporal en ejercicio de una actividad profesional o laboral, la parte quejosa formuló un único concepto de violación, que hace valer en el sentido de que la determinación es ilegal, pues se le priva de su derecho al trabajo, sin que medie juicio laboral alguno; no obstante, se considera que la medida adoptada por el juez local resulta acertada. En efecto, los artículos 154, fracción II y 159, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancia siguientes:. II. Se haya vinculado a proceso al imputado. "Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma." De los citados numerales se observa, que para dictar una medida como la que ahora se analiza, deben acreditarse los siguientes requisitos. Que la solicite el Ministerio Público Que se haya vinculado a proceso al imputado Que se establezca la medida y la justificación que la motivó. En el particular, se estima que el juez responsable actuó correctamente al emitir esa medida ya que el primero de los requisitos está satisfecho, pues el fiscal que interviene en el asunto, solicitó la medida (dos horas con treinta y nueve minutos y treinta y un segundos). También el segundo de los requisitos está colmado, pues como se vio en líneas que preceden, el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó auto de vinculación a proceso al quejoso. Finalmente, en cuanto al tercero de los requisitos, los artículos 155, 156 y 170 del código instrumental penal anotado, prevén: "Arti´culo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Pu´blico o de la vi´ctima u ofendido, el juez podra´ imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: La presentacio´n perio´dica ante el juez o ante autoridad distinta que aque´l designe; La exhibicio´n de una garanti´a econo´mica; El embargo de bienes; La inmovilizacio´n de cuentas y dema´s valores que se encuentren dentro del sistema financiero; La prohibicio´n de salir sin autorizacio´n del pai´s, de la localidad en la cual reside o del a´mbito territorial que fije el juez; El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institucio´n determinada o internamiento a institucio´n determinada; La prohibicio´n de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; La prohibicio´n de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las vi´ctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; La separacio´n inmediata del domicilio; La suspensio´n temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores pu´blicos; La suspensio´n temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; La colocacio´n de localizadores electro´nicos; El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o La prisio´n preventiva. Las medidas cautelares no podra´n ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sancio´n penal anticipada." En caso de que el Ministerio Pu´blico, la vi´ctima, el asesor juri´dico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestio´n debera´ resolverse inmediatamente despue´s de formulada la imputacio´n. Para tal efecto, las partes podra´n ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas." "Arti´culo 156. Proporcionalidad El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Co´digo, debera´ tomar en consideracio´n los argumentos que las partes ofrezcan o la justificacio´n que el Ministerio Pu´blico realice, aplicando el criterio de mi´nima intervencio´n segu´n las circunstancias particulares de cada persona, en te´rminos de lo dispuesto en el arti´culo 19 de la Constitucio´n. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podra´ tomar en consideracio´n el ana´lisis de evaluacio´n de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en te´rminos de la legislacio´n aplicable. En la resolucio´n respectiva, el Juez de control debera´ justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado." Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida". Como se ve, entre las medidas enunciadas, se encuentran la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe, la exhibición de una garantía económica, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la prohibición de acercarse a ciertos lugares, así como la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, la prisión preventiva, entre otras. De acuerdo con el criterio de proporcionalidad establecido en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juzgador deberá atender, para la determinación de medidas cautelares, a los argumentos que establezcan las partes y a la justificación del Ministerio Público, ajustado su decisión sobre la base de los criterios de mínima intervención, según las particularidades de cada caso. Además de que se deberá de tomar en cuenta el análisis de evaluación de riesgo. Como consecuencia de lo anterior, debe examinarse la solicitud del fiscal, con base en parámetros lógicos y racionales que evidencien la necesidad de imponer la prisión preventiva al quejoso para asegurar su comparecencia al proceso. Para hacer eso posible, el juez de control debe realizar un estudio completo de los argumentos y datos de pruebas ofrecidas por las partes, bajo los principios de previsibilidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, para evaluar la emisión de la medida correspondiente, a fin que la resolución se ajuste a los extremos de motivación y se evite decidir con razones ajenas al derecho. Así, se considera que también se actualiza el tercero de los requisitos, porque en principio, el fiscal que solicitó la medida y lo hizo justificando (dos horas con cuarenta minutos), que el imputado podría desatenderse del proceso penal; la víctima también solicitó la medida para efecto que el imputado no se acercara a ella ni a su familia No obstante, el juez responsable negó la medida solicitada en esos términos atendiendo a la proporcionalidad de la medida y al no existir motivo de fuga en el caso, pues existe el oficio de diez de diciembre de dos mil diecinueve emitido por la Unidad de Medidas Cautelares en el que se determinó un riesgo bajo para que el imputado pueda darse a la fuga, además que se le citó a la audiencia y compareció; aunado a que tampoco hay peligro para la víctima, pues el delito es de tráfico de plazas y servicios y no uno donde estuviera en peligro su integridad física; agregó que no existe dato objetivo del que se advierta que la quiera agredir. Sin embargo, sí ponderó la circunstancia de que el imputado pueda reiterar la conducta que se le atribuye de manera probable, con otras personas; de que caigan en ese supuesto otras personas, por lo que advertía un riesgo para la comunidad, pues el Ministerio Público informó que el imputado era trabajador activo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca adscrito al Preescolar Jaime Torres Bonet en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, como oficial de servicios y mantenimiento; además de contar con otro proceso por los mismos hechos. Por lo que, de manera correcta, estimó la necesidad de imponer la medida cautelar, pues podría cometerse de nueva cuenta un delito, atendiendo a las circunstancias donde labora el imputado y ordenó girar el oficio respectivo al centro de trabajo y a la Unidad de Medidas Cautelares para que supervisara la medida impuesta. De ahí que resulte infundado el argumento del quejoso, en el sentido de que con la medida se le prive de su derecho al trabajo sin previo juicio laboral, pues la emisión de la medida no exige que previamente se desarrolle un juicio laboral para suspender al quejoso; además que el derecho al trabajo, conforme lo establece el primer párrafo del artículo 5º Constitucional, no es absoluta como otros derechos fundamentales, sino que admite restricciones, pues puede vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los derechos de la sociedad, y en el caso, la fracción XI del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales es una de esas medidas restrictivas, la cual está justificada y se estima necesaria y proporcional, compensada con el beneficio de que la sociedad recibirá un servicio público educativo en el que no se pretenda el ofrecimiento falso de nombramientos o empleos. Así, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal. Sin que resulte necesario analizar los alegatos formulados por el quejoso, ya que no forman parte de la litis. SÉPTIMO. Transparencia Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. OCTAVO. Captura del fallo en el sistema integral de seguimiento de expedientes Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ... contra el auto de vinculación a proceso y medida cautelar dictados el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, por el Juez de Control del Distrito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, dentro de la causa penal 262/2019, en los términos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente y regístrese. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA HASTA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE)
- Principal
(.) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, dada la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte agraviada y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado. De una lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente, se inconforma con el auto de vinculación a proceso dictado por Juez de Control en Materia Penal del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, en la causa penal 262/2019 y su ejecución; así como la medida cautelar de suspensión de actividades por tiempo indefinido en lo que dure el procedimiento penal. TERCERO. Certeza del acto reclamado Al rendir su informe, el 1. Juez de Control del Circuito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca y la 2. Delegada Regional de Medidas Cautelares de San Juan Bautista Tuxtepec, aceptaron la existencia del acto reclamado. De ahí que se tenga por cierto el acto reclamado Para justificar su dicho, la primera responsable remitió un disco de audio y video, que contiene diversas constancias, a las que se otorga valor probatorio pleno y de las que se advierte que el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, en su causa penal 262/2019, Oaxaca, dictó auto de vinculación proceso contra el aquí quejoso; y la segunda, un cuadernillo de copias certificadas. CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni de oficio este órgano de control constitucional advierte que se actualice alguna. QUINTO. Conceptos de violación. El quejoso expuso, en esencia, los siguientes conceptos de violación: Señala que el auto de vinculación vulnera sus derechos humanos porque no está fundado ni motivado; además de que se le priva del derecho a un trabajo digno. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado En principio, cabe destacar que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen. "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De los invocados preceptos, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben satisfacerse los siguientes requisitos. Que se haya formulado la imputación. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El primero de tales requisitos relativo a que se haya formulado la imputación, está satisfecho, pues en audiencia de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve (minuto doce con cuarenta y nueve segundos del archivo denominado AUTO DE VINCULACIÓN 262-2019), se comunicó la imputación a SAMUEL REYES CONTI, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de tráfico de plazas y servicios, previsto y sancionado por el artículo 240 Ter, del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca. El segundo de los requisitos, consistente en que se otorgara al imputado la oportunidad para declarar también se encuentra colmado, ya que en la aludida audiencia de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, una vez que le fueron explicadas las prerrogativas que tiene como procesado, y asistido de un defensor público, se le dio la posibilidad de declarar, manifestando su deseo de no emitir su declaración preparatoria (minuto veinte con quince segundos del archivo denominado AUTO DE VINCULACIÓN 262-2019). Ahora, para justificar el tercero y cuarto de los requisitos que se exigen para el dictado de un auto de plazo constitucional, la juez responsable tomó en consideración los siguientes datos de prueba (dieciocho minutos con veinte segundos). Denuncia emitida por Zuleyma Hernández Rivera, emitida el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Entrevista a Isabel Rivera Morales, de treinta de septiembre de dos mil diecinueve Informe contenido en el oficio D.A./4974/2019, de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, suscrito y firmado por el Director Administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en el que se indicó (treinta y ocho minutos y veinticinco segundos) ".informa que para obtener plazas para las personas interesadas que quieran obtener una plaza, deben participar en el proceso de admisión conforme a los lineamientos administrativos, para dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo del año dos mil diecinueve, emitida por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional docente; por lo tanto el imputado Samuel Reyes Conti no está facultado para proporcionar, gestionar o realizar trámites para la obtención de plazas de base para docentes a persona alguna; para el otorgamiento de nombramientos de plaza de base, informa el director administrativo, que es a través de la Oficialía Mayor, esto con fundamento en el artículo 27 del Reglamento Interno del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; también informa que no existe un trámite alguno para obtener una plaza de docente de nivel telesecundaria a favor de la víctima Zuleyma Hernández Rivera; asimismo informa que la constancia de contratación con la categoría de docente a nombre de Zuleyma Hernández Rivera de fecha nueve de julio del año dos mil diecinueve, firmada por el licenciado Benjamín Ruiz Ruiz, Jefe del Departamento de Registros y Controles no fue generado por el portal electrónico del IEEPO; lo anterior toda vez de que en dicho portal solo pueden generarse los siguientes documentos: ingreso al centro de desarrollo infantil; un trámite para visa; crédito hipotecario; inscripción a la Universidad Pedagógica Nacional; titulación Universidad Pedagógica Nacional; la expedición del título Universidad Pedagógica Nacional y diversos trámites, pero no se puede decir de que efectivamente se imprimió en el portal electrónico del IEEPO la constancia que el imputado le mostró y le entregó a la víctima; y por último informa el director administrativo que después de realizar un escaneo del documento al código QR, esto con la finalidad de validar la autenticidad de la misma, arrojó que dicha información fue generada a favor del ciudadano Samuel Reyes Conti, para efectos de trámite de ingreso al centro de desarrollo infantil." Inspección realizada por la Agente Estatal de Investigaciones al teléfono de la víctima el treinta de septiembre de dos mil diecinueve (minuto cuarenta y uno con cuatro segundos), quien hizo constar, en lo esencial: ".dicho celular la víctima lo desbloquea, le enseña que dentro de sus contactos obra el registro del profesor Samuel Reyes Conti, con número telefónico 2871324889, el cual ingresa a la aplicación de whatsapp y encuentra su información de contacto aparece la frase por un Tuxtepec tranquilo ya no más sangre; posteriormente la víctima le muestra diversas conversaciones que tuvo con el imputado Samuel Reyes Conti, siendo esta una conversación larga que lleva a cabo durante varios días en donde se puede apreciar la insistencia del imputado hacia la víctima de conseguir dinero a cambio de asegurarle una plaza de maestra que le ofrece y que él puede obtener para ella, así como también le pide le recomiende a otras personas que quieran que las apoye para conseguirles plazas; asimismo la víctima muestra otra conversación de whatsapp con el profesor Samuel Reyes Conti en la cual el imputado insiste de manera grosera a la víctima que le dé más dinero para sus viáticos por los viajes que hace a la ciudad de Oaxaca, en los cuales obtiene información y documentación para las personas a las cuales está ayudando a conseguir empleo; y que si no le da dinero él ya no le dará información sobre su trámite; también la víctima muestra otro chat de whatsapp con el nombre snte tres profe, en donde se aprecia que la víctima envía información a ese grupo de whatsapp relacionadas a números de folio y nombres de personas interesadas en obtener una plaza; anexando el agente estatal de investigaciones de esto placas fotográficas." Con ellos, el fiscal investigador imputó que (minuto trece): ". la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, con fecha veintitrés de septiembre del presente año, inició la carpeta de investigación 33066/FVC/Oaxaca/2019, por el hecho que la ley señala como el delito de tráfico de plazas y servicios, cometido en perjuicio del servicio público del Estado, así como de Zuleyma Hernández Ramírez, en atención al siguiente hecho: La víctima es licenciada en pedagogía, egresada de la Universidad del Golfo, México campus Norte de Tierra Blanca. El día veintisiete de mayo del presente año, entregó su documentación en el edificio conocido como de la sección veintidós que se ubica en la calle de Armenta y López, en el Centro de la Ciudad de Oaxaca; esto, con la finalidad de participar en una convocatoria para obtener una plaza de nivel de telesecundaria que dicha sección había publicado. El día veintiuno de julio del año en curso, usted le realizó una llamada telefónica a la víctima de su número celular 2871324889, donde usted le dice que le podría facilitar todo el proceso de selección, asegurándole, que le obtendría un lugar dentro de la lista y que además se quedaría con una plaza en la Región de la Cuenca del Estado de Oaxaca, donde tiene su domicilio la víctima, pero a cambio le tendría que pagar cierta cantidad de dinero; motivo por el cual la víctima le pagó a usted dinero en efectivo con las siguientes fechas: el día veintiuno de julio del presente año, le pagó cuatro mil pesos; el día veintiséis de julio del año en curso, le pagó tres mil pesos y el veintinueve de julio del presente año, le pagó la cantidad de dos mil pesos; de la misma manera, por indicaciones de usted, la víctima el nueve de agosto del año en curso, le realizó dos depósitos en la cadena comercial denominada OXXO; el primero por la cantidad de cinco mil pesos y el segundo por la cantidad de dos mil quinientos pesos, a su cuenta del banco Santander de número 5579100181984681. El día doce de agosto del presente año a las diecisiete horas, usted se entrevistó con la víctima en la multiplaza de Tuxtepec, donde le mostró una constancia de contratación de fecha nueve de julio del año dos mil diecinueve, expedida por el licenciado Benjamín Ruiz Ruiz, Jefe del Departamento de Registros y Controles de la Dirección Administrativa del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, donde aparecen los datos de la víctima, pero un número de su curp estaba mal, por lo cual usted le comentó que iba a regresar a la ciudad de Oaxaca a componerla; en ese momento la víctima le entregó la cantidad de siete mil quinientos pesos; el cuatro de septiembre del año en curso, la víctima, al platicar con Mayra Gisela López Pérez y con su primo Raymundo Alejandro González López, personas a quien usted también les está tramitando su plaza, se dieron cuenta que también a ellos les enseñó una constancia de contratación parecida a la que le había enseñado a Zuleyma, pero esta constancia estaba firmada por el maestro Francisco López López; por dicha razón y ante el temor que los engañaran, hablaron con el maestro Francisco López López, titular de la Secretaría de Conflictos de nivel Telesecundarias del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, quien les manifestó que el nombre y la firma que aparecen en la constancia de contratación que usted les mostró no eran suyos. El siete de septiembre del presente año, usted le mandó mensajes a la víctima para pedirle quinientos pesos para sus viáticos, ya que iba a ir a la ciudad de Oaxaca a seguir con su trámite, contestándole la víctima que ya no le iba a dar más dinero porque se había dado cuenta que la constancia de contratación que le había enseñado sí tenía sus datos pero el QR que aparecía en dicha constancia aparecían los datos de usted, no los de ella; aunado a eso que no existe ningún trámite dentro del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, donde se vea favorecida para el otorgamiento de una plaza de nivel de Telesecundaria." Los tres primeros medios de prueba que el juez responsable valoró acertadamente de manera libre y lógica (dos horas con cuatro minutos y ocho segundos) en términos del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues señaló que ninguno de los datos de prueba fue obtenido vulnerando derechos humanos, lo que tampoco se advierte en esta instancia constitucional, ni ha sido declarada nula por diversa autoridad. Ahora, el artículo 240 Ter del Código Penal del Estado de Oaxaca dispone: "CAPÍTULO V DEL TRÁFICO DE PLAZAS Y SERVICIOS "ARTÍCULO 240 TER.- Se impondrá pena de tres a siete años de prisión y multa de cien a quinientas veces el salario mínimo, a quien obtenga un lucro o beneficio económico, prometiendo falsamente otorgar u obtener para otra persona un empleo, trabajo, cargo, plaza, comisión o nombramiento en el sector público o privado". De la anterior transcripción la responsable tuvo como elementos integradores del delito los siguientes (minuto treinta y seis con cuarenta y nueve segundos del DVD 0250-2018 A2P2 30.08.2018): La acción de prometer falsamente otorgar u obtener para otra persona empleo, trabajo, cargo, plaza, comisión o nombramiento en el sector público o privado Que de esa acción se obtenga un lucro o beneficio económico Ahora, el primero de dichos elementos, consistente en la acción de prometer falsamente otorgar un empleo o nombramiento en el sector público, el juez responsable lo tuvo por acreditado, de manera correcta, con la denuncia de la víctima Zuleyma Hernández Rivera, emitida el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve señaló (dos horas con cinco minutos y treinta y tres segundos), en la cual dio pormenores como los motivos por los que conoció a Samuel Reyes Conti, al acudir a las oficinas correspondientes a obtener una plaza a nivel telesecundaria; que posteriormente esta persona vía telefónica le ofreció una plaza y por ello se vieron en diferentes lugares para darle dinero en efectivo, de forma personal; que posteriormente la relación se empieza a fracturar dado que Samuel Reyes Conti no le dio algún dato del que se obtuviera que realizó el trámite prometido para obtener la plaza; Lo que concatenó con lo manifestado por Isabel Rivera Morales, madre de la víctima, quien aseguró que acompañó a su hija en el momento en que realizó la entrega del dinero a Samuel Reyes Conti, de manera personal, para específicamente obtener una plaza a nivel telesecundaria. Declaraciones donde percibieron hechos de manera personal y directa, a través de sus sentidos como la vista, el oído y el tacto, por lo que les dio credibilidad en ese aspecto. También relacionó las declaraciones con el informe de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, firmado por el Director Administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, pues de él se obtuvo que para que una persona pueda obtener una plaza deben participar en el proceso de admisión conforme a los lineamientos administrativos del artículo dos transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo de dos mil diecinueve y que por tanto Samuel Reyes Conti no está facultado para proporcionar, gestionar o realizar trámites para obtener plazas de base para docentes, pues esa facultad es de la Oficialía Mayor. De igual manera se obtuvo que no existía un trámite para obtener una plaza de docente de telesecundaria a favor de la víctima y que la constancia de contratación de nueve de julio de dos mil diecinueve, firmada por el Jefe del Departamento de Registros y Controles no fue generado por el portal electrónico del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, además de que al generar el escaneo del código QR, para validar la autenticidad del documento, la información contenida era para que el imputado pudiera ingresar al centro de desarrollo infantil. Documento al que dio credibilidad pues no se aportó prueba en contrario ni se objetó. En cuanto a las llamadas telefónicas, los mensajes y los depósitos realizados a la cuenta bancaria, no les dio credibilidad, debido a que la fiscalía, no realizó las investigaciones necesarias para determinar que el número de cuenta al que se realizaron depósitos y el número telefónico al que se realizaron las llamadas y se entendieron los mensajes, esté vinculado con el imputado, por lo que a la inspección realizada al teléfono celular de la víctima no le dio credibilidad. Precisado lo anterior, la responsable consideró que se acreditaron hechos que la ley señala como delito de tráfico de plazas y de servicios, previsto en el artículo 240 ter del Código Penal del Estado de Oaxaca, en el supuesto del sector público, de la siguiente manera (dos horas con veintinueve minutos): "Que la ciudadana Zuleyma Hernández Rivera en diversas fechas como lo son veintiuno de julio del presente año dos mil diecinueve, le pagó cuatro mil pesos al señor Samuel Reyes Conti; de igual forma el día veintiséis de julio del año dos mil diecinueve le pagó tres mil pesos al señor Samuel Reyes Conti; el veintinueve de julio del presente año le pagó la cantidad de dos mil pesos al señor Samuel Reyes Conti; el doce de agosto del año en curso, es decir del año dos mil diecinueve, le pagó siete mil quinientos pesos al señor Samuel Reyes Conti; ello con motivo de obtener una plaza a nivel telesecundaria de base en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y que el día doce de agosto del presente año a las diecisiete horas, la víctima se entrevistó con el imputado Samuel Reyes Conti en la multiplaza de Tuxtepec, donde el imputado le mostró una constancia de contratación de fecha nueve de julio del año dos mil diecinueve expedida por el licenciado Benjamín Ruiz Ruiz, Jefe de Departamento de Registros y Controles de la Dirección Administrativa de la Unidad de Recursos Humanos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, donde aparecían los datos de la víctima pero un número de su curp estaba mal, por lo cual el imputado le comentó que lo iba a llevar a la ciudad de Oaxaca a componerla; en ese momento la víctima le entregó esta última cantidad de siete mil quinientos pesos, haciendo un total de dieciséis mil quinientos pesos; ello para la obtención, vuelvo a repetir, de una plaza a nivel telesecundaria." Agregó (dos horas con treinta y dos minutos y cuarenta y nueve segundos): ".De los datos de prueba se advierte que el señor Samuel Reyes Conti prometió una plaza, cargo o trabajo falsamente, esto porque se acredita primeramente con la misma declaración de la ciudadana Zuleyma Hernández Rivera, a la que le ha mencionado la señorita que ella de viva voz le mencionó el señor Samuel Reyes Conti que le iba a otorgar una plaza a nivel telesecundaria, también una plaza basificada en virtud a que le iba a depositar diferentes cantidades de dinero y esto se advierte que es falsamente puesto que de la documental o del informe que aporta el Agente del Ministerio Público consistente en el informe de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve, suscrito y firmado por el licenciado Manuel Enrique Márquez Zamora, Director Administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, establece que el señor Samuel Reyes Conti no está facultado para proporcionar, gestionar, realizar trámites para la obtención de plazas de base para docentes a persona alguna; tampoco para el otorgamiento de nombramientos de plaza de base; ello se informó con este informe al cual se le dio credibilidad, de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecinueve y que se acredita de igual forma con el hecho que ya quedó precisado en el apartado correspondiente de este cuerpo resolutivo; es por eso mismo se advierte que también se obtuvo un lucro o beneficio económico en virtud a las cantidades de dinero que le otorgó la señora Zuleyma Hernández Rivera en diversas fechas como lo son con fecha veintiuno de julio del año dos mil diecinueve que le pagó cuatro mil pesos; el día veintiséis de julio del año dos mil diecinueve y le pagó tres mil pesos; el día veintinueve de julio le pagó también la cantidad de dos mil pesos y por último el doce de agosto del año dos mil diecinueve le pagó la cantidad de siete mil pesos. Ello se corrobora también con la misma declaración de su señora madre a la cual ya se le dio credibilidad de la señora Isabel Rivera Morales Que esta plaza, cargo o comisión sea nombramiento en el sector público o privado se advierte también y es de todos conocido que este tipo de plazas y como también se constata a través del informe que ya se le dio credibilidad, solamente se puede acceder a ellos en un proceso de admisión conforme a lo lineamientos administrativos para dar cumplimiento al artículo dos transitorio del decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de mayo del año dos mil diecinueve, emitida por la Coordinación Nacional de Servicios Profesionales Docente, y en consecuencia, se da por establecido que el hecho se subsume en dicho tipo penal." En cuanto a la probable comisión o participación del imputado, aquí quejoso, la juez responsable de manera atinada señaló que estaba acreditada, con los mismos datos de prueba (dos horas con treinta y cinco minutos y cincuenta y un segundos), pues: ". De acuerdo también a los datos de prueba en cuanto a la probable participación del ahora imputado, existe un señalamiento categórico directo por parte de la ciudadana Zuleyma Hernández Rivera de que la persona con la que se entrevistó, con la que le dio las cantidades de dinero en diferentes lugares de esta ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, es el señor Samuel Reyes Conti, y que precisamente es la persona que tenemos en esta sala de audiencias de este juzgado de control; ella sin lugar a equivocarse manifiesta su nombre y apellido puesto que así se lo proporcionó dicha persona y en consecuencia también existe la testimonial por parte de su señora madre la señora Isabel Rivera Morales, que también ella declara que es el señor Samuel Reyes Conti la persona a la que se otorgó quien recibió las cantidades de dinero antes referidas y a las que también por el hecho de que él le iba a conseguir una plaza un trabajo, nombramiento a su hija de nombre Zuleyma Hernández Rivera, y que les había prometido esa circunstancia." Actuar que el aquí quejoso hizo de forma dolosa en términos del artículo 8, fracción I del Código Penal del Estado de Oaxaca, pues sabía que la consecuencia de su actuar era antijurídica y no obstante la llevó a cabo con todos sus elementos; su intervención la hizo en términos del artículo 11, fracción I del citado código, ya que fue autor material por tener el dominio funcional del hecho, y sin que su actuar estuviera bajo alguna causa de exclusión del delito; además de ser mayor de edad y contar con la capacidad de goce y ejercicio por no advertirse lo contrario. De esta manera, fue acertado el actuar de la juez responsable al dictar contra el quejoso auto de vinculación a proceso, considerándolo probable responsable en la comisión del hecho señalado como delito de tráfico de plazas y servicios, previsto y sancionado en el artículo 240 ter del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, ya que en el acto reclamado se precisó, en función de las pruebas recabadas, la forma comisiva del delito; las peculiaridades del agente del delito; y la forma en que acontecieron los hechos por la que someterá a acusación al quejoso. De esta forma, los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo son INFUNDADOS, sin que se advierta deficiencia que suplir en la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En efecto, en sus conceptos de violación, el quejoso señala, en esencia, que el auto de vinculación a proceso es ilegal porque se le priva de su derecho al trabajo, cuando que no ha mediado algún juicio laboral; además de que en la causa penal no se trató alguna cuestión de la relación laboral entre el aquí quejoso con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Argumento que resulta inatendible, en la medida que en el auto de vinculación a proceso, no se ordena privarlo de su derecho al trabajo como servidor del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; además de que el acto restrictivo de libertad se encuentra fundado y motivado como se advierte en párrafos que preceden. Cabe agregar que no son necesarios elementos de prueba que demuestren de manera fehaciente los hechos de que se trata; pues lo importante es que, el actuar de la autoridad responsable se considera correcto, toda vez que no hay dato de prueba que demuestre que el quejoso no participó en el hecho ilícito que se recrimina, además de que, en el dictado del auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es mínimo, de tal forma que con los datos señalados por la autoridad ministerial, se demuestra la participación en grado probable del quejoso como sujeto activo, y en su caso, en la etapa de investigación complementaria, las partes, entre ellas quien solicita el amparo, pueden recabar medios de convicción que desvirtúen la comisión de la conducta que se le atribuye para ser analizados en la etapa de juicio -si se llega a ella-; sobre todo, porque en el acto reclamado solamente se fija la materia de la investigación por el hecho que la ley señala como delito, porque existen indicios razonables que demuestran la probabilidad de que lo cometió. Sobre este aspecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J.35/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página trescientos sesenta del libro cuarenta y cinco, tomo I, agosto de dos mil diecisiete, materia penal, registro 2014800, que a continuación se transcribe. "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Por otra parte, en cuanto a la medida cautelar impuesta, consistente en la suspensión temporal en ejercicio de una actividad profesional o laboral, la parte quejosa formuló un único concepto de violación, que hace valer en el sentido de que la determinación es ilegal, pues se le priva de su derecho al trabajo, sin que medie juicio laboral alguno; no obstante, se considera que la medida adoptada por el juez local resulta acertada. En efecto, los artículos 154, fracción II y 159, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 154. Procedencia de medidas cautelares El Juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido en los casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancia siguientes:. II. Se haya vinculado a proceso al imputado. "Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma." De los citados numerales se observa, que para dictar una medida como la que ahora se analiza, deben acreditarse los siguientes requisitos. Que la solicite el Ministerio Público Que se haya vinculado a proceso al imputado Que se establezca la medida y la justificación que la motivó. En el particular, se estima que el juez responsable actuó correctamente al emitir esa medida ya que el primero de los requisitos está satisfecho, pues el fiscal que interviene en el asunto, solicitó la medida (dos horas con treinta y nueve minutos y treinta y un segundos). También el segundo de los requisitos está colmado, pues como se vio en líneas que preceden, el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó auto de vinculación a proceso al quejoso. Finalmente, en cuanto al tercero de los requisitos, los artículos 155, 156 y 170 del código instrumental penal anotado, prevén: "Arti´culo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Pu´blico o de la vi´ctima u ofendido, el juez podra´ imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: La presentacio´n perio´dica ante el juez o ante autoridad distinta que aque´l designe; La exhibicio´n de una garanti´a econo´mica; El embargo de bienes; La inmovilizacio´n de cuentas y dema´s valores que se encuentren dentro del sistema financiero; La prohibicio´n de salir sin autorizacio´n del pai´s, de la localidad en la cual reside o del a´mbito territorial que fije el juez; El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institucio´n determinada o internamiento a institucio´n determinada; La prohibicio´n de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; La prohibicio´n de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las vi´ctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa; La separacio´n inmediata del domicilio; La suspensio´n temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores pu´blicos; La suspensio´n temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; La colocacio´n de localizadores electro´nicos; El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o La prisio´n preventiva. Las medidas cautelares no podra´n ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sancio´n penal anticipada." En caso de que el Ministerio Pu´blico, la vi´ctima, el asesor juri´dico, u ofendido, solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestio´n debera´ resolverse inmediatamente despue´s de formulada la imputacio´n. Para tal efecto, las partes podra´n ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes veinticuatro horas." "Arti´culo 156. Proporcionalidad El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Co´digo, debera´ tomar en consideracio´n los argumentos que las partes ofrezcan o la justificacio´n que el Ministerio Pu´blico realice, aplicando el criterio de mi´nima intervencio´n segu´n las circunstancias particulares de cada persona, en te´rminos de lo dispuesto en el arti´culo 19 de la Constitucio´n. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podra´ tomar en consideracio´n el ana´lisis de evaluacio´n de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en te´rminos de la legislacio´n aplicable. En la resolucio´n respectiva, el Juez de control debera´ justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado." Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida". Como se ve, entre las medidas enunciadas, se encuentran la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe, la exhibición de una garantía económica, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la prohibición de acercarse a ciertos lugares, así como la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, la prisión preventiva, entre otras. De acuerdo con el criterio de proporcionalidad establecido en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juzgador deberá atender, para la determinación de medidas cautelares, a los argumentos que establezcan las partes y a la justificación del Ministerio Público, ajustado su decisión sobre la base de los criterios de mínima intervención, según las particularidades de cada caso. Además de que se deberá de tomar en cuenta el análisis de evaluación de riesgo. Como consecuencia de lo anterior, debe examinarse la solicitud del fiscal, con base en parámetros lógicos y racionales que evidencien la necesidad de imponer la prisión preventiva al quejoso para asegurar su comparecencia al proceso. Para hacer eso posible, el juez de control debe realizar un estudio completo de los argumentos y datos de pruebas ofrecidas por las partes, bajo los principios de previsibilidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, para evaluar la emisión de la medida correspondiente, a fin que la resolución se ajuste a los extremos de motivación y se evite decidir con razones ajenas al derecho. Así, se considera que también se actualiza el tercero de los requisitos, porque en principio, el fiscal que solicitó la medida y lo hizo justificando (dos horas con cuarenta minutos), que el imputado podría desatenderse del proceso penal; la víctima también solicitó la medida para efecto que el imputado no se acercara a ella ni a su familia No obstante, el juez responsable negó la medida solicitada en esos términos atendiendo a la proporcionalidad de la medida y al no existir motivo de fuga en el caso, pues existe el oficio de diez de diciembre de dos mil diecinueve emitido por la Unidad de Medidas Cautelares en el que se determinó un riesgo bajo para que el imputado pueda darse a la fuga, además que se le citó a la audiencia y compareció; aunado a que tampoco hay peligro para la víctima, pues el delito es de tráfico de plazas y servicios y no uno donde estuviera en peligro su integridad física; agregó que no existe dato objetivo del que se advierta que la quiera agredir. Sin embargo, sí ponderó la circunstancia de que el imputado pueda reiterar la conducta que se le atribuye de manera probable, con otras personas; de que caigan en ese supuesto otras personas, por lo que advertía un riesgo para la comunidad, pues el Ministerio Público informó que el imputado era trabajador activo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca adscrito al Preescolar Jaime Torres Bonet en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, como oficial de servicios y mantenimiento; además de contar con otro proceso por los mismos hechos. Por lo que, de manera correcta, estimó la necesidad de imponer la medida cautelar, pues podría cometerse de nueva cuenta un delito, atendiendo a las circunstancias donde labora el imputado y ordenó girar el oficio respectivo al centro de trabajo y a la Unidad de Medidas Cautelares para que supervisara la medida impuesta. De ahí que resulte infundado el argumento del quejoso, en el sentido de que con la medida se le prive de su derecho al trabajo sin previo juicio laboral, pues la emisión de la medida no exige que previamente se desarrolle un juicio laboral para suspender al quejoso; además que el derecho al trabajo, conforme lo establece el primer párrafo del artículo 5º Constitucional, no es absoluta como otros derechos fundamentales, sino que admite restricciones, pues puede vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los derechos de la sociedad, y en el caso, la fracción XI del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales es una de esas medidas restrictivas, la cual está justificada y se estima necesaria y proporcional, compensada con el beneficio de que la sociedad recibirá un servicio público educativo en el que no se pretenda el ofrecimiento falso de nombramientos o empleos. Así, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal. Sin que resulte necesario analizar los alegatos formulados por el quejoso, ya que no forman parte de la litis. SÉPTIMO. Transparencia Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. OCTAVO. Captura del fallo en el sistema integral de seguimiento de expedientes Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ... contra el auto de vinculación a proceso y medida cautelar dictados el diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, por el Juez de Control del Distrito Judicial de la Cuenca, sede San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, dentro de la causa penal 262/2019, en los términos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente y regístrese. (LA PRESENTE DETERMINACIÓN SE PUBLICA HASTA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE) QUDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY
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