Samuel Quiroz Villanueva
Expediente 449/2020 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/09/2021
Partes del expediente
- Samuel Quiroz Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 1615/2021 signado por la presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, por Ministerio de Ley, con residencia en esta ciudad, a través del cual rinde su informe justificado; por tanto, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, únicamente agréguese a sus autos, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías y el primero de marzo de dos mil veintiuno, quedó firme dicha resolución, por lo que el presente expediente se encuentra concluido. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, primero de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, en atención a que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de ocho de febrero de dos mil veintiuno, emitida por este órgano jurisdiccional, por la que se sobreseyó el presente asunto; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 449/2020-II, promovido por Samuel Quiroz Villanueva, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria y de otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Con el escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veinte, en oficialía adscrita a este órgano jurisdiccional, Samuel Quiroz Villanueva, promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos y de las autoridades que a continuación se indican. Autoridades responsables: 1. Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Victoria, Tamaulipas; y, 2. Secretaria General de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: "4.1.- La omisión de la radicación de la demanda planteada por mí, en contra de EASY WAY MÉXICO MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V., recibida en la oficialía de partes de la autoridad señalada como responsable, con fecha 29 DE ENERO DE 2020, y en la cual se demanda la REINSTALACIÓN en mis labores a consecuencia del despido injustificado del que fui objeto, además del pago de diversas prestaciones inherentes a dicho despido, sin que hasta la fecha se haya radicado la demanda en términos de lo que dispone el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio hasta su conclusión, en términos de lo dispuesto por dicho ordenamiento legal. 4.2.- La substanciación del procedimiento laboral en la forma y términos previsto por la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 870, 871, 872, 873, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 883, 884 y 885 de la Ley Federal del Trabajo, hasta concluir con el laudo que ponga fin al juicio." (sic) Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Mediante auto emitido el seis de agosto de dos mil veinte, se ordenó formar expediente; se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en Heroica Matamoros, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario del amparo, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, del estudio integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: La omisión de radicar la demanda que se presentó el veintinueve de enero de dos mil veinte. Por otra parte, no escapa para este Juzgado de Distrito que la parte quejosa señala también como acto destacado: ".la substanciación del procedimiento laboral en la forma y términos previstos por la ley Federal del Trabajo, en los artículos 870, 871, 872, 873, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 883, 884 y 885 de la Ley Federal del Trabajo, hasta concluir con el laudo que ponga fin al juicio." Por lo que solicita que se le conceda el amparo de forma extensiva para todas las actuaciones subsecuentes, pretensión que sustenta en la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 45/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES". Empero, se invoca como hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que conforme a la resolución relativa al recurso de inconformidad 282/2013, de dieciocho de septiembre de dos mil trece, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, fue abandonado, al considerarse que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto de los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. El criterio que ahora se invoca, se encuentra publicado en la página 732 del Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Luego entonces, como se dijo, el acto que aquí se analizará se delimitó en función del mismo, conforme a la etapa específica donde se incurrió en la dilación u omisión reclamada. TERCERO. Sobreseimiento respecto de la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en su denominación correcta, por no ser autoridad para efectos del juicio de amparo. Con independencia de la certeza o no de los actos atribuidos a la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, se actualiza una causa de improcedencia en lo tocante a dicha funcionaria, en razón de que no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales, en su orden de cita disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la anterior transcripción se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos atribuidos a dependencias que no tengan la calidad de autoridad, entendida como tal, aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso, la parte quejosa en su escrito de demanda, señala como autoridad responsable a la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; sin embargo, ésta no tiene la calidad de autoridad responsable (en su denominación correcta) para los efectos del juicio de amparo, toda vez que está limitada a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, y sólo es una fedataria, sin imperio de facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar resoluciones, pues dicha función está reservada para el presidente de la misma. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/95, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 185, Tomo V, Abril de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Laboral, que en su rubro y texto dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario." En ese tenor, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer respecto de la Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas. CUARTO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, cabe destacar que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Victoria, Tamaulipas, al rendir su informe justificado remitió copia certificada del auto de once de febrero de dos mil veinte, por el cual la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, admitió y radicó el escrito inicial de demanda que fuera promovido por Samuel Quiroz Villanueva, registrándola como el expediente laboral 71/E06/2020 (fojas 49 a 52). En la inteligencia de que todo ello ocurrió antes de la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el cuatro de agosto de dos mil veinte. De ahí que dicha documental, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, demuestra que el acto reclamado resulta inexistente dado que al momento en que se presentó la demanda de amparo, la Junta ya había emitido el auto cuya omisión de dictar se reclamó. Sin soslayar que posteriormente la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, se excusó de conocer el aludido juicio de origen por lo que remitió los autos a su homóloga en Ciudad Victoria; empero, en el presente asunto se reclamó la omisión de radicar la demanda, por lo que de las constancias que adjuntó esta última autoridad se advierte que se radicó el pasado once de febrero de dos mil veinte, ante lo cual, como se dijo, procede el sobreseimiento en el juicio ante la inexistencia del acto reclamado en el presente juicio biinstancial. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Samuel Quiroz Villanueva. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, trece de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado actual que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se desprende que su trámite se suspendió del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, ello con motivo de la circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, al haberse aprobado por la Comisión Especial el punto de acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". En ese contexto, con fundamento en la fracción II, puntos 1 y 2 de la diversa Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación al punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia COVID-19", se levanta la suspensión de plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, por lo cual, se reanuda el procedimiento en el punto en el que quedó pausado, con efectos a partir del doce de enero del presente año. En consecuencia de lo expuesto, se cita a la audiencia constitucional, misma que tendrá verificativo a las diez horas con treinta y tres minutos del ocho de febrero de dos mil veintiuno; audiencia a la cual las partes podrán hacer llegar sus alegatos por escrito en términos del párrafo segundo del artículo 124 de la Ley de Amparo; lo anterior, sin perjuicio de que alguna de ellas considere indispensable intervenir oralmente, pues en ese supuesto deberá hacerlo saber a este Juzgado de Distrito para que se proceda, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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