Samuel Ortíz Colorado
Expediente 855/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 855/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Samuel Ortíz Colorado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 855/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (foja 114), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se sobreseyó por una parte y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Samuel Ortiz Colorado (fojas 74-89) para los efectos siguientes: "(.) En consecuencia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el juez responsable: 1). Deje insubsistente la resolución de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 1219/2022 de su índice. 2). En su lugar, emita una nueva determinación, en la que ciñéndose a los lineamientos de esta sentencia, se pronuncie de nueva cuenta respecto a la constancia laboral exhibida por el quejoso y, proceda a realizar el estudio adecuado de la necesidad de la menor acreedora frente a la posibilidad real de su deudor alimentario.(.)" En esas condiciones, mediante auto de diez de febrero de dos mil veintitrés (fojas 100 a 101), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de dieciséis de febrero del año en curso (foja 114), se acordó y ordenó dar vista a las partes con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior, es así, pues mediante oficio 1597/2022/Mesa10 el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, informó que dejó insubsistente la resolución de doce de septiembre de dos mil veintidós (acto reclamado) mediante la cual resolvió el recurso de reclamación de alimentos interpuesto por la aquí tercero interesada, derivado del juicio ordinario civil 1219/2022 de su índice; y emitió una nueva resolución en data de catorce de febrero de dos mil veintitrés. De dicha resolución se desprende que la responsable tomo en consideración las manifestaciones vertidas por el reclamante en el recurso de reclamación las cuales por una parte estimó infundados e inoperantes las pretensiones del reclamante, exponiendo que habida cuenta que para fijar el monto alimentario a favor de los acreedores alimenticios el juzgador ponderó los hechos narrados por la actora y medios de convicción ofertados por ésta con su escrito de demanda, de acuerdo a lo establecido por el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, el cual su segundo párrafo establece: "En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.". De lo que se plantea que la medida combatida dada su naturaleza y prioridad, se asigna sin necesidad de conceder la garantía al deudor alimentario, pues únicamente se exige que se satisfagan los particulares detallados en el párrafo que precede, supuestos que se probaron en el sumario a través de la copia certificada del acta de nacimiento de la menor, y le confirió valor probatorio pleno en términos de lo que establecen los artículos 210, 261 fracción IV y 265 del Código de Proceder de la materia, con la que se acreditó la relación paterno filial que vincula a la menor con su padre, aquí demandado de donde nacen sus derechos a ser alimentada por éste, en términos de lo que previenen los diversos 100, 101, 233, 234, 239, 242 y 244 de la Ley Instrumental de la materia, así como la capacidad económica del deudor alimentario. Lo que le permitió concluir en que el elemento de necesidad se prueba fehacientemente en autos, al tratarse de los acreedores alimentarios que por disposición expresa de la ley tienen a su favor la presunción legal de necesitarlos, presunción que sabido es, al deudor alimentario a quien corresponde su destrucción, carga procesal con la que ha cumplido hasta este momento procesal, acorde a lo que establecen los artículos 228 y 229 fracción I, de la referida Legislación Adjetiva de la materia y no como erróneamente señala en su escrito de reclamación. Por otra parte, aunque el reo expresó que siempre ha cumplido con su obligación de proporcionar alimentos, para lo cual exhibe cinco fichas de depósito realizadas en los autos del expediente número 1050/2022 del índice de este juzgado, sin que con los mismos logre acreditar el alegado cumplimiento, ya que cabe precisar que la contribución voluntaria de quien debe proporcionarlos no constituye la prueba idónea en el recurso de reclamación, que justifique la reducción del monto de la pensión provisional decretada, debido a que se trata de una obligación de tracto sucesivo, en virtud de que la necesidad de los mismos se genera de momento a momento, de ahí que su cumplimiento no puede sujetarse a la voluntad del deudor, para brindarlos en la forma y términos que este estime convenientes, sino que atendiendo al derecho de los alimentarios, debe fijarse por el órgano jurisdiccional, tomando en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado, como lo regula en materia de alimentos el artículo242 de la Citada ley Civil, máxime si tomamos en consideración que el aquí demandado no acreditó que los depósitos que dice realizar, sean de manera regular, constante e ininterrumpida, que acrediten que cumpla con sus deberes alimentarios de manera continua, constante y permanente y que las cantidades por él aportadas sean suficientes para cubrir las necesidades de sus alimentarios. De igual manera resulta improcedente el agravio sosteniendo en el sentido de que la actora debe contribuir a los gastos de la menor hija, ya que la actora tiene a la menor viviendo bajo su mismo techo con lo cual cumple con su obligación de proporcionar alimentos de manera directa a la menor hija; siendo necesario aclarar que la pensión alimenticia fijada solo es para la menor, ya que en el auto de inicio se indicó que la actora no acreditaba indiciariamente el carácter de concubina, por ello no se le señaló monto por concepto de pensión alimenticia fijada a su favor. Ahora bien, por cuanto hace al agravio de que la pensión es desproporcionada, ya que dice que gana diariamente menos del mínimo establecido, para lo cual exhibe una constancia laboral, expedida por BRIGIDO PRIETO PEÑALOZA, quien tiene el taller en calle Felipe Ángeles número 27, Colonia Ejidal, Ciudad Cardel, Veracruz, con un salario semanal de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), como auxiliar técnico, dicho agravio es PARCIALMENTE FUNDADO, devienen suficientes para reconsiderar la cantidad fijada como pensión alimenticia, atendiendo al principio de proporcionalidad y equidad jurídica contenido en el diverso 242 del Código Civil Vigente en el Estado, como a continuación se verá. Ahora, el autor de la presente considera que la inconformidad hecha valer por el deudor alimentario en contra de la pensión alimenticia fijada de manera provisional es fundada, y por ello, la cantidad fijada de manera provisional a favor de la menor, debe de ser reconsiderado por este tribunal, en razón de que, el agravio sostenido en la hipótesis de que con el dictado de la medida cautelar que se analiza se violó en su perjuicio los principios de proporcionalidad y equidad contenido en el artículo 242 del Código Sustantivo Civil, porque se tiene la manifestación hecha del mismo ante éste Tribunal en su escrito de demanda y de reclamación, en el que refiere que la cantidad señalada como pensión alimenticia le es imposible cumplirla, ya que de acuerdo a la constancia laboral exhibida, se advierte que el reo solo gana la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 moneda nacional) de manera semanal, y que en ocasiones gana menos, lo cual depende de la carga de trabajo que haya en el taller donde presta sus servicios como técnico. En ese sentido, estableció la capacidad económica del deudor alimentario para sufragar los gastos alimentarios de su menor hija, son a él, a quien le corresponde suministrarlos en términos del numeral 233 y 234 en íntima relación con el 239 del Código Sustantivo de la materia, pues tratándose para un infante los alimentos deben comprender la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad y los hijos los gastos necesarios para la educación básica de los alimentos y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales, máxime que los hijos menores de edad, gozan de la presunción de necesitar alimentos desde el momento en que lo reclaman. Sin embargo, no es óbice para el juzgador que en cuestión de alimentos deben de ser otorgados a la posibilidad del que debe darlos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 242 del Código Civil Veracruzano, y que tomando en cuenta que de la constancia laboral, expedida por BRIGIDO PRIETO PEÑOLOZA, quien tiene el taller en calle Felipe Ángeles número 27, Colonia Ejidal, Ciudad Cardel, Veracruz, con un salario semanal de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), como auxiliar técnico, donde se muestra su salario que percibe, por lo que, en atención a ello, se pondera que la posibilidad de proporcionar los alimentos, del que habla el artículo 242 del Código Civil Veracruzano, depende principalmente de su activo patrimonial, según sea el monto de sus salarios o ingresos, o el valor de sus bienes, los cuales en la especie se consideran insuficientes para cubrir la pensión reclamada; pero se atiende también a sus propias necesidades, sobre todo cuando vive separado de su acreedor alimentario, de lo que se deduce que se encuentran viviendo en domicilios separados, lo que, obviamente le genera mayores gastos, máxime a que debe proveerse alimentos por sí mismo así como también vestido, calzado y cubrir los requerimientos propios de donde vive y que tomando en consideración que el señor SAMUEL ORTIZ COLORADO, tiene el derecho, como cualquier otro ser humano, a su esparcimiento social, atendiendo a la Garantía Individual consagrada en el artículo 4 párrafo cuarto de la Constitución y que se incluyen en el concepto de alimentos que comprende el numeral 239 del Código Civil de Veracruz, lo que trae como consecuencia que se le contemple a su favor un numerario para este fin. En vista de lo anterior, con apoyo en lo que establecen los artículos 100, 101, 234, 240, 242, y 244 del Código Civil Vigente en el Estado, procedió modificar, la pensión provisional alimenticia decretada mediante auto de fecha cinco de julio del dos mil veintidós, y que se hizo consistir en la cantidad liquida de dos salarios mínimos diarios a razón de $172.87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 moneda nacional), lo que arroja la cantidad de $345.74 (trescientos cuarenta y cinco pesos 74/100 moneda nacional), para la menor; la cual se deja sin efectos, y en su lugar como medida provisional de alimentos a favor de su acreedora alimentaria, fijó el 30 % (TREINTA POR CINTO), para la menor, del sueldo que percibe en la fuente laboral el deudor alimentario, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva, ello por considerar el autor de la presente que el porcentaje alimentario aquí decretado cumple con las exigencias de proporcionalidad y equidad jurídica regulados por el multireferido artículo 242 de la ley sustantiva de la materia, con la aclaración de que el porcentaje alimentario se fija "respecto de los ingresos que le quedan al deudor luego de los descuentos de ley, que se le hacen a su salario." Como al respecto lo establece el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo actualmente reformada. Finalmente, el juzgador ordenó girar oficio a la fuente laboral, a efectos de que procediera a realizar el descuento ordenado en contra del demandado Samuel Ortiz Colorado, y la cantidad que resulte deberá dejarla a disposición de la parte actora previo recibo que otorgue, con la advertencia que de no hacerlo así se hará acreedor a las medidas de apremio que contempla el artículo 53 de la ley Procesal Civil Local además de incurrir en responsabilidad de doble pago por desacato. De igual manera giró oficio a la fuente laboral, para que en el término de tres días informara las prestaciones que percibe el reo y cuál sería el monto de la pensión alimenticia que recibiría la actora para la menor. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración En cuanto a los autos originales del incidente único de suspensión, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado mediante resolución de once de octubre de dos mil veintidós (fojas 39 a 41 vta), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años . Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe..." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a las partes mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés (foja 114), para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, se sobreseyó por una parte y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Samuel Ortiz Colorado (fojas 74-89) para los efectos siguientes: "(.) En consecuencia, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el juez responsable: 1). Deje insubsistente la resolución de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio ordinario civil 1219/2022 de su índice. 2). En su lugar, emita una nueva determinación, en la que ciñéndose a los lineamientos de esta sentencia, se pronuncie de nueva cuenta respecto a la constancia laboral exhibida por el quejoso y, proceda a realizar el estudio adecuado de la necesidad de la menor acreedora frente a la posibilidad real de su deudor alimentario.(.)" En esas condiciones, mediante auto de diez de febrero de dos mil veintitrés (fojas 100 a 101), se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz. Seguidamente, en auto de dieciséis de febrero del año en curso (foja 114), se acordó y ordenó dar vista a las partes con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior, es así, pues mediante oficio 1597/2022/Mesa10 el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, informó que dejó insubsistente la resolución de doce de septiembre de dos mil veintidós (acto reclamado) mediante la cual resolvió el recurso de reclamación de alimentos interpuesto por la aquí tercero interesada, derivado del juicio ordinario civil 1219/2022 de su índice; y emitió una nueva resolución en data de catorce de febrero de dos mil veintitrés. De dicha resolución se desprende que la responsable tomo en consideración las manifestaciones vertidas por el reclamante en el recurso de reclamación las cuales por una parte estimó infundados e inoperantes las pretensiones del reclamante, exponiendo que habida cuenta que para fijar el monto alimentario a favor de los acreedores alimenticios el juzgador ponderó los hechos narrados por la actora y medios de convicción ofertados por ésta con su escrito de demanda, de acuerdo a lo establecido por el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles, el cual su segundo párrafo establece: "En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva.". De lo que se plantea que la medida combatida dada su naturaleza y prioridad, se asigna sin necesidad de conceder la garantía al deudor alimentario, pues únicamente se exige que se satisfagan los particulares detallados en el párrafo que precede, supuestos que se probaron en el sumario a través de la copia certificada del acta de nacimiento de la menor, y le confirió valor probatorio pleno en términos de lo que establecen los artículos 210, 261 fracción IV y 265 del Código de Proceder de la materia, con la que se acreditó la relación paterno filial que vincula a la menor con su padre, aquí demandado de donde nacen sus derechos a ser alimentada por éste, en términos de lo que previenen los diversos 100, 101, 233, 234, 239, 242 y 244 de la Ley Instrumental de la materia, así como la capacidad económica del deudor alimentario. Lo que le permitió concluir en que el elemento de necesidad se prueba fehacientemente en autos, al tratarse de los acreedores alimentarios que por disposición expresa de la ley tienen a su favor la presunción legal de necesitarlos, presunción que sabido es, al deudor alimentario a quien corresponde su destrucción, carga procesal con la que ha cumplido hasta este momento procesal, acorde a lo que establecen los artículos 228 y 229 fracción I, de la referida Legislación Adjetiva de la materia y no como erróneamente señala en su escrito de reclamación. Por otra parte, aunque el reo expresó que siempre ha cumplido con su obligación de proporcionar alimentos, para lo cual exhibe cinco fichas de depósito realizadas en los autos del expediente número 1050/2022 del índice de este juzgado, sin que con los mismos logre acreditar el alegado cumplimiento, ya que cabe precisar que la contribución voluntaria de quien debe proporcionarlos no constituye la prueba idónea en el recurso de reclamación, que justifique la reducción del monto de la pensión provisional decretada, debido a que se trata de una obligación de tracto sucesivo, en virtud de que la necesidad de los mismos se genera de momento a momento, de ahí que su cumplimiento no puede sujetarse a la voluntad del deudor, para brindarlos en la forma y términos que este estime convenientes, sino que atendiendo al derecho de los alimentarios, debe fijarse por el órgano jurisdiccional, tomando en cuenta la necesidad del acreedor y la posibilidad económica del obligado, como lo regula en materia de alimentos el artículo242 de la Citada ley Civil, máxime si tomamos en consideración que el aquí demandado no acreditó que los depósitos que dice realizar, sean de manera regular, constante e ininterrumpida, que acrediten que cumpla con sus deberes alimentarios de manera continua, constante y permanente y que las cantidades por él aportadas sean suficientes para cubrir las necesidades de sus alimentarios. De igual manera resulta improcedente el agravio sosteniendo en el sentido de que la actora debe contribuir a los gastos de la menor hija, ya que la actora tiene a la menor viviendo bajo su mismo techo con lo cual cumple con su obligación de proporcionar alimentos de manera directa a la menor hija; siendo necesario aclarar que la pensión alimenticia fijada solo es para la menor, ya que en el auto de inicio se indicó que la actora no acreditaba indiciariamente el carácter de concubina, por ello no se le señaló monto por concepto de pensión alimenticia fijada a su favor. Ahora bien, por cuanto hace al agravio de que la pensión es desproporcionada, ya que dice que gana diariamente menos del mínimo establecido, para lo cual exhibe una constancia laboral, expedida por BRIGIDO PRIETO PEÑALOZA, quien tiene el taller en calle Felipe Ángeles número 27, Colonia Ejidal, Ciudad Cardel, Veracruz, con un salario semanal de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), como auxiliar técnico, dicho agravio es PARCIALMENTE FUNDADO, devienen suficientes para reconsiderar la cantidad fijada como pensión alimenticia, atendiendo al principio de proporcionalidad y equidad jurídica contenido en el diverso 242 del Código Civil Vigente en el Estado, como a continuación se verá. Ahora, el autor de la presente considera que la inconformidad hecha valer por el deudor alimentario en contra de la pensión alimenticia fijada de manera provisional es fundada, y por ello, la cantidad fijada de manera provisional a favor de la menor, debe de ser reconsiderado por este tribunal, en razón de que, el agravio sostenido en la hipótesis de que con el dictado de la medida cautelar que se analiza se violó en su perjuicio los principios de proporcionalidad y equidad contenido en el artículo 242 del Código Sustantivo Civil, porque se tiene la manifestación hecha del mismo ante éste Tribunal en su escrito de demanda y de reclamación, en el que refiere que la cantidad señalada como pensión alimenticia le es imposible cumplirla, ya que de acuerdo a la constancia laboral exhibida, se advierte que el reo solo gana la cantidad de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 moneda nacional) de manera semanal, y que en ocasiones gana menos, lo cual depende de la carga de trabajo que haya en el taller donde presta sus servicios como técnico. En ese sentido, estableció la capacidad económica del deudor alimentario para sufragar los gastos alimentarios de su menor hija, son a él, a quien le corresponde suministrarlos en términos del numeral 233 y 234 en íntima relación con el 239 del Código Sustantivo de la materia, pues tratándose para un infante los alimentos deben comprender la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad y los hijos los gastos necesarios para la educación básica de los alimentos y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales, máxime que los hijos menores de edad, gozan de la presunción de necesitar alimentos desde el momento en que lo reclaman. Sin embargo, no es óbice para el juzgador que en cuestión de alimentos deben de ser otorgados a la posibilidad del que debe darlos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 242 del Código Civil Veracruzano, y que tomando en cuenta que de la constancia laboral, expedida por BRIGIDO PRIETO PEÑOLOZA, quien tiene el taller en calle Felipe Ángeles número 27, Colonia Ejidal, Ciudad Cardel, Veracruz, con un salario semanal de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 moneda nacional), como auxiliar técnico, donde se muestra su salario que percibe, por lo que, en atención a ello, se pondera que la posibilidad de proporcionar los alimentos, del que habla el artículo 242 del Código Civil Veracruzano, depende principalmente de su activo patrimonial, según sea el monto de sus salarios o ingresos, o el valor de sus bienes, los cuales en la especie se consideran insuficientes para cubrir la pensión reclamada; pero se atiende también a sus propias necesidades, sobre todo cuando vive separado de su acreedor alimentario, de lo que se deduce que se encuentran viviendo en domicilios separados, lo que, obviamente le genera mayores gastos, máxime a que debe proveerse alimentos por sí mismo así como también vestido, calzado y cubrir los requerimientos propios de donde vive y que tomando en consideración que el señor SAMUEL ORTIZ COLORADO, tiene el derecho, como cualquier otro ser humano, a su esparcimiento social, atendiendo a la Garantía Individual consagrada en el artículo 4 párrafo cuarto de la Constitución y que se incluyen en el concepto de alimentos que comprende el numeral 239 del Código Civil de Veracruz, lo que trae como consecuencia que se le contemple a su favor un numerario para este fin. En vista de lo anterior, con apoyo en lo que establecen los artículos 100, 101, 234, 240, 242, y 244 del Código Civil Vigente en el Estado, procedió modificar, la pensión provisional alimenticia decretada mediante auto de fecha cinco de julio del dos mil veintidós, y que se hizo consistir en la cantidad liquida de dos salarios mínimos diarios a razón de $172.87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 moneda nacional), lo que arroja la cantidad de $345.74 (trescientos cuarenta y cinco pesos 74/100 moneda nacional), para la menor; la cual se deja sin efectos, y en su lugar como medida provisional de alimentos a favor de su acreedora alimentaria, fijó el 30 % (TREINTA POR CINTO), para la menor, del sueldo que percibe en la fuente laboral el deudor alimentario, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva, ello por considerar el autor de la presente que el porcentaje alimentario aquí decretado cumple con las exigencias de proporcionalidad y equidad jurídica regulados por el multireferido artículo 242 de la ley sustantiva de la materia, con la aclaración de que el porcentaje alimentario se fija "respecto de los ingresos que le quedan al deudor luego de los descuentos de ley, que se le hacen a su salario." Como al respecto lo establece el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo actualmente reformada. Finalmente, el juzgador ordenó girar oficio a la fuente laboral, a efectos de que procediera a realizar el descuento ordenado en contra del demandado Samuel Ortiz Colorado, y la cantidad que resulte deberá dejarla a disposición de la parte actora previo recibo que otorgue, con la advertencia que de no hacerlo así se hará acreedor a las medidas de apremio que contempla el artículo 53 de la ley Procesal Civil Local además de incurrir en responsabilidad de doble pago por desacato. De igual manera giró oficio a la fuente laboral, para que en el término de tres días informara las prestaciones que percibe el reo y cuál sería el monto de la pensión alimenticia que recibiría la actora para la menor. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración En cuanto a los autos originales del incidente único de suspensión, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado mediante resolución de once de octubre de dos mil veintidós (fojas 39 a 41 vta), con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años . Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. Con esta fecha y por este conducto se notifica a las partes ,quejosa y tercero interesada , el proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.
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Boca del Río, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene remitiendo las constancias con las que considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con el oficio y anexo de cuenta, con registro 2403, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. Lo que se notifica por este conducto y en esta fecha a las partes quejosa y tercero interesada, por así estar ordenado en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ por una parte y por la otra la justicia Federal AMPARA Y PROTEGE a ******************** en el presente asunto (fojas 74 a 89), HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, toda vez que en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable, 1. Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de dicha Ley de Amparo, se le requiere para que dentro del plazo de TRES DÍAS realice los actos señalados en la ejecutoria de mérito, el cual se circunscribe a: "(...) que el Juez responsable 1). Deje insubsistente la resolución de doce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el ******************** de su índice. 2). En su lugar, emita una nueva determinación en la que, ciñéndose a los lineamientos de esta sentencia, se pronuncie de nueva cuenta respecto a la constancia laboral exhibida por el quejoso y, proceda a realizar el estudio adecuado de la necesidad de la menor acreedora frente a la posibilidad real de su deudor alimentario. (...)" Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acrediten dicho cumplimiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, durante la tramitación de este juicio de amparo las autoridades acompañaron diversas documentales a sus informes justificados: a) Un tomo de pruebas -acordado en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós (foja 39)- remitidos por las autoridades responsables 1. Juez y 2. Secretario de Acuerdos, ambos del Juzgado Octavo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz. Ahora bien, el suscrito estima innecesario que continúen las aludidas constancias en este Juzgado, en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
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