Samuel Olán Juárez
Expediente 145/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 145/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/03/2017
Partes del expediente
- Samuel Olán Juárez
- Juan Méndez Fajardo
- Abraham Olan Juárez
- Samuel Olán Juárez y Otros.
- Juez Tercero del Ramo Penal Especializado para la Atención de Delitos Graves del Distrito Judicial Tuxtla Cintalapa, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el pedimento 150/2017 de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, con el que comunica que el veintidós de marzo del actual, remitió copias certificadas del presente juicio al Procurador General de la Republica en Tabasco, con el objeto de que se avoque a investigar posibles actos de tortura contra ****, y al efecto para acreditarlo, adjuntó el acuse de recibo del oficio 171/2017. Cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el pedimento 142/2017 de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, con el que comunica que el veintidós de febrero del actual, remitió copias certificadas del presente juicio a la Supervisora de la Unidad de Atención Inmediata de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal Chiapas, con sede en esta ciudad, con el objeto de que se avoque a investigar posibles actos de tortura contra ******** y al efecto para acreditarlo, adjuntó el acuse de recibo del oficio 12/2017. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas dos de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de los aquí quejosos, mediante el cual hacen diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, las cuales serán materia de estudio en la parte in fine de la presente determinación. Por otra parte, agréguese a los autos el pedimento 106/2017, signado por la agente de la Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Juzgado mediante el devuelve las copias certificadas del presente juicio de amparo, por las razones que expone; en atención a lo que solicita la autoridad oficiante y previo cotejo con el original, por oficio, devuélvase las citadas constancias. Finalmente, dado el estado procesal que guarda el presente asunto, este juzgador procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en este juicio. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante oficio de trece de febrero de dos mil diecisiete, al resolver el recurso de revisión interpuesto por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, confirmó la sentencia dictada en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos ****. Mediante proveído de trece de febrero del año en curso (fojas 609 y 611), se requirió al Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, el cumplimiento del citado fallo, en que se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: a) Deje sin efectos el auto de formal prisión de diez de julio de dos mil quince, pronunciado en la causa penal ****** b) Reponga el procedimiento en la etapa de preinstrucción, a efecto de ordenar la ratificación del dictamen en materia de fotografía y transcripción de audio, rendido por perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, que no fue debidamente ratificado en la averiguación previa; sin embargo, de no lograr la comparecencia del suscriptor en el plazo constitucional, deberá evitar conceder validez probatoria al citado medio de convicción. Lo anterior, en el entendido de que dicha prueba presenta un vicio formal susceptible de ser subsanado en cualquier etapa del procedimiento, inclusive, de decretarse la libertad con las reservas de ley, al perfeccionarse el ejercicio de la acción penal. c) Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, excluyendo la declaración del indiciado ******, que en la indagatoria fue obtenida en forma ilícita, y sin que pueda tomar en cuenta mayores probanzas a las inicialmente consideradas, resuelva de nueva cuenta la situación jurídica de los peticionarios dentro del plazo constitucional; resolución que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos reclamados a la autoridad ejecutora, por no haberse impugnado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal". De lo transcrito se colige que fueron dos los efectos del fallo protector, el primero, para que se decretara la reposición del procedimiento en la etapa de preinstrucción, con el objeto de que se recabara la ratificación del dictamen en materia de fotografía y transcripción de audio, rendido por la perito adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, que no fue debidamente ratificado en la averiguación previa, en la inteligencia de que si no se lograba desahogar tal diligencia, el juez de instancia no debía otorgarle valor probatorio a tal medio de convicción; y, El segundo, para que con plenitud de jurisdicción decidiera nuevamente la situación jurídica de los peticionarios de amparo; resolución que podría ser en el mismo sentido que la anterior, purgando los vicios formales que le afectaba o en sentido diverso, pero, excluyendo la declaración de ******* que fue obtenida en forma ilícita en la indagatoria y sin que tomara en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas. Corolario a lo expuesto es que de no conseguirse la ratificación de la pericial citada, tanto ésta como el dicho de *****, no debían ser considerados como elementos de prueba para decretar auto de formal prisión contra los aquí quejosos. Así, por oficio ***** de quince de febrero del año en curso, recibido en este juzgado en esta misma fecha, el Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, comunicó que en los autos de la causa penal ******, instruida contra ****** dejó insubsistente el auto de formal prisión de diez de junio de dos mil quince (sic); asimismo, ordenó la ratificación del dictamen en materia de fotografía y transcripción de audio rendido por ******, perito adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Chiapas y finalmente, que decretó la ampliación del término constitucional en dicha causa penal. Mediante diverso de veinte de febrero del actual, el referido juez, remitió copia certificada de la resolución constitucional de esa propia fecha, dictada en la causa penal *****, de su índice. Documentales que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su precepto 2, tienen valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Del análisis de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que en la causa penal ****** el juez de instrucción dejó insubsistente el auto de formal prisión de diez de junio de dos mil quince (sic), y en su lugar, dictó otro, en el mismo sentido, es decir, decretó auto de formal prisión contra los aquí quejosos, porque a su juicio con los elementos de pruebas que tuvo a la vista, se acreditó el cuerpo del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso a) y agravado por el diverso 10, incisos a), b) y c), así como la fracción II, de dicho precepto, todos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como la probable responsabilidad de dichos implicados. Para acreditar el cuerpo del delito del citado ilícito y la probable responsabilidad de los aquí quejosos tomó en consideración los siguientes elementos de prueba: 1. Declaración de ****** y su ampliación, recabada ante el Ministerio Público, el dos y tres de julio de dos mil quince, respectivamente. 2. Declaración de ******, de veinticinco de junio de dos mil quince. 3. Declaración del testigo presencial de los hechos *****, de veinticinco de junio de dos mil quince. 4. Parte informativo ******, suscrito por ******, agentes de la policía Especializada. 5. La puesta a disposición signado por *******, policías de investigación adscritos a la Fiscalía en Combate de Secuestro y Extorsión del Estado de Tabasco. 6. Puesta a disposición número *****, de dos de julio de dos mil quince, suscrito por *****, agentes de la Policía Especializada en Secuestro. 7. Declaración del inculpado ******, de tres de julio de dos mil quince. 8. Declaración del coinculpado ******, de tres de julio de dos mil quince. 9. Declaración de ***** alias "¨****", de tres de julio de dos mil quince. 10. Declaración de *****, de veinticinco de junio de dos mil quince. 11. Declaración de *****, de tres de julio de dos mil quince. 12. Declaración de *****, de tres de julio de dos mil quince. 13. Fe ministerial del numerario de veintisiete y veintinueve de julio de dos mil quince. 14. Inspección ministerial del lugar de los hechos de veinticinco de junio de dos mil quince. 15. Declaraciones de ****** En consecuencia, si la responsable para dictar el nuevo auto de formal prisión se apoyó en las pruebas anteriormente relacionadas, excluyendo la declaración ******* y el dictamen en materia de fotografía y transcripción de audio, rendido por ******, perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, que no fue debidamente ratificado en la averiguación previa ni dentro del plazo constitucional ampliado, es inconcuso que la autoridad responsable se apegó a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, SE DECLARA CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. Sin que se advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. No es óbice lo anterior las manifestaciones que aducen los quejosos en su escrito de cuenta en el sentido de que no está cumplido el fallo protector, porque a) la nueva resolución de término constitucional fue emitida por un secretario por ministerio de ley y no por el juez de la causa; b) en dicha resolución se incluyeron y valoraron diversas constancias que no fueron tomadas en cuenta en el auto que en su momento impugnaron y, c) que en esa resolución la responsable insiste en tomar en cuenta medios de pruebas que este juzgado federal ordenó fueran excluidos en la nueva resolución, en específico la pericial de ******, perito adscrito a la Fiscalía Especializada en Secuestro. Lo anterior se afirma así, porque aunque ciertamente el auto de formal prisión de veinte de febrero de dos mil diecisiete, fue emitido por la Primera Secretaria de Acuerdos, encargada del despacho por ministerio de ley, del Juzgado Tercero Penal para la Atención de Delitos Graves, de los Distritos Judiciales de Chiapa-Cintalapa y Tuxtla y que además, en el considerando tercero de la nueva resolución, efectivamente relacionó el peritaje que no fue ratificado en el periodo de la averiguación previa. El primer argumento es ineficaz, porque tal situación no forma parte de la ejecutoria de amparo, y en ese sentido, aunque ello llegara a transcender como lo alegan los quejosos al grado de generar la inconstitucionalidad de la misma, es un aspecto que puede ser alegado en un diverso medio de impugnación o juicio de amparo que se haga valer contra dicha resolución, pero no puede incidir en la determinación sustentada en la presente resolución. En relación a lo segundo, aunque es fundado lo que alega, en el sentido de que en el nuevo auto de formal prisión relacionó el peritaje de ******, perito adscrito a la Fiscalía Especializada en Secuestro, de la lectura integral de dicha resolución se aprecia que en el apartado relativo al cuerpo del delito y la probable responsabilidad, como ya se precisó, dicha pericial no fue tomada en cuenta para acreditar tales extremos, por ende, ningún agravio produce la simple relación de esa prueba en la resolución en el que solo se enlistaron las pruebas acopiadas en la averiguación previa, origen del proceso penal ******, del índice de la responsable. Finalmente, en torno al argumento que refieren los quejosos en el sentido de que en el nuevo auto de formal prisión se tomaron en cuenta pruebas que no fueron incluidas en el original auto de formal prisión combatido, es decir, el auto de formal prisión de diez de julio de dos mil quince, ello también es infundado, porque contrario a lo que aduce, de la simple comparación entre aquélla resolución de diez de julio de dos mil quince, consultable de las fojas 533 a la 655 del tomo II de pruebas con el nuevo auto de formal prisión de veinte de febrero de dos mil diecisiete, no se advierte que el juez responsable para acreditar el delito de secuestro y la probable responsabilidad de los implicados haya incluido nuevas pruebas o evidencias para colmar esos extremos, por el contrario, se limitó a tomar en cuenta las pruebas inicialmente consideradas en el auto de formal prisión de diez de julio de dos mil quince, excluyendo únicamente de ese acervo probatorio la pericial en materia de fotografía y transcripción de audio, rendido por perito adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas y la declaración del indiciado *******; luego, lo alegado en esos términos como se precisó, resulta infundado. Por tales motivos, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 párrafo cuarto y 214 este último interpretado en contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, al haberse declarado cumplida la sentencia de marras, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a su particularidad es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por lo que una vez transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento en concordancia con la fracción IV del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé; ello, tomando en consideración que no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Además, depurable el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. También, destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena devolver al Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, las copias certificadas de la causa penal ******* (cinco tomos), de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el pedimento 94/2017, signado por la agente de la Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria; sin realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, en virtud que la vista otorgada en proveído de veintiuno de febrero del actual, fue para el quejoso y terceros interesados, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Asimismo, glósese a los autos el pedimento 97/2017 de la citada fiscal, con el que comunica que el veintidós de febrero del actual, remitió copias certificadas del presente juicio a la Supervisora de la Unidad de Atención Inmediata de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal Chiapas, con sede en esta ciudad, con el objeto de que se avoque a investigar posibles actos de tortura contra ****, ***** y ****, y al efecto para acreditarlo, adjuntó el acuse de recibo del oficio 07/2017. Notifíquese.
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