Samuel Muñoz Lora

Expediente 682/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
682/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Samuel Muñoz Lora

Actuaciones

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el acuerdo del trece de octubre pasado, donde se desechó la demanda promovida por *** ***** ****, por tanto, con fundamento en el ordinal 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. Ahora, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; lo anterior en atención a que se desechó la demanda. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese; y por medio de lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de María del Carmen García Monjaraz, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la razón actuarial de cuenta por la que la actuaria judicial manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar de manera personal al quejoso Samuel Muñoz Lora, el proveído de trece de octubre pasado por las razones que expone; en tales circunstancias, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese al quejoso el proveído, y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista electrónica. Notifíquese; mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bertha Carrillo Romero, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. Por otra parte, y como lo indica el acuerdo que antecede, se notifica asl quejoso el acuerdo de trece de octubre de dos mil veinte, que dice "Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ******************, por derecho propio, contra actos de ******************, Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Primera del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y otra autoridad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 682/2020-II. El quejoso señala como actos reclamados la orden de presentación girada en su contra, así como su ejecución. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica del promovente, al ser inexistentes al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema, el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación al quejoso debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo en que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido en el momento de la promoción del juicio, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético. En el caso que nos ocupa, del contenido de los antecedentes que el quejoso narra bajo protesta de decir verdad, se observa que los actos de autoridad se hacen depender del hecho de que el veintiocho de septiembre del año en curso, se presentaron en su domicilio laboral dos personas del sexo masculino mencionándole que formaban parte de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y que contaban con una orden de presentación emitida en su contra en la carpeta de investigación ******************, con número económico ******. De esta forma es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del promovente, sino que se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo al observase conjeturas sobre una posible privación de la libertad y no así un acto real y actual que se pretenda materializar en su contra. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la imposibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha la demanda de amparo. Por otra parte, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su demanda de amparo; lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado Federal; por tanto, requiérasele para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de este proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de la lista electrónica que se publique en el Portal del Consejo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la ley de la materia. Atento a lo anterior, por única ocasión se comisiona a un actuario adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio indicado en la demanda de amparo, y notifique el contenido de este proveído al quejoso. Se habilitan días y horas inhábiles para que se realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal en este sumario constitucional. Es preciso destacar que, para la práctica de la notificación personal ordenada en esta determinación, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Ténganse por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece. Por lo que respecta al correo electrónico y número telefónico que proporciona, se toma conocimiento, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgador lo considere necesario durante la tramitación de este juicio. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; personalmente al quejoso. Notifíquese; personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Luis Eduardo Villa Jaimes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."

  3. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ******************, por derecho propio, contra actos de ******************, Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Primera del Sistema Acusatorio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y otra autoridad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 682/2020-II. El quejoso señala como actos reclamados la orden de presentación girada en su contra, así como su ejecución. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica del promovente, al ser inexistentes al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema, el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación al quejoso debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo en que se exige que con el acto reclamado se cause afectación al interesado en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido en el momento de la promoción del juicio, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético. En el caso que nos ocupa, del contenido de los antecedentes que el quejoso narra bajo protesta de decir verdad, se observa que los actos de autoridad se hacen depender del hecho de que el veintiocho de septiembre del año en curso, se presentaron en su domicilio laboral dos personas del sexo masculino mencionándole que formaban parte de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y que contaban con una orden de presentación emitida en su contra en la carpeta de investigación ******************, con número económico ******. De esta forma es evidente que a la fecha de la presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del promovente, sino que se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo al observase conjeturas sobre una posible privación de la libertad y no así un acto real y actual que se pretenda materializar en su contra. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la imposibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha la demanda de amparo. Por otra parte, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su demanda de amparo; lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado Federal; por tanto, requiérasele para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de este proveído, señale un domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de la lista electrónica que se publique en el Portal del Consejo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la ley de la materia. Atento a lo anterior, por única ocasión se comisiona a un actuario adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio indicado en la demanda de amparo, y notifique el contenido de este proveído al quejoso. Se habilitan días y horas inhábiles para que se realicen las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal en este sumario constitucional. Es preciso destacar que, para la práctica de la notificación personal ordenada en esta determinación, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Ténganse por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece. Por lo que respecta al correo electrónico y número telefónico que proporciona, se toma conocimiento, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgador lo considere necesario durante la tramitación de este juicio. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; personalmente al quejoso. Notifíquese; personalmente al quejoso. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Luis Eduardo Villa Jaimes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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