Samuel Morales Carrera
Expediente 1302/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1302/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/09/2023
Partes del expediente
- Samuel Morales Carrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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L. 4 San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado por********************autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En tal sentido, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente electrónico en que se actúa, es decir, obren las constancias de notificación a las partes del auto de esta fecha por el que se tiene por interpuesto el recurso de revisión y se ordena correr traslado con copia del escrito de agravios; en el término de tres días siguientes a ello; autorícese la disponibilidad del expediente electrónico para su consulta vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno, a fin de que se sirva sustanciarlo. Copias. Con fundamento en artículo 88 de la Ley de Amparo, se ordena expedir las copias del recurso de revisión, toda vez que se presentó de forma electrónica. Sin que al caso sea necesario formar cuadernillo de antecedentes, toda vez que la documentación recibida vía electrónica, generada o firmada electrónicamente consta únicamente en el expediente electrónico y no en el expediente físico (impreso). Lo anterior con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 3, fracción III, 21, 22 y 24 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Notifíquese
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ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DICTADO EL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRES, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Petición. La autoridad responsable Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla: Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable, manifiesta y acredita que el veintidós de agosto de dos mil veintidós, se señalaron las diez horas del día trece de septiembre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la diligencia de reinstalación y, a fin de acreditar lo anterior anexa copia certificada del acuerdo de referencia. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el acto reclamado cesó en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la autoridad responsable han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse señalado día y hora para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación del aquí quejoso. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Petición. La autoridad responsable Tribunal de Arbitraje en el Estado de Puebla: Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable, manifiesta y acredita que el veintidós de agosto de dos mil veintidós, se señalaron las diez horas del día trece de septiembre de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la diligencia de reinstalación y, a fin de acreditar lo anterior anexa copia certificada del acuerdo de referencia. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el acto reclamado cesó en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la autoridad responsable han sido destruidos, en forma total e incondicional, al haberse señalado día y hora para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación del aquí quejoso. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; y personalmente a la quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, el plazo de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo concedido a la autoridad responsable en acuerdo de diecinueve de julio del año en curso, esto es para rendir su informe justificado, transcurre del ocho al veintiocho de agosto de la presente anualidad, toda vez que fue notificada de dicho acuerdo el siete del mismo mes y año, como se acredita con la siguiente imagen: Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional. Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Oficio. ****, autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, realiza lo siguiente: 1.- Ofrece pruebas. 2.- Solicita se le tenga formulado alegato. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo Téngase por admitidas únicamente como documentales privadas las exhibidas por el autorizado por la parte quejosa, dado que carecen de la protesta a que refiere el Acuerdo General 12/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, lo anterior sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Alegatos Además, se le tiene por formulados los alegatos que señala derivado de lo expuesto en su escrito. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación.
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