Samuel Montes Domínguez

Expediente 895/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
895/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • Samuel Montes Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    QUEDA FIRME el auto en el cual se desechó la presente demanda de amparo. En virtud de lo anterior se ordena el archivo del presente expediente. Así mismo se le requiere a la parte quejosa 'para la devolución de documentos

  2. Principal

    Se recibe y se agrega el oficio telegrama signado por la Directora de Amparos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de veinte de junio del año en curso, informa la imposibilidad que cuenta para remitir las constancias relativas a la cancelación de la construcción del centro de identificación forense que la parte quejosa reclama. De lo que se toma conocimiento para los efectos conducentes.

  3. Principal

    CITATORIO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SU SINTESIS DICE: Cuernavaca, Morelos, a trece de julio de dos mil veintidós. Por recibida la demanda de amparo promovida por *****************, quien se ostenta como apoderado legal de Samuel Montes Domínguez, mediante la cual, solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Desechamiento. Sin proveer sobre su admisión, se desecha de plano la demanda de amparo, toda vez que de su estudio integral este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Partiendo de esa premisa, se considera por manifiesto, cuando el motivo de improcedencia se presenta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda instaurada y lo indudable, ocurre en la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante, de tal forma, que aun cuando se admitiera dicha demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar los contendientes como elementos de prueba. En la inteligencia que la aplicación de la jurisprudencia integrada con la ley anterior, según el numeral sexto transitorio, continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley actual. Análisis, el cual resulta de orden público, preferente y oficioso, según dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo, que reza textualmente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Lo anterior, fue dispuesto así por el legislador tomando en consideración que el juicio de amparo es un medio de control constitucional, el cual debe ser promovido como un medio extraordinario de defensa en favor de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad vulneran sus derechos humanos fundamentales. Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: "Se reclama de la Autoridad Responsable la VIOLACIÓN a lo dispuesto por los Artículos 838, 725, 763 de la Ley Federal del Trabajo consistente en la Denegación de Justicia al ser omisa de Dictar el respectivo proveído de pruebas ofertadas por las partes que integran el Juicio Laboral Natural número; *****************, Acto que es a todas luces es VIOLATORIO de garantías en especial por lo que hace a las enmarcadas en los Artículos 8, 14, 16 y 17..." Del análisis del acto antes precisado, este juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquéllos que producen al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia vigente, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, prevén que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Del artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la nueva Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales; incluso, las predominantes en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando aleguen violaciones directas al artículo 17 constitucional, el acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, como sería la incorrecta prosecución del trámite; de ahí que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; y el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente; lo que en el caso no se actualiza. Ahora, a efecto de establecer si en el caso efectivamente existe o no una demora o paralización total en el trámite del procedimiento donde deriva la omisión reclamada con el objeto de que sea procedente esta instancia constitucional, es necesario considerar que la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas tuvo verificativo para su desahogo el nueve de junio del año en curso, la cual se difirió por no encontrarse notificada la parte demandada. De acuerdo con el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, que rige la tramitación del juicio de origen, establece que la junta responsable cuenta con el término de veinticuatro horas siguientes a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, para dictar el acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, misma que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda, y señala que dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos. Luego, teniendo en cuenta que la demanda de amparo se presentó el ocho de julio de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, no han mediado cuarenta y cinco días naturales. En consecuencia, no puede decirse que se ha configurado una abierta dilación o paralización total del procedimiento derivado de la omisión de realizar el emplazamiento señalado, pues el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, establece un periodo máximo de cuarenta y cinco días naturales en que el juicio de origen pudiera permanecer inmóvil, lo cual resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento:  La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo.  La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, tomando en consideración que en la demanda de amparo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, así como violaciones a los artículos 14 y 17 de la Ley Suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la parte quejosa, sino que se da justamente dentro del mismo, al no realizar el emplazamiento ordenado por la junta responsable en el juicio laboral de origen. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, como la parte quejosa reclama en su escrito inicial un acto que no es de imposible reparación y tampoco afecta algún derecho sustantivo, pues no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno.

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