Samuel Martínez Ramírez
Expediente 936/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 936/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Samuel Martínez Ramírez
- Presidente Municipal de Tamazulapam del Espiritu Santo, Distrito Mixe, Estado de Oaxca
- PONCIANO BOLAÑOS RAMÍREZ y Otros.
- Sixto Pérez Ruiz
- Comisionado de la Policía Estatal dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado de Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, en relación a su valoración documental y al advertirse que se revocó la suspensión definitiva concedida a los quejosos mediante resolución de cinco de agosto de dos mil diecinueve, y en su lugar se negó la medida cautelar solicitada, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, en específico el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del criterio de la Dirección General de Archivo y Documentación CUADERNO INCIDENTAL. ES DEPURABLE CUANDO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA O LA DEFINITIVA Y PROVISIONAL Y DESTRUIBLE CUANDO SE CONCEDE SÓLO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incide de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia dictada por este tribunal el tres de marzo de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 15, fracción X (juicios que versen sobre materia agraria), por lo tanto: Tiene relevancia documental, en virtud de que se ubica en los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Deberá conservarse dicho expediente, en su integridad en original. Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 936/2019; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. SAMUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, SIXTO PÉREZ RUIZ, FILOGONIO PÉREZ RUIZ, ESTELA RAMÍREZ PAULINA, JUSTINA RAMÍREZ PAULINA, PONCIANO BOLAÑOS RAMÍREZ, HERMENEGILDO VILLANUEVA CORTÉS, SOLEDAD GALVÁN GONZÁLEZ y LUCILA GONZÁLEZ GALVÁN, por su propio derecho, mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer en su momento al juzgado Primero de Distrito en el Estado, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades y actos reclamados: Actos que estiman violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 2, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de cinco de julio de dos mil diecinueve, el juzgado Primero de Distrito en el Estado, admitió la demanda de amparo con el número 597/2019, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le corresponde. Mediante auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el referido órgano jurisdiccional se declaró incompetente por razón de turno, remitiendo los autos a este juzgado de Distrito, quien no la aceptó por diverso de veintiséis del mismo mes y año. Atento a lo anterior, el juzgado Primero de Distrito en el Estado, formuló consulta ante la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Conejo de la Judicatura Federal, quien mediante resolución de ocho de octubre de dos mil diecinueve, determinó que es a éste juzgado Federal a quien le corresponde el conocimiento del asunto. En cumplimiento a lo anterior, por auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, se radicaron los autos con el número 936/2019, declarándose válido todo lo actuado por el juzgado declinante, y al ya obrar los informes justificados de las responsables, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, después de diversos diferimientos, tuvo lugar conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden para llevar a cabo trabajos de conexión de agua a favor de la comunidad de Tamazulapam del Espíritu Santo, y San Pedro y San Pablo, Ayutla, ambos del Distrito Mixe, Oaxaca, a través del tenido de tubería que pasará sobre los terrenos que tienen en posesión. La ejecución de la misma. TERCERO. Previo a determinar si el acto reclamado al Representante de Bienes Comunales de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, es existente o no, conviene precisar si tal órgano reviste dicha calidad. Ello es así, pues por regla general el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, presupone que los actos reclamados emanan de una autoridad; por el contrario, cuando dichos actos se atribuyen a alguien que no tiene esa calidad para los efectos del amparo, tal presupuesto se torna preferente, pues de no tenerla, es irrelevante analizar si el acto que se le atribuye existe o no. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, visible a página 2086, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales), este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal." Así, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5º, fracción II, éste en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, resulta menester precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el ordinal 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Concomitante con lo anterior, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, los artículos 22, 23, 32, 33, 35 y 36 de la Ley Agraria disponen: Artículo 22.- El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo. Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido. Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. Artículo 35.- El consejo de vigilancia estará constituido por un Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 36.- Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia: I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea; II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado; III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. De tales preceptos se tiene que el órgano supremo de los núcleos de población ejidal lo es la Asamblea General, con la organización y funciones previstas en la Ley; de igual forma, que el Comisariado es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea, su constitución, facultades y obligaciones; a su vez, el Consejo de Vigilancia, es el encargado de vigilar que los actos del Comisariado se ajusten a los preceptos legales, y a lo dispuesto por su reglamento interno o a la asamblea. Ahora, si bien en el caso no se reclama acto alguno al comisariado o consejo de vigilancia, sino al representante de Bienes Comunales de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, cierto es también, que tales disposiciones le resultan aplicables, ya que tiene la representación de la comunidad. Apoya lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 12, Volumen 199-204, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "AGRARIO. COMITE PARTICULAR EJECUTIVO. TIENE EL CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DURANTE EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO AGRARIO, DEL NUCLEO SOLICITANTE DE TIERRAS Y NO EL DE AUTORIDAD INTERNA DEL EJIDO. El artículo 22 de la Ley Federal de Reforma Agraria establece que las autoridades internas de los ejidos son las asambleas generales de ejidatarios, los comisariados ejidales y los consejos de vigilancia, y por su parte, el artículo 20 de la propia ley dispone que los comités particulares ejecutivos son los representantes legales, durante el trámite de los expedientes relativos, de los grupos solicitantes de tierras. Por lo tanto, tratándose de ampliación de ejidos, el efecto de la subsistencia del comité particular ejecutivo después de la diligencia de posesión provisional hasta la ejecución de la resolución presidencial definitiva, prevista en la parte final del primer párrafo del artículo 21 de la mencionada ley agraria, es el de que persista la representación correspondiente durante el trámite, en segunda instancia, del expediente relativo, pero no el de dar a dicho comité el carácter de autoridad interna del ejido." En ese sentido, es inconcuso que el representante de Bienes Comunales de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, no le reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del presente juicio de amparo, en la medida que sus actos, por carecer de imperio y de coerción, se consideran como de aquéllos realizados por particulares, contra los cuales no procede el juicio constitucional, es decir, no es autoridad en sentido lato para efectos del juicio de amparo, al constituir un órgano de representación, cuyas facultades solo inciden al interior del ejido. Tampoco se está en la hipótesis de la fracción II, párrafo segundo, del numeral 5º, de la Ley de Amparo, toda vez que los entes comunales no realizan actos equivalentes a los de la autoridad, sino como se estableció, se equiparan a actos entre particulares y de existir desacuerdo de parte legítima, debe dirimirse el conflicto respectivo ante autoridad competente. Cobra aplicación al caso, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página diecisiete, volumen doscientos cinco a doscientos dieciséis, tercera parte, materia administrativa, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones II y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional". En las relatadas consideraciones, y al actualizarse la causa de improcedencia invocada, conlleva a sobreseer en el juicio con fundamento en el precepto 63 fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que hace al representante de Bienes Comunales de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca. CUARTO. Las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara dicha negativa, esto es, no demostraron que los trabajos consistentes en suministrar agua potable del paraje denominado "El Manantial", hacia el municipio de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, afectara los terrenos que dicen tener en posesión. En efecto, pues si bien es cierto ofrecieron copia certificada de la comparecencia de autoridades municipales y de representación agraria de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, ante la Secretaría General de Gobierno del Estado, de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, de la cual se informan los trabajos para la conexión de mangueras de seis pulgadas en forma simultánea para conducir agua por gravedad a las cabeceras municipales de Tamazulapam del Espíritu Santo, y San Pedro y San Pablo, Ayutla, ambos del Distrito Mixe, Oaxaca; así también, que dicha conducción pasará por terrenos que están en posesión de ciudadanos de San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mixe, Oaxaca. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º de la Ley de Amparo, sin embargo, dicha documental resulta insuficiente para demostrar que las mangueras que transportaran el vital líquido atravesaran los predios que poseen los quejosos, pues en la referida comparecencia no se precisan los terrenos que serán afectados. Por cuanto hace a la prueba pericial ofrecida, del mismo modo resulta insuficiente para desvirtuar la negativa de las responsables, ya que de la misma únicamente se advierte la ubicación y medidas de lo predios de los quejosos, no así, que se estén efectuando los trabajos que dicen afectaran sus predios. Sin soslayar que si bien al responder el perito oficial la pregunta cuatro, referente a que especifique en qué parte de los terrenos posesión de los quejosos pasará la tubería, éste haya respondido que por la franja de corte de 5.00 metros de ancho, sobre los terrenos de los quejosos. Ello es así, pues en el mejor de los casos la anterior respuesta sólo es una opinión del referido perito sobre dónde podría pasar la tubería de agua, sin que se encuentre corroborada con diverso medio de prueba, máxime que del citado dictamen no se advierte hubiere hecho constar que sobre los predios de los quejosos se estén efectuado trabajos de excavación. Ahora, debe señalarse que las pruebas idóneas para demostrar en su caso la existencia del acto reclamado, lo serían la inspección judicial y testimonial, y si bien fueron ofrecidas, también lo es que por cuanto hace a la primera, ésta se tuvo por desierta al no presentarse los quejosos ante el juez Mixto de Primera Instancia de Santiago Zacatepec, Mixe, Oaxaca, el día y hora señalados para su desahogo, no obstante hacerse sabedores de la misma conforme a su escrito de veintiocho de enero de dos mil veinte, en el cual realizaron la precisión del lugar en la cual tendría verificativo la misma. Respecto a la prueba testimonial desahogada en la audiencia constitucional, en nada beneficia a los quejosos, ya que los testigos en ningún momento refieren que las responsables estén realizando trabajos inherentes a la colocación de mangueras para suministrar agua a la comunidad de Tamazulapam del Espíritu Santo, Oaxaca, en los predios que dicen tener en posesión, por el contrario, el ateste Adrián Matías Panuncio, refirió que los vecinos de Tamazulpam estuvieron macheteando unos árboles, marcándolos con pintura, y que ellos son los que pretenden cruzar una manguera para suministrar agua a esa comunidad. Conforme a dicho testimonio, se tiene que no son las responsables quienes en su caso pretenden llevar agua a la comunidad de Tamazulapam del Espíritu Santo, Oaxaca, sino que lo es dicha comunidad, por tanto, ello es materia de lítis en diversa instancia. Consecuentemente, ante la inexistencia del acto reclamado, y resultar insuficientes las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 936/2019, promovido por SAMUEL MARTÍNEZ RAMÍREZ, SIXTO PÉREZ RUIZ, FILOGONIO PÉREZ RUIZ, ESTELA RAMÍREZ PAULINA, JUSTINA RAMÍREZ PAULINA, PONCIANO BOLAÑOS RAMÍREZ, HERMENEGILDO VILLANUEVA CORTÉS, SOLEDAD GALVÁN GONZÁLEZ y LUCILA GONZÁLEZ GALVÁN, por las razones expuestas en la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, y tomando en consideración que no fue factible el desahogo de la audiencia constitucional señalada para este día a las catorce horas, en la que se desahogaría la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa; por tanto, a efecto de no dejarla en estado de indefensión, se deja sin efectos la misma, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO para su verificativo. En consecuencia, por conducto del actuario adscrito, hágase entrega de los códigos QR de los testigos a la parte quejosa, para que en el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, los presente, quienes deberán traer identificación oficial (con una copia); en el entendido que de no hacerlo así se declarará desierta dicha probanza en su perjuicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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