Samuel Martìnez Gómez

Expediente 79/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
79/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
05/08/2021

Partes del expediente

  • Samuel Martìnez Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    2. Iguala de la Independencia, Guerrero, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto la certificación de cuenta y el estado procesal de actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia del veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo solicitado por el quejoso *****, por conducto del Defensor Público Federal adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la normativa de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria; glósese el original del incidente de suspensión relativo y archívese el expediente como asunto concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Se hace constar que este expediente es susceptible de depuración, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Por otra parte, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surtió efectos la notificación de la determinación donde se resolvió el incidente de suspensión, procédase a la destrucción del duplicado de dicho cuaderno, en términos del artículo cuarto y vigésimo, fracción III, del citado acuerdo. Finalmente, devuélvanse al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, las documentales que en tres tomos remitió con su informe justificado. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Carlos René Hernández Maza, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho conforme a lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, durante las vacaciones del titular, autorizado en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según consta en el oficio CCJ/ST/1886/2021, suscrito electrónicamente por el Secretario Técnico de dicha comisión, en unión de Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    2. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 79/2021-II; y, R E S U L T A N D O I.*********, por derecho propio y por escrito recibido en este Juzgado Federal el trece de abril de dos mil veintiuno, demandó el amparo y la protección contra actos del Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. II. En auto del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; dio la intervención legal al Representante Social de la Federación adscrito y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad que ejerce jurisdicción dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama: - El auto de formal prisión del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en esta ciudad, por su probable responsabilidad en la comisión del delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, previsto en el artículo 2º, fracción I, y sancionado ´por el diverso artículo 4º, fracción I, inciso b) (funciones de ejecución), de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, dentro de la causa penal 27/2013, de su índice TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del mismo. Lo cual se corrobora con el duplicado de la causa penal 27/2013, remitido en tres tomos por la autoridad responsable; documentales públicas a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con registro 394182, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Asimismo, lo señalado en la jurisprudencia 749, publicada en página 830, tomo II, Materia Procesal Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, con registro 1002815, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el suscrito Juzgador advierte que se actualice alguna; por lo tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa el quejoso, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, y no se transcriben por no ser obligatorio, de conformidad con la jurisprudencia J/129, consultable en la página 599, Tomo VII, Abril de 1998, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 196477, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS". Al respecto, el quejoso esencialmente señaló en sus conceptos de violación: a) Que la resolución recurrida carece de una debida fundamentación y motivación. b) Que el Juez del conocimiento soslayó elementos sustanciales en la valoración de pruebas que impactaron sustancialmente al dictar el auto de término constitucional, ello en razón de que a su consideración no se realizó un estudio minucioso de los elementos que configuran el cuerpo del delito. c) Que los medios de convicción valorados por el Juez de la causa resultan insuficientes para acreditar los elementos del delito, ello de conformidad con lo dispuesto en los numerales 40 y 41 Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación a los artículos 218 y 284 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria del arábigo 7 de la Ley en cita. d) Que el Juez de origen debió excluir del valor probatorio el parte informativo del dieciséis de octubre de dos mil veinte, a cargo de los ministeriales *****, ello en razón de que en el mismo se incorporaron datos o elementos que estima deben declararse nulos, pues refiere que los referidos agentes no puede recibir declaración del imputado si no es bajo el mando y la conducción del órgano técnico acusador y su defensor previa lectura de sus derechos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello con la finalidad de no vulnerar lo que prevé el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Carta Magna. e) Que el Juez del conocimiento al dictar el auto de plazo constitucional, es parcial sin juzgar con objetividad ello en razón de que no identificó de manera clara y precisa a que organización pertenece el quejoso, pues alude que pertenece a la "******" y posteriormente menciona que a la de "*****", lo cual estima es contradictorio y que ante ello debió aplicar para su estudio un test de racionalidad, con la finalidad de establecer que se ha cometido un hecho que la Ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. f) Que las documentales públicas valoradas por el a quo constitucional, no son la idóneas y resultan insuficientes para acreditar los elementos del delito, pues refiere que con las mismas no se acredita que el hoy quejoso se organizó de hecho con tres o más personas para ejecutar actos delictivos. g) Que en relación a las declaraciones ministeriales de los procesados *****,*****,****,*****y **** se debía reflexionar sobre su veracidad, alcance y valor probatorio ello en razón de que resultaban inconsistentes respecto a las circunstancias, sin embargo de las mismas se advertían datos puntuales como fechas nombres completos apodos, motivo por el que estima se debió valorar la certeza de las mismas. h) Que el Juez de la causa debió valorar los testimonios de los agentes aprehensores******,*******,****,***,*****,******,*****, , elementos del ejército mexicano pertenecientes al Cuadragésimo Batallón de Infantería, Ciudad Altamirano en el Estado de Guerrero, pues de su análisis arribaría a la conclusión de que los mismos debían declararse nulos al vulnerar la esfera jurídica de los derechos sustanciales del hoy quejoso. i) Que no se acredita la probable responsabilidad penal del ahora quejoso, ello en razón de que no se acredita la intervención en la comisión del delito de delincuencia organizada (con la finalidad de cometer delitos contra la salud), previsto en el artículo 2, fracción I, y sancionado por el artículo 4, fracción I, inciso b) de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Son infundados aun suplidos en la deficiencia de la queja los conceptos de violación que hace valer la defensa del quejoso por los motivos que enseguida se exponen. Se atiende en principio al argumento vertido precisado en el inciso a) en el que refiere que la resolución recurrida carece de una debida fundamentación y motivación; al respecto, conviene puntualizar que el incumplimiento al derecho fundamental de legalidad en cita se puede dar de dos formas, a saber: que en el acto de autoridad exista una indebida fundamentación y motivación, o bien, que se dé una falta de fundamentación y motivación del acto. La indebida fundamentación implica que en el acto se citan preceptos legales, pero éstos resultan inaplicables al caso particular; por su parte, la indebida motivación consiste en que en el acto de autoridad se dan motivos pero éstos no se ajustan a los presupuestos de la norma legal citada como fundamento aplicable al asunto. Ahora bien, los argumentos plasmados en la resolución que se reclama, lo cuales no se transcriben en obvio de innecesarias repeticiones, precisamente constituyen la motivación del acto reclamado, porque en ellos el Juez de origen señaló que en el caso en concreto se acreditaron los elementos del delito lo que motivó a dictar auto de formal prisión contra *****, ****** y/o **** , ****, **** y *****, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada (con la finalidad de cometer delitos contra la salud); de ahí que la resolución tildada de inconstitucional sí se encuentra motivada. Ahora en relación a que la resolución no se encuentra debidamente fundada, el Juez del conocimiento precisó que en el caso en concreto y de los medios de convicción a él allegados se acreditaban la probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada (con la finalidad de cometer delitos contra la salud), previsto en el artículo 2, fracción I, y sancionado por el artículo 4, fracción I, inciso b) de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, vigente en la época de los hechos; de ahí que la misma contrario a lo que señala la defensa del quejoso se encuentra debidamente fundada. Sostiene lo así expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente dispone "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otro lado, en relación a los argumentos señalados con los incisos b), c), d), e), f), g) y h), serán analizados de manera conjunta dada su estrecha relación, ya que los mismos van encaminados a desvirtuar la valoración de los medios de convicción que el Juez tomó en consideración para estimar que en el caso en concreto se acreditaron los elementos del cuerpo delito y así la probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada (con la finalidad de cometer delitos contra la salud) del hoy quejoso. En ese sentido, de las actuaciones de la causa penal 27/2013, que remitió el Juez responsable, como apoyo a su informe justificado, se aprecia que el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, pronunció auto de plazo constitucional, en el cual determinó la formal prisión del ahora quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada (con la finalidad de cometer delitos contra la salud), previsto en el artículo 2, fracción I, y sancionado por el artículo 4, fracción I, inciso b) de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, vigente en la época de los hechos.Para llegar a tal determinación el Juez responsable se apoyó en los siguientes medios de convicción contenidos en la causa penal mencionada: ? Parte informativo del diecisiete de octubre de dos mil doce, suscrito por elementos del Ejército Mexicano pertenecientes al Cuadragésimo Batallón de Infantería, Ciudad Altamirano, Guerrero, carretera Altamirano-Iguala kilómetro 2.5, Teniente de Infantería *****, Cabo de Infantería *****, Soldado de Infantería *****, Sargento 2° de Infantería ****, Cabo de Infantería *****, Soldado de Infantería ****, Soldado de Infantería *****, Soldado de ******, Soldado de Infantería *****; sin que pase inadvertido que dicha documental no fue firmada por el Soldado de Infantería *****. ? Fe ministerial de aparatos de comunicación, realizada el diecisiete de octubre de dos mil doce, por el representante social de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con sede en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. ? Fe ministerial de objetos, realizada el diecisiete de octubre de dos mil doce, por la representante social de la Federación consignante. ? Fe ministerial de droga, realizada el diecisiete de octubre de dos mil doce, por el órgano técnico de acusación. ? Fe ministerial de alhajas, realizada el diecisiete de octubre de dos mil doce, por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con sede en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. ? Inspección ministerial de documentos de diecisiete de octubre de dos mil doce, realizada por órgano técnico de acusación consignante. ? Declaración ministerial a cargo de ***** alias "Zipimo", desahogada el diecisiete de octubre de dos mil doce, ante la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con sede en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. ? Deposado ministerial a cargo de *** alias "El Cachorro", rendido el diecisiete de octubre de dos mil doce, ante la representación social de la Federación consignador. ? Declaración ministerial de *** alias "La Perra", verificada el diecisiete de octubre de dos mil doce, ante el órgano técnico de acusación. ? Deposado ministerial a cargo de **** y/o Jesús Camacho alias "El Parotas", desahogada el diecisiete de octubre de dos mil doce, ante la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con sede en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. ? Declaración ministerial a cargo de ***** alias "La Lombriz", verificada el diecisiete de octubre de dos mil doce, rendida ante el representante social de la Federación consignante. ? Deposado ministerial de ***** alias "El Micheladas" o "El Camarón", verificada el diecisiete de octubre de dos mil doce, ante la agente del Ministerio Público de la Federación consignador. ? Dictamen en materia de química forense de dieciocho de octubre de dos mil doce, emitido por ***** y ****, adscritos a la Coordinación General de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México. ? Ampliación de declaración ministerial a cargo de **** alias "El Parotas", verificada el diecinueve de octubre de dos mil doce, ante la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con sede en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. ? Oficio PGR/SIEDO/UEIDCS/126/2012 signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con sede en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, al que adjunta copia certificada de lo deposados a cargo del testigo colaborador con nombre clave **** y/o *****"El Parotas" y de ****alias "El Terry" y/o "La Borrega" y/o **** tres y cinco de diciembre de dos mil doce y cinco de octubre de dos mil once, respectivamente, ante la agente del Ministerio público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, con sede en ese entonces en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. ? Oficio SEIDO/UEIDCS/2176/2013 signado por el Fiscal Especial adscrito a la Coordinación General B de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con sede en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, al que adjunta copia certificada de resolución emitida por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, el seis de octubre de dos mil once, en el toca penal 108/2011, en el que modificó la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil once, dictada por la Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas; y, auto de plazo constitucional de veinticinco de diciembre de dos mil once, dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en autos de la causa penal 498/2011-III. ? Oficio 4447-IV de veinticuatro de noviembre de dos mil doce, signado por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala, en el que transcribe la orden de aprehensión librada en la causa penal 80/2012 contra ***** y otros. ? Declaración preparatoria de los encausados ***, **** y/o ****, ***, **** y ****, de doce de marzo de dos mil veintiuno, rendida ante este órgano jurisdiccional por el método de videoconferencia con la participación del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Coahuila, con sede en Saltillo. Asimismo, es conveniente puntualizar para efectos de la presente determinación, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente antes de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil ocho), y en el diverso 161 del Código Federal de Procedimientos Penales, establecen los requisitos de forma y fondo que debe contener la resolución de término constitucional en la que se declare la formal prisión de todo indiciado, señalando al respecto: Artículo 19 de la Constitución Federal: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado". Artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Penales: "Artículo 161. - Dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento en que el inculpado quede a disposición del juez, se dictará el auto de formal prisión cuando de lo actuado aparezcan acreditados los siguientes requisitos: 1. Que se haya tomado declaración preparatoria del inculpado, en la forma y con los requisitos que establece el capítulo anterior, o bien que conste en el expediente que aquél se rehusó a declarar; 2. Que esté comprobado el cuerpo del delito que tenga señalado sanción privativa de libertad; 3. Que en relación a la fracción anterior esté demostrada la probable responsabilidad del inculpado; y 4. Que no esté plenamente comprobada a favor del inculpado alguna circunstancia eximente de responsabilidad, o que extinga la acción penal. El plazo a que se refiere el párrafo primero de este artículo, podrá prorrogarse por única vez, hasta por setenta y dos horas, cuando lo solicite el indiciado, por si o por su defensor, al rendir su declaración preparatoria, o dentro de las tres horas siguientes, siempre que dicha prórroga sea con la finalidad de aportar y desahogar pruebas para que el juez resuelva su situación jurídica. El Ministerio Público no podrá solicitar dicha prórroga ni el juez resolverá de oficio; el Ministerio Público en ese plazo puede, sólo en relación con las pruebas o alegatos que propusiere el indiciado o su defensor, hacer las promociones correspondientes al interés social que representa. La prórroga del plazo se deberá notificar a la autoridad responsable del establecimiento en donde, en su caso, se encuentre internado el indiciado, para los efectos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 19 constitucional. Adicionalmente, el auto de formal prisión deberá expresar el delito que se le impute al indiciado, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. De los preceptos constitucional y legal transcritos, se aprecia que para el dictado de un auto de término constitucional en el que se decrete la formal prisión de un indiciado, deben converger los siguientes requisitos:  Expresar el delito que se impute al acusado o acusada;  El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél y/o aquélla;  Los datos que arroje la averiguación; y estos últimos deben ser bastantes para:  Comprobar el cuerpo del delito y  Hacer probable la responsabilidad del indiciado y/o indiciada. Además de los anteriores requisitos, el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece que para el dictado de una resolución de plazo constitucional, es menester:  Que se haya tomado la declaración preparatoria;  Que el delito tenga señalada pena corporal; y finalmente,  Que no esté demostrado a favor del inculpado o inculpada alguna circunstancia eximente de responsabilidad o que extinga la acción penal. En cumplimiento a la normatividad antes referida, como acertadamente lo hace el Juez responsable tuvo por satisfechos los elementos del cuerpo del delito relativo a que tres o más personas se organicen de hecho y que esa organización sea para realizar, en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado, en el caso, cometer delitos contra la salud, destacándose los siguientes: El parte informativo de diecisiete de octubre de dos mil doce, suscrito por elementos del Ejército Mexicano pertenecientes al Cuadragésimo Batallón de Infantería, Ciudad Altamirano, Guerrero, carretera Altamirano-lguala kilómetro 2.5, Teniente de Infantería ****, Soldado de Infantería ****, Cabo de Infantería Alejandro Toledo Cuadra, Sargento 2° de Infantería ****, Cabo de Infantería **** Soldado de Infantería ****, Soldado de Infantería ****, Soldado de ****, Soldado de Infantería *****, en el que asentaron recibieron la orden de trasladarse al poblado de Characo, municipio de Cutzamala, Guerrero, en virtud de las denuncias anónimas recibidas, donde informaban que se encontraban integrantes de la delincuencia organizada sosteniendo un enfrentamiento en dicho poblado, que era debido a que en ese lugar se hallaba un sujeto importante dentro de la organización criminal denominada "*****" que dicho sujeto era el "Güero Abeja", quien se estaba acompañado de su brazo derecho otro sujeto llamado "Don José", que cuando se sentían en peligro por las autoridades federales, se refugiaban en la primaria rural "Emiliano Zapata", ubicada en el mencionado poblado, a un costado de una tienda de abarrotes. Al acudir a dicha población, con la finalidad de verificar la información proporcionada, aproximadamente a las once horas, del dieciséis de octubre de dos mil doce, se percataron que sobre el camino conocido como Cuajilote a Characo en coordenadas 18°32'20.19" norte y 100°42'24.48" oeste, ubicadas aproximadamente a unos setecientos metros antes de Ilegar al centro del referido poblado de Characo, escucharon disparos con armas de fuego, acelerando el paso, observaron que se aproximaba una camioneta Toyota color verde olivo, que iba tripulada por varios sujetos que iban a bordo, los cuales apuntaban sus armas por las ventanillas, quienes los agredieron con disparos de arma de fuego, por lo que procedieron a repeler la agresión y a marcarles el alto, como elementos del Ejército Mexicano, quienes no les hicieron caso evadiéndose aproximadamente cinco sujetos, de los cuales, dos se dieron a la fuga; entre tanto los otros tres continuaban disparando hasta que lograron rodear a los tres individuos que disparaban con armas largas, siendo estos **** alias "La Michelada", ***** alias "El Cachorro" y **** alias "El Parotas", quienes manifestaron a los elementos captores que eran escoltas de **** alias "El Güero Abeja" y *****, alias "Don José" miembros de la organización delictiva denominada "*****". Por lo que, aseguradas dichas personas se dirigieron al centro del poblado de Characo, en virtud que los propios detenidos manifestaron la existencia de una casa a inmediaciones de la escuela primaria "Emiliano Zapata", donde se encontraba más gente relacionada con la delincuencia organizada, por lo que continuaron su marcha y al Ilegar al poblado de Characo, por la calle que conduce a la primaria rural, denominada "Emiliano Zapata" en coordenadas 18°32'30.34" norte y 100°42'02.02", al costado derecho del inmueble con barda en color blanco, fueron agredidos con disparos de armas de fuego por varios individuos, quienes trataron de huir a bordo de una camioneta tipo lobo color negro, la cual intentó salir por la entrada vehicular de dicha propiedad, sin lograr su cometido, debido a que los interceptaron, bajando del mismo cuatro sujetos que portaban armas largas, quienes se introdujeron al domicilio, al descender de los vehículos les marcaron el alto gritándoles que eran elementos del Ejército Mexicano, no obstante les apuntaron con sus armas y ante el riesgo inminente de que continuaran accionándolas, los persiguieron al interior del inmueble donde los encontraron en una área que es ocupada como sala comedor parapetados con sus armas largas, por lo que al proceder a su detención y aseguramiento mencionaron responder a los nombres de **** alias "La Perra", **** alias "La Lombriz" y **** alias "El Zipimo", quienes también les mencionaron que eran los escoltas *** alias "El Güero Abeja" y **** alias "Don José", miembros de la organización delictiva denominada "****". Medio de convicción que el Juez de origen acertadamente otorgó valor de categoría de testimonio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 287, del Código Federal de Procedimientos Penales, con valor indiciario que atribuye el numeral 285, del referido ordenamiento, toda vez que a sus suscriptores, les constaban a título personal los hechos que narraron; ya que en razón de su edad, capacidad e instrucción escolar, tienen el criterio necesario para juzgar el acto; por su probidad independencia de posición y antecedentes personales, se advierte que tienen completa imparcialidad. Aunado a lo anterior, el Juez de origen destacó que no obraban en el sumario pruebas en contrario; además, de que sus manifestaciones fueron claras, precisas, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del acto, como en sus accidentes, versaron sobre hechos que conocieron por sí mismos en el desempeño de sus funciones como agentes del orden y no por inferencias de terceros, sin advirtiera que hubieran sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, a declarar en la forma que lo hicieron; con lo que se colman los requisitos exigidos por el diverso 289, del código adjetivo de referencia; sin que pasara inadvertido que dicha documental no fue firmada por el Soldado de Infantería *****, ya que ello no cambiaba lo ahí expuesto por los demás aprehensores. No obsta lo anterior, el argumento de la defensa del quejoso en el sentido de que el parte informativo del diecisiete de octubre de dos mil doce debía ser excluido del caudal probatorio, ello en razón de que los agentes ministeriales no se encuentran facultados para recibir declaración del imputado, si no es bajo el mando y la conducción del órgano técnico acusador y su defensor; pues de la lectura del mismo se advierte que los aprehensores describieron circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se efectúo la detención del ahora quejoso y la descripción, a detalle, de las circunstancias que motivaron la detención así como las evidencias que se encontraron, con lo cual no se advierte una trasgresión el artículo 20, apartado B, fracción II, de la Carta Magna. Asimismo, el Juez de origen robusteció el parte informativo del diecisiete de octubre de dos mil doce, con los deposados ministeriales rendidos por los inculpados *** alias "Zipimo", **** alias "El Cachorro", ***, **** y/o ****, ***** y de dieciocho de octubre del referido año, a cargo de *****, *****, ante la representación social de la Federación, declaraciones que se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los preceptos 279, 285 y 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria por disposición del numeral 7° de la primera de las legislaciones citadas, al satisfacer los requisitos exigidos en tales dispositivos, en razón de que fueron producidas por personas que conocieron de la existencia de una organización de más de tres personas con fines delictivos, con reglas de disciplina y jerarquía, en la organización delictiva de que se trata "*** y/o los ***", cuyas declaraciones fueron emitidas con todas las formalidades a que se refieren los numerales citados, ya que provienen de personas mayores de edad, imparciales y con el criterio necesario para juzgar los hechos que refieren, los cuales son susceptibles de conocerse a través de los sentidos, por haber intervenido en ellos directamente y con la asistencia del defensor Público Federal; por lo que sus declaraciones fueron claras y precisas sobre la sustancia de los hechos que relataron y no existía constancia de que hayan sido obligados a declarar por fuerza, miedo o soborno, ni que hubiese sido impulsados por engaño o error, por lo tanto adquieren valor probatorio de indicio. Al que sumó la ampliación de declaración ministerial a cargo de Hilario García Camacho y/o Jesús Camacho Espinoza alias "El Parotas", emitida ante el representante social de la Federación el diecinueve de octubre de dos mil doce, en la cual indicó que formó parte de la organización delictiva de la "****", desde finales de dos mil nueve, por la invitación que le realizó ***** alias "La R" quien era hermano de **** alias "El Zarco" jefe de plaza de Altamirano, Coyucan de Catalán, Santa Teresa y sus alrededores en el Estado de Guerrero, siendo asignado en el crucero de Placeres del Oro, con horario de seis de mañana a nueve de la noche, todos los días y recibiendo por dicha actividad la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos mensuales 00/100 moneda nacionales), en las que realizó su función durante cuatro meses, consistente en reportar el movimiento del gobierno, es decir, de la policía o militares que llegaban a pasar por el crucero, reportándolo vía celular por mensajes posteriormente, en una reunión quedó a cargo de Roberto alias "Primo", en un grupo de halcones por cinco meses, donde le subieron el sueldo mensual, laborando ocho horas y como punto que debía cuidar en el día era Tlacopa, Michoacán, sobre la carretera que conduce a San Lucas, de esa entidad federativa. Asimismo refirió que en septiembre de dos mil diez, lo dejaban en compañía de otro sujeto en San Lucas en una brecha por el corral de toros, en donde conoce por primera vez a "Don José Pineda", que es la mano derecha del Güero Huetamo y al parecer también es su socio, quien les dijo quedarían ahí más adelante a tapar una brecha, quedando al mando del sujeto alias "El Pay", asignándole la brecha de la trincheras o la pirinchicua, Michoacán, desde el campo vigilaba la carretera que pasaba por ahí a San Lucas hacía a Angao, Michoacán, avisando de los movimientos de la policía y de vehículos sospechosos, estando en dicho lugar hasta aproximadamente en mayo de dos mil doce, fecha en la que desertó. Derivado de lo anterior, y contrario al argumentado por la defensa del quejoso, el Juez del conocimiento acertadamente determinó que en el caso que se estudia y de la declaración hecha por el quejoso se apreciaba la existencia de tres o más personas organizadas de hecho, en el particular de la organización delictiva denominada "**** y/o ****", que opera en Altamirano, Coyucan de Catalán, Santa Teresa y sus alrededores en el Estado de Guerrero, a la cual admitió pertenecer, ya que indicó que forma parte desde finales de dos mil nueve; motivo por el cual el Juez de la causa estimó que todo lo anterior acreditaba la existencia de tres o más personas organizadas de hecho, que conformaba la referida célula delictiva, que operaba en diversos municipios del Estado de Guerrero, a la que el inculpado admitió pertenecer como Halcón, detallando la forma en que esta se encuentra integrada, y de lo que se advierte, que es por más de tres personas organizadas de hecho, precisamente en la forma y términos destacados. A lo que agregó, las declaraciones de los encausados Samuel Martínez Gómez alias "Zipimo", **** alias "El Cachorro", **** alias "La Perra**** y/o ****, **** y *****, mismas que de manera correcta les otorgó el carácter de confesión, en la medida de que fueron emitidas en términos de lo dispuesto en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Penales, y además, satisfacen las exigencias que señala el dispositivo 285 y 287 del mismo ordenamiento, en relación con los diversos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de aplicación supletoria por disposición del numeral 7 de ésta última legislación, en razón de que fueron producidas por personas que conocieron de la existencia de una organización de más de tres personas con fines delictivos, con reglas de disciplina y jerarquía. Lo que se corroboró, con las documentales públicas consistentes en copias certificadas de lo siguiente: a) Declaración ministerial a cargo del testigo colaborador con nombre clave Tadeo. b) Ampliación de declaración ministerial de **** y/o **** alias "El Parotas", verificada el cinco de diciembre de dos mil doce. c) Declaración ministerial a cargo de ***** alias "El Terry" y/o "La Borrega" y/o ***. d) Resolución emitida por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, el seis de octubre de dos mil once, en el toca penal 108/2011, mediante el cual modificó la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil once, dictada por la Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado 24 de Tamaulipas, dentro de la causa penal 9/2010-IV, contra Claudia del Carmen Jacobo Nares alias "La Química" y declaró responsable de los delitos de delincuencia organizada (delito contra la salud); contra la salud en las modalidades de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos contra la salud. e) Auto de plazo constitucional de veinticinco de diciembre de dos mil once, dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en autos de la causa penal 498/2011-III, en la que decreta formal prisión contra Juan Gabriel Orozco Favela alias "El Gasca" o "El Mercurio", por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada en la hipótesis de delito contra la; contra la salud en la modalidad de posesión del estupefaciente marihuana con fines de comercio (venta); portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Naciones; y, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Naciones. f) Oficio 4447-IV de veinticuatro de noviembre de dos mil doce, signado por la secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala, en el que transcribe la orden de aprehensión librada en la causa penal 80/2012 contra Gregorio Abeja Linares y otros. Medios de convicción que acertadamente el Juez del conocimiento concedió valor de indicios de conformidad con los numerales 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los diversos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, en concordancia con el ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 7 del ordenamiento especial citado en primer término. A lo que además adminiculó con las declaraciones vertidas por el testigo colaborador con nombre clave Tadeo, así como los deposados a cargo de **** y/o **** alias "El Parotas" y **** alias "El Terry" y/o "La Borrega" y/o ****, dentro de diversas averiguaciones previas, allegadas en copias certificadas, en las que, en lo que interesa señalaron. A los anteriores medios probatorios el Juez del conocimiento concatenó la fe ministerial de aparatos de comunicación, de objetos, droga, de alhajas y de documentos, realizadas el diecisiete de octubre de dos mil doce, por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, con sede en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Probanza que le otorgó valor probatorio de indicio en términos del artículo 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en relación con los diversos 208 y 209, del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria por disposición del numeral 7° de la primera de las legislaciones citadas, ya que fue practicada con los requisitos que establecen los preceptos del código adjetivo de la materia, mismo que robusteció con el dictamen químico de dieciocho de octubre de dos mil doce, suscrito por los peritos oficiales en materia de química forense ***** y ******, adscritos a la Coordinación General de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México. Peritaje que también fue valorado por el Juez del conocimiento en términos de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en relación con los diversos 220, 223, 234 y 235, del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria por disposición del numeral 7° de la primera de las legislaciones citadas, ya que satisface las exigencias de los preceptos del código adjetivo de la materia, ya que es una fuente de información especializada en determinada ciencia, ajena al común conocimiento de las personas y quienes lo elaboraron tienen conocimientos especiales en la materia, además que no fueron contradichos a través de diverso medio probatorio, ni objetados por las partes. Elementos de convicción anteriores con los cuales acertadamente el Juez del conocimiento estimó se encontraba acreditada plenamente la existencia y naturaleza del estupefaciente asegurado, consistente en Cannabis Sativa L., comúnmente conocida como marihuana, previsto como tal en el artículo 234 de la Ley General de Salud, contenido en cuarenta y cinco paquetes confeccionados con cinta canela y plástico transparente, marcados del número 1 al 45, los cuales contienen un vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana, con un peso bruto total de 10753.2 (diez kilos setecientos cincuenta y tres gramos puntos dos miligramos), sustancia considerada narcótico por disposición del artículo 193, párrafo primero, del Código Penal Federal, lo que en su conjunto lleva a la certeza de la actualización del primer componente de la descripción típica de que se trata. Finalmente, precisó que en relación al elemento del cuerpo del delito consistente en que las personas que desplieguen las citadas conductas carezcan de facultades de administración, dirección o supervisión, respecto de la delincuencia organizada, tal extremo estimó se encontraba acreditado. Lo anterior, en razón de que como se advertía de las constancias relatadas, el conglomerado delictivo se encontraba organizado, con una estructura jerarquizada, en la que los activos del delito no contaba con funciones de mando y administración, dirección o supervisión, ya que del material probatorio se desprendía que la función que desempeñaban los activos era la siguiente: ***** alias "La Michelada", según su declaración ministerial, cuidaba el camino en Huetamo, Michoacán, y daba aviso si entraban grupos contrarios que eran los de "******"; mientras que ********** alias "El Cachorro", tenía la función de halcón, reportando por radio cuando veía carros sospechosos, militares y/o policías que van a la sierra; ******** y/o ********* alias "El Parotas" y/o "El Lalo", trabajó ocho meses como gatillero, cuidando una casa de seguridad donde estaba guarda la droga, propiedad de la organización criminal a la que pertenece, que se ubica frente a la secundaria Riva Palacio, Michoacán; mientras que ****** alias "La Perra", cuidaba al señor que le dicen "El Güero Abeja", quien es jefe de la plaza de Huetamo, en el Estado de Michoacán; asimismo, Teodoro Landin Torres alias "La Lombriz", realizaba funciones de halcón, es decir, avisaba si veía pasar policías o militares, y le daba seguridad y protección al mencionado jefe de la organización delictiva; por su parte, Samuel Martinez Gómez alias "El Zipimo", según su deposado ministerial, se encargaba de cargar las pilas de los radios, vigilar la carretera con la finalidad de darle seguridad a "El Güero Abeja". Derivado de lo anterior y contrario a las alegaciones que vierte la defensa del quejoso, el Juez del conocimiento identificó en concreto la organización criminal denominada la "Familia Michoacana" actualmente "Caballeros Templarios", es integrada por lo menos desde el año dos mil ocho, la cual era comandada o dirigida entre otros por la persona apodada "El Güero Abeja" o "Güero Huetamo", como la cabeza principal de esa organización criminal en la zona mencionada, en conjunto con otros sujetos, y a su vez bajo su mando cuentan con diversos subordinados que realizan diversidad de actividades como la de cuidar a los integrantes de la organización criminal, pasando información sobre los movimientos, en el caso, del personal militar, a otros integrantes de carteles rivales como los "Zetas", dicha organización que tenía como fin inmediato la distribución de drogas. En esa línea de argumentación, es de concluir, como de manera acertada lo hizo el Juez responsable que todos los elementos probatorios que fueron valorados en párrafos precedentes, llevan a estimar la probable responsabilidad del ahora quejoso en la comisión del delito de delincuencia organizada (con la finalidad de cometer delitos contra la salud), previsto en el artículo 2, fracción I, y sancionado por el artículo 4, fracción I, inciso b) de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, vigente en la época de los hechos, ello contrario a la manifestado por la defensa del quejoso, ya que del caudal probatorio, adminiculados entre sí y valorados en forma singular y conjunta, son aptos y suficientes para evidenciar que se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito antes mencionado. De igual manera, se tuvo por acreditada la probable responsabilidad penal del quejoso Samuel Martínez Gómez en la comisión del delito delincuencia organizada (con la finalidad de cometer delitos contra la salud), previsto en el artículo 2, fracción I, y sancionado por el artículo 4, fracción I, inciso b) de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como correctamente lo sostuvo el Juez responsable, con los medios de prueba referidos que demostraron los elementos del cuerpo del delito, contrario a lo que refiere la defensa del quejoso en su alegación señalada con el inciso i). De ahí que resulte aplicable al particular, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, impresa en la página 341, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro 224782, que establece: "CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si bien es cierto que el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia una violación de garantías". De lo anterior, se concluye que la autoridad responsable analizó y valoró, todos y cada uno los medios probatorios que conforman la indagatoria, estableciendo las circunstancias de modo tiempo y lugar, dándoles un valor jurídico a cada una de las probanzas, mismas que a su vez concatenó entre sí para reforzarlas y poder así acreditar la probable responsabilidad de la ahora quejoso En ese sentido, cabe destacar que para el dictado de un auto de formal prisión, la ley no exige pruebas fehacientemente claras que acrediten en forma indudable la responsabilidad de la procesada, sino únicamente que los datos que arroje la averiguación previa, sean bastantes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la indiciada, como en el caso se cumple. Resulta aplicable la jurisprudencia XX. J/27, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de la Octava Época, con número de registro 216795, número 63, Marzo de 1993, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, UNICAMENTE DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS A QUE SE CONTRAE EL ARTICULO 19 CONSTITUCIONAL". 04/10/21 17:43:41 En virtud de lo antes expuesto, al haber resultado infundados los conceptos de violación vertidos por la defensa del quejoso y dado que en la especie no advierte deficiencia de la queja que deba suplirse, se considera que la resolución combatida se encuentra ajustada a derecho, por ende, lo procedente es negar al quejoso el amparo y protección que de la Justicia de la Unión que solicita, en contra del auto de formal prisión dictado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en la causa penal 27/2013. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. Así lo resolvió y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Nancy Karina Cedillo Rosas, secretaria quien da fe, el día de hoy veinticinco de junio de dos mil veintiuno en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    2. Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra prevista para hoy la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, a fin de integrar este asunto, mediante oficio que derive de este acuerdo, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), y 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, notifíquese la presentación de la demanda de amparo al Agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal de la que deriva el acto reclamado, y acompáñese para tal efecto copia simple de la misma. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional, y se señalan para su verificativo las diez horas del dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de, en unión de Nancy Karina Cedillo Rosas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    2. Iguala de la Independencia, Guerrero, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que está prevista para hoy la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, que se encuentra transcurriendo el plazo que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del arábigo mencionado, se difiere la audiencia constitucional, y en su lugar se señalan las once horas con cuarenta minutos del veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Nancy Karina Cedillo Rosas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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