Samuel Manzanares Deaquino

Expediente 35/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
35/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Samuel Manzanares Deaquino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de marzo de dos mil veintidós. DEVUELVE DESPACHO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio enviado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, a través del cual devuelve diligenciado el despacho 181/2022 (orden 389/2022), del índice de este Juzgado, enviado con la finalidad de notificar personalmente el auto de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, al peticionario de amparo Samuel Manzares de Aquino, circunstancia que aconteció el diecinueve del mencionado mes y año. BAJA. Dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo; sin que haya lugar a lugar acusar el recibo correspondiente; lo anterior, toda vez que el ocurso de que se trata fue recibido vía correo electrónico. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. DEFENSOR ACEPTA CARGO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, glósese el escrito suscrito por Juan Mondragón Obregón, Defensor Público Federal, por medio del cual acepta y protesta el cargo conferido en el presente asunto como defensor del quejoso Samuel Manzanares de Aquino, quien señala como domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal que le sean ordenadas en las oficinas de la Defensoría Pública Federal de esta ciudad; así como el correo electrónico oficial juan.modragòn.obregon@correo.cjf.gob.mx. PRECISIÓN. En el entendido de que, en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que se ordenen al quejoso privado de su libertad se harán por conducto de dicho defensor, con excepción de las que por su trascendencia deban notificársele personalmente en el centro preventivo donde guarda reclusión. NOTIFICAR AL QUEJOSO. Toda vez que el quejoso Samuel Manzanares de Aquino, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírense atento despacho, vía correo electrónico, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, realice lo siguiente: Notifique el presente proveído. Por otra parte, se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remitan las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad, que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que se practique la diligencia encomendada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO POR DESPACHO.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. INFORMA SOBRE COMPETENCIA. Agréguese el oficio que remite la Secretaria del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, a través del cual acusa recibo del oficio 1575/2022, de veintiséis de enero de dos mil veintidós; asimismo, informa que se aceptó la competencia planteada a ese Tribunal, únicamente respecto de los actos reclamados a la Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución Penal, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal y Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, ambos con sede en la referida localidad. De igual forma, refiere que se rechazó la competencia planteada por lo que respecta al diverso acto atribuido por el quejoso al Titular de Ejecución de Sanciones de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado, con sede en la Ciudad de México, consistente en la omisión de investigar y buscar información complementaria y aclaratoria sobre los registros de sus antecedentes penales, lo que en su opinión debió efectuarse al recibir los datos de la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que le dictó la Corte de Distrito Este de California, en los Estados Unidos de América. Acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; en el entendido de que la Superioridad no remite el expediente original, al haberse aceptado la competencia respecto de los actos señalados con antelación. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO. Por tanto, de conformidad con los artículos 45 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto en relación al acto atribuido a la autoridad responsable Titular de Ejecución de Sanciones de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado, con sede en la Ciudad de México. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, del análisis sistemático demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama del mencionado Titular de Ejecución de Sanciones de Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado, con sede en la Ciudad de México, lo siguiente: La omisión de investigar y buscar información complementaria y aclaratoria sobre los registros de sus antecedentes penales, lo que en su opinión debió efectuarse al recibir los datos de la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que le dictó la Corte de Distrito Este de California, en los Estados Unidos de América, en la que se le impusieron ochenta y siete meses de prisión, por su responsabilidad en la comisión del delito de posesión con intención de distribuir metanfetamina; esto es, desde que fue trasladado a nuestro país e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, en esta entidad, el doce de junio de dos mil diecinueve. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. En ese sentido, respecto del acto reclamado en estudio, se considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, relativa a que para que sea procedente el juicio de amparo, previamente debieron agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa que señale la ley que rija el acto que se reclame (principio de definitividad), salvo las excepciones que la misma establece, numeral que en lo que interesa, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Esta porción normativa regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo. El principio de definitividad en el juicio de amparo es un requisito indispensable (sine qua non) que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio mencionado se fundamenta en la naturaleza misma del amparo; en efecto este es un medio extraordinario de defensa, sui generis, que tiene por objeto invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recurrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría la índole jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad, salvo los casos que establece el propio numeral. Sirve de apoyo la jurisprudencia, I.3o.C. J/39, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, agosto de 2007, página 1214, cuyo rubro es el siguiente: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE." No obstante que esta fracción establece la obligación de acatar el principio de definitividad, de su contexto se advierten dos supuestos de excepción: el primero, alude a los terceros extraños quienes no están obligados a agotar recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo supuesto de excepción, se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Ahora bien, además de los supuestos de excepción antes referidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que se deben añadir otras hipótesis de excepción que derivan de la fracción XII del artículo 107 constitucional, relativos a la violación de las derechos humanos previstos en los numerales 16, 19 y 20 de la Carta Magna; es decir, no hay obligación de agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado sea restrictivo de libertad, ni en el supuesto de que el quejoso se ostente como tercero extraño al juicio o tercero equiparable, pues precisamente al no existir posibilidad de defenderse en el procedimiento ordinario, el gobernado queda en indefensión al desconocer la legislación aplicable. Un punto a destacar es que las excepciones al principio de definitividad no son aplicables de manera genérica, por el contrario, su aplicación es estricta, lo que pone de manifiesto que con excepción de los supuestos inmersos en la fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de Amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional debe cumplirse con el principio de definitividad del juicio de amparo. Sobre tales bases, según se anunció, en la especie se considera que en contra de la omisión por parte de la autoridad de investigar y buscar información complementaria y aclaratoria sobre los registros de los antecedentes penales del quejoso, procede un recurso contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por virtud del cual pueda ser nulificada la omisión que reclama el quejoso. Ahora, el artículo 25 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que es competencia del Juez de Ejecución Penal lo relativo, entre otras cosas, a la sustanciación de los incidentes que se promuevan para el cumplimiento del pago de reparaciones del daño y las demás que se promuevan con motivo de la ejecución de sanciones penales y rehabilitar los derechos de personas sentenciadas una vez que cumplan con el término de suspensión señalado en la sentencia, así como los casos de indulto o en los casos de reconocimiento de inocencia. Por su parte, el numeral 27, fracción V, inciso D), de la propia Ley Nacional contempla la obligación de la autoridad penitenciaria de mantener una base de datos de personas privadas de la libertad, con la información de cada persona que ingrese al sistema penitenciario y mantener un expediente médico y único de ejecución penal; además para los efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales debe tener en cuenta la información que se encuentra en las bases de datos, así como la registrada en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria del Sistema Único de Información Criminal a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y se cancelará cuando el proceso concluya con sentencia absolutoria que cause estado. A su vez, el artículo 116, de esa misma legislación, establece la figura de la controversia, cuya resolución compete al Juez de Ejecución penal, cuando se trata de la duración, modificación y extinción de la pena y sus efectos. En ese sentido si la parte quejosa reclama la omisión de investigar y buscar información complementaria y aclaratoria sobre los registros de sus antecedentes penales, lo que en su opinión debió efectuarse al recibir los datos de la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, que le dictó la Corte de Distrito Este de California, en los Estados Unidos de América, en la que se le impusieron ochenta y siete meses de prisión, por su responsabilidad en la comisión del delito de posesión con intención de distribuir metanfetamina; esto es, desde que fue trasladado a nuestro país e ingresado el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, en esta entidad, el doce de junio de dos mil diecinueve, se considera que previo a la promoción del presente amparo debió agotar la controversia ante el Juez de Ejecución, por ser la autoridad competente para revisar cuestiones relacionadas con motivos de la ejecución de sanciones penales. Como se observa, el legislador en la Ley de Ejecución Penal, contempló un mecanismo específico para lograr el pleno cumplimiento del procedimiento que debe de seguir quien fue procesado el cual se basa en plantear dicha omisión ante el Juez de ejecución quien deberá de dar trámite a la controversia planteada por el quejoso, asimismo el deberá de dictar los trámites que sean necesarios para resolver si es favorable o no lo planteado por el aquí quejoso. De acuerdo con lo anterior, se puede advertir que en contra de la omisión reclamada, procede un medio de impugnación que deberá de llevarse ante el juez de ejecución, por virtud del cual dicha abstención puede ser corregida, pues se trata de un medio a través del cual el Juez de Ejecución cuenta con elementos coercitivos concretos para en su caso, lo pretendido por la parte quejosa. Ilustra a lo anterior, en lo que interesa, el criterio que sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Undécima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo IV, página 3056, de título "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONTRA LA EMISIÓN DE LA CONSTANCIA DE ANTECEDENTES PENALES SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA, PUES EL QUEJOSO DEBIÓ AGOTAR EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." Sin que se actualice alguna excepción al referido principio de definitividad, puesto que el quejoso no es tercero extraño al procedimiento, por ser la persona quien se procesó y posteriormente fue trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, en esta entidad, en tanto que la omisión reclamada no implica la privación de la vida, ataques a su libertad personal de quejoso, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Por tanto, se estima que respecto al acto reclamado en estudio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61, de la Ley de Amparo, por lo que, procede DESECHAR la demanda de amparo promovida por Samuel Manzanares de Aquino, por su propio derecho. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFICACIÓN POR DESPACHO. Tomando en consideración que el citado quejoso Samuel Manzanares de Aquino, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", ubicado en el municipio de Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, vía correo electrónico, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisionen a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, para que le notifique el presente acuerdo. Por otra parte, se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remitan las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad, que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; por despacho al quejoso, personalmente a su Defensor y mediante oficio al Tribunal Unitario que se indica.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, cuatro de febrero de dos mil veintidós. DESIGNA DEFENSOR. Agréguese el oficio que remite el Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Michoacán, con sede en Morelia, a través del cual designa al licenciado Juan Mondragón Obregón, a efecto de brinde el servicio de defensa penal pública correspondiente al quejoso Samuel Manzanares de Aquino. NOTIFICACIÓN AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL. En atención a lo anterior se ordena notificar al referido licenciado Juan Mondragón Obregón, vía correo electrónico (juan.mondragon.obregon@correo.cjf.gob.mx), para que dentro del término de tres días computado legalmente, comparezca a este juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido; asimismo, para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el entendido que de no hacerlo así, dentro del plazo indicado, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le practicarán por listas de acuerdos que se publican en los estrados de este Juzgado, conforme a lo establecido por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo concedido para tal efecto, o de no informar la imposibilidad legal o material que para ello tenga, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida de Actualización, en relación con los artículos 237, fracción I, 259, ambos de la Ley de Amparo. PRECISIÓN. En el entendido que si la notificación se atiende directamente con el nombrado, podrá hacer dichas manifestaciones ante el fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien deberá asentarlo literalmente, para posteriormente dar cuenta a la secretaria correspondiente en la razón respectiva; o bien, el citado letrado podrá enviar la aceptación del cargo al correo electrónico oficial de este Juzgado de Distrito 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx NOTIFÍQUESE; personalmente al Defensor que se indica.

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