Samuel Lozano Molina
Expediente 77/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 77/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Samuel Lozano Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia de dieciocho de abril del año en curso (fojas 40 a 46), emitida por este juzgado de distrito; asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, que sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, además no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Por cuanto al cuaderno incidental, toda vez que se negaron las medidas cautelares provisional y definitiva respecto de los actos reclamados, conforme al artículo 21, inciso c), del referido acuerdo, es susceptible de destrucción; agréguese copia certificada de este acuerdo al incidente. En su oportunidad, intégrese al acta de baja documental que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso coinciden en su totalidad. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra actos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia de la Administración Municipal y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "(.) III. AUTORIDAD RESPONSABLE: señalo como AUTORIDADES ORDENADORAS: Responsables a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, así como a la Dirección de Asuntos Internos y Dirección de Auditoría y Gasto Público, y como Autoridad y como AUTORIDAD EJECUTORA: la Autoridad Resolutora, de la propia Secretaría;. IV.- ACTO RECLAMADO: Con el carácter que le atribuyo a las responsables, la violación de mis derechos, al no dictar el acuerdo de prevención, admisión o desechamiento del recurso de revocación promovido por el de la voz a través de mi representante legal, dentro del Procedimiento Administrativo 146/2022, así como el de petición establecido en el Artículo 8 Constitucional, el de acceso a la información y el acceso al Procedimiento Administrativo número 146/2022, el cual fue promovido por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, a través de la Dirección de Asuntos Internos. (.)" El promovente manifestó como derecho fundamental violado el previsto en el artículo 8 de la Constitución Federal. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Este juzgado de Distrito, mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, registró la demanda de amparo con el número de expediente ********************, la admitió a trámite, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, pues la conducta reclamada es de naturaleza omisiva, la cual carece de ejecución material, y la demanda se presentó en esta ciudad, por tanto, este juzgado de distrito es competente para conocer sobre este asunto. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, se precisa que el quejoso reclama lo siguiente: De la 1) Secretaría de la Contraloría y Transparencia, 2) Dirección de Asuntos Internos, 3) Dirección de Auditoría y Gasto Público, y 4) Autoridad Resolutora de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, todas de la Administración Municipal: La omisión de dictar el acuerdo de prevención, admisión o desechamiento, del recurso de revocación interpuesto dentro del Procedimiento Administrativo 180/2022. Apoya a lo anterior, por el criterio que la conforma, la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así como la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables 1) Secretaría de la Contraloría y Transparencia, 2) Dirección de Asuntos Internos, 3) Dirección de Auditoría y Gasto Público, y 4) Autoridad Resolutora de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, todas de la Administración Municipal, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado (fojas 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29 y 30). Por tanto, como el quejoso no ofreció prueba alguna que desvirtuara dichas negativas, ante la inexistencia de los actos reclamados, se sobresee en el presente juicio. Apoya lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Ello es así, dado que la demostración del acto reclamado es una cuestión de hechos que debe acreditarse con las pruebas adecuadas e idóneas; de ahí que, cuando las autoridades responsables niegan categóricamente el acto que se les imputa, en tal supuesto, el juez de distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y, luego, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; por tanto, es evidente que corresponde a la parte quejosa la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables, y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Es aplicable a lo anterior, por el criterio que la conforma, la tesis VI.2º.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice lo siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Ahora bien, no pasa inadvertido para esta Juzgadora que, no obstante que el quejoso no acreditó ante este órgano jurisdiccional haber presentado el escrito cuya omisión de acordar reclama, ante las autoridades responsables, éstas 1) Director de Asuntos Internos adscrito a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, 2) Coordinador de Proyectos Resolutivos adscrito a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia, y 3) Secretario de la Contraloría y Transparencia, todos de la Administración Municipal de esta ciudad, al rendir su informe justificado (fojas 17, 18, 25, 26, 29 y 30), informaron que el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se dictó el acuerdo de admisión del recurso de revocación dentro del expediente administrativo 180/2022, el cual fue notificado mediante lista de acuerdos, conforme al artículo 65 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, aplicado supletoriamente a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. Lo que se corrobora con las constancias que remitió el Secretario de la Contraloría y Transparencia, anexas a su informe con justificación, de las que se advierte la inexistencia del acto reclamado a la fecha de la presentación de la demanda, por lo que se sobresee en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Las consideraciones anteriores encuentran apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la aludida Segunda Sala, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Así, de las copias certificadas que remitió la citada autoridad responsable, destacan: a) El acuerdo de admisión de recurso de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente administrativo 180/2022, en el que se admitió el recurso de revocación interpuesto por ******************** -aquí quejoso- (foja 33). b) La lista de acuerdos de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la que se publicó el acuerdo emitido en esa fecha, en el expediente 180/2022 (foja 34). Por tanto, si desde el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se emitió el acuerdo de admisión del recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, el cual se notificó conforme a la normatividad aplicable al caso -lista de acuerdos-, es evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintidós de febrero de dos mil veintitrés- la omisión reclamada en esta sede constitucional era inexistente. CUARTO. DECISIÓN. Ante tales consideraciones, lo procedentes es sobreseer en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo ********************, promovido por ********************. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra señalada esta fecha para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de derechos fundamentales (fojas 9 a 12); asimismo, que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con el objeto de que las partes se impongan del contenido de los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables Director de Asuntos Internos, Directora de Auditoría y Gasto Público, Coordinador de Proyectos Resolutivos, y Secretario de Contraloría y Transparencia, pertenecientes a la Secretaría de Contraloría y Transparencia del Gobierno de Nuevo Laredo, con residencia en esta ciudad (fojas 17, 21, 25 y 29), y puedan estar en aptitud de manifestar lo que a su interés legal convenga. Para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de abril de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
- Principal
Nuevo Laredo, Tamaulipas, quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, téngase por recibidos los oficios que remiten las responsables i) Director de Asuntos Internos, ii) Directora de Auditoría y Gasto Público, iii) Coordinador de Proyectos Resolutivos, y iv) Secretario de la Contraloría y Transparencia, pertenecientes a la Secretaría de Contraloría y Transparencia del Gobierno de Nuevo Laredo, con residencia en esta ciudad, por el que rinden su respectivo informe justificado; por tanto, agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan las autoridades en su oficio de cuenta, y como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a los profesionales que indican en el mismo. Además, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, téngase por ofrecida la prueba documental que anexa el Secretario de la Contraloría y Transparencia a su comunicado de cuenta, la cual dada su naturaleza no requiere preparación especial para su desahogo; misma que será relacionada al momento de celebrarse la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de Luis Alberto González Villa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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