Samuel León Pérez

Expediente 523/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
523/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Samuel León Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 523/2022-III. Puebla, Puebla, tres de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO AUTO DE DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, la parte quejosa no se inconformó contra el auto de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en este juicio, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. , el presente expediente constituye un asunto concluido, por ende se ordena su archivo. , se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; pues, se trata de una resolución en donde sin haber decidido el juicio en lo principal lo dio por concluido. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a quien hubiera presentado la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, debido a que se tuvo por desechada la demanda, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 523/2022-III. En diecinueve de mayo de dos mil veintidós, DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano... Ahora, los reclamos que corresponden al presente asunto, son las siguientes: ".Las ordenadoras... De las ordenadoras... De conformidad con el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal , establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado - que no se materializó o ya materializada-, pero no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede, por ejemplo, cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo III4 , de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. En cuyo caso, el citado Juez de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Lo anterior, porque los artículos 122 y 1245, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Tal circunstancia lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. No debe soslayarse que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII6 , prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. Entonces, como se advierte de lo anteriormente narrado, cuando una persona privada de su libertad reclame actos inherentes a su traslado, aun cuando sea urgente, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues dicho procedimiento judicial cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, la legalidad de dicha orden de traslado. Sobre todo porque otorga al juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado. Y es ahí, justo en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Condicionante que el mecanismo judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento sí cumple pues, como ya quedó explicado con antelación, si la parte quejosa desea que el traslado sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda a presentar su medio de impugnación, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato. Es decir, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, se insiste, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que la persona privada de su libertad sujeta a una orden de traslado, que no proviene de una autoridad judicial, en términos del artículo 52 de la legislación aplicable, sea atendida de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes respecto de la orden de traslado. Otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la orden de traslado, es decir, la suspensión del acto reclamado. En esa virtud, es evidente que las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar una orden de traslado, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. No solo porque la suspensión que prevé tenga los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, sino porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición se desahogará y tramitará en la misma audiencia en la cual la haga valer, es decir, con mayor celeridad. Sustenta todo lo anterior la tesis "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". No pasa desapercibido que la parte quejosa señaló como autoridades ordenadoras a los Jueces de Control de la Región Judicial Centro en el Estado de Puebla Rosario Ivonne Rivera Calza y Aarón Hernández Chino y el Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente con residencia en Tehuacán, Puebla a los cuales les atribuye la falta de control, silencio judicial respecto de la legalidad del traslado involuntario. Sin embargo, no se advierte que la parte quejosa haya interpuesto ante alguno de los jueces mencionados la controversia a que se refiere el artículo 117 fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que fue explicada en párrafos anteriores, y tampoco se advierte que les reclame la determinación con la que resolvieron tal controversia, respecto de la cual, incluso, procede recurso de apelación, como se dijo en párrafos precedentes, en términos del artículo 52 de la referida legislación. En ese contexto normativo, y tomando en consideración que precisamente el acto reclamado en este juicio de amparo es la orden de traslado de un centro penitenciario a otro; es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, el quejoso debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el indicando en el escrito de cuenta ubicado en esta ciudad de Puebla. Se tienen como autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas indicados en el ocurso, debido a que la parte quejosa omitió conferirles las facultades amplias que prevé dicho numeral Sin que haya lugar a tener los correos electrónicos y números de teléfono como medios de notificación por no estar previstos como tal en la Ley de Amparo, pero se toma nota de los mismos para establecer contacto en caso de ser necesario. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO El quejoso solicita acceso al expediente electrónico y, para ello, proporciona al usuario "CORPORATIVOJURIDICOLEON". En consecuencia, se autoriza el acceso y consulta al expediente electrónico al usuario: "CORPORATIVOJURIDICOLEON"; por lo que se instruye la habilitación de dicho usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el mismo Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. JUICIO DE AMPARO 523/2022-III. En diecinueve de mayo de dos mil veintidós, DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano... Ahora, los reclamos que corresponden al presente asunto, son las siguientes: ".Las ordenadoras... De las ordenadoras... De conformidad con el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal , establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado - que no se materializó o ya materializada-, pero no se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede, por ejemplo, cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo III4 , de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. En cuyo caso, el citado Juez de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente. Lo anterior, porque los artículos 122 y 1245, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Tal circunstancia lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. No debe soslayarse que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII6 , prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. Entonces, como se advierte de lo anteriormente narrado, cuando una persona privada de su libertad reclame actos inherentes a su traslado, aun cuando sea urgente, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pues dicho procedimiento judicial cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual, los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos y ante una autoridad judicial independiente a la penitenciaria, la legalidad de dicha orden de traslado. Sobre todo porque otorga al juez la potestad de suspender de oficio y de inmediato el acto impugnado. Y es ahí, justo en esa facultad donde radica la esencia de la improcedencia actualizada. Dado que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual, dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Condicionante que el mecanismo judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en comento sí cumple pues, como ya quedó explicado con antelación, si la parte quejosa desea que el traslado sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al juez que corresponda a presentar su medio de impugnación, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, paralizándolo de plano e inmediato. Es decir, la suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene los mismos alcances que la diversa de la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que la ley de la materia consigna para concederla y tampoco un plazo mayor del que esta ley determina para el otorgamiento de la suspensión provisional. Por el contrario, se insiste, el citado mecanismo ofrece una oportunidad real, ágil y eficaz para que la persona privada de su libertad sujeta a una orden de traslado, que no proviene de una autoridad judicial, en términos del artículo 52 de la legislación aplicable, sea atendida de inmediato, sin mayor trámite ni dilación alguna, incluso de manera personalizada frente a la autoridad correspondiente, en donde la persona interna podrá formular de viva voz sus inquietudes respecto de la orden de traslado. Otorgando con ello la posibilidad de que en ese mismo acto o audiencia la autoridad correspondiente, frente al interno, ordene el cese inmediato de la orden de traslado, es decir, la suspensión del acto reclamado. En esa virtud, es evidente que las personas privadas de su libertad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar una orden de traslado, deben agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. No solo porque la suspensión que prevé tenga los mismos efectos que la regulada por la Ley de Amparo, sino porque por la naturaleza del mecanismo señalado, su petición se desahogará y tramitará en la misma audiencia en la cual la haga valer, es decir, con mayor celeridad. Sustenta todo lo anterior la tesis "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". No pasa desapercibido que la parte quejosa señaló como autoridades ordenadoras a los Jueces de Control de la Región Judicial Centro en el Estado de Puebla Rosario Ivonne Rivera Calza y Aarón Hernández Chino y el Juez de Control de la Región Judicial Sur Oriente con residencia en Tehuacán, Puebla a los cuales les atribuye la falta de control, silencio judicial respecto de la legalidad del traslado involuntario. Sin embargo, no se advierte que la parte quejosa haya interpuesto ante alguno de los jueces mencionados la controversia a que se refiere el artículo 117 fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que fue explicada en párrafos anteriores, y tampoco se advierte que les reclame la determinación con la que resolvieron tal controversia, respecto de la cual, incluso, procede recurso de apelación, como se dijo en párrafos precedentes, en términos del artículo 52 de la referida legislación. En ese contexto normativo, y tomando en consideración que precisamente el acto reclamado en este juicio de amparo es la orden de traslado de un centro penitenciario a otro; es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues previo a interponerse la demanda de amparo de cuenta, el quejoso debió agotar el procedimiento judicial establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el indicando en el escrito de cuenta ubicado en esta ciudad de Puebla. Se tienen como autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas indicados en el ocurso, debido a que la parte quejosa omitió conferirles las facultades amplias que prevé dicho numeral Sin que haya lugar a tener los correos electrónicos y números de teléfono como medios de notificación por no estar previstos como tal en la Ley de Amparo, pero se toma nota de los mismos para establecer contacto en caso de ser necesario. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO El quejoso solicita acceso al expediente electrónico y, para ello, proporciona al usuario "CORPORATIVOJURIDICOLEON". En consecuencia, se autoriza el acceso y consulta al expediente electrónico al usuario: "CORPORATIVOJURIDICOLEON"; por lo que se instruye la habilitación de dicho usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el mismo Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase

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