Samuel Jiménez Antonio

Expediente 643/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
643/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • Samuel Jiménez Antonio

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 643/2020 6 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Firmeza del desechamiento de demanda. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintiocho de octubre del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con fundamento en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, en términos de los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 643/2020 Acuerdo: P. 643/2020 6 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veinte. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, el veintisiete del actual, turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por el quejoso ***, por propio derecho, contra actos del encargado o responsable de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, y de otra autoridad; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 643/2020. 2. Desechamiento. En estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, en el caso, este órgano jurisdiccional estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, pues, conforme a la lectura integral del escrito, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta la parte quejosa es evidente e indudablemente improcedente, al no haberse agotado el principio de definitividad, ni actualizarse excepción alguna, como presupuesto para promover el amparo en la vía indirecta. El numeral citado en último término establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano jurisdiccional estima que se debe desechar la demanda de amparo, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendiéndose por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes; como así lo ilustra aplicación la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que, independientemente de la forma en que la parte quejosa lo fija, el acto reclamado consiste en: La aplicación de la unidad de medida y actualización (UMA) en el monto de la pensión que recibe el quejoso, desde el año dos mil dieciséis a la fecha. Acto que, aduce, vulnera sus derechos fundamentales, pues, a su consideración, ocasiona la percepción de cantidades menores a las que tiene derecho a percibir; razón por la cual lo atribuye vía amparo indirecto a las autoridades siguientes: Encargado o responsable de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca. Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca. Precisado lo anterior, debe señalarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." El mencionado numeral prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con idénticos alcances a los que prevé esa ley y sin exigir mayores requisitos que los que en ella se consignan para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Esto es, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consagra el principio de definitividad, postulando como supuestos de excepción, que implican la inexistencia de obligación de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios 1) si el acto reclamado carece de fundamentación, 2) cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal y 3) cuando el recurso se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En ese sentido, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa, previo a su promoción, debe acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Bajo ese tenor, el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoce como actos impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a aquellas resoluciones emitidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cuando conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque las pensiones, pues dispone lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: - - - -(.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; - - - (...) Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa". Como se ve, contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en materia administrativa federal, así como las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -como en el caso en estudio-, procede el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así lo ha reconocido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que, en esos casos, debe agotarse el juicio contencioso administrativo previo a acudir al juicio de amparo, salvo que se actualizara alguna excepción al principio de definitividad. Criterio que se contiene en la Jurisprudencia 2a./J. 111/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." Y en la Jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), del tenor siguiente: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO NSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo." Así, como se anticipó, el quejoso reclama en este juicio de amparo indirecto la aplicación de la unidad de medida y actualización (UMA) en el monto de la pensión que recibe, desde el año dos mil dieciséis a la fecha; no obstante, contra ese tipo de actos administrativos procede el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es preciso indicar que no se desatiende la jurisprudencia 2a./J. 84/2018 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO"; pues si bien el quejoso no reclama una resolución expresa o ficta de las autoridades responsables, en la que se establezca el método para el pago del monto de su pensión, o de los incrementos y pago de aguinaldo que deban actualizarse; lo cierto es que reclama la aplicación de la unidad de medida y actualización (UMA) en el monto de la pensión que ha recibido mensualmente desde el año dos mil dieciséis a la fecha, es decir, un acto administrativo que se manifiesta de manera expresa a través del pago mensual de la pensión. Máxime que, como se dijo en párrafos precedentes, existe jurisprudencia que establece la obligatoriedad de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de acudir al juicio de amparo; lo que trae como consecuencia que se actualice en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo, porque por medio de la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, la cual es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se determinó la procedencia del juicio contencioso administrativo federal para impugnar un acto como el que se reclama, y la necesidad de agotarlo antes de instar el amparo. Ilustra lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 1008, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS." En ese contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar, de plano, por improcedente, la demanda de amparo promovida por el quejoso Samuel Jiménez Antonio. Tiene aplicación la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 187016, cuyo contenido dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Precisiones. Por lo que hace a las excepciones para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, resulta indispensable mencionar, en primer lugar, que los alcances que se dan a la suspensión del acto reclamado conforme a la Ley de Amparo, en esencia, son iguales a los que se otorgan en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ciertamente, en la Ley de Amparo se prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Por su parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Lo señalado en último término no es menor a lo previsto por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho transgredido al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Por ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones, permite concluir que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación. Además, hay similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Sirve de apoyo la jurisprudencia 27/2016, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1194, tomo II, Libro 28, marzo de 2016, materia administrativa, común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 2011289, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". En segundo lugar, el acto reclamado no carece de fundamentación y motivación, ya que justamente el quejoso controvierte la aplicación de la unidad de medida y actualización en el monto de su pensión; aplicación cuya génesis radica en la Ley para Determinar la Unidad de Medida de Actualización que se especifica desde el otorgamiento de la pensión, por lo que los pagos no pueden verse de manera aislada, sino como parte de un todo. En tercer lugar, no se afecta al quejoso como persona extraña al procedimiento ni se reclaman en este juicio exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal, sino también indirectas (diversos vicios de legalidad), tales como aquellas que aluden a la inobservancia de disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y, además, no se trata de un juicio de amparo contra leyes, ni se promueve con motivo del primer acto de aplicación; pues si bien el quejoso en el punto "primero" de la demanda de amparo refiere que los actos que se impugnan "son normas generales consideradas inconstitucionales por jurisprudencia"; lo cierto es que precisa posteriormente su deseo de combatir la ilegal aplicación de la unidad de medida y actualización (UMA) en el pago de su pensión, desde el año dos mil dieciséis a la fecha; siendo que forman parte de los conceptos de violación las alegaciones tendentes a evidenciar que con la aplicación de la UMA en su pensión se contravienen consideraciones jurisprudenciales. Por otro lado, conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa, la parte quejosa debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición ocasionaría en perjuicio del propio gobernado un retardo en la administración de justicia. Al respecto, incluso, se invoca como precedente en la emisión de esta determinación, la ejecutoria dictada en sesión de trece de diciembre de dos mil diecinueve, en el recurso de revisión 856/2019 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, que abordó la improcedencia del juicio respecto de una demanda de amparo en que se reclamó la aplicación de la UMA en una pensión del ISSSTE, y confirmó la sentencia que sobreseyó en el juicio. También es aplicable la tesis 15 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2274, Tomo 3, Libro XIX, Abril de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." 3. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Se exhorta a la parte quejosa, para que, preferentemente, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); ello, con fundamento en el artículos 28 y 29, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), la cual está colocada en la parte exterior de este edificio, que opera de las 9:00 a las 14:00 horas. 4. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; y, como autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo. 5. Parte quejosa señala correos electrónicos. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del multicitado acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene a la parte quejosa señalando en su demanda de amparo correos electrónicos. Medios de comunicación que, de ser necesarios, serán utilizados para establecer contacto con la parte quejosa o sus autorizados, a fin de mejorar la comunicación con las partes y atender a la pronta administración de justicia. De lo anterior, deberá tomar nota el (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado; en el entendido que siempre que se haga uso de esos medios, deberá levantar la certificación correspondiente e integrarla al expediente. 6. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 7. Forma de notificación a la parte quejosa. Por esta ocasión, se ordena notificar este proveído a la parte quejosa por conducto del (de la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado, en el domicilio que tiene señalado en autos. 8. Indicación al (la) actuario (a). Toda vez que se ordenará la notificación personal de este auto a la parte quejosa, se instruye al (a la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (vigente a la fecha en que se actúa). 9. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    P. 643/2020 6 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veinte. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, el veintisiete del actual, turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por el quejoso ***, por propio derecho, contra actos del encargado o responsable de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, y de otra autoridad; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 643/2020. 2. Desechamiento. En estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, en el caso, este órgano jurisdiccional estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, pues, conforme a la lectura integral del escrito, queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta la parte quejosa es evidente e indudablemente improcedente, al no haberse agotado el principio de definitividad, ni actualizarse excepción alguna, como presupuesto para promover el amparo en la vía indirecta. El numeral citado en último término establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano jurisdiccional estima que se debe desechar la demanda de amparo, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendiéndose por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes; como así lo ilustra aplicación la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que, independientemente de la forma en que la parte quejosa lo fija, el acto reclamado consiste en: La aplicación de la unidad de medida y actualización (UMA) en el monto de la pensión que recibe el quejoso, desde el año dos mil dieciséis a la fecha. Acto que, aduce, vulnera sus derechos fundamentales, pues, a su consideración, ocasiona la percepción de cantidades menores a las que tiene derecho a percibir; razón por la cual lo atribuye vía amparo indirecto a las autoridades siguientes: Encargado o responsable de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca. Encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca. Precisado lo anterior, debe señalarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." El mencionado numeral prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Lo anterior, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con idénticos alcances a los que prevé esa ley y sin exigir mayores requisitos que los que en ella se consignan para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Esto es, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consagra el principio de definitividad, postulando como supuestos de excepción, que implican la inexistencia de obligación de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios 1) si el acto reclamado carece de fundamentación, 2) cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal y 3) cuando el recurso se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En ese sentido, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa, previo a su promoción, debe acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Bajo ese tenor, el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoce como actos impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a aquellas resoluciones emitidas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cuando conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque las pensiones, pues dispone lo siguiente: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: - - - -(.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; - - - (...) Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa". Como se ve, contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en materia administrativa federal, así como las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -como en el caso en estudio-, procede el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así lo ha reconocido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que, en esos casos, debe agotarse el juicio contencioso administrativo previo a acudir al juicio de amparo, salvo que se actualizara alguna excepción al principio de definitividad. Criterio que se contiene en la Jurisprudencia 2a./J. 111/2005 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." Y en la Jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), del tenor siguiente: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO NSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo." Así, como se anticipó, el quejoso reclama en este juicio de amparo indirecto la aplicación de la unidad de medida y actualización (UMA) en el monto de la pensión que recibe, desde el año dos mil dieciséis a la fecha; no obstante, contra ese tipo de actos administrativos procede el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es preciso indicar que no se desatiende la jurisprudencia 2a./J. 84/2018 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO"; pues si bien el quejoso no reclama una resolución expresa o ficta de las autoridades responsables, en la que se establezca el método para el pago del monto de su pensión, o de los incrementos y pago de aguinaldo que deban actualizarse; lo cierto es que reclama la aplicación de la unidad de medida y actualización (UMA) en el monto de la pensión que ha recibido mensualmente desde el año dos mil dieciséis a la fecha, es decir, un acto administrativo que se manifiesta de manera expresa a través del pago mensual de la pensión. Máxime que, como se dijo en párrafos precedentes, existe jurisprudencia que establece la obligatoriedad de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes de acudir al juicio de amparo; lo que trae como consecuencia que se actualice en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo, porque por medio de la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, la cual es de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se determinó la procedencia del juicio contencioso administrativo federal para impugnar un acto como el que se reclama, y la necesidad de agotarlo antes de instar el amparo. Ilustra lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 1008, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS." En ese contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar, de plano, por improcedente, la demanda de amparo promovida por el quejoso Samuel Jiménez Antonio. Tiene aplicación la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 187016, cuyo contenido dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Precisiones. Por lo que hace a las excepciones para la actualización de la causa de improcedencia en estudio, resulta indispensable mencionar, en primer lugar, que los alcances que se dan a la suspensión del acto reclamado conforme a la Ley de Amparo, en esencia, son iguales a los que se otorgan en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ciertamente, en la Ley de Amparo se prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Por su parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Lo señalado en último término no es menor a lo previsto por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho transgredido al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Por ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones, permite concluir que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación. Además, hay similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Sirve de apoyo la jurisprudencia 27/2016, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1194, tomo II, Libro 28, marzo de 2016, materia administrativa, común, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro 2011289, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". En segundo lugar, el acto reclamado no carece de fundamentación y motivación, ya que justamente el quejoso controvierte la aplicación de la unidad de medida y actualización en el monto de su pensión; aplicación cuya génesis radica en la Ley para Determinar la Unidad de Medida de Actualización que se especifica desde el otorgamiento de la pensión, por lo que los pagos no pueden verse de manera aislada, sino como parte de un todo. En tercer lugar, no se afecta al quejoso como persona extraña al procedimiento ni se reclaman en este juicio exclusivamente violaciones directas a la Constitución Federal, sino también indirectas (diversos vicios de legalidad), tales como aquellas que aluden a la inobservancia de disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Y, además, no se trata de un juicio de amparo contra leyes, ni se promueve con motivo del primer acto de aplicación; pues si bien el quejoso en el punto "primero" de la demanda de amparo refiere que los actos que se impugnan "son normas generales consideradas inconstitucionales por jurisprudencia"; lo cierto es que precisa posteriormente su deseo de combatir la ilegal aplicación de la unidad de medida y actualización (UMA) en el pago de su pensión, desde el año dos mil dieciséis a la fecha; siendo que forman parte de los conceptos de violación las alegaciones tendentes a evidenciar que con la aplicación de la UMA en su pensión se contravienen consideraciones jurisprudenciales. Por otro lado, conviene dejar en claro que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa, la parte quejosa debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición ocasionaría en perjuicio del propio gobernado un retardo en la administración de justicia. Al respecto, incluso, se invoca como precedente en la emisión de esta determinación, la ejecutoria dictada en sesión de trece de diciembre de dos mil diecinueve, en el recurso de revisión 856/2019 del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, que abordó la improcedencia del juicio respecto de una demanda de amparo en que se reclamó la aplicación de la UMA en una pensión del ISSSTE, y confirmó la sentencia que sobreseyó en el juicio. También es aplicable la tesis 15 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2274, Tomo 3, Libro XIX, Abril de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." 3. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Se exhorta a la parte quejosa, para que, preferentemente, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); ello, con fundamento en el artículos 28 y 29, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Lo anterior, a fin de dar continuidad al juicio de forma electrónica, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes. En caso de no poder continuar con el trámite de este juicio de amparo en línea, conforme a lo establecido en el acuerdo general 21/2020, podrá promover físicamente ante la Oficialía de Partes Comunes (OPC), la cual está colocada en la parte exterior de este edificio, que opera de las 9:00 a las 14:00 horas. 4. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; y, como autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, por así solicitarlo. 5. Parte quejosa señala correos electrónicos. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del multicitado acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene a la parte quejosa señalando en su demanda de amparo correos electrónicos. Medios de comunicación que, de ser necesarios, serán utilizados para establecer contacto con la parte quejosa o sus autorizados, a fin de mejorar la comunicación con las partes y atender a la pronta administración de justicia. De lo anterior, deberá tomar nota el (la) actuario(a) adscrito a este Juzgado; en el entendido que siempre que se haga uso de esos medios, deberá levantar la certificación correspondiente e integrarla al expediente. 6. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 7. Forma de notificación a la parte quejosa. Por esta ocasión, se ordena notificar este proveído a la parte quejosa por conducto del (de la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado, en el domicilio que tiene señalado en autos. 8. Indicación al (la) actuario (a). Toda vez que se ordenará la notificación personal de este auto a la parte quejosa, se instruye al (a la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (vigente a la fecha en que se actúa). 9. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 10. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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