Samuel Jacobo Claro

Expediente 67/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
67/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Samuel Jacobo Claro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el término que se le otorgó; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad oficiante informa que declaró sin materia el recurso de queja 118/2022. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el primero de los oficios de cuenta, remitido por las autoridades responsables Gobernador y Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Jalisco, a través del cual en atención al requerimiento formulado en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, solicitan una prórroga para cumplir con la ejecutoria emitida en autos; al respecto, agréguese el comunicado de mérito para que surta los efectos legales a los que haya lugar. En principio, debe decirse que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, en concreto en su artículo 192, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que causa ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, y el órgano jurisdiccional ordenará notificar la resolución a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. En el mismo auto en que se ordena la notificación señalada, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal -hoy Ciudad de México- y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se trate de amparo indirecto o directo, para continuar con el trámite de inejecución que puede culminar, en su caso, con la separación del cargo de la responsable o la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo, y su posterior consignación. En el propio auto referido, en su caso, se deberá requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a esta última cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) ya iniciado el procedimiento y no cumplida la sentencia en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, y 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Como se ve, el juez cuenta con facultades para otorgar prórrogas a las autoridades encargadas de cumplir con la ejecutoria cuando ésta se encuentre en vías de cumplimiento, o bien justifiquen la causa del retraso, supuestos en los cuales pueden ampliarse cualquiera de los plazos inicialmente otorgados por una sola vez. En el caso, las autoridades oficiantes exponen que necesitan una prórroga prudente para cumplir con la ejecutoria, pues aducen, bajo protesta de decir verdad, que se encuentran realizando "nuevamente" un estudio exhaustivo del expediente interno, así como de algunas de las actuaciones dictadas en este sumario constitucional. Sin embargo, conviene recordar a las responsables que la sentencia dictada en autos fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión 479/2019, en sesión de dos de julio de dos mil veinte; y fueron requeridas por primera vez desde el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte -data en la que se recibió el testimonio respectivo-; luego, en los acuerdos de once de noviembre de dos mil veinte y dos de septiembre de dos mil veintiuno, se estableció, a partir del estudio detallado de los considerandos de la sentencia dictada en autos, los actos que deben acreditar para demostrar que dieron cumplimiento al fallo protector. Asimismo, es importante resaltar que, a fin de lograr el cumplimiento del fallo protector, el suscrito ha formulado requerimientos a las responsables, en los proveídos de: Once de noviembre de dos mil veinte. Cuatro de junio de dos mil veintiuno. Treinta de junio de dos mil veintiuno. Veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Once de agosto de dos mil veintiuno. Dos de septiembre de dos mil veintiuno. Diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Siete de octubre de dos mil veintiuno. Veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Veintidós de febrero de dos mil veintidós. Por tanto, es evidente que ha transcurrido un plazo razonable para cumplir lo solicitado, sin que al día de hoy se encuentre demostrado su compromiso para cumplir de forma ágil y eficiente, pues no acreditan las acciones tendentes a cumplir el núcleo esencial de la ejecutoria de amparo, ya que no demuestran que, sin incurrir en formalismos ni rigorismos innecesarios en perjuicio de la parte quejosa, realizaron los actos necesarios para ese fin; por lo que, el argumento de que se encuentran realizando "nuevamente" un estudio exhaustivo de las constancias que mencionan, no es motivo suficiente para estimar que requieren de un tiempo extraordinario para cumplir, tomando en consideración que el primer requerimiento se les formuló desde el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Es decir, a partir de esa fecha, las autoridades responsables estuvieron en aptitud de analizar, estudiar y resolver acorde con la concesión de amparo, por lo que, la razón que exponen en su comunicado, no justifica el retraso en el que han incurrido por más de diecisiete meses. Por tal motivo, NO PROCEDE OTORGAR LA PRÓRROGA PETICIONADA. Ahora bien, con la finalidad de dar celeridad al cumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, así como de considerar si su complejidad o dificultad justifican la ampliación del plazo otorgado en auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, previo a imponer la medida de apremio ahí decretada, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, informen de manera detallada: (i) cuáles son las gestiones que, hasta el momento, han realizado para acatar el fallo protector, debiendo precisar el tiempo dedicado a cada una de ellas; (ii) mencionen quiénes son las autoridades que se han involucrado en dichas acciones, y (iii) en qué ha consistido su participación. Lo anterior, en el entendido de que deberán remitir a este órgano jurisdiccional constancias con las que acrediten sus afirmaciones. Asimismo, se conmina a las autoridades responsables a que colaboren con las funciones de este juzgado y no constituyan de facto en barreras u obstáculos que impidan a la parte quejosa el acceso a la justicia de manera pronta y expedita, sino que ayuden en el ámbito de su competencia y en el límite de sus recursos humanos y materiales a que la parte quejosa sea restituida en los derechos humanos que le fueron violados, por lo que se le insiste en que tengan un compromiso con su función, actuando con sensibilidad a la problemática que se genera. Se insiste entonces a las autoridades indicadas a que asuman con responsabilidad la obligación de cumplir con lo ordenado, mostrando una conducta sensible a la problemática que se plantea, coadyuvando con este juzgado en la impartición de justicia, mediante la agilización, en el ámbito de su competencia y en el límite de sus posibilidades, de las acciones que permitan el cumplimiento de la sentencia dictada en autos, evitando en todo tiempo formalismos, rigorismos y trámites innecesarios y eliminando obstáculos superfluos que impidan de manera injustificada que se restituya a la parte quejosa en los derechos humanos que le fueron transgredidos. Bajo apercibimiento, que de no acatar lo anterior sin causa justificada en el lapso indicado, se impondrá a su titular, la medida de apremio señalada en auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, esto es, una multa de cuatrocientas unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $38,488.00 (treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, con independencia de las demás responsabilidades en que pueda incurrir. En otro orden de ideas, se recibe el comunicado que remite la autoridad responsable Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el contenido del acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintiuno emitido por el Gobernador del Estado de Jalisco, y al efecto, menciona que con lo ahí resuelto se ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Del mismo modo, argumenta que este Juzgador no precisa los motivos y fundamentos por los cuales estima que el fallo protector no está cumplido, ni menciona de qué manera ha sido omisa, tomando en consideración que la concesión de amparo se otorgó con plenitud de jurisdicción. En atención a lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante que, en proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se analizó el acuerdo que refiere, para verificar si se acataron los extremos del fallo protector, y al advertir que no se atendieron en su totalidad, precisó de manera fundada y motivada las razones por las cuales lo consideró así, haciendo referencia a cada uno de los puntos que no se cumplieron, para justificar tal apreciación; en consecuencia, dígasele que deberá estarse a lo acordado en esa determinación, así como cumplir con el requerimiento formulado en párrafos que anteceden y en el diverso auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós. Finalmente, agréguese a los autos el oficio proveniente de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, a través del cual solicita una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, bajo el argumento de que se encuentra pendiente de resolverse el incidente de inejecución de sentencia, con el cual, se busca que se aclaren los términos y lineamientos con los que se debe acatar el fallo protector; y, en relación con su petición, dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el que se le tuvo formulando una petición similar y se le informó que, la tramitación de dicha incidencia no tiene por efecto posponer ni suspender el cumplimiento de la resolución dictada en este sumario. No obstante lo anterior, hágase de su conocimiento, que deberá atender el requerimiento contenido en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, así como el formulado en el presente acuerdo, en el plazo otorgado para tal efecto. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, y como está ordenado en proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, remítase al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el original del escrito de agravios (previo desglose y copia certificada se deje en autos) y el cuaderno principal, para la substanciación del recurso de revisión. Fórmese cuaderno de antecedentes con las actuaciones que se generen a partir del oficio por el que se envíe el medio de impugnación interpuesto. Sin que sea necesario fotocopiar las constancias que obran en el cuaderno original, pues se encuentran integradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la Unión. Notifíquese.

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