Samuel Izquierdo Perez

Expediente 389/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
389/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
18/08/2022

Partes del expediente

  • Samuel Izquierdo Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, párrafo primero, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, para que el quejoso Samuel Izquierdo Pérez, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del tres al dieciséis de agosto del mismo año, con exclusión de los días seis, siete, trece y catorce de agosto del año en curso, por haber sido inhábiles (sábados y domingos), en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintinueve de julio de dos mil veintidós, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios J.52/124/2022 PRESIDENCIA y J.52/125/2022 de la Presidenta y Actuaria de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante los cuales, rinden su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado. Como justificación a su informe, la Presidenta de la Junta responsable, remite copia certificada del laudo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 839/2014, y las constancias de notificación respectivas. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Bajo ese contexto, en el caso, mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, Samuel Izquierdo Pérez, promovió demanda de amparo contra los actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, siguientes: 1. La omisión de dictar laudo en el expediente laboral 839/2014. 2. La falta de notificación del laudo dictado en el juicio laboral 839/2014. Por auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se radicó con el número de expediente 389/2022 y se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, el quejoso desahogó la prevención decretada en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, en el sentido de que sí era su deseo llamar a juicio al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. En proveído de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, entre otras determinaciones condignas. Ahora bien, las autoridades responsables Presidenta y Actuario de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados con el argumento de que desde el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se dictó laudo en el expediente laboral 839/2014 y el mismo ya había sido notificado a las partes. Para corroborar su dicho la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, remitió copia certificada del laudo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 839/2014. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Ahora bien, de la documental remitida por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, se advierte que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se dictó laudo en el expediente laboral 839/2014, esto es, con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el trece de junio de dos mil veintidós. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que es inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 839/2014, en relación a la fecha de la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la falta de notificación del laudo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 839/2014, es menester mencionar que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Asimismo, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo ese contexto, en cuanto al acto reclamado consistente en la omisión de notificar el laudo del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, emitido en el juicio laboral 839/2014, atribuida al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, debe decirse que de la copia certificada del laudo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 839/2014, se advierte obra un sello de cuyo contenido se desprende que dicha determinación fue notificada de manera personal el seis de julio de dos mil veintidós, a Raymundo Heredia Escalante, apoderado del actor Samuel Izquierdo Pérez, aquí quejoso. En consecuencia, al haberse notificado al apoderado del aquí quejoso el laudo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, cuya falta de notificación constituía uno de los actos aquí reclamados; resulta evidente que ha cesado el efecto del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracciones IV y V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con un minuto del cuatro de agosto de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se soslaya, que en auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo como terceros interesados a Mantenimiento Marino de México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y Asesoría Gerencial de Recurso Humanos, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, sin que se haya logrado su emplazamiento. No obstante, la falta de emplazamiento a juicio de los terceros interesados, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio les irroga el sentido de este proveído. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Notifíquese personalmente al quejoso, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL CUAL SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios J.52/124/2022 PRESIDENCIA y J.52/125/2022 de la Presidenta y Actuaria de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante los cuales, rinden su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado. Como justificación a su informe, la Presidenta de la Junta responsable, remite copia certificada del laudo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 839/2014, y las constancias de notificación respectivas. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Por otra parte, es criterio preponderante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la existencia del acto reclamado debe relacionarse con la fecha en que se presenta la demanda de amparo. El anterior criterio se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, Octava Época, intitulada: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Bajo ese contexto, en el caso, mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, Samuel Izquierdo Pérez, promovió demanda de amparo contra los actos de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, siguientes: 1. La omisión de dictar laudo en el expediente laboral 839/2014. 2. La falta de notificación del laudo dictado en el juicio laboral 839/2014. Por auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se radicó con el número de expediente 389/2022 y se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. Mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, el quejoso desahogó la prevención decretada en proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, en el sentido de que sí era su deseo llamar a juicio al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen. En proveído de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, entre otras determinaciones condignas. Ahora bien, las autoridades responsables Presidenta y Actuario de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados con el argumento de que desde el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se dictó laudo en el expediente laboral 839/2014 y el mismo ya había sido notificado a las partes. Para corroborar su dicho la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, remitió copia certificada del laudo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 839/2014. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fue expedida por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Ahora bien, de la documental remitida por la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, se advierte que el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se dictó laudo en el expediente laboral 839/2014, esto es, con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, a saber, el trece de junio de dos mil veintidós. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que es inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 839/2014, en relación a la fecha de la presentación de la demanda, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 69, agosto de 2019, Tomo IV, página 4648, Décima Época, intitulada: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Por otra parte, respecto al acto reclamado consistente en la falta de notificación del laudo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 839/2014, es menester mencionar que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Asimismo, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo ese contexto, en cuanto al acto reclamado consistente en la omisión de notificar el laudo del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, emitido en el juicio laboral 839/2014, atribuida al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, debe decirse que de la copia certificada del laudo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 839/2014, se advierte obra un sello de cuyo contenido se desprende que dicha determinación fue notificada de manera personal el seis de julio de dos mil veintidós, a Raymundo Heredia Escalante, apoderado del actor Samuel Izquierdo Pérez, aquí quejoso. En consecuencia, al haberse notificado al apoderado del aquí quejoso el laudo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, cuya falta de notificación constituía uno de los actos aquí reclamados; resulta evidente que ha cesado el efecto del acto reclamado, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracciones IV y V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las doce horas con un minuto del cuatro de agosto de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se soslaya, que en auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo como terceros interesados a Mantenimiento Marino de México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y Asesoría Gerencial de Recurso Humanos, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, sin que se haya logrado su emplazamiento. No obstante, la falta de emplazamiento a juicio de los terceros interesados, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio les irroga el sentido de este proveído. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Notifíquese personalmente al quejoso, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, cinco de julio de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de veintinueve de junio de dos mil veintidós, levantada por el fedatario adscrito a este juzgado federal, en la que indica que no le fue posible emplazar a juicio a las terceras interesadas Asesoría Gerencial de Recursos Humanos, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y Mantenimiento Marino de México, sociedad anónima de responsabilidad limitada de capital variable, en el domicilio proporcionado por el quejoso Samuel Izquierdo Pérez. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista al quejoso para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcione un domicilio en el cual puedan ser emplazados a juicio a las terceras interesadas Asesoría Gerencial de Recursos Humanos, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable y a Mantenimiento Marino de México, sociedad anónima de responsabilidad limitada de capital variable, para estar en condiciones de emplazarlas a juicio; apercibido que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, se procederá en los términos establecidos en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; es decir, que una vez agotadas las medidas pertinentes para su localización, el emplazamiento se ordenará por edictos cuya publicación será a su costa, en los términos que señala el artículo 315 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Notifíquese por lista.

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