Samuel Isaac Reyes Trejo
Expediente 1622/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1622/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Samuel Isaac Reyes Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Incidental
VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1622/2023-VII-A, promovido por Humberto Eduardo Colli Arana, quien se ostenta como defensor de Samuel Isaac Reyes Trejo, contra el acto que reclama del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Solicitud de la Suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, el nombrado quejoso solicitó la suspensión definitiva en contra del acto que reclamó del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el once de octubre del año en curso, emitido en el juicio principal, se admitió la demanda de amparo, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos; se solicitó a la autoridad responsable Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, su informe previo, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: El auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veinte de septiembre del dos mil veintitrés, en la carpeta administrativa 315/2023 del índice de la responsable, por el delito de abuso sexual equiparado agravado. SEGUNDA. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, en virtud de así haberlo reconocido expresamente al rendir su informe previo. TERCERA. Ahora bien, por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con los artículos 128, interpretado en sentido contrario, y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado; debe analizarse en primer término su naturaleza, la cual, es de actos consumados con efectos positivos; pues al tratarse de la resolución que dictó la vinculación a proceso del aquí quejoso, debe entenderse que ya se emitió; no obstante, respecto a los efectos y consecuencias de dicho acto, es viable analizar si resulta procedente o no la concesión de la medida cautelar que se solicita. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DEL ACTO En relación con los efectos y consecuencias de los actos reclamados, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. En el presente caso, la parte quejosa en su escrito de demanda solicitó la suspensión provisional y a la postre la definitiva; y de concederse la suspensión, no se advierte afectación al interés social ni se infringirían disposiciones de orden público. Por tanto, con apoyo en los artículos 163 y 166, ambos de la Ley de Amparo, se concede la suspensión para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que lo juzga para la continuación del procedimiento, hasta que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal del que derivan estos autos. Sin que obste a ello, que la autoridad juzgadora pueda decretar alguna medida cautelar diversa a la que ya goza el quejoso, que estime procedente, al ser más amplio el catálogo de medidas que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales que la Ley de Amparo, y por tanto, más benéficas para el aquí quejoso. En el caso, se invoca por identidad de razón la tesis II.2.P.284 (9ª), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 4296, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, AL ANALIZAR DICHA DETERMINACIÓN, PUEDE REITERAR LOS CRITERIOS DE AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTES DE LAS REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. Como lo refirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de las reformas y adiciones de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, la diferencia entre el auto de formal prisión y el entonces llamado auto de sujeción a proceso radicaba entre otras en que este último no restringía la libertad del todo, sino sólo la perturbaba al obligar al procesado a comparecer periódicamente ante el Juez instructor y a no salir de su jurisdicción territorial si no era con su autorización; luego en atención a las citadas reformas constitucionales, donde existe un nuevo proceso penal de tipo acusatorio, adversarial y oral, aparece la figura del auto de vinculación a proceso que igualmente tiene por objeto someter al imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, esto es, a la investigación formalizada, la que concluye cuando el Ministerio Público declara cerrada la investigación y formula la acusación, entre otras determinaciones posibles, continuando así dicho proceso que puede terminar con el dictado de una sentencia privativa de su libertad personal. Ahora bien, el hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica que su libertad se afecte, al menos parcialmente, en la medida en que lo somete a un proceso penal con pretensión punitiva, cuya prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, por lo que lo obliga a comparecer en los plazos o las fechas indicadas por el Juez que conozca del asunto cuantas veces resulte necesario con miras a garantizar, precisamente, la finalidad potencialmente punitiva de la sentencia con la que culmine, pues la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privar al gobernado de su libertad personal y deambulatoria en sentido estricto, sino que tal afectación también puede darse en el ámbito jurídico por el hecho de estar vinculado, precisamente, a un proceso de tal naturaleza donde, actualmente, con base en las potenciales audiencias subsecuentes que prevé el nuevo sistema procesal, así como las eventuales solicitudes de las partes (particularmente del Ministerio Público y a instancia de víctimas u ofendidos), la autoridad judicial competente puede, incluso, decretar otras medidas para garantizar el seguimiento del proceso penal; por lo que, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma, en forma directa de su libertad personal (pues es independiente de las posibles medidas cautelares adicionales), sí puede considerarse como un acto que la limita indirectamente, en tanto constituye una condición sine qua non para someterlo formal y materialmente a proceso, para la apertura y determinación del periodo de investigación subsecuente, para la continuidad del cauce procesal y para la posible imposición de alguna medida de coerción relacionada con las obligaciones derivadas de esa vinculación, lo cual sin duda repercute en la esfera jurídica del quejoso, al ubicar su condición como la de una persona sujeta a un proceso penal con todas las implicaciones jurídicas o sociológicas que ello conlleva. Y es que del mismo modo en que lo advirtió en su momento el Máximo Tribunal del País, al examinar el auto de "sujeción a proceso" del sistema procesal tradicional, el actual auto de vinculación a proceso genera igualmente una perturbación que, aunque indirecta, incide en la libertad personal. De no aceptarse que existe una afectación, al menos indirecta o en grado de perturbación de la libertad del imputado, como consecuencia del auto de vinculación, se llegaría al absurdo de hacer nugatoria o pretender ignorar la importantísima finalidad que como garantía ejerce la Constitución Mexicana, es decir, la función garantista del tipo penal, que consiste también en evitar que a cualquier gobernado se le someta a un proceso penal (que por naturaleza tiene fines de pretensión punitiva estatal), sin justificarse previamente la satisfacción de los requisitos mínimos para ello, que exigen un estándar suficiente de acreditamiento de un hecho delictivo (no cualquier clase de acto o hecho ajeno a la materia penal) y de razonable probabilidad de intervención en la comisión de ese hecho. Por tal razón se estima que la emisión de un auto de vinculación a proceso, aun sin existir medidas cautelares complementarias, sí perturba o afecta, al menos indirectamente, la libertad personal; de ahí que, en atención a esa especial naturaleza, debe estimarse como supuesto adecuado para la procedencia del amparo y del otorgamiento de la suspensión en lo conducente a esa misma naturaleza excepcionalmente especial. En ese sentido, es claro que la jurisprudencia superada por la legislación reformada no resulta aplicable ni exigible en sentido estricto, pero ello no quiere decir que la autoridad jurisdiccional esté impedida para reiterar el criterio que emana de ella si resulta igualmente aplicable en lo conducente a las nuevas hipótesis normativas, sobre todo cuando éstas son esencialmente idénticas en razones y circunstancias de potencial afectación a la misma garantía o derecho fundamental que la Constitución del País protege, toda vez que donde hay la misma razón no cabe desconocer la misma aplicabilidad de un criterio racional y sustancialmente depurado por la Suprema Corte, que en este caso, este Tribunal Colegiado, dentro del ámbito de su competencia, lo asume y reitera como propio. En efecto, este tribunal comparte tal consideración y reitera, en lo conducente, el aludido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aunque si bien se refiera al "acto de sujeción a proceso", resulta esencial y racionalmente análogo en defensa de la misma garantía de libertad personal, la cual con la creación del sistema penal acusatorio no sólo subsiste sino incluso se ve mayormente tutelada frente a ataques al debido proceso penal, entendido como derecho humano fundamental y reconocido como presupuesto válido de toda pretensión punitiva posible; aspecto que sigue siendo materia de control de constitucionalidad ineludible, independientemente del sistema procesal que se adopte". Así como, en lo conducente, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU CONCESIÓN CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE PRORROGAR A PETICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, CUANDO EL IMPUTADO MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SU PROLONGACIÓN EXCEDIÓ EL PLAZO CONSTITUCIONAL DE DOS AÑOS, NO DEBE SER PARA EL EFECTO DE ORDENAR SU INMEDIATA LIBERTAD. Hechos: Se reclamó en el juicio de amparo indirecto la determinación del Juez de Control que -a solicitud del Ministerio Público-, prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al imputado, quien "bajo protesta de decir verdad" señaló que ya había excedido del plazo de dos años que establece la Constitución General, por lo cual solicitó la suspensión del acto para el efecto de que se ordenara su inmediata libertad, sin que así lo hubiera resuelto el Juez de Distrito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al conceder la suspensión del acto reclamado, no es factible ordenar la inmediata libertad del quejoso por la sola manifestación "bajo protesta de decir verdad", de que la prisión preventiva que impuso el Juez de Control ha excedido el plazo de dos años a que se refiere el artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tratándose de actos privativos de la libertad, los parámetros para la suspensión en el juicio de amparo en materia penal están previstos taxativamente en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, sin que puedan tener los alcances pretendidos por la parte quejosa. Justificación: El artículo 20, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años; sin embargo, si el quejoso reclama en amparo indirecto que el Juez de Control -a petición del Ministerio Público- prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva, y "bajo protesta de decir verdad" señala que ha permanecido privado de la libertad por más de dicho plazo, ello no justifica que al pronunciarse el Juez de amparo sobre la petición de la suspensión del acto reclamado, deba concederla para los efectos solicitados de ordenar su inmediata libertad, ya que los parámetros para otorgar la suspensión en materia penal están previstos específicamente en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, por lo cual la sola manifestación del quejoso no tiene los alcances inmediatos del cese de la medida, sobre todo cuando se carece de elementos idóneos que razonablemente pudieran justificar esa puesta en libertad, pues es inexcusable que en el juicio de amparo las partes alleguen los elementos de prueba pertinentes para que el Juez de Distrito, con la información necesaria, pueda pronunciarse al respecto y de conformidad con los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha determinado que para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades que participen en el proceso." (Registro digital: 2026438, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Común, Penal, Tesis: III.3o.P.19 P (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tipo: Aislada) REQUISITOS DE EFECTIVIDAD Por otra parte, con fundamento en el último párrafo del artículo 168 de la Ley de Amparo, no se fija garantía para que surta efectos la medida suspensional, toda vez que la suspensión únicamente tiene los efectos a que se refiere el citado numeral 163 de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se CONCEDE a Samuel Isaac Reyes Trejo la suspensión definitiva que solicitó en contra del Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, por los motivos expuestos en la tercera de las consideraciones de esta interlocutoria. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que refiere el segundo párrafo del numeral 117 de la Ley de Amparo, con relación a la vista ordenada en proveído de siete de noviembre de este año, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, y anexos que acompañó. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, al cual adjunta como anexo la copia certificada en formato DVD del registro de audio y video correspondiente a las audiencias celebradas el quince y veinte de septiembre de dos mil veintitrés dentro de la carpeta administrativa 315/2023, del índice de la responsable, así como copia certificada de las constancias conducentes que integran dicha carpeta administrativa. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes, y relaciónese en la audiencia constitucional. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable manifiesta que el promovente Humberto Eduardo Colli Arana, tiene el carácter de defensor particular del quejoso en la causa penal de origen; en consecuencia, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce tal personalidad en este juicio constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en el que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Ahora bien, toda vez que la audiencia constitucional de este asunto se encontraba programada para el día veintiséis de octubre en curso, no fue posible su celebración; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.
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