Samuel Ibarra Mireles
Expediente 52/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Samuel Ibarra Mireles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En tres de agosto de dos mil diecisiete, la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifico: Que el auto de dieciocho de julio pasado, fue notificado a la parte quejosa el diecinueve siguiente (fojas 119 vuelta), por lo cual, el término de tres días concedido al amparista, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados para cumplir con la sentencia protectora transcurrió del veintiuno al veinticinco del mes en cita, sin contar los días veintidós y veintitrés por corresponder a sábado y domingo; Asimismo, que la parte quejosa no exhibió billete de depósito para garantizar dicha suspensión. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria doy cuenta al Secretario encargado del despacho, con el estado de autos y la certificación que antecede.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, tres de agosto de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, por auto de dieciocho de julio pasado (foja 119), para que manifestara lo que a sus intereses conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente y la jurisprudencia: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", se analizará si la sentencia está cumplida. El ocho de junio de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el presente juicio de derechos fundamentales (fojas 84 a 96), en la que, por una parte se decretó el sobreseimiento y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto que enseguida se precisa: ".procede conceder a Samuel Ibarra Mireles, el amparo y protección de la justicia federal solicitados, a efecto de que el juez responsable deje insubsistente el auto emitido el diez de enero de dos mil diecisiete en la causa penal 47/2015; y en su lugar, emita otro bajo los lineamientos establecidos en el presente fallo, de manera fundada y motivada, en el cual deberá: Fijar el monto de la garantía por reparación del daño estableciendo las cantidades que corresponden por cada uno de los delitos imputados al quejoso y, en cada caso, señalar con claridad cómo se obtuvieron tales cantidades, así como las operaciones aritméticas empleadas para ello. Realizar el cálculo de la multa tomando en cuenta la sanción pecuniaria prevista para los delitos de homicidio y daño en las cosas culposos. b.1) Asimismo, al imponer dicha multa, deberá explicitar todos los motivos a considerar (previstos en el artículo 353 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, precisados en el presente fallo), analizar en qué proporción cada uno de esos factores resulta benéfico o perjudicial a la situación particular del procesado y después, realizar un ejercicio de ponderación en el que razone cómo impactan estas circunstancias a las cantidades que estime. Hechas las anteriores precisiones, determine lo que en derecho proceda." Mediante proveído de tres de julio de dos mil diecisiete (foja 105), la sentencia antes citada causó ejecutoria y se procedió a requerir a la autoridad responsable para que cumpliera el fallo protector de que se trata. En auto de dieciocho de julio pasado (foja 119), se tuvo por recibido el oficio 2033 signado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, por el que en cumplimiento a la sentencia protectora de derechos, allegó copia certificada del auto de catorce anterior, dictado en la causa penal 47/2015 de su índice. De lo allegado, se desprende que a fin de dar cumplimiento al fallo dictado en el presente expediente, el Juez responsable realizó lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de diez de enero de dos mil diecisiete, dictado en la causa penal 47/2015; y en su lugar, dictó otro en el cual fija el monto de la garantía por reparación del daño de cada uno de los delitos imputados al quejoso, señalando con claridad las operaciones aritméticas realizadas para determinarlo, concluyendo que: Con el motivo del deceso de Benny Edgar Reyes Sánchez y María del Carmen Cuevas Contreras asciende a $354,706.00 (trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos seis pesos 00/100) por cada uno; trescientos cincuenta mil quinientos por concepto de indemnización y cuatro mil doscientos seis pesos por gastos funerarios. Referente a los daños ocasionados a Miguel Ángel Reyes Sánchez, la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100), que es el monto que se estableció en el dictamen pericial de valuación que obra en la causa. Igualmente, realizó el cálculo correspondiente a efecto de determinar la multa, fijando la cantidad de $7,010.00 (siete mil diez pesos 00/100), por corresponder a cien cuotas, que es la mínima establecida en el artículo 59 del Código Penal del Estado, relativo a los delitos de culpa; y, por concepto de libertad provisional $3,000.00 (tres mil pesos 00/100), que también indicó es la mínima. Precisado lo anterior, se advierte que de igual forma, la autoridad responsable realizó los cálculos correspondientes para determinar los conceptos antes apuntados, tomando en consideración las sanciones pecuniarias por los delitos cometidos y explicó los motivos a considerar según lo previstos en el artículo 353 del Código de Procedimientos Penales del Estado, para lo cual, realizó un análisis de cada uno de los factores relativos a la situación particular del procesado y los ejercicios necesarios de ponderación de las circunstancias para poder determinar dichas cantidades. Con lo anterior, se dio vista a la quejosa, quedando notificada el diecinueve de julio del actual (foja 119 vuelta), sin que a la fecha en que se actúa haya hecho manifestación al respecto. Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la ejecutoria emitida por este Juzgado Federal, se otorgó la protección de la justicia federal solicitada, para el efecto de que el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, dejara insubsistente el auto emitido el diez de enero de dos mil diecisiete en la causa penal 47/2015; y en su lugar, emitiera otro bajo los lineamientos establecidos en el fallo protector de que se trata, de manera fundada y motivada, en el cual debía fijar el monto de la garantía por reparación del daño estableciendo las cantidades que correspondieran por cada uno de los delitos imputados al quejoso, señalando con claridad cómo se obtuvieron tales cantidades, así como las operaciones aritméticas empleadas para ello, asimismo realizar el cálculo de la multa tomando en cuenta la sanción pecuniaria prevista para los delitos de homicidio y daño en las cosas culposos y explicar todos los motivos a considerar, previstos en el artículo 353 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas y finalmente realizar un ejercicio de ponderación en el que razonara cómo impactan esas circunstancias a las cantidades que estimó. Y, toda vez que del nuevo acuerdo emitido por el Juez responsable, se realizaron las actuaciones descritas; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con apoyo en los puntos vigésimo, fracción III, vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, tomando en consideración que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza. Doy fe. EMVG 14546, 14547 y 14658
- Principal
En dieciocho de julio de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo da cuenta a la Juez con el oficio registrado con el folio 9804. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, mediante el cual, allega copia certificada del auto de catorce de julio del actual, dictado en la causa penal 47/2015 de su índice, a efecto de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente sumario, del que además se desprende que la autoridad oficiante dejó insubsistente el proveído de diez de enero del año en curso que constituyo el acto reclamado. En consecuencia, con lo anterior, dese vista al quejoso, para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su derecho corresponda, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria, con base en los elementos que obran en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza y da fe. Vicky
- Principal
EJECUTORIA AMPARO CONCEDIDO El licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, CERTIFICA: Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de ocho de junio de dos mil diecisiete, transcurrió para el quejoso del trece al veintiséis, para los terceros interesados Pablo Reyes Marín, padre de quien en vida respondiera al nombre de Benny Edgar Reyes Sánchez; Eva Contreras Gallardo, madre de la occisa María del Carmen Cuevas Contreras y Miguel Ángel Reyes Sánchez del dieciséis al veintinueve; y, para el agente del Ministerio Público tercero interesado del diecinueve al treinta, todos del mes de junio del año actual; sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Que sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, consistentes en la causa penal 47/2015 y copia certificada de los juicios de amparo 200/2015 y 865/2016. Que en el presente juicio de amparo sí se aperturó incidente de suspensión, sin embargo, en éste no existe recurso pendiente por resolver. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a tres de julio de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario da cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el Secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado Federal el ocho de junio del año en curso, en la por una parte se sobreseyó el juicio de amparo y por la otra se concedió al quejoso Samuel Ibarra Mireles, el amparo y protección de la justicia federal solicitados; consecuentemente, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la metería, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable a la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, a fin de que en el plazo de tres días, acate en sus términos el fallo protector de que se trata, en el sentido de dejar insubsistente el auto emitido el diez de enero de dos mil diecisiete dictado en la causa penal 47/2015; y en su lugar, dicte otro bajo los lineamientos siguientes: "Fijar el monto de la garantía por reparación del daño estableciendo las cantidades que corresponden por cada uno de los delitos imputados al quejoso y, en cada caso, señalar con claridad cómo se obtuvieron tales cantidades, así como las operaciones aritméticas empleadas para ello. Realizar el cálculo de la multa tomando en cuenta la sanción pecuniaria prevista para los delitos de homicidio y daño en las cosas culposos. b.1) Asimismo, al imponer dicha multa, deberá explicitar todos los motivos a considerar (previstos en el artículo 353 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, precisados en el presente fallo), analizar en qué proporción cada uno de esos factores resulta benéfico o perjudicial a la situación particular del procesado y después, realizar un ejercicio de ponderación en el que razone cómo impactan estas circunstancias a las cantidades que estime. c) Hechas las anteriores precisiones, determine lo que en derecho proceda.". Se apercibe a la citada autoridad que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, en términos del artículo 258 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este propio Circuito para seguir el trámite de ejecución que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, las constancias que remitió como justificación de sus actos, consistentes en la causa penal 47/2015 y copia certificada de los juicios de amparo 200/2015 y 865/2016. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TERCERO INTERESADO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. AJC.
- Principal
En trece de junio de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, CERTIFICO: que el término de tres días que se concedió a los terceros interesados Pablo Reyes Marín, padre de quien en vida respondiera al nombre de Benny Edgar Reyes Sánchez; Eva Contreras Gallardo, madre de la occisa María del Carmen Cuevas Contreras y Miguel Ángel Reyes Sánchez, por auto de veinte de febrero del año en cita, para que señalaran domicilio para recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, transcurrió para los primeros dos del quince al diecisiete de febrero (fojas 64 y 66) y para el diverso del veintiocho de febrero al dos de marzo (foja 74), ambos del presente año. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Secretaria encargada del despacho del Juzgado con la certificación que antecede y razón actuarial que obra a foja 101. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a trece de junio de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial de doce del mes y año en curso, asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Tribunal Federal, de la que se advierte que no le fue posible notificar la sentencia de ocho de junio del año en curso a los terceros interesados Pablo Reyes Marín, padre de quien en vida respondiera al nombre de Benny Edgar Reyes Sánchez; Eva Contreras Gallardo, madre de la occisa María del Carmen Cuevas Contreras y Miguel Ángel Reyes Sánchez, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones a nombre de estos; ahora bien, en razón de que de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado se advierte que transcurrió el término de tres días que se le concedió para tal fin; por tanto, se hace efectivo en su contra el apercibimiento contenido en el auto de treinta y uno de enero de la presente anualidad (foja 26 y 27) y se determina que las subsecuentes que tengan el carácter de personales, así como la de la sentencia de ocho de junio del año en curso se les practiquen por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso b) y artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor; ello, mientras no señalen domicilio para tal efecto en esta ciudad, en razón de que si bien es cierto el diverso tercero interesado Miguel Ángel Reyes Sánchez señaló los estrados de este Órgano Jurisdiccional, los mismos no constituyen un domicilio propiamente dicho (foja 76 vuelta). NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, según oficio CCJ/ST/0433/2017, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. SE NOTIFICA POR LISTA A LOS TERCEROS INTEERSADOS Pablo Reyes Marín, padre de quien en vida respondiera al nombre de Benny Edgar Reyes Sánchez; Eva Contreras Gallardo, madre de la occisa María del Carmen Cuevas Contreras y Miguel Ángel Reyes Sánchez, LA SENTENCIA DE OCHO DE JUNIO DE 2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO los artículos 27, fracción III, inciso b) y artículo 29, de la Ley de Amparo en vigor; " VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 52/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Samuel Ibarra Mireles solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y acto que se especifican a continuación: Autoridad responsable: Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas. Actos reclamados: Los autos de nueve de diciembre de dos mil dieciséis y diez de enero del dos mil diecisiete, dictados en la causa penal 47/2015. El quejoso señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, previa aclaración, en proveído de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete se admitió a trámite, por lo que se solicitó el informe justificado; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó emplazar a los terceros interesados y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede, misma que forma parte integral de esta sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, por reclamarse actos de una autoridad residente dentro de la demarcación territorial en el que este Tribunal Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda, con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y anexos que forman un todo, se advierte que los actos impugnados consisten en: El auto de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 47/2015. El auto de diez de enero del dos mil diecisiete, emitido en la causa penal aludida. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se atribuyen al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, pues así lo reconoció expresamente en su informe justificado (foja 25). Además, la existencia de los referidos actos se corrobora con las constancias que integran el duplicado de la causa penal 47/2015 que la citada responsable remitió en apoyo a su informe justificado; documentales a las que se confiere pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos del numeral 2°, párrafo segundo de ésta legislación. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. De acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuando se advierta la actualización de alguna causa de improcedencia, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de pronunciarse de oficio, o bien, cuando así lo argumente alguna de las partes. La improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En ese sentido, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa, sería imposible el examen de la litis constitucional planteada. Apoya lo anterior la tesis IV.3o.108 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." En el presente asunto, esta Juez de Distrito de oficio advierte que en relación con el acto reclamado que consiste en el auto de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictado por el juez responsable en la causa penal 47/2015, se actualiza la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues de las constancias deducidas de ese proceso se advierte que han cesado los efectos de la determinación reclamada, por sustitución procesal, según se explica a continuación. El artículo y la fracción precitados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" [.] Previamente conviene señalar que respecto al tema de cesación de efectos por sustitución procesal, existen diversos criterios de rubros y datos siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta". "SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LAS, CUANDO SE RECLAMA TAMBIEN LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. Se da el caso de improcedencia establecido en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo; cuando se combaten en el juicio de garantías, simultáneamente, las sentencias de primera y segunda instancia, pues la de la primera cesa en sus efectos al pronunciarse la de la segunda; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con respecto a la sentencia de primera instancia". "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos". Bajo ese contexto, la interpretación del normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en concordancia con las tesis citadas, revelan que debe sobreseerse en el juicio de amparo cuando se reclama una determinación judicial, respecto de la cual recayó una nueva resolución, toda vez que se produce una sustitución procesal que hace cesar el acto primigenio, de modo que será la última decisión y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, ello, siempre que no se actualice una diversa causa de inejercitabilidad. En la especie, como antes se dijo, el quejoso reclama el proveído dictado por el juez responsable de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, en el que lo requirió para que en el término de tres días se internara en la cárcel distrital de Pinos, Zacatecas, o, en su caso, se le hiciera saber que tiene derecho a gozar del beneficio de libertad bajo caución, por los delitos de homicidio y daño en las cosas culposos, fijándole por concepto de reparación del daño la cantidad de seiscientos noventa y cuatro mil quinientos pesos; por libertad provisional un monto de tres mil pesos; y, por concepto de posibles multas la cantidad de un mil pesos; asimismo, lo apercibió que de no internarse o no exhibir dichas garantías, giraría orden de reaprehensión en su contra (fojas 469 a la 475 del duplicado de la causa penal). Inconforme con esa determinación, mediante escrito presentado ante el juez responsable el tres de enero de dos mil diecisiete, el quejoso Samuel Ibarra Mireles solicitó que dichas cantidades se modificaran, por considerar esencialmente que no resultaban asequibles a su condición económica; y, al respecto, la citada autoridad judicial, el día diez de ese propio mes y año dictó un nuevo auto en el que determinó requerirlo para que en el término de tres días se internara en la cárcel distrital de Pinos, Zacatecas, o, en su caso, se le hiciera saber que tiene derecho a gozar del beneficio de libertad bajo caución, por los delitos de homicidio y daño en las cosas culposos, fijándole por concepto de reparación del daño la cantidad de seiscientos noventa y cuatro mil quinientos pesos; por libertad provisional un monto de dos mil quinientos pesos; y, por concepto de posibles multas la cantidad de un mil pesos; asimismo, lo apercibió que de no internarse o no exhibir dichas garantías, giraría orden de reaprehensión en su contra (fojas 478 a la 484 idem). Lo anterior pone de relieve que en el presente asunto el auto dictado por el juez responsable el nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dejó de tener eficacia jurídica, al haber sido sustituido procesalmente por el diverso proveído dictado el diez de enero de dos mil diecisiete, generando con ello que cesaran los efectos del acto primigenio; lo que torna improcedente la acción de amparo respecto del segundo auto, dado que en todo caso es la nueva determinación la que de manera extraordinaria puede ser materia de análisis a través del juicio de derechos fundamentales. En consecuencia, al actualizarse en el presente asunto la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto del auto de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez de Primera Instancia y de la Familiar en Pinos, Zacatecas, en la causa penal 47/2015, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de esa propia legislación, procede sobreseer en este juicio constitucional; lo que impide el estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. En esta parte considerativa se procede al estudio del diverso acto reclamado que consiste en el auto diez de enero del dos mil diecisiete, dictado por el juez responsable en la causa penal 47/2015. Al respecto, no se transcriben los conceptos de violación por no ser un requisito necesario, conforme a la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son esencialmente fundados los motivos de inconformidad que hace valer el quejoso, suplidos en su deficiencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En el presente asunto, el análisis integral de la determinación reclamada revela que vulnera los derechos fundamentales del impetrante del amparo tutelados por el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución General de la República, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." [.] La porción normativa transcrita consagra el derecho fundamental de legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares sin privarlos de sus derechos e impone a las autoridades que los emitan el deber de que tales actos de molestia se expresen por escrito, provenir de autoridad competente y que se funde y motive la causa legal del procedimiento. En esencia, ese derecho consagrado en la citada norma constitucional, impone a todas las autoridades el deber de satisfacer un mínimo de requisitos al momento de dictar un acto de molestia, como son: a) Que se exprese por escrito y que contenga la firma original o autógrafa del servidor público que la dicte; b) Que el acto provenga de autoridad competente; y, c) Que en el mandamiento relativo se funde y se motive la causa legal del procedimiento. La primera de esas exigencias tiene como propósito que el afectado pueda tener certeza sobre la existencia del acto de molestia y que conozca con precisión la autoridad que lo pronunció, así como su contenido y sus consecuencias. En cuanto al segundo requisito relativo a que el acto provenga de una autoridad competente implica que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y que tenga dentro de sus atribuciones la facultad para dictarlo. En tanto que la exigencia de fundamentación implica el deber que toda autoridad tiene de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer mediante el acto de molestia; tal presupuesto tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que el requisito de motivación se traduce en la expresión de las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas por las cuales el ente público considera que los hechos en los que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos por la disposición legal que afirma aplicar. Además, los requisitos atinentes a la fundamentación y motivación deben coexistir y se suponen mutuamente, dado que no es factible invocar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichos preceptos. En ese tenor, la apuntada correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los dispositivos legales invocados a las circunstancias de que se trate, lo que en realidad implica fundar y motivar la causa legal del procedimiento. Es aplicable al tema la jurisprudencia 73, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo III, Parte SCJN, Séptima Época, Materia Administrativa, página cincuenta y dos, que consigna: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Adicionalmente, conviene acotar que la contravención al normativo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, que exige la expresión de la fundamentación y de la motivación en los actos de autoridad que incidan en la esfera jurídica de los gobernados, puede revestir dos formas distintas, a saber, la derivada de su falta y la correspondiente a su inexactitud. En ese sentido, existe falta de fundamentación y de motivación cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones, los motivos o las circunstancias que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista por esa norma jurídica. En cambio, habrá indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, pero resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadramiento en la hipótesis normativa; en tanto que hay una incorrecta motivación en el supuesto en el que sí se indican las razones, los motivos o las circunstancias que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en discordancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso concreto de que se trate. De manera que la falta de fundamentación y de motivación implica la carencia o la ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o la incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de las normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal, dado que el acto de autoridad carece de elementos connaturales por virtud de un imperativo constitucional, en tanto que el segundo supuesto se traduce en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y de motivos, pero unos y otros son incorrectos. Las consideraciones anteriores tienen sustento en la jurisprudencia I.3o.C. J/47, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, Novena Época, Materia Común, consultable en la página 1964, del contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." También es aplicable al respecto la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 72, Sexta Parte, Séptima Época, Materia Común, página ciento cincuenta y ocho, de contenido siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido pero no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos." Conforme a lo anterior, en el presente asunto esta resolutora considera que la determinación reclamada adolece de los requisitos que debe revestir todo acto de autoridad conforme al artículo 16, primer párrafo, de la Carta Magna, en la variante de falta de motivación legal, según se explica a continuación. Para poner de relieve el aserto apuntado, conviene traer a colación el contenido del numeral 350 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, que dispone: "Artículo 350.- Todo indiciado tiene derecho a ser puesto en libertad bajo caución inmediatamente que lo solicite, siempre y cuando se garantice el monto estimado de la reparación del daño para obtener la libertad provisional, así como las sanciones pecuniarias que en su caso pudieran imponérsele y además no se trate de los delitos previstos en el Código Penal del Estado, incluidas sus modalidades y tentativas.". Como se ve, los preceptos transcritos consignan el derecho que todo inculpado tiene de gozar de la libertad provisional bajo caución; lo anterior, bajo la condición de que el procesado garantice el monto estimado de la reparación del daño ocasionado a las víctimas, así como las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele, siempre y cuando no se trate de los delitos previstos como graves por el Código Penal del Estado. De lo anterior se sigue, que el monto de la caución se compone de dos aspectos a cuantificar: a) la cantidad estimada de la reparación del daño ocasionado a las víctimas y, b) las sanciones pecuniarias que en su caso pudieran imponerse al procesado por los delitos que se le imputan. En ese orden de ideas, el artículo 353 de la referida legislación, establece: "Artículo 353.- El monto de la caución se fijará por el tribunal, quien tomará en consideración: I.- Los antecedentes del inculpado; II.- La gravedad y circunstancias del delito imputado; III.- El mayor o menor interés que pueda tener el inculpado en substraerse a la acción de la justicia; IV.- Las condiciones económicas del inculpado; V.- La naturaleza de la garantía que se ofrezca; y VI.- Lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción l del artículo 20 de la Constitución Federal". El precepto invocado establece que para fijar el monto de la caución la autoridad judicial debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 1. los antecedentes del acusado; 2. la gravedad y las circunstancias del delito; 3. el mayor o menor interés que pueda tener aquél en sustraerse a la acción de la justicia; 4. las condiciones económicas del inculpado; y, 5. la naturaleza de la garantía que se ofrezca. Los aspectos enumerados del 1 al 4, se advierte, solamente deben tenerse en consideración en el cálculo las sanciones pecuniarias que en su caso pudieran imponerse al procesado, ya que en lo referente a la reparación del daño, el referido artículo 350 de la legislación sustantiva penal dispone que debe ser suficiente para garantizarla, lo que no da lugar a que sea objeto de valoración por el juez bajo los lineamientos aludidos. Mientras que el requisito previsto en el punto 5 atañe sólo a la obligación del juez de establecer la forma en que debe cubrirse la caución que se fija al procesado. En suma, para satisfacer las prerrogativas constitucionales de fundamentación y motivación al determinar lo relativo al monto de la libertad bajo caución, en el cálculo de las sanciones pecuniarias que en su caso pudieran imponerse al procesado deben tomarse en cuenta los requisitos previstos en el artículo 353 invocado en función de la multa pecuniaria contemplada para el delito que se le imputa, mientras que para cuantificar la reparación del daño sólo se debe verificar que sea suficiente para garantizar los perjuicios ocasionados a las víctimas. Pues bien, el contenido del auto de diez de enero del dos mil diecisiete, que en esta instancia constitucional se reclama, revela que el juez responsable invocó como fundamento legal los artículos 20, apartado A, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 353 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas. Asimismo, señaló que al ahora quejoso se le dictó auto de formal prisión por los delitos de homicidio y daño en las cosas, cometidos a título de culpa, el primero en agravio de dos personas y el segundo en perjuicio de una; también destacó las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de los hechos, los cuales esencialmente consistieron: -En la colisión ocurrida entre dos vehículos de motor, uno de ellos conducido por el aquí promovente del amparo y el otro en el que viajaban las víctimas. Hechos que consideró acreditados con los medios de convicción que obran en la causa penal de origen, destacando: -El dictamen pericial de causalidad en materia de tránsito terrestre; lo declarado ministerialmente por el propio indiciado Samuel Ibarra Mireles. -El parte de hecho de tránsito. -La declaración ministerial de Luis Fernando Mireles González. Pruebas que señaló haber valorado conforme a las reglas establecidas en los ordinales 276, 277, 278, 279, 280, 281 y 282 de la legislación instrumental estatal en consulta, las cuales consideró suficientes para demostrar que fue probablemente el aquí quejoso quien el diez de enero de dos mil quince conducía el vehículo marca Nissan, modelo 1989 color negro, tipo infinity sedán de cuatro puertas, con número de serie, con placas de circulación VER-31-50, particulares del Estado de San Luis (sic). En lo atinente a la reparación del daño, el juez de la causa tuvo en consideración las condiciones económicas del procesado, señalando que es de ocupación ganadero y chofer, según lo expuso en su declaración preparatoria; asimismo, indicó que los delitos de homicidio y daño en las cosas culposo se sancionan con pena de seis meses a ocho años de prisión y multa de cien a doscientas cuotas, ello, conforme al numeral 59 del Código Penal del Estado de Zacatecas. De igual forma, el juez instructor atendió las manifestaciones expuestas por el encausado Samuel Ibarra Mireles, en sendos escritos de veintiuno de julio de dos mil dieciséis y tres de enero de dos mil diecisiete, en los que esencialmente solicitó se modificaran las cantidades que previamente se le habían fijado para poder gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución, pues, en relación con lo anterior, el a quo determinó que no era posible disminuir la cantidad que le fue fijada para garantizar la reparación del daño, en razón de que esa exigencia la establece el artículo 12, fracción II, de la Ley General de Víctimas; además, no era posible considerar sus condiciones económicas, dado que en la causa penal no obran datos de prueba de las que se advierta cuáles son las mismas. Concluyendo el juez responsable, en los términos siguientes: ".A efecto de establecer, la reparación a las Víctimas u ofendidos se tiene que por disposición del artículo 34 del Código Penal vigente en el Estado, es necesario remitirnos a lo que dispone para tal efecto la Ley Federal del Trabajo, tal ordenamiento en su artículo 500 establece que en caso de muerte del trabajador la indemnización comprende dos meses de salario por concepto de gastos funerarios y el pago de la cantidad que fija el artículo 502 de esa Ley, y dicho numeral establece una indemnización equivalente a cinco mil (5,000.00) días de salario; así mismo (sic) obra el Dictamen pericial de valuación emitido por el Perito Juan de León Trejo en cuanto a la valuación de los daños del vehículo propiedad de Miguel Ángel Reyes Sánchez. Por lo que atendiendo a que el delito que se imputa al procesado, no se encuentra contemplado dentro del artículo 350 del Código de Procedimientos Penales en vigor, REQUIÉRASE AL INDICIADO SAMUEL IBARRA MIRELES, a efecto que a partir del día siguiente a que le halla (sic) sido notificado el presente auto, se interne en la Cárcel Distrital de Pinos, Zacatecas, o en su caso, así mismo (sic), hágasele saber al indiciado que tiene derecho a gozar del Beneficio de su Libertad Bajo Caución por el delito de HOMICIDIO Y DAÑO EN LAS COSAS CULPOSO, para lo cual habrá de hacerlo en el término concedido, y dicha fianza será por concepto de reparación del daño proveniente del delito por la cantidad de $694,500.00 (SEISCIENTOS NOVETA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL); por concepto de libertad provisional la cantidad de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL); y por concepto de posibles multas la cantidad de $1,000.00 (MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL).". (foja 483 de la causa penal 47/2015). Como se ve, el contenido integral del proveído impugnado pone de manifiesto que el juez responsable invocó los preceptos legales en los que se apoyó para emitirlo (fundamentación legal). Así, en primer término, de lo reseñado se advierte que al fijar el monto de la caución, la autoridad responsable concluyó que por concepto de reparación del daño, el quejoso debía pagar la cantidad de seiscientos noventa y cuatro mil quinientos pesos. Lo anterior, tras analizar que en la reparación a las víctimas u ofendidos -en el caso del delito de homicidio culposo-, era necesario tener en cuenta lo que establece Ley Federal del Trabajo, el cual, en su artículo 500 establece que en caso de muerte del trabajador la indemnización comprende dos meses de salario por concepto de gastos funerarios y el pago de la cantidad que fija el artículo 502 de esa ley, esto es, cinco mil días de salario. Asimismo, la autoridad tomó en cuenta -por el delito de daño en las cosas culposo- el dictamen pericial de valuación emitido por Juan de León Trejo en cuanto a la valuación de los daños del vehículo propiedad del ofendido Miguel Ángel Reyes Sánchez. No obstante, no se advierte que la autoridad responsable precisara cuál era la cantidad que correspondía por reparación del daño de cada uno de los delitos imputados al quejoso (homicidio y daño en las cosas culposo), pues solamente expresó la cantidad total. Asimismo, al determinar la reparación del daño en el delito homicidio, la responsable fue omisa en especificar la totalidad de las operaciones aritméticas respectivas, ya que no indicó cuál es el salario que tomó como base para realizar el cálculo; y respecto de los daños ocasionados al vehículo, no precisa cuál es el monto que arrojó el dictamen pericial de valuación a que alude. De manera que al determinar lo relativo al monto de la reparación del daño, la autoridad no expresó cabalmente las razones que la llevaron a determinar la cantidad que adujo por ese concepto; por tanto, en ese aspecto, su determinación carece de motivación. Ahora bien, en un segundo aspecto, la autoridad determinó que el quejoso debía pagar dos mil quinientos pesos, por concepto de libertad provisional y, mil pesos, por multas. Sobre ese tópico, se advierte que el juez valoró los requisitos previstos en el artículo 353 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, pues explicó las circunstancias de los delitos de homicidio y daño en las cosas cometidos a título de culpa por el procesado -aquí quejoso-, el primero en agravio de dos personas y el segundo en perjuicio de una y estableció la gravedad de tales ilícitos, las sanciones que para los mismos se establecen, así como las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de los hechos (fracción II del artículo 353). En cuanto a sus condiciones económicas y antecedentes personales, se observa que aludió que en su declaración preparatoria el quejoso dijo tener como ocupación la de ganadero y chofer (requisitos previstos en la fracciones I y IV del artículo 353). No obstante, en primer término, existe falta de claridad en el hecho de que la autoridad estableciera que el quejoso debía pagar cantidades por concepto de libertad provisional y por multas, ya que (partiendo de que ya había determinado el monto de la reparación del daño) el único concepto que debía tomar en cuenta para determinar el monto de la caución en términos del artículo 350 del Código Penal para el Estado Zacatecas, son las multas que en su caso pudieran imponerse al procesado con motivo de los delitos imputados. En ese sentido, lo anterior implicaba que la autoridad debía señalar cuáles eran las sanciones pecuniarias previstas en los delitos homicidio y daño en las cosas culposos y, con base en ello, determinar el monto de la multa respectiva. Sin embargo, en la resolución que se reclama no se advierte que la responsable realizara razonamiento alguno sobre este requisito. Aunado a esto, se observa que el juez no valoró la totalidad de los requisitos que establece el artículo 353 del Código Penal para el Estado de Zacatecas para graduar la multa, pues al fijar los montos aludidos no tomó en cuenta el mayor o menor interés que pudiera tener el procesado en sustraerse a la acción de la justicia (fracción III). Pero además, respecto de los aspectos que sí tomó en consideración al realizar los cálculos aludidos , la autoridad fue omisa en motivar de manera adecuada la forma en que cada uno de ellos impactó en las cantidades que estableció por cuestión de libertad provisional y por multas, pues únicamente realizó manifestaciones generales sobre las circunstancias del hecho delictivo imputado y las peculiaridades del procesado, sin especificar en todos los casos, el alcance benéfico o perjudicial de cada una de ellos. Tampoco realizó un ejercicio de ponderación en el que explicara cómo es que el alcance benéfico o perjudicial de cada una de esas circunstancias se reflejó en las sumas que obtuvo; esto, teniendo como presupuesto que cualquier tipo de sanción debe estar prevista entre un mínimo y un máximo, para dar margen a la autoridad de que haga la individualización de la multa bajo los lineamientos previstos en el artículo 353 de la ley adjetiva penal. Lo anterior, porque a fin de respetar la garantía de motivación que debe prevalecer en todo acto de autoridad, no basta meramente con citar las condiciones apuntadas, sino que es necesario expresar pormenorizadamente las razones por las cuales un factor impactó en un sentido u otro la condición particular del procesado, a fin de estar en condiciones de saber por qué fijó las cantidades antedichas. De esta forma, se concluye que la autoridad responsable incurrió en falta de motivación al expresar las cantidades que el quejoso debía pagar por libertad provisional y por multas. En suma, la actuación del juez responsable no se encuentra debidamente motivada, habida cuenta que omitió exponer los razonamientos lógico-jurídicos en que se hubiera apoyado para pronunciar la determinación que ahora se combate en los términos en que lo hizo. Aspecto que resultaba indispensable, con el fin de que el agraviado tuviera pleno conocimiento de ello para que en su caso, estuviera en aptitud legal de controvertir las consideraciones y fundamentos legales que externara la autoridad judicial, lo cual, dada la forma en que se pronunció el proveído que se tilda de ilegal, no es posible determinar, con el detrimento consecuente del derecho fundamental que tutela el ordinal 16 constitucional, pues por ignorarse los motivos que sirvieron de base al acto reclamado, es inconcuso que se ocasiona la indefensión del aquí quejoso. Luego, al resultar violatorio el acto reclamado de los derechos fundamentales tutelados por el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución General de la República, procede conceder a Samuel Ibarra Mireles, el amparo y protección de la justicia federal solicitados, a efecto de que el juez responsable deje insubsistente el auto emitido el diez de enero de dos mil diecisiete en la causa penal 47/2015; y en su lugar, emita otro bajo los lineamientos establecidos en el presente fallo, de manera fundada y motivada, en el cual deberá: Fijar el monto de la garantía por reparación del daño estableciendo las cantidades que corresponden por cada uno de los delitos imputados al quejoso y, en cada caso, señalar con claridad cómo se obtuvieron tales cantidades, así como las operaciones aritméticas empleadas para ello. Realizar el cálculo de la multa tomando en cuenta la sanción pecuniaria prevista para los delitos de homicidio y daño en las cosas culposos. b.1) Asimismo, al imponer dicha multa, deberá explicitar todos los motivos a considerar (previstos en el artículo 353 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, precisados en el presente fallo), analizar en qué proporción cada uno de esos factores resulta benéfico o perjudicial a la situación particular del procesado y después, realizar un ejercicio de ponderación en el que razone cómo impactan estas circunstancias a las cantidades que estime. Hechas las anteriores precisiones, determine lo que en derecho proceda. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo 52/2017, promovido por Samuel Ibarra Mireles, contra el acto reclamado al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, consistente en el auto de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 47/2015, por las razones vertidas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Samuel Ibarra Mireles, respecto del acto reclamado al citado juez responsable, atinente al proveído de diez de enero de dos mil diecisiete, emitido en el invocado proceso penal, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLES Y A LA DIVERSA CON CALIDAD DE TERCERA INTERESADA. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida de Secretario con quien actúa, licenciado Francisco Javier Soto Moreno, hoy ocho de junio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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