Samuel Hernandez Solis

Expediente 553/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
553/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Samuel Hernandez Solis

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo se advierte que mediante circular SECNO/13/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó que a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021. Así, atendiendo al contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el que -con el objeto de dar continuidad y reanudar las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación- se establecen diversas acciones que deben llevar a cabo los órganos jurisdiccionales para la reanudación en el trámite y resolución de todos los asuntos radicados en este juzgado, adoptando las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, VI y VIII del citado acuerdo general, en lo que resulten aplicables, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el quince de marzo de dos mil veintiuno, de acuerdo a la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, con relación al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, en el entendido que conforme a la fracción I del artículo 2 del referido acuerdo, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. CAUSA EJECUTORIA SENTENCIA Bajo ese contexto, visto el estado de los autos en el juicio de amparo 553/2020-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido la sentencia de dos de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en su único punto resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Asimismo, se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir los pasos que ahí se precisan. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que en el caso que en el presente asunto se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, lo que significa que esté totalmente integrado y no exista determinación alguna diversa que dictar, la reanudación de plazos ordenada opera hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional, caso contrario, esto se verifica en términos de lo ordenado en la Circular antes invocada; por lo que notifíquese el presente acuerdo a las partes, atendiendo a lo determinado en el auto admisorio de este asunto. Por último, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 553/2020-II, promovido por SAMUEL HERNÁNDEZ SOLÍS y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil veinte, ante el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido por dicha Oficialía ese día y turnada y recibida el día hábil siguiente ante este Juzgado, SAMUEL HERNÁNDEZ SOLÍS, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (fojas 1 a 7 del expediente principal). SEGUNDO. Trámite. El once de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 553/2020-II, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida, dio inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se le atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La resolución interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, que declaró procedente el incidente de liquidación de la sociedad conyugal dentro del expediente 351/2018, del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo cual se corrobora con las documentales consistentes en copias certificadas del expediente 351/2018, de donde se advierte la existencia del acto reclamado (anexos del I al IV); documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. La tercera interesada Ana María Ramírez Bautista, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la resolución reclamada no afecta el interés jurídico del quejoso. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del precepto anterior se desprende que el juicio biinstancial es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos de lo dispuesto en el artículo 5° fracción I de la Ley de Amparo. Dicha causal, deviene infundada, ello en razón de que el aquí quejoso es parte demandada incidentista en el controvertido de origen; de ahí que al haber sido dictada la resolución reclamada y no favorecerle, es evidente que afecta su interés jurídico. De ahí que resulte válido afirmar que resulta infundada la causal de improcedencia invocada. Por otra parte, dicha parte tercera interesada, también adujo que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia relativa al consentimiento del acto reclamado, toda vez que el quejoso al dar contestación a la demanda incidental y convenir la forma de liquidar la sociedad conyugal consistió el acto reclamado, hipótesis que se encuentra prevista en la fracción XIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. El precepto legal antes invocado es del tenor literal siguiente: {"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)" Es igualmente infundada dicha causal de improcedencia, toda vez que, el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en la resolución de dos de marzo de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de liquidación de sociedad conyugal interpuesto en contra del impetrante, por Ana María Ramírez Bautista, relacionada con el expediente número 351/2018-3 del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido por Ana María Ramírez Bautista en contra de Samuel Hernández Solís; en ese tenor, no es dable tener por consentida dicha interlocutoria, pues precisamente es ésta la que controvierte en el presente juicio de amparo. Esto es así, ya que la sentencia interlocutoria reclamada constituye una resolución dictada fuera de juicio, por lo que procede el juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues deriva de un incidente que se tramita por cuerda separada para resolver cuestiones diversas al matrimonio (el cual ya fue disuelto) y no tiene la naturaleza jurídica de una sentencia definitiva que ponga fin al juicio, ya que no resuelve respecto de la acción ni de las excepciones deducidas en el procedimiento natural. De ahí que es infundada la causal de improcedencia analizada. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis II.2o.1 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2365, número de registro 2018238 de rubro: "DIVORCIO INCAUSADO. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE CUESTIONES DIVERSAS A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, VÍA INCIDENTAL FUERA DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.377 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer, ni que se actualice de oficio, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. QUINTO Estudio de fondo del asunto. Es fundado pero inoperante el concepto de violación aducido por la parte quejosa, cuyo estudio se aborda conforme a estricto derecho, dado que no procede la suplencia de la queja en beneficio de la parte recurrente, al derivar el acto reclamado de un asunto en materia civil, sin que se ubique en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Previamente a realizar el pronunciamiento sobre los conceptos de violación, deben señalarse como antecedentes los que se desprenden de las constancias del juicio de origen: 1. Por sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez responsable declaró disuelta la sociedad conyugal entre Samuel Hernández Solís y Ana María Ramírez Bautista, reservando su liquidación para el incidente respectivo, la cual causó ejecutoria por ministerio de ley en esa misma fecha (fojas 78 a 85 del anexo III). 2. El once de marzo dos mil diecinueve, Ana María Ramírez Bautista interpuso incidente de liquidación de la sociedad conyugal (fojas 1 a 25 del anexo IV). 3. Por auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, la Juez de origen admitió a trámite dicho incidente y ordenó emplazar a la parte demandada incidentista Samuel Hernández Solís (foja 29 del anexo IV). 4. El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, la Juez natural tuvo a la parte demandada Samuel Hernández Solís, dando contestación y señaló fecha para que ante su presencia dieran las bases para la liquidación y designaran un partidor (foja 48 del anexo IV). 5. Inconforme con dicho auto Samuel Hernández Solís, aquí quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue admitido el nueve de septiembre de ese año (fojas 54 a 57 del anexo IV). 6. Mediante resolución de treinta de septiembre del dos mil diecinueve, la Juez de origen declaró improcedente el recurso de revocación hecho valer por el peticionario de amparo, dado que el estudio de las excepciones planteadas en su escrito de contestación debían estudiarse al momento de resolver en definitiva la incidencia de liquidación de la sociedad conyugal (fojas 75 a 78 del anexo IV). 7. Seguida la secuela procesal el dos de marzo de dos mil veinte, la Juez responsable declaró procedente el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, requiriendo al aquí quejoso para que dentro del término de cinco días contados a partir de su legal notificación, depositara a favor de la parte actora Ana María Ramírez Bautista la cantidad de $321,707.16 (trescientos veintiún mil setecientos siete pesos 16/100 moneda nacional) por concepto de liquidación de la sociedad conyugal, bajo apercibimiento que de no hacerlo así se procedería en su contra conforme a las reglas de la ejecución forzosa, resolución que fue notificada al peticionario de amparo el cuatro de marzo del año en curso (fojas 283 a 292 del anexo IV). Siendo ésta la determinación que se combate en el presente juicio. En sus motivos de disenso, aduce que la autoridad responsable viola las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 144, 147 y 149 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos y 4, 118, 148 y 410 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, toda vez que no toma en consideración la preclusión e improcedencia de la vía que se hizo valer al contestar la demanda incidental; además de que no debió darle trámite al incidente de liquidación de la sociedad conyugal, pues éste fue presentado después de los tres días que establece el artículo 147 de la legislación procesal familiar. Se reitera dicho concepto de violación es fundado pero inoperante por las siguientes consideraciones: Es fundado, porque efectivamente la Juez responsable al emitir la resolución en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, no emitió ningún argumento lógico jurídico con el que diera contestación a lo alegado por el peticionario de amparo, es decir, no se pronunció respecto la preclusión e improcedencia de la vía que hizo valer al contestar la demanda incidental; ni en relación a que no debió darle trámite al incidente de liquidación de la sociedad conyugal, pues este fue presentado después de los tres días que establece el artículo 147 de la legislación procesal familiar. Ello no obstante que tenía la obligación de referirse en relación a todos los puntos propuestos en el escrito de contestación presentado el veintitrés de agosto del dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, resultando incorrecta tal circunstancia. Esto es así toda vez que en la resolución reclamada la Juez responsable determinó: Que en el escrito inicial de la incidencia en estudio, la actora Ana María Ramírez señaló cuáles eran los bienes que conformaban el acervo de la sociedad conyugal. De igual forma, estableció que el demandado incidentista Samuel Hernández Ramírez, al dar contestación al incidente de liquidación de la sociedad conyugal, reconoció la existencia de las cuentas bancarias a su nombre, así como del vehículo descrito por la actora, y que no había hecho mención de bienes diversos a los señalados por Ana María Ramírez Bautista. También, una vez determinado el acervo que integraba la sociedad conyugal, decretó que la misma se dividiera y el cincuenta por ciento de la misma quedaría a favor de cada uno de los divorciados Samuel Hernández Solís y Ana María Ramírez Bautista. Atento a lo cual, a fin de facilitar las operaciones financieras entre ambas partes y la practicidad en la liquidación, con fundamento en el artículo 609 de la ley procesal de la materia, procedió a resolver sobre la forma en que se dividirían los bienes de la sociedad conyugal, estableciendo que el total del haber que debía entregar Samuel Hernández Solís a la parte actora Ana María Ramírez Bautista, ascendía a la cantidad de $321,707.16 (trescientos veintiún mil pesos setecientos siete pesos 16/100 moneda nacional), misma que debía cubrir el demandado por concepto de liquidación. Finalizando que se ordenaba requerir a Samuel Hernández Solís aquí quejoso, para que en el término de cinco días contados a partir de su legal notificación depositara a favor de Ana María Ramírez Bautista, la cantidad referida en el párrafo que antecede, que era el equivalente a la parte proporcional que correspondía a la actora del acervo de la sociedad conyugal que los unió, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior se procedería en su contra conforme a las reglas de ejecución forzosa. De ahí, lo fundado del argumento en estudio. Sin embargo, como se adelantó, dicho argumento resulta ser inoperante, pues con independencia de la omisión en que incurrió la autoridad responsable, lo alegado no es apto para resolver en forma favorable a los intereses del quejoso, y a nada práctico llevaría conceder el amparo para efectos de que la autoridad responsable subsane dicha omisión, pues el estudio de la cuestión alegada no provocará un beneficio al quejoso, lo que iría en contra del acceso efectivo a la justicia y de economía procesal. Se afirma lo anterior, toda vez que el artículo 619 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, establece: "ARTÍCULO 619.- OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Contra la ejecución de la sentencia y convenio judicial no se admitirá más excepción que la de pago, si la ejecución se pide dentro de los ciento ochenta días; si ha pasado dicho término, pero no más de un año, se admitirán, además, las de transacciones, y compensaciones; y transcurrido más de un año serán admisibles también la de novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación y además la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida en virtud de convenio constante en autos. Todas las excepciones, excepto la de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia de primera instancia, convenio o juicio, y constar por instrumento público o por documento privado, ya sea que esté judicialmente reconocido, o que se pida su reconocimiento judicial, o por confesión judicial que provoque al hacer valer la excepción. Se substanciarán estas excepciones en la vía incidental, promoviéndose en la demanda respectiva el reconocimiento o la confesión.". Del anterior precepto se advierte que -como en el caso que nos ocupa- en ejecución de sentencia -dependiendo de la época en que se tramita- las excepciones oponibles son: la de pago, si la ejecución se pide dentro de los ciento ochenta días; si ha pasado dicho término, pero no más de un año, se admitirán, además, las de transacciones, y compensaciones; y transcurrido más de un año serán admisibles también la de novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación y además la de falsedad del instrumento. Así también, se obtiene que dichas excepciones deben constar en instrumento público, en documento privado judicialmente reconocido o en confesión judicial; y que la finalidad de oponerla en incidente es únicamente demostrar que no se debe ejecutar la sentencia. Todo lo cual, permite acceder a la convicción que, de atender la excepción planteada, por el aquí quejoso en el escrito de desahogo de la vista antes referido, la autoridad responsable, tendría indefectiblemente que desestimarla por improcedente; en la medida que el impetrante no hace valer las excepciones expresamente permitidas en la vía incidental de que se trata; de ahí que resolver que lo alegado no es apto para resolver en forma favorable a los intereses del quejoso. Lo que reafirma que a nada práctico llevaría conceder el amparo para efectos de que la autoridad responsable subsane dicha omisión, pues el estudio de la cuestión alegada no provocará un beneficio al quejoso, por el contrario, va en contra del acceso efectivo a la justicia y del principio de economía procesal. De ahí lo inoperante del motivo de disenso en estudio. Máxime que de autos se advierte que no controvierte el quantum de la condena, pues sólo se limita a establecer que la juez responsable fue omisa en estudiar las excepciones hechas valer en su escrito de contestación al incidente de liquidación de la sociedad conyugal. Más aún, según lo establecido en la propia sentencia definitiva del juicio natural, a efecto de liquidarla, era menester promover un incidente, es decir, que se infiere que la vía intentada, fue la correcta; en tanto que por lo que respecta a la temporalidad, de la lectura del precepto legal antes reproducido, se obtiene que -contrario a lo aducido por el aquí quejoso- el derecho para solicitar la ejecución de sentencia, no precluye en tres días, sino que puede pedirse incluso después de transcurrido un año de dictada la sentencia a ejecutar. Por tanto, al no exponer argumento alguno en torno a combatir los motivos y razones plasmados en el acto reclamado en relación a la liquidación formulada por la responsable a la luz de lo manifestado en tal sentido por la actora incidentista e incluso el demandado incidental, aquí quejoso, en relación a los bienes que integraban la masa a liquidar, el suscrito se encuentra impedido a efectuar un análisis oficioso del acto reclamado y por ello, las argumentaciones que lo sustentan deben quedar firmes ante la falta de impugnación indicada. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 108, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice 2000, Tomo VI, página 85, Séptima Época, número de registro 917642, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.". Así como la tesis VI.3o.A. J/9, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Novena Época, página 1125, número de registro 188015 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. ALCANCE.". En consecuencia, ante lo fundado pero inoperante del concepto de violación plasmado, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a SAMUEL HERNÁNDEZ SOLÍS, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por Los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy dos de diciembre de dos mil veinte en que las labores del Juzgado lo permitieron, asistido de Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 553/2020-II, promovido por SAMUEL HERNÁNDEZ SOLÍS y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil veinte, ante el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido por dicha Oficialía ese día y turnada y recibida el día hábil siguiente ante este Juzgado, SAMUEL HERNÁNDEZ SOLÍS, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos (fojas 1 a 7 del expediente principal). SEGUNDO. Trámite. El once de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 553/2020-II, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida, dio inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se le atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La resolución interlocutoria de dos de marzo de dos mil veinte, que declaró procedente el incidente de liquidación de la sociedad conyugal dentro del expediente 351/2018, del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo cual se corrobora con las documentales consistentes en copias certificadas del expediente 351/2018, de donde se advierte la existencia del acto reclamado (anexos del I al IV); documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. La tercera interesada Ana María Ramírez Bautista, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la resolución reclamada no afecta el interés jurídico del quejoso. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del precepto anterior se desprende que el juicio biinstancial es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos de lo dispuesto en el artículo 5° fracción I de la Ley de Amparo. Dicha causal, deviene infundada, ello en razón de que el aquí quejoso es parte demandada incidentista en el controvertido de origen; de ahí que al haber sido dictada la resolución reclamada y no favorecerle, es evidente que afecta su interés jurídico. De ahí que resulte válido afirmar que resulta infundada la causal de improcedencia invocada. Por otra parte, dicha parte tercera interesada, también adujo que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia relativa al consentimiento del acto reclamado, toda vez que el quejoso al dar contestación a la demanda incidental y convenir la forma de liquidar la sociedad conyugal consistió el acto reclamado, hipótesis que se encuentra prevista en la fracción XIII del artículo 61, de la Ley de Amparo. El precepto legal antes invocado es del tenor literal siguiente: {"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.)" Es igualmente infundada dicha causal de improcedencia, toda vez que, el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en la resolución de dos de marzo de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de liquidación de sociedad conyugal interpuesto en contra del impetrante, por Ana María Ramírez Bautista, relacionada con el expediente número 351/2018-3 del índice del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, relativo al juicio de divorcio incausado, promovido por Ana María Ramírez Bautista en contra de Samuel Hernández Solís; en ese tenor, no es dable tener por consentida dicha interlocutoria, pues precisamente es ésta la que controvierte en el presente juicio de amparo. Esto es así, ya que la sentencia interlocutoria reclamada constituye una resolución dictada fuera de juicio, por lo que procede el juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues deriva de un incidente que se tramita por cuerda separada para resolver cuestiones diversas al matrimonio (el cual ya fue disuelto) y no tiene la naturaleza jurídica de una sentencia definitiva que ponga fin al juicio, ya que no resuelve respecto de la acción ni de las excepciones deducidas en el procedimiento natural. De ahí que es infundada la causal de improcedencia analizada. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis II.2o.1 C (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2365, número de registro 2018238 de rubro: "DIVORCIO INCAUSADO. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE CUESTIONES DIVERSAS A LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL, VÍA INCIDENTAL FUERA DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.377 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer, ni que se actualice de oficio, se procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. QUINTO Estudio de fondo del asunto. Es fundado pero inoperante el concepto de violación aducido por la parte quejosa, cuyo estudio se aborda conforme a estricto derecho, dado que no procede la suplencia de la queja en beneficio de la parte recurrente, al derivar el acto reclamado de un asunto en materia civil, sin que se ubique en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Previamente a realizar el pronunciamiento sobre los conceptos de violación, deben señalarse como antecedentes los que se desprenden de las constancias del juicio de origen: 1. Por sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, la Juez responsable declaró disuelta la sociedad conyugal entre Samuel Hernández Solís y Ana María Ramírez Bautista, reservando su liquidación para el incidente respectivo, la cual causó ejecutoria por ministerio de ley en esa misma fecha (fojas 78 a 85 del anexo III). 2. El once de marzo dos mil diecinueve, Ana María Ramírez Bautista interpuso incidente de liquidación de la sociedad conyugal (fojas 1 a 25 del anexo IV). 3. Por auto de doce de marzo de dos mil diecinueve, la Juez de origen admitió a trámite dicho incidente y ordenó emplazar a la parte demandada incidentista Samuel Hernández Solís (foja 29 del anexo IV). 4. El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, la Juez natural tuvo a la parte demandada Samuel Hernández Solís, dando contestación y señaló fecha para que ante su presencia dieran las bases para la liquidación y designaran un partidor (foja 48 del anexo IV). 5. Inconforme con dicho auto Samuel Hernández Solís, aquí quejoso interpuso recurso de revocación, el cual fue admitido el nueve de septiembre de ese año (fojas 54 a 57 del anexo IV). 6. Mediante resolución de treinta de septiembre del dos mil diecinueve, la Juez de origen declaró improcedente el recurso de revocación hecho valer por el peticionario de amparo, dado que el estudio de las excepciones planteadas en su escrito de contestación debían estudiarse al momento de resolver en definitiva la incidencia de liquidación de la sociedad conyugal (fojas 75 a 78 del anexo IV). 7. Seguida la secuela procesal el dos de marzo de dos mil veinte, la Juez responsable declaró procedente el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, requiriendo al aquí quejoso para que dentro del término de cinco días contados a partir de su legal notificación, depositara a favor de la parte actora Ana María Ramírez Bautista la cantidad de $321,707.16 (trescientos veintiún mil setecientos siete pesos 16/100 moneda nacional) por concepto de liquidación de la sociedad conyugal, bajo apercibimiento que de no hacerlo así se procedería en su contra conforme a las reglas de la ejecución forzosa, resolución que fue notificada al peticionario de amparo el cuatro de marzo del año en curso (fojas 283 a 292 del anexo IV). Siendo ésta la determinación que se combate en el presente juicio. En sus motivos de disenso, aduce que la autoridad responsable viola las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 144, 147 y 149 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos y 4, 118, 148 y 410 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, toda vez que no toma en consideración la preclusión e improcedencia de la vía que se hizo valer al contestar la demanda incidental; además de que no debió darle trámite al incidente de liquidación de la sociedad conyugal, pues éste fue presentado después de los tres días que establece el artículo 147 de la legislación procesal familiar. Se reitera dicho concepto de violación es fundado pero inoperante por las siguientes consideraciones: Es fundado, porque efectivamente la Juez responsable al emitir la resolución en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, no emitió ningún argumento lógico jurídico con el que diera contestación a lo alegado por el peticionario de amparo, es decir, no se pronunció respecto la preclusión e improcedencia de la vía que hizo valer al contestar la demanda incidental; ni en relación a que no debió darle trámite al incidente de liquidación de la sociedad conyugal, pues este fue presentado después de los tres días que establece el artículo 147 de la legislación procesal familiar. Ello no obstante que tenía la obligación de referirse en relación a todos los puntos propuestos en el escrito de contestación presentado el veintitrés de agosto del dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común del Juzgado Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, resultando incorrecta tal circunstancia. Esto es así toda vez que en la resolución reclamada la Juez responsable determinó: Que en el escrito inicial de la incidencia en estudio, la actora Ana María Ramírez señaló cuáles eran los bienes que conformaban el acervo de la sociedad conyugal. De igual forma, estableció que el demandado incidentista Samuel Hernández Ramírez, al dar contestación al incidente de liquidación de la sociedad conyugal, reconoció la existencia de las cuentas bancarias a su nombre, así como del vehículo descrito por la actora, y que no había hecho mención de bienes diversos a los señalados por Ana María Ramírez Bautista. También, una vez determinado el acervo que integraba la sociedad conyugal, decretó que la misma se dividiera y el cincuenta por ciento de la misma quedaría a favor de cada uno de los divorciados Samuel Hernández Solís y Ana María Ramírez Bautista. Atento a lo cual, a fin de facilitar las operaciones financieras entre ambas partes y la practicidad en la liquidación, con fundamento en el artículo 609 de la ley procesal de la materia, procedió a resolver sobre la forma en que se dividirían los bienes de la sociedad conyugal, estableciendo que el total del haber que debía entregar Samuel Hernández Solís a la parte actora Ana María Ramírez Bautista, ascendía a la cantidad de $321,707.16 (trescientos veintiún mil pesos setecientos siete pesos 16/100 moneda nacional), misma que debía cubrir el demandado por concepto de liquidación. Finalizando que se ordenaba requerir a Samuel Hernández Solís aquí quejoso, para que en el término de cinco días contados a partir de su legal notificación depositara a favor de Ana María Ramírez Bautista, la cantidad referida en el párrafo que antecede, que era el equivalente a la parte proporcional que correspondía a la actora del acervo de la sociedad conyugal que los unió, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior se procedería en su contra conforme a las reglas de ejecución forzosa. De ahí, lo fundado del argumento en estudio. Sin embargo, como se adelantó, dicho argumento resulta ser inoperante, pues con independencia de la omisión en que incurrió la autoridad responsable, lo alegado no es apto para resolver en forma favorable a los intereses del quejoso, y a nada práctico llevaría conceder el amparo para efectos de que la autoridad responsable subsane dicha omisión, pues el estudio de la cuestión alegada no provocará un beneficio al quejoso, lo que iría en contra del acceso efectivo a la justicia y de economía procesal. Se afirma lo anterior, toda vez que el artículo 619 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, establece: "ARTÍCULO 619.- OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Contra la ejecución de la sentencia y convenio judicial no se admitirá más excepción que la de pago, si la ejecución se pide dentro de los ciento ochenta días; si ha pasado dicho término, pero no más de un año, se admitirán, además, las de transacciones, y compensaciones; y transcurrido más de un año serán admisibles también la de novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación y además la de falsedad del instrumento, siempre que la ejecución no se pida en virtud de convenio constante en autos. Todas las excepciones, excepto la de falsedad, deberán ser posteriores a la sentencia de primera instancia, convenio o juicio, y constar por instrumento público o por documento privado, ya sea que esté judicialmente reconocido, o que se pida su reconocimiento judicial, o por confesión judicial que provoque al hacer valer la excepción. Se substanciarán estas excepciones en la vía incidental, promoviéndose en la demanda respectiva el reconocimiento o la confesión.". Del anterior precepto se advierte que -como en el caso que nos ocupa- en ejecución de sentencia -dependiendo de la época en que se tramita- las excepciones oponibles son: la de pago, si la ejecución se pide dentro de los ciento ochenta días; si ha pasado dicho término, pero no más de un año, se admitirán, además, las de transacciones, y compensaciones; y transcurrido más de un año serán admisibles también la de novación, la espera, la quita, el pacto de no pedir y cualquier otro arreglo que modifique la obligación y además la de falsedad del instrumento. Así también, se obtiene que dichas excepciones deben constar en instrumento público, en documento privado judicialmente reconocido o en confesión judicial; y que la finalidad de oponerla en incidente es únicamente demostrar que no se debe ejecutar la sentencia. Todo lo cual, permite acceder a la convicción que, de atender la excepción planteada, por el aquí quejoso en el escrito de desahogo de la vista antes referido, la autoridad responsable, tendría indefectiblemente que desestimarla por improcedente; en la medida que el impetrante no hace valer las excepciones expresamente permitidas en la vía incidental de que se trata; de ahí que resolver que lo alegado no es apto para resolver en forma favorable a los intereses del quejoso. Lo que reafirma que a nada práctico llevaría conceder el amparo para efectos de que la autoridad responsable subsane dicha omisión, pues el estudio de la cuestión alegada no provocará un beneficio al quejoso, por el contrario, va en contra del acceso efectivo a la justicia y del principio de economía procesal. De ahí lo inoperante del motivo de disenso en estudio. Máxime que de autos se advierte que no controvierte el quantum de la condena, pues sólo se limita a establecer que la juez responsable fue omisa en estudiar las excepciones hechas valer en su escrito de contestación al incidente de liquidación de la sociedad conyugal. Más aún, según lo establecido en la propia sentencia definitiva del juicio natural, a efecto de liquidarla, era menester promover un incidente, es decir, que se infiere que la vía intentada, fue la correcta; en tanto que por lo que respecta a la temporalidad, de la lectura del precepto legal antes reproducido, se obtiene que -contrario a lo aducido por el aquí quejoso- el derecho para solicitar la ejecución de sentencia, no precluye en tres días, sino que puede pedirse incluso después de transcurrido un año de dictada la sentencia a ejecutar. Por tanto, al no exponer argumento alguno en torno a combatir los motivos y razones plasmados en el acto reclamado en relación a la liquidación formulada por la responsable a la luz de lo manifestado en tal sentido por la actora incidentista e incluso el demandado incidental, aquí quejoso, en relación a los bienes que integraban la masa a liquidar, el suscrito se encuentra impedido a efectuar un análisis oficioso del acto reclamado y por ello, las argumentaciones que lo sustentan deben quedar firmes ante la falta de impugnación indicada. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 108, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Apéndice 2000, Tomo VI, página 85, Séptima Época, número de registro 917642, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.". Así como la tesis VI.3o.A. J/9, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Novena Época, página 1125, número de registro 188015 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. ALCANCE.". En consecuencia, ante lo fundado pero inoperante del concepto de violación plasmado, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a SAMUEL HERNÁNDEZ SOLÍS, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por Los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy dos de diciembre de dos mil veinte en que las labores del Juzgado lo permitieron, asistido de Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de octubre de dos mil veinte. Se tiene por recibido el escrito del tercero interesado ANA MARIA RAMIREZ BAUTISTA, mediante el cual se apersona a juicio, realiza diversas manifestaciones, designa autorizado y domicilio para oír y recibir notificaciones; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. En atención a su contenido, dígase que por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se le tuvo apersonada al juicio de garantías en que se actúa, además, se reconoció su personalidad de tercera interesada en el presente asunto. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte tercera interesada, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en el escrito de cuenta a las personas propuestas. Por último, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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