Samuel Hernández Rojas y Otros.

Expediente 281/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
281/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • Samuel Hernández Rojas y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    III. Visto el exhorto 81/2023 (orden 91/2023) del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, mediante el cual, devuelve diligenciado el 27/2023-III (orden 40/2023-III), por el que, se solicitó notificar a la quejosa el auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, intégrese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, dese de baja la comunicación oficial de referencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); sin que haya lugar a acusar recibo al homólogo federal, en virtud de que el propio sistema lo genera. En consecuencia, atendiendo a que, mediante proveído de nueve de los cursantes, causó estado el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, empero se reservó proveer sobre el archivo de este sumario, hasta en tanto se contara con la notificación de la quejosa +++ y toda vez que dicha circunstancia ya aconteció, al respecto se provee. Toda vez que ya no existe asunto que cumplimentar en el juicio que nos ocupa, archívese este juicio como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que dice: "Artículo 35. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible. Las leyendas referidas en el párrafo que antecede deberán constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. El servidor público designado verificará que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad." Con el fin de proveer lo relativo al destino del presente expediente, se especifica lo siguiente: +++. 1.- Criterio de valoración. En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden y en cumplimiento al artículo 12 del citado Acuerdo General se indica que el presente expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. 2.- Expediente destruible. Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso b) del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó la demanda de amparo. 2.1 Plazo para destrucción. Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, es decir, del ********************, y cumplido tal término, con veinticuatro horas de anticipación a los treinta días siguientes que prevé el tercer párrafo del artículo 21 del multicitado acuerdo, el Secretario encargado deberá dar cuenta para destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido se ordena al oficial judicial "c" a fin que anote en la carátula del expediente la leyenda respectiva, es decir "Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible"; asimismo, el Secretario encargado deberá dar fe que la leyenda anotada sea la correcta. De igual forma que queda a cargo del oficial judicial "c, sin mayor proveído e indicación la integración y preparación de las formalidades de ley, del expediente tanto físico como electrónico; la realización y captura de los datos de éste, en el acta de destrucción que se prepare, una vez trascurrido el plazo citado en párrafos precedentes, a fin de dar cumplimiento a la circular 2/2020. Se comisiona a la Secretaria encargada del trámite del presente asunto, para que al día siguiente de que obre la notificación del presente auto lo entregue físicamente al archivo y en los términos señalados, sin mayor proveído e indicación de cuenta con el inicio y fin del procedimiento de destrucción, como el cumplimiento del mismo por los oficiales judiciales c y a. Se ordena al oficial judicial "c" y a los secretarios respectivos, que una vez que el expediente sea entregado físicamente al archivo y se realice el procedimiento de destrucción; verifiquen las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de parte de oficial judicial (a). Lo incorporen a la lista de reporte estadístico mensual de la mesa III, a fin que los Secretarios de las mesas IV y VI actualicen el concentrado general y generen su reporte estadístico mensual.

  2. Principal

    III. Visto el estado procesal de los autos y las certificaciones que anteceden, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído de +++, por el que se desechó la demanda de amparo, promovida por +++, sin que la parte quejosa, a quien pudiera causar perjuicio, lo haya hecho valer; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, se reserva proveer lo conducente respecto al archivo del asunto que nos ocupa, hasta en tanto se obtenga la diligencia del exhorto 27/2023-III (orden 40/2023-III). En consecuencia, se solicita al homólogo federal Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, que de no tener inconveniente legal alguno, informe a este órgano jurisdiccional el estado procesal que guarda su comunicación oficial recibida ******************** de su índice, a fin de cumplimentar lo anterior.

  3. Principal

    III. Visto el oficio de cuenta, signado por el Actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual, hace del conocimiento el proveído de dos de marzo del año en curso, del que se obtiene que el órgano de su adscripción aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito para conocer de la demanda de amparo promovida por +++, contra actos del Titular de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis, CPS, Morelos y otras autoridades; por tanto, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, intégrese al expediente electrónico y físico, también este Juzgado de Distrito toma conocimiento de tal circunstancia para los efectos legales conducentes. Finalmente, una vez que fenezca a la parte quejosa el plazo previsto en el numeral 98, primer párrafo, de la ley de la materia, para recurrir el proveído de veintisiete de febrero pasado y se obtenga la diligencia del exhorto 27/2023-III (orden 40/2023-III), se acordara lo conducente respecto al archivo del asunto que nos ocupa.

  4. Principal

    III. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por +++y otros; contra actos del Titular de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis, CPS, Morelos y otras autoridades, se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 281/2023-III. Se comisiona a la Secretaria la revisión e integración del expediente en los términos establecidos en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica, se agregarán al expediente físico únicamente las promociones que se entreguen de esta manera, las constancias de notificación que se realicen de manera física, o demás documentos entregados de esta manera, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DIGITALIZACIÓN En términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. El expediente electrónico deberá ser integrado de manera distribuida, por el secretario judicial encargado del expediente, el actuario judicial, el oficial judicial C, el oficial de partes y la oficial judicial A. No obstante, las anotaciones en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, deberán realizarse de forma concentrada por el oficial judicial A en términos del artículo 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en, la omisión de dar respuesta a las peticiones administrativas: +++. Mediante las cuales solicitaron atención médica en las especialidades de medicina general, psiquiatría, urología, odontología e intervención quirúrgica, y +++, solicito cambio de colchón. Los quejosos +++, reclaman: La omisión de proporcionar atención medica periódica a los quejosos, en las especialidades de medicina general, traumatología, urología, psiquiatría y odontología, mismos que, según dicen constituyen actos de tortura, crueles, inhumanos y degradantes. NO SE CONCEDE SUSPENSIÓN SE PLANO No se concede la suspensión de plano del acto reclamado, ya que no se encuentra previsto en el artículo 22 constitucional ni el 126 de la Ley de Amparo; máxime que la atención médica que refieren los promoventes, no se considera afección que ponga en riesgo inminente su vida o le cause un sufrimiento desmedido. Sin que obste a lo anterior que manifieste que la autoridad penitenciaria está ejerciendo actos de tortura, crueles, inhumanos y degradantes, ya que ello lo hace depender de la falta de atención medica que reclama. DESECHAMIENTO RESPECTO DEL QUEJOSO +++. Relativo al acto reclamado precisado en el inciso c) la omisión de dar respuesta a sus peticiones administrativas +++, mediante los cuales solicitó atención médica en las especialidades de medicina general, psiquiatría, urología, odontología e intervención quirúrgica y cambio de colchón. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente respecto de +++. En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la que se actualiza, en el caso, la contenida en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, 5°, fracción I y 6°, todos de la citada ley. En efecto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo. Los citados numerales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en los que la demanda puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 6° de la Ley de Amparo se prevé que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso (a), por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de éste del derecho que en su concepto ha sido afectado (a) por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, del análisis de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que no fue firmada por el promovente Jair de Jesús Barbosa Ortiz, pues así se advierte del contenido de ella y, por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 del mismo ordenamiento legal. En este sentido, sí la persona referida no plasmó su firma en el documento, es claro que no expresó su voluntad para promover el presente asunto, ya que la firma representa la manifestación de voluntad y consentimiento del contenido del documento y hace patente el requisito de instancia de parte, previsto en el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna y 6° de la Ley de Amparo. Luego entonces, se deduce que la demanda de amparo no fue promovida por el citado gobernado a quien perjudica el acto de autoridad. En efecto, la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos, de manera que si la demanda de amparo no cuenta con ella, se debe considerar que el promovente no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional, siendo que la firma autógrafa constituye el conjunto de signos manuscritos con los cuales las partes en un procedimiento se expresan para realizar el acto procesal correspondiente, con lo cual se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. En esas condiciones, la demanda resulta improcedente, ya que como se dijo, tal deficiencia no se puede corregir mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la tesis VI.1o.151 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, consultable en la página 303 del Tomo XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal" De igual manera, robustece lo anterior, el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 213 del Tomo VII, Enero de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión." Así también, es aplicable al presente asunto, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos quince, Tomo X, Octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Jair de Jesús Barbosa Ortiz, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, 6° de la misma legislación. CONCLUSIÓN En las condiciones anotadas, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del citado ordenamiento legal. DESECHAMIENTO RESPECTO DE LOS QUEJOSOS: +++. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. Definitividad Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". La fracción anterior consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tildan de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Como se precisó en párrafos que anteceden, los quejosos +++, esencialmente reclaman del lugar en el que se encuentran recluidos, a saber, Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México: La omisión de dar respuesta a las peticiones administrativas: +++; y, Mediante las cuales solicitaron atención médica en las especialidades de medicina general, psiquiatría, urología, odontología e intervención quirúrgica. Los diversos quejosos +++, reclaman: La omisión de proporcionar atención medica periódica a los quejosos, en las especialidades de medicina general, traumatología, urología, psiquiatría y odontología, mismos que, según dicen, constituyen actos de tortura, crueles, inhumanos y degradantes. De conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, preceptos que establecen lo siguiente: "Capítulo III Procedimiento Administrativo Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: - Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. - Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. - Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. - La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. - Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. - En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. - Una vez admitida la petición, el Director del Centro Penitenciario tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. - La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. - El Director del Centro Preventivo estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. - Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. - Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. - De ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. - La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. - Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. - En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. - Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. - Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De lo anterior, en lo aplicable, se advierte lo siguiente: - Los jueces de ejecución conocen controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. - Los internos están legitimados para promover ante el Juez de Control o de Ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, previo a promover demanda de amparo, el quejoso debe presentar la petición de que sea canalizado ante la autoridad penitenciaria ante la cual se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, posteriormente, de ser el caso, ante el Juez de Control o Ejecución. Ello es así, pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional y sólo en el caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, entonces procederá el juicio de amparo. El razonamiento expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230 del Tomo I, Materia Común, Penal de la Gaceta del seminario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, que establece: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, determinó que las personas privadas de su libertad, cuando reclaman omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto deben agotar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello, porque dicha ley prevé un mecanismo de control que otorga la posibilidad de formular peticiones administrativas y que cumple con todas las características de un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los internos se encuentran facultados para reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Además el citado mecanismo ofrece una asistencia continua y personalizada al interno, pues en ciertos supuestos podrá acudir de manera directa a la autoridad penitenciaria a explicarle su petición, la razón de ésta y a ofrecer las pruebas que estime conducentes para apoyarla. Igualmente, la autoridad penitenciaria, con la finalidad de proteger los derechos del interno, deberá allegarse oficiosamente de las pruebas necesarias para responder de manera óptima la petición. También ofrece la posibilidad de que la omisión reclamada sea reparada por la autoridad penitenciaria y que la persona privada de su libertad impugne ante el juez de ejecución o control, según corresponda, la respuesta de la citada autoridad si estima que es contraria a sus intereses. Asimismo, establece la posibilidad de apelar la determinación del juez en caso de considerar que ésta es contraria a sus derechos. Del mismo modo, el mecanismo de control establece que cuando el acto omisivo constituya un caso urgente, el interno tendrá la posibilidad de acudir directamente ante el juez correspondiente, quien previamente al resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es un acto omisivo ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones positivas correspondientes. Por otra parte, el mecanismo de control otorga la facultad a la parte legitimada para que sea ella quien decida optar por la petición administrativa no urgente, o bien, la petición administrativa por caso urgente, así como la posibilidad real y efectiva de que el acto omisivo de ser procedente sea suspendido e incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones positivas necesarias a fin de que la omisión reclamada cese de inmediato o deje de existir. En el entendido de que el anterior criterio que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace alusión a todas las hipótesis, pues en ningún momento señala algún caso de excepción, como es el caso que nos ocupa. Tiene sustento lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." No obsta a lo anterior, los quejosos +++ manifiestan haber presentado peticiones administrativas, lo cierto es, que se encuentran en aptitud de promover la controversia jurisdiccional respectiva en los términos precisados en párrafos precedentes. CONCLUSIÓN Al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX se desecha de plano la demanda respecto de los quejosos +++, lo anterior, con apoyo en el numeral 113 del propio ordenamiento. Máxime que dicho acto reclamado no se encuentra dentro de las penas inusitadas y transcendentales a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, acorde con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Norma Oficial Mexicana que regula los padecimientos terminales, graves y urgentes, la falta de atención médica en las especialidades de traumatología, urología, psiquiatría y odontología, no se ubica en ninguno de esos supuestos. REPRESENTANTE COMUN Con fundamento en el numeral 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de los quejosos citados anteriormente a +++. NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE DETERMINACIÓN De conformidad con lo dispuesto en el numeral 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, por única ocasión se comisiona al Actuario Judicial para que notifique el presente proveído a la parte quejosa por conducto de su representante común en el lugar de su reclusión, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México. NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE DETERMINACIÓN De conformidad con lo dispuesto en el numeral 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, por única ocasión se comisiona al Actuario Judicial para que notifique el presente proveído a los directos quejosos en el lugar de su reclusión, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA LEGAL RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS POR LA QUEJOSA +++. Ahora bien, el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. - Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal de dicho precepto se advierte que el Juez de Distrito es competente por razón de territorio para conocer del juicio de amparo, en los siguientes casos: 1. Es Juez competente para conocer del asunto aquel en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y la ejecución continúa en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material. Cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la competencia en el amparo se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción esté recluido el quejoso, en el momento en el que se le niegue o no se le dé trámite a su solicitud de otorgamiento de alguno de los beneficios para suspender la ejecución de la pena de prisión, ya que si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer del asunto el Juez en cuya jurisdicción tenga ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 48/2005 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Junio de 2005, tomo XXI, aplicable al caso, por no contraponerse con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que dice: "COMPETENCIA EN EL AMPARO SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JIRISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN EL QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario." Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que: - La quejosa se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis, con sede en el Estado de Morelos. - Señala como actos reclamados los siguientes: Omisión de proporcionar atención medica periódica a la quejosa, en las especialidades de medicina general, traumatología, urología, psiquiatría y odontología, mismos que, según dicen, constituyen actos de tortura, crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, de conformidad con las premisas, que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; es decir, se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción. En ese tenor, se considera que la promovente señala como acto reclamado uno que requiere ejecución material, ya que solicita que la autoridad responsable le proporcione la atención médica que refiere; lo cual conlleva una ejecución material que se traduce en que la promovente continúe privado de su libertad en el centro de reclusión en que actualmente se encuentra. En tal virtud, resulta indudable que conforme a la primera regla de competencia aludida en líneas precedentes, dicho acto se deberá ejecutar en ese lugar, con lo que resulta inconcuso que el órgano de control constitucional competente para conocer de la demanda promovida, es un Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, pues es en su jurisdicción donde se encuentra el centro penitenciario en que radica el peticionario del amparo, a saber, Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis, con sede en el Estado de Morelos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2006160, localizada en la página 633, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de Abril de 2014, Libro 5, Tomo I, que es del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PORMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EN DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido." En este orden de ideas, este Juzgado de Distrito resulta legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la controversia que se le plantea y estima competente al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, pues es dentro de su jurisdicción donde se ejecutan los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide en territorio de la república Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiado y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado, entre otros, por el 3/2021, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente, para conocer de este juicio constitucional, por lo que se ordena remitir el original del juicio de amparo, al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, autoridad que se estima legalmente competente, para que tenga a bien manifestar, si acepta o no, el conocimiento del asunto, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno físico y electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); sin que haya lugar a formar cuaderno de antecedentes, en virtud de que al homólogo federal se remitirá copia certificada de la demanda de amparo que se recibe. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADO En términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; la interpretación de ese precepto constitucional trasladado a la organización del sistema penitenciario, corresponde velar que los reos, tengan oportunidad a una debida defensa y asesoría legal en las situaciones que se les presenten en su condición de internos, la que, por sí misma, y por obvias razones, les impiden como a cualquier otra persona no privada de su libertad, buscar orientación legal adecuada. La quejosa se encuentra interna en un centro de reclusión y al promover el presente asunto no designó persona alguna como autorizada en términos de los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, lo que implica un impedimento para enfrentar directamente el juicio constitucional; por lo que esta autoridad Federal, a fin de garantizar sus derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada, de conformidad con los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, incisos d) y e) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la jurisprudencia 43/2019 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veintitrés de mayo de este año, pendiente de integrarse al módulo de jurisprudencias del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO." Sin embargo, este juzgador se reserva acordar lo conducente respecto a dicha designación, hasta en tanto el Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, determine si acepta o no, el conocimiento del asunto, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la ley de la materia. Sin perjuicio de lo anterior, a fin de que el justiciable tenga conocimiento de la presente determinación y toda vez que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis, con sede en el Estado de Morelos, con fundamento en los numerales 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 282, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por imperativo expreso del ordinal 2° de la ley de la materia y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el numeral 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese exhorto vía electrónica por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) al Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, con independencia de la fecha en que reciba esta comunicación, ordene a quien corresponda, que incluso en horas y días inhábiles, se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social Número Dieciséis, con sede en el Estado de Morelos y notifique a la quejosa la presente determinación. Se solicita al homólogo Federal que una vez diligenciada dicha encomienda, remita las constancias que acrediten tal notificación. Asimismo, se comisiona a la Secretaria para que en el plazo de veinticuatro horas siguientes al presente proveído, remita la comunicación oficial de que se trata; asimismo, el Actuario Judicial adscrito deberá constatar el envío de mérito. NO HA LUGAR A DAR VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL En otro orden de ideas, se hace la precisión que si bien la parte quejosa en su demanda de amparo refirió en el apartado del acto reclamado consiste en: "la omisión de dar respuesta a las peticiones administrativas y por ende proporcionar atención medica periódica a los quejosos, en las especialidades de medicina general, traumatología, urología, psiquiatría y odontología, mismos que, según dicen constituyen actos de tortura, crueles, inhumanos y degradantes"; lo cierto es que, en términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, tal acto consistió en: la omisión de dar respuesta a las peticiones administrativas, sin embargo los actos de tortura, crueles, inhumanos y degradantes, los hace depender de dichas omisiones; por lo que, se considera que no se encuentra previsto en el artículo 22 constitucional ni el 15 de la Ley de Amparo. Por ende, del estudio realizado a la demanda de amparo resulta innecesario dar vista a la Representación Social Federal adscrita a este Juzgado, a efecto de que en ejercicio de sus atribuciones determinara si inicia o no una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, a efecto de precisar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de la parte quejosa, como lo prevén los artículos 21 de la Constitución Federal, 1º, 3º, 6º y 8º de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1º, 3º, y 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura . De igual forma, como lo prevé la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 561, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." Así como, en el criterio sostenido por la Visitaduría General con número de referencia VJ_3928_2019, de rubro: "SEGUIMIENTO A LAS VISTAS RELACIONADAS CON ACTOS DE TORTURA, POR PARTE DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES". USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS Se permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se informa que las partes deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.

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