Samuel Hernández Pacheco

Expediente 845/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
845/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Samuel Hernández Pacheco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no se inconformaron dentro del término de quince días, contra el acuerdo de quince de agosto de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE No existiendo asunto pendiente de diligenciar y en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del citado acuerdo; esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Asimismo, se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO Al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el fracción III, inciso a) del numeral 17 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena la conservación integral de este expediente. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 17 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la conservación integra de este expediente siguiendo los lineamientos establecidos. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno. LEY DE TRANSPARENCIA Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  2. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, once de septiembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y debido a que de la certificación secretarial que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, en consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda). DESTINO Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se concedió la medida cautelar provisional y definitiva a la parte quejosa, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 encuadra en la hipótesis prevista en el fracción III, inciso a) del numeral 17 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena la conservación integral de este expediente. Por tanto, con fundamento en el citado artículo 17 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la conservación integra de este expediente siguiendo los lineamientos establecidos. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el quejoso ********************, desahogó en tiempo el requerimiento que se le formuló por acuerdo de fecha dos de agosto del año en curso, en el que se le dio vista con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, realizando manifestaciones respecto a dicho cumplimiento por parte del Juez responsable. En su atención, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por dicha autoridad responsable. Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, se otorgó el amparo al quejoso para que el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca, diera cumplimiento a lo siguiente: "Señalare hora y fecha para celebrar la audiencia de cumplimiento a esta ejecutoria, con asistencia de las partes en la cual deje insubsistente la resolución reclamada dictada en la causa penal número ********************, por la que decretó auto de vinculación a proceso en contra del quejoso por su probable participación o intervención en los hechos que la ley señala como los delitos de violación equiparada y violación, cometidos en agravio de la víctima de iniciales ********************. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción dicte una nueva, la que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso." En la sentencia dictada en este juicio se precisó: ".Ahora, como ya se indicó, el auto de vinculación a proceso que se reclama carece de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe tener, violándose con ello lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal. Lo anterior, en virtud de que la autoridad judicial no precisó con qué datos de prueba se acreditó cada hecho que se le imputan al quejoso ********************, esto es, los sucedidos los días diez de julio de dos mil veinte; seis de enero y dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, pues de manera general con los datos incorporados por la Ministerio Público, determinó la acreditación de los mismos, así como la participación del activo en su comisión, pues se advierte, que no indicó con que medio se demostró la edad de la víctima en la época de los hechos delictuosos; pues refirió que los hechos materia de la imputación a criterio de ese juzgador quedaron acreditados hasta ese momento de investigación inicial, desvirtuando la declaración de la testigo ********************, en el sentido de que no se acreditó que el cuidado de su progenitora lo realizara el imputado ********************, en el domicilio de dicha ateste, pues su dicho no encontraba sustento en diverso dato de prueba; sin que, en su caso, hubiera realizado un estudio pormenorizado de las documentales aportadas por su defensa para tratar de acreditar tal extremo. Así también, refirió que la ampliación del dictamen médico proctológico correspondiente, no producía ningún efecto jurídico, por tal razón, dicho dictamen estaba incompleto, por los motivos que adujo. Valoración probatoria que realizó sin apoyo en algún fundamento legal." . Conforme a lo señalado, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, pues es la única forma en que el gobernado está en posibilidad de conocer las causas que originan la emisión del mismo y así estar en posibilidad de combatirlo legalmente. De lo anteriormente expuesto, se aprecia que el juez de Control responsable, omitió precisar las circunstancias en que se desarrollaron los tres supuestos hechos delictuosos que se atribuyen al quejoso, a saber, los ocurridos los días diez de julio de dos mil veinte, seis de enero y dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, puesto que en este aspecto, solamente indicó que prescindía de los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, en virtud de que fueron escuchados en audiencia inicial, además, ya obraban su incorporación en la videograbación respetiva, y que la defensa refirió que ya se había impuesto de esa audiencia." Por otra parte, de la resolución que el Juez responsable en acatamiento a la ejecutoria de amparo, dictó el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, en la causa penal número ********************, de su índice, en su resolutivo segundo dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso reclamado de fecha once de mayo de dos mil veintiuno, emitido en contra de ********************. Así también, en el resultando quinto de dicha resolución, refirió que por lo que respecta al hecho número uno, desarrollado el día diez de julio de dos mil veinte, aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos, a criterio de ese juzgador, el mismo quedó acreditado, con los datos de prueba que aportó la Fiscalía, los que tienen eficacia probatoria y demostrativa; que se trata de una hecho de naturaleza sexual cometido en agravio de una persona menor de dieciocho años; que la declaración de la victima directa es la que tiene el escenario principal en el análisis de los datos de prueba: Por tal razón, se debía primeramente analizar esa declaración de la víctima directa y después verificar si la misma tiene una eficacia que se corrobore de manera interna, así como de manera externa con los demás datos de prueba. Por lo que una vez que valoró la declaración de la víctima, determinó que el referido hecho uno se corroboraba con la declaración de la progenitora del menor de nombre ********************, así como con la entrevista de ********************, quien resulta ser abuela de dicho menor. En cuanto a la edad del menor en la época que sucedió el primer hecho (********************), dicha responsable indicó que tal extremo se demostró con la declaración de su progenitora ********************, y en especial con su acta de nacimiento de fecha ********************, en la que se hace constar que nació el ********************, precisando que dicha documental no fue objetada por la contraparte. También lo anterior lo corroboro con el dictamen médico emitido por ********************, y con la ampliación de informes de certificado médico de fecha veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como con el dictamen en psicología del perito ********************, datos de prueba que la responsable manifestó que corroboran la declaración del menor de iniciales reservadas ********************., respecto de los hechos ocurridos el diez de julio de dos mil veinte. Respecto al hecho número dos, materia de la imputación que se desarrolló el seis de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las dieciocho horas, cuando el menor fue a casa del imputado a vender gelatinas, que se ubica en la calle ********************, cuando ******************** estaba adentro de su cuarto y le dijo a dicho menor que pasara, que se bajara nuevamente su short; que el niño se acostó sobre la cama boca abajo, ******************** se encimó sobre su cuerpo y le metió su pene en el ano, aproximadamente quince minutos; que en ese día el menor ya contaba con la edad de ******************** por haber nacido el******************** (sic). Que ese hecho número dos de la imputación, por lo que hace a la edad de la víctima, la responsable refirió que se acreditó con la declaración de su progenitora ********************, y con su acta de nacimiento correspondiente. Así como con los dictámenes médico y psicológico respectivos. Por último, en cuanto al hecho del día dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diez horas, precisó el Juez responsable que la fiscalía refirió que el imputado ********************, le pidió al menor que fuera a su domicilio que se ubica en la calle ********************, cuando llegó el niño de iniciales ********************., ******************** le dijo que entrara a su cuarto, que se bajara su short, para introducirle el pene en su ano. Lo que corroboró la responsable con la declaración de la progenitora del menor y de su abuelita, ******************** y ********************, así como con el acto de investigación relativo a la inspección ocular realizado por un agente estatal de investigaciones, en el domicilio del imputado, ubicado en la calle ********************, con la que se corrobora la existencia real y material del lugar de los hechos y da sustento a la declaración del menor, en cuanto al que su vecino es el imputado, ya que vive a un costado del domicilio de sus abuela ********************. Por lo que, a criterio del Juez responsable, con dichos datos de prueba que la fiscalía aportó en la audiencia de imputación inicial, eran suficientes para sustentar los tres hechos materia de la imputación, en términos del artículo 316, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues la finalidad de esa determinación es verificar cuál de las teorías fácticas o la teoría de hechos es la más probablemente verdadera a la luz de la información que es incorporada tanto por la fiscalía como por la defensa en la audiencia inicial o en la audiencia de vinculación a proceso, verificando que el peso demostrativo o el peso probatorio de esta información sea tendencialmente completa. Determinado el Juez responsable que con dichos datos de prueba, concordaba con la fiscalía respecto al hecho número uno, pues tiene la apariencia del tipo penal de violación equiparada, que se encuentra regulado por el artículo 247 del Código Penal del Estado de Oaxaca, en la época de los hechos, tomando en consideración la edad del menor. Que referente a los hechos números dos y tres, desarrollados el seis de enero y dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en el mismo domicilio, así como el acto medular de los mismos fue la introducción del pene en el ano de la víctima, indicó que tiene la apariencia del delito de violación, regulado en el artículo 246 del invocado ordenamiento legal, pues para esas fechas, la víctima ya era mayor de ********************, porque nació el ********************. Por lo que, determinó que los hechos materia de la imputación que se acreditan y que son subsecuentes de continuar en la investigación complementaria, son los siguientes: " 1.- que el día diez de julio de dos mil veinte, aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos, el niño de iniciales ********************, fue a la casa de ********************, a vender gelatinas que se ubica en la calle ********************, ******************** le dijo que entrara a su cuarto y si no lo hacía mataría a toda su familia con un rifle, el niño de iniciales ********************., entró al cuarto, ******************** le dijo que se bajara su short y se acostara boca abajo sobre la cama, se acostó y ******************** se bajó el cierre, sacó su pene y se lo introdujo en el ano al niño de iniciales ********************., después se quitó y le dijo si no vienes mañana voy a matar a tu familia, ese día el niño de iniciales ********************., tenía la edad de ********************, por haber nacido el ********************. 2.- Que el día seis de enero del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las dieciocho horas, el niño de iniciales ********************., fue a la casa de ******************** a vender gelatinas que se ubica en la calle ********************, ******************** estaba dentro de su cuarto y le dijo al niño que pasara y que se bajara nuevamente el short y el niño de iniciales ********************, se acostó sobre la cama boca abajo, ******************** se encimó sobre su cuerpo y le metió su pene en su ano aproximadamente como unos quince minutos, en esa fecha el niño víctima tenía la edad de ******************** por haber nacido el ********************. 3.- Que el día dieciséis de marzo del año dos mil veintiuno, eran aproximadamente a las diez horas, ********************, le pidió al niño de iniciales ********************., que fuera a su domicilio que se ubica en la calle ********************, cuando el niño ********************., llegó, ******************** le dijo que entrara a su cuarto, que se bajara el short y nuevamente le introdujo el pene en el ano." De lo anteriormente expuesto, se advierte que el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, en la resolución que dictó el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado en este juicio de fecha once de mayo de dos mil veintiuno. Para luego dictar una nueva resolución en la cual purgó los vicios formales que contenía la misma, pues siguiendo los lineamientos precisados en la sentencia emitida en este juicio, fundamentó y motivo la nueva resolución, toda vez que precisó los datos de prueba con los que estimó que los hechos que se imputan al quejoso ********************, se acreditaron, respecto de los sucedidos en los días diez de julio de dos mil veinte; seis de enero y dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, indicando que con la declaración de la progenitora del menor víctima y con su acta de nacimiento respectiva, se demostró la edad del menor en la época en que se suscitaron los hechos delictuosos. De igual forma, precisó las circunstancias en que se suscitaron los anteriores hechos, toda vez que analizó los datos de prueba aportados por la representación social. En otro aspecto, glósese el escrito del quejoso ********************, por el que desahoga la vista que se le otorgó en acuerdo de fecha dos de agosto del año en curso, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, refiriendo que el Juez responsable no cumple en sus términos con la misma, dado que nuevamente realiza una valoración de los datos de prueba que incorporó la fiscalía en la audiencia inicial de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, agregando, que en ningún apartado de la sentencia se estableció que debía volver a valorar los datos de prueba tanto de la fiscalía como de la defensa, sino fundamentar y motivar la resolución en la que resolviera nuevamente su situación jurídica; además, no realizó una exacta aplicación de la norma penal al caso concreto, esto es, no estableció cual es la norma sustantiva aplicable a los hechos de la imputación. Indicando que con la valoración de los datos de prueba que ya realizó en la resolución reclamada de once de mayo de dos mil veintiuno, dictara una nueva resolución pero purgando los vicios si fuese en el mismo sentido que la anterior, o bien, dictarla en diverso sentido; por lo que, contrario a ello, el Juez vuelve a valorar los datos de prueba que la fiscalía incorporó en la audiencia inicial, cuando no era el sentido de la ejecutoria, pero no solo eso, sino además valoró en otro sentido dichos datos de prueba. Refiriendo los motivos por los cuales estima que la autoridad responsable no dio valor probatorio al certificado médico de lesiones de integridad física, proctológico e informe de zonas erógenas realizado por ********************, perito médico de la Fiscalía del Estado de Oaxaca. En atención a lo anterior, cabe precisar que en la sentencia de amparo, se determinó que la responsable en primer lugar, debía dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso reclamado que dictó el once de mayo de dos mil veintiuno, lo que así hizo, para posteriormente dictar otra en la que se purgaran los vicios formales que se precisaron en la sentencia de amparo, lo que igualmente realizó, por los motivos anteriormente expuestos. Por tal motivo, al haberse dejado insubsistente la resolución impugnada en este juicio, la autoridad responsable se encontraba en aptitud de valorar, con plenitud de jurisdicción, los datos de prueba aportados por la fiscalía, así como los ofrecidos por la defensa, máxime que la concesión se debió a que el juez omitió indicar con qué datos de prueba se acreditaba cada uno de los tres hechos que el Ministerio Público atribuye al quejoso. Por lo que, la responsable estuvo en lo correcto al valorar nuevamente dichos datos de prueba, a efecto de acreditar los hechos atribuidos al quejoso, en virtud de que para esos efectos se otorgó la tutela federal, pues se determinó que la resolución reclamada carecía de fundamentación y motivación, pues no se indicó con qué medios de prueba se demostraba cada uno de los tres hechos delictuosos que la representación social atribuye al imputado. Además, al haberse otorgado al juez natural plenitud de jurisdicción, se encontraba en aptitud de valorar a su criterio los datos de prueba respectivos y los aportados por la defensa, como así lo hizo; valoración que no puede ser analizada en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de hacerlo, se estaría resolviendo sobre el fondo de la nueva resolución, por lo que quedan expedidos los derechos del quejoso para que los haga valer como en derecho corresponda. En cuanto a que el juez no realizó una exacta aplicación de la norma penal al caso concreto, esto es, no estableció cual es la norma sustantiva aplicable a los hechos de la imputación. Contrario a lo estimado por el peticionario, la responsable indicó que con los datos de prueba, concordaba con la fiscalía respecto al hecho número uno, pues tiene la apariencia del tipo penal de violación equiparada, que se encuentra regulado por el artículo 247 del Código Penal del Estado de Oaxaca, en la época de los hechos, tomando en consideración la edad del menor. Respecto a los hechos números dos y tres, desarrollados el seis de enero y dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en el mismo domicilio, así como el acto medular de los mismos fue la introducción del pene en el ano de la víctima, indicó que tiene la apariencia del delito de violación, regulado en el artículo 246 del invocado ordenamiento legal, pues para esas fechas la víctima ya era mayor de ********************, porque nació el ********************. Tocante a lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que la responsable no valoró de manera exhaustiva los datos de prueba incorporados por su defensa; contrario a ello, refirió que el testimonio de ********************, no era suficiente para contrarrestar la información incorporada por la fiscalía y para tener por acreditado en esa etapa de investigación inicial, los otros hechos materia de la imputación, por tratarse de un hecho aislado su testimonio, pues indicó que no hay ningún otro dato de prueba que le otorgue corroboración periférica, por los motivos que expuso en su nueva resolución. Asimismo, manifestó que los datos de prueba que aportó la defensa en la audiencia para resolver la situación jurídica del quejoso, no eran suficientes para desvirtuar los hechos materia de la imputación y menos aún para desvirtuar su probable participación en los hechos que le formuló la fiscalía, desarrollados el diez de julio de dos mil veinte, seis de enero y dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, por los razonamientos jurídicos que expuso en la nueva resolución, en la cual le dictó auto de vinculación a proceso, por su probable participación, en los hechos que la ley señala como los delitos de violación equiparada y violación, previstos por los artículos 247 y 246 del Código Penal del Estado de Oaxaca, vigente en la época de los hechos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales consiguientes. Ahora bien, toda vez que el quejoso refiere que el Juez responsable fue omiso al no realizar de oficio la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, contra la cual se le negó el amparo, como se destacó en la parte final del considerando octavo de la sentencia dictada en este juicio, en el sentido de que, en caso se advertía que ya transcurrió el plazo de dos años a que se refiere la fracción IX del apartado B del artículo 20 de la Constitución General. Por tal motivo, se indicó que el Juez responsable tiene la obligación de revisar de manera oficiosa la continuidad de la prisión preventiva; atento a lo establecido en la jurisprudencia emitida por esa Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo III, página 2839, Undécima Época, con registro digital 2024608, cuyo tenor literal es: "PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN. Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por el delito de privación de la libertad para cometer el delito de robo; consecuentemente, se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Durante el desarrollo del procedimiento, la defensa solicitó audiencia para debatir el cese y sustitución de la medida cautelar, al haber transcurrido más de dos años sin que le fuera dictada sentencia; la Jueza de Control determinó negar la petición, lo que fue confirmado en apelación. En contra de la anterior determinación, la defensa promovió juicio de amparo indirecto, el cual se negó por el Tribunal Unitario de Amparo bajo el argumento de que no puede analizarse el párrafo segundo, de la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Constitución General sin considerar lo que a su vez establece el diverso 19 del mismo ordenamiento, respecto a tal medida excepcional y la justificación de la prisión preventiva oficiosa, cuya imposición obedece a diversos factores tales como el tipo de delito cometido y los medios comisivos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, así como de la interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, no se advierte impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva, impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio, pueda ser revisada en el plazo de dos años posterior a su aplicación, para el efecto de que dicha autoridad determine su cese o prolongación. Justificación: Bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, a los dos años de su imposición. Por tanto, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. En el entendido de que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. La prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable." En atención a lo expuesto, si bien no se concedió el amparo para que el Juez responsable, de manera oficiosa, revise la medida cautelar de mérito, lo cierto es que se le indicó que se advertía que ya había transcurrido el plazo de dos años que prevé el artículo 20, en su fracción IX del apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tal motivo tiene la obligación de revisarla de manera oficiosa, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia anteriormente invocada. Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.. Notifíquese; vía electrónica al quejoso y al asesor jurídico; por lista al menor tercero interesado, por conducto de su progenitora, en cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de ocho de marzo del año en curso.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía correo electrónico por el Juez de Control en Materia Penal del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, por el que da cumplimiento al requerimiento que se le formuló el treinta y uno de julio del año en curso, remitiendo copia certificada de la resolución que dictó el veinticuatro de julio del año en curso, en la causa penal número 213/2021, de su índice, en la que, por una parte, dejó sin efecto el auto de vinculación a proceso reclamado de once de mayo de dos mil veintiuno, y, por otra, decretó contra el quejoso *********, auto de vinculación a proceso por su probable participación en los hechos que la ley señala como los delitos de violación equiparada y violación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior y con el diverso oficio 942/2023, de su índice, al que se adjuntó un disco compacto (DVD) certificado, que contiene el audio y video de la audiencia de veinticuatro de julio del año en curso, dese vista a Samuel Hernández Pacheco, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, se resolverá sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por la autoridad responsable, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público; atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son:********** Notifíquese; vía electrónica al quejoso.e.

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