Samuel Hernández Martínez
Expediente 1934/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1934/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Samuel Hernández Martínez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el escrito signado por ********************, quejoso en el presente asunto, por el que da contestación al requerimiento formulado en auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, por ende, se acuerda de la siguiente manera: SE DESECHA DEMANDA Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito de cuenta, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se hace consistir de manera esencial en la falta de notificación en la diligencia de remate de fecha 30 de agosto del presente año, del inmueble del expediente número ********************/2022, radicado en el juzgado segundo civil del distrito judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo." Así, el suscrito juzgador advierte que contra la falta de notificación a la diligencia de remate que refiere, se actualiza LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL PRIMER PÁRRAFO, ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO. De dicho precepto legal, se advierte que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. El citado principio se encuentra justificado, por el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el gobernado agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la propia Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, si previo a la presentación de la demandada de garantías, el quejoso no agota los citados recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley, ello tornará improcedente el citado juicio constitucional, siempre y cuando el acto reclamado no se encuentre en alguno de los casos de excepción. Por lo que, contra la falta de notificación que dice se abstuvieron de realizar "en la etapa de ejecución de sentencia" dentro del expediente ********************/2020, se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Lo anterior es así, toda vez que los artículos 39 y 73 a 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, disponen: "Artículo 39.- Los incidentes de nulidad de actuaciones por falta o defecto de citación o notificación, se sustanciarán con una sola audiencia, en la que se contestarán, se recibirán las pruebas, alegarán y se dictará sentencia". "Artículo 73.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. Artículo 74.- La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. Artículo 75.- Las notificaciones que se hicieren en forma distinta de la prevenida en este Código, serán nulas. La parte agraviada podrá promover el respectivo incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación. Hecha indebidamente. Igual derecho existirá en caso de omisión de notificación. Si la parte afectada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, sin promover la nulidad, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legalmente hecha. Artículo 76.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la promoción subsecuente a cualquier acto que implique conocimiento tácito o expreso de la nulidad, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Artículo 77.- Si al tramitarse la nulidad de actuaciones, la parte contraria estuviere conforme, se decretará desde luego la nulidad. Si la contraria no estuviere conforme, se suspenderán los procedimientos, se citará a las partes para una audiencia que se verificará dentro de cinco días, en la que se contestará la demanda, se rendirán pruebas, se alegará y resolverá." Efectivamente, del contenido de los preceptos legales invocados anteriormente, los cuales han quedado transcritos en líneas que preceden, se desprende que cuando alguna de las partes en un juicio estime que una actuación no ha sido realizada observando las formalidades establecidas en la ley, podrá pedirse su nulidad en la actuación subsecuente a través del incidente correspondiente; caso en concreto que es aplicable ya que el quejoso es parte en el juicio de origen, lo anterior por así referirlo en su escrito inicial de demanda y corroborarse de las documentales que en copia simple anexa. Efectivamente, contra las ilegales notificaciones que refiere el quejoso se le realizaron, procedía previamente a la interposición del juicio de amparo agotar el incidente de nulidad que establecen los artículos antes trascritos, en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de garantías; lo anterior en virtud de que refiere en la demanda de amparo que aquel es parte en el juicio de origen, aunado a que dicho juicio se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, en el cual, como el propio promovente lo cita, no se han tirado escrituras ni se ha ordenado la adjudicación del bien rematado, por ende, el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en dicha etapa. Sirve de apoyo, por analogía e identidad jurídica, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/243 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, Materias Civil, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1651, de rubro y texto: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo." Así como la diversa VI.2o.C. J/259 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, Materias Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1654, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." De ahí que, al ser la parte demandada en el juicio de origen, está obligado a agotar los recursos y medios de defensa que se establecen en los ordenamientos legales previamente a la promoción del amparo, sin que se advierta que en contra de la misma, previa a esta vía que combate, haya hecho valer el incidente de nulidad de actuaciones, surtiéndose por tanto la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo, artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el incidente de nulidad de actuaciones ?medio de defensa para los efectos del juicio de amparo? se considera como parte integrante del concepto recursos o medios de defensa ordinarios. Con sustento en lo anterior, enseguida se analiza si el incidente de nulidad es o no un medio de defensa idóneo para modificar los actos impugnados. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2002-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, julio del 2002, página 259, con el sumario siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo". En la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia, en la parte que aquí interesa, se consideró lo que enseguida se transcribe: "(...) Ahora bien, debe considerarse para efectos del juicio de amparo como recurso ordinario o medio de defensa, el que reúna esencialmente las siguientes características: a) tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses, b) debe estar establecido en la ley correspondiente, y c) debe tener un procedimiento para su resolución. --- En esta tesitura, el incidente de nulidad en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, lo cual produce efectos similares a la revocación; está establecido en la ley correspondiente, en este caso en la Ley Federal del Trabajo, y tiene determinado un procedimiento para su resolución, previsto en los artículos 763 y 765 de la misma; igualmente tiene fijado un término para su interposición y un plazo para su resolución. --- Resultan aplicables, por analogía, las tesis cuyos datos de publicación y texto son los siguientes: 'NULIDAD DE ACTUACIONES. SI ESTÁ PENDIENTE EL INCIDENTE ES IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si contra el acto que se reclama el quejoso promovió ante los tribunales ordinarios incidente de nulidad de actuaciones y éste se encuentra pendiente de resolución, el juicio de garantías es improcedente, en términos del artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues debe entenderse que dicho incidente es un medio de defensa que puede tener por efecto la nulificación de la actuación impugnada.' --- (...) --- Por tanto, el planteamiento del mencionado incidente sí es un medio ordinario de defensa y, en consecuencia, una actuación necesaria de las partes a fin de que la Junta se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en el capítulo correspondiente de la ley, ya que si las partes que han comparecido a juicio no agotan ese medio de defensa ni la Junta lo decide en una interlocutoria, el concepto de violación que se haga valer en la demanda de amparo directo será inoperante. --- (...) --- En esa virtud, dado que el incidente de nulidad de notificaciones tiene por efecto, precisamente, analizar cuestiones propias de la legalidad de las mismas, y establecer por parte de la propia autoridad su validez o su nulidad con la consecuente reposición del procedimiento en la parte que se haya declarado nula, debe determinarse que una vez dictado el laudo respectivo la Junta del conocimiento ya no puede abocarse a la resolución de un incidente de nulidad propuesto sobre cuestiones correspondientes a la etapa del procedimiento, en tanto las resoluciones de las Juntas no admiten ningún recurso, en términos de lo dispuesto por el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo..." Las anteriores consideraciones, aunque no se vinculan directamente con la materia civil, resultan útiles porque proporcionan elementos jurídicos importantes para determinar que de acuerdo con lo ahí expuesto, el incidente de nulidad de actuaciones constituye un medio de defensa idóneo, en tanto que tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso. En efecto, la Segunda Sala del más Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis mencionada, consideró que para los efectos del juicio de amparo, la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley, y que de acuerdo a los artículos que ahí se interpretaron, llegó a la conclusión de que el incidente de nulidad de notificaciones satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso al no practicarse de acuerdo con las formalidades que marca la ley, cuyo incidente debe estar establecido en la ley y tener determinado un procedimiento para su resolución. Dichos criterios, aplicables al caso que se examina, permiten concluir que el incidente de nulidad constituye un medio de defensa idóneo y eficaz, en tanto que en dicho incidente se analiza el cumplimiento de las formalidades que marca la ley en la práctica de la notificación que realizan los actuarios; las partes tienen oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas y la pretensión incidental deducida, de ser fundada, conllevaría la consecuencia de dejar insubsistentes los actos impugnados y las actuaciones posteriores, que tengan como base las actuaciones nulas (esta finalidad no podría alcanzarse si se impugnara mediante un recurso no idóneo para esos actos). Por lo que es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo, por ser a criterio de la parte afectada contrarios a derecho. Lo anterior es así, porque cuando en el procedimiento de donde derivan los actos reclamados existe un medio ordinario de defensa, que tiene por objeto anular los actos que lesionan los intereses del quejoso, es indudable que previamente a intentar la acción constitucional debe hacerse valer, con el propósito de cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, y sólo en el caso de que no se obtuviere una resolución favorable, una vez que se agote el recurso correspondiente, si lo hubiere, entonces debe intentarse el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 986, página 678 tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantía, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, se cita en apoyo de lo anterior la jurisprudencia número 1577, visible en la página 2523, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que establece: "RECURSO, SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del fuero común." En tales condiciones, con base en los razonamientos expuestos, preceptos legales, y además con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías interpuesta por********************. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el promovente de amparo no recurrió el auto de once de julio de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo promovida por ********************, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción II del Acuerdo General antes citado, toda vez que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo, el expediente relativo es susceptible de destrucción una vez que trancurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, una vez al año, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Se hace constar que en presente asunto NO existen documentos originales aportados por las partes, ni se ordenó la formación de anexos. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
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