Samuel Hernandez Lopez

Expediente 53/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
53/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Samuel Hernandez Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En la Ciudad de México, a once de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó notificar dicho auto personalmente a la parte quejosa; sin embargo, de constancias que integran el sumario en que se actúa se advierte que en proveído de ocho de marzo del año en curso, se ordenó practicar por medio de lista las subsecuentes notificaciones al quejoso, aún las de carácter personal; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se ordena notificar a la parte quejosa el proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE por lista al quejoso. ***AUTO DE 06/10/2021.- "En la Ciudad de México, a seis de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el primer oficio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, seis copias de demanda y testimonio de la resolución dictada en el conflicto competencial CCA- 11/2021, de la que se advierte que se declaró legalmente competente a este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por ***********************; en consecuencia, acúsese el recibo correspondiente al Tribunal Colegiado oficiante, y procédase a proveer sobre la demanda de amparo en los términos siguientes: Por carecer de utilidad, desglósense del cuaderno de antecedentes las copias simples, conservando únicamente las constancias originales. PERSONALIDAD Se tiene a ********************, promoviendo demanda de amparo contra actos de la Dirección General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financiera, a través de la Dirección de Dictaminación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano. ...ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Visto lo anteriormente expuesto, en relación al acto reclamado, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 1º, fracción I, del mismo ordenamiento. Así, los citados dispositivos legales señalan, lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". RAZONAMIENTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. De lo transcrito, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano, y que la improcedencia del juicio puede resultar de alguna disposición de la Ley de Amparo o de la propia constitución. En la especie, se advierte que acto reclamado no es impugnable en la vía de amparo indirecta, dado que no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el resolver la contradicción de tesis 319/2012, consideró lo siguiente: ".Los artículos 1 y 5 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros disponen que: (.) Por su parte, los preceptos de esa ley, relativos a las facultades de la Comisión y al procedimiento de arbitraje, establecen: (.) De conformidad con los preceptos reproducidos, la ley establece un mecanismo de solución de conflictos de naturaleza heterocompositiva, optativo para las partes, y otorga facultades a la comisión para que dirija tal procedimiento, de acuerdo con las etapas y condiciones previstas en el artículo 68. El procedimiento conciliatorio del que conoce la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros inicia a instancia de parte, por la solicitud expresa del usuario de los servicios financieros. En él debe citarse a las partes a una audiencia de conciliación, dentro de los veinte días hábiles siguientes a partir de la fecha en que se reciba la reclamación del usuario, el objetivo de la audiencia es que las partes concilien sus intereses, para ello, el conciliador formulará las propuestas de solución y procurará que la diligencia se desarrolle en forma ordenada y congruente. Ahora bien, debe distinguirse la etapa de conciliación de la emisión del dictamen técnico, pues aun cuando la posibilidad de elaborarlo aparece en la fracción VII del artículo 68 en análisis, lo cierto es que no constituye un paso dentro de la conciliación, ya que ésta se agota en la audiencia de ley. Efectivamente, la fracción VII dispone que en la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, si no llegan a una conciliación, las invitará a que designen un árbitro, y en caso de que rechacen el arbitraje, se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer ante los tribunales competentes, con lo que se da por concluido el procedimiento. La misma norma establece como atribución de la comisión la de emitir un dictamen técnico, siempre y cuando existan elementos que, a su juicio, permitan suponer la procedencia de lo reclamado. El dictamen técnico que contenga su opinión técnica y jurídica, se entregará al usuario de los servicios financieros, a petición de parte, a efecto de que pueda hacerlo valer ante los tribunales competentes, como prueba de su parte. Para que el usuario pueda presentar la solicitud de dictamen, de acuerdo con la norma, debe agotar el procedimiento conciliatorio y la institución financiera debe rechazar el arbitraje que le proponga la comisión. De donde se puede afirmar que la emisión del dictamen no forma parte del procedimiento de conciliación; la posibilidad de emitirlo surge ante la falta de acuerdo conciliatorio y de aceptación de arbitraje. Es un acto independiente, aunque la posibilidad de su emisión surja del resultado del procedimiento que establece el artículo 68 en análisis. Corresponde a la comisión determinar si procede o no la elaboración del dictamen técnico, a efecto de que, en la eventualidad de que el usuario decida entablar juicio en contra de la institución financiera pueda hacerlo valer ante los tribunales competentes, sin que ello implique, en términos de la ley, que el dictamen determine, de antemano, el sentido condenatorio de la sentencia, pues al ser una mera opinión técnica calificada, no obliga al Juez, quien puede atenderlo o no, según los argumentos y pruebas que ofrezcan las partes. De ahí que tiene carácter de prueba preconstituida, sujeta a las reglas de valoración que le son propias y que, por ello, puede ser contradicha. Es importante precisar que el dictamen únicamente se emitirá cuando, a juicio de la comisión, existan en el expediente elementos suficientes que permitan suponer la procedencia de lo reclamado, sin que ello implique un reconocimiento de que no asiste derecho al reclamante, ya que, dada la naturaleza de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, no podría emitir un dictamen contrario a los intereses del usuario, ni determinar que su reclamación es improcedente. Así, si ante la carencia de elementos suficientes la autoridad no puede presumir, hasta ese momento, la procedencia de lo reclamado, será improcedente la emisión del dictamen, pero el usuario tendrá expedito su derecho para hacerlo valer en la vía y forma que considere oportuna, en la que puede darse el caso de que ofrezca mejores pruebas que las exhibidas en el procedimiento ante la comisión. De lo aquí expuesto es posible concluir que el acuerdo de improcedencia de la emisión del dictamen técnico a que se refiere el artículo 68, fracción VII, párrafo segundo, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (durante el procedimiento conciliatorio, ante el rechazo de las partes al arbitraje), se encuentra desprovisto de los atributos que definen al acto de autoridad, pues a través suyo, la comisión no está desarrollando tareas propias del Estado frente a los gobernados, que afecten derechos e impongan obligaciones. El hecho de que la comisión considere improcedente la emisión del dictamen de ninguna manera modifica, restringe o altera los derechos del usuario, pues al rechazar las partes el arbitraje quedan a salvo sus derechos para hacerlos valer ante los tribunales competentes, en la vía que proceda, en términos de la propia ley. El dictamen, como se dijo, sólo constituye una opinión técnica, que no resulta vinculante, ni determina el sentido en el que deba resolverse la controversia jurisdiccional que en su caso se instaure Por todo lo anterior, es de concluirse que el acuerdo o resolución de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros que determina improcedente la emisión del dictamen técnico a que se refieren los artículos 68, fracción VII y 68 Bis de la ley respectiva, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." De dicha contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 2a./J. 146/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, página 1050, Materias Común y Administrativa, que dice: "COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 68, FRACCIÓN VII, 68 BIS Y 68 BIS 1 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO ORGANISMO, NO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos citados establecen que la Comisión Nacional podrá emitir un dictamen técnico -en los casos en que resulte procedentecuando, agotada la conciliación, las partes no se sometan al arbitraje. Ahora bien, dicho dictamen no forma parte del procedimiento de conciliación, pues la facultad de emitirlo surge ante la falta de acuerdo conciliatorio, además, porque de las aludidas disposiciones legales se advierte que aquél es sólo una opinión técnico-jurídica desprovista de los atributos que definen al acto de autoridad, pues a través de ésta la Comisión no desarrolla tareas propias del Estado frente a los gobernados que afecten derechos e impongan obligaciones, esto es, se trata de una prueba preconstituida que puede aportarse a juicio, quedando sujeta a las reglas propias de la valoración de pruebas y que no determina por sí sola la procedencia de lo reclamado; de ahí que el acuerdo que declara improcedente su emisión no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto." Atento a lo anterior, resulta evidente que el acuerdo que declara improcedente la emisión del dictamen técnico a que se refieren los artículos 68, fracción VII, 68 bis y 68 bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, al estar desprovisto de los atributos que definen al acto de autoridad. De manera que, si el acto que por esta vía se reclama consiste precisamente en la resolución de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictada por la Dirección General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financiera, a través de la Dirección de Dictaminación de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), mediante la cual determinó no estar en posibilidad de emitir el acuerdo de trámite que contuviera el dictamen a que se refiere el artículo 68 bis de la Ley de Protección y defensa al Usuario de Servicios Financieros, resulta inconcuso que en su contra resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al no tratarse de un acto de autoridad. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En esas condiciones, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior, guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos de la parte promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, se traduce en una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Por otro lado, agréguese únicamente para que obre como corresponda el diverso oficio proveniente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, obtenido del módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dado que en líneas que antecede se ordenó remitir el acuse de recibo que solicita dicha superioridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR OFICIO AL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO."

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO

  3. Principal

    En la Ciudad de México, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda, el oficio proveniente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual transcribe el auto de diecinueve de abril del año en curso, dictado en el C.C.A. 11/202 y solicita que en el término de tres días, se exponga lo que se considere pertinente con relación al conflicto planteado; en consecuencia, como lo solicita, infórmese a la superioridad que este órgano jurisdiccional considera que debe conocer de la demanda de amparo presentada, materia del conflicto, es el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por lo siguiente: El artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece: "ARTICULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otra parte, el diverso numeral 54 prevé: "ARTICULO 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En ese sentido, a criterio de este juzgador el acto que reclama la parte quejosa es un acto de naturaleza netamente administrativa, pues cuando se impugna una resolución, acto u omisión de autoridad en relación a sus funciones y conductas básicamente administrativas, o en aplicación de disposiciones administrativas o de órdenes o acuerdos de autoridades administrativas, tales cuestiones se consideraran de naturaleza administrativa, debido a la naturaleza propia del acto reclamado y de la autoridad de la que emana. Bajo ese tenor, si tomamos en consideración que, como se advierte de la demanda, en el acto que se reclama resolución de dieciséis de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 2019/090/44703, emitida por la Dirección General de Procedimientos Jurídicos, Defensoría y Tecnologías Financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que determina no emitir el dictamen solicitado por el usuario; es claro que constituye un acto administrativo, ya que no surge de la aplicación de leyes o legislación de naturaleza civil; ni deriva de una contienda jurisdiccional en materia civil, o con motivo de una determinación de una autoridad de esa naturaleza; de ahí que si el acto reclamado deriva de las actuaciones de una autoridad jurisdiccional de carácter eminentemente administrativo como lo es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros, corresponde conocer del juicio de amparo a una autoridad de naturaleza administrativa. Además, la queja se presentó ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; por tanto, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 52 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que los jueces de Distrito en Materia Administrativa, conocerán de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad de naturaleza administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades de esa índole; de ahí que se actualice la competencia declinada por este juzgado en un órgano de control constitucional en materia administrativa, pues el acto reclamado se atribuye a una autoridad de carácter administrativo. Sirve de apoyo la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, tomo XVIII agosto de 2003, novena época, visible a página 1773, que dice: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. La competencia para conocer de una demanda de garantías por razón de la materia deriva de la naturaleza del acto reclamado, pero no de la autoridad que sea señalada como responsable; por ello, si la parte quejosa señaló en la demanda de amparo como responsables a autoridades de distinta materia, como lo son el Juez de lo Civil y el tribunal administrativo, y si a la primera le atribuyó actos de naturaleza civil como lo es todo lo actuado en el juicio de restitución de parcela, el cual ha concluido con sentencia y está en la etapa de ejecución, y por otra parte, a la segunda de ellas que tiene naturaleza administrativa le atribuyó como acto reclamado el auto por cuya virtud declaró carecer de competencia legal para conocer del procedimiento de restitución de parcela, y si de las constancias de autos se pone de manifiesto que la autoridad del orden civil aceptó y sustanció el procedimiento respecto del cual la autoridad administrativa adujo no tener competencia para ello, es evidente que lo actuado por la autoridad administrativa se subsumió en la aceptación de competencia de la autoridad del orden civil, por lo que deberá estarse, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a que la naturaleza del acto y su ejecución corresponden a un Juez de Distrito en esta materia, puesto que al aceptarse la competencia del procedimiento administrativo declinado por esta autoridad, los actos de ella quedaron inmersos en el actuar de la autoridad del orden civil." Asimismo, sirve de apoyo la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, visible a página 2825, que dice: "JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, COMPETENCIA DE LOS. Los Jueces de Distrito en materia administrativa, deben conocer de los amparos pedidos contra actos de autoridad distinta de la judicial." De lo anteriormente señalado, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se determinó NO ACEPTAR LA COMPETENCIA PLANTEADA, y devolver al Juzgado en Materia Administrativa. Notifíquese por oficio al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, obtenido del módulo de comunicaciones oficiales electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), del índice de este juzgado, mediante el cual acusa recibo de las constancias que se le remitieron en cumplimiento a lo ordenado en auto de ocho de marzo del año en curso, e informa que insiste en declinar la competencia por lo que procede a denunciar el conflicto competencial, lo que hace del conocimiento para los efectos conducentes. Notifíquese por lista al quejoso.

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