Samuel Hernández García
Expediente 368/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 368/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Samuel Hernández García
- Samuel Hernández García y Otros.
- Magistrada de la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos
- Evelyn Yolanda Maltos Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los arábigos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Aunado a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atento a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21 inciso a), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 21, del Acuerdo General en cita, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de veinte días que fue concedido a la parte quejosa Samuel Hernández García, en proveído de veinticuatro de marzo dos mil veintidós, para que, acreditara ante este órgano jurisdiccional, la entrega, para su publicación, de los edictos ordenados para emplazarse a la representante legal Evelin Yolanda Maltos Álvarez, madre de los menores terceros interesados con iniciales X. H. M. y S. I. H. M., en el Diario Oficial de la Federación, así como en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana, sin que hasta este momento lo haya hecho; por lo que, se provee: En atención a lo anterior, el suscrito advierte que, en el presente caso, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo siguiente. El precepto antes citado dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; [.] De dicho precepto se deduce que en el juicio de amparo, si la parte quejosa no acredita haber entregado para su publicación los edictos ordenados para realizar el emplazamiento del tercero interesado, en términos del artículo 27, de la Ley de Amparo, se sobreseerá el procedimiento constitucional. Ahora, de autos se advierte que mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la representante legal Evelin Yolanda Maltos Álvarez, madre de los menores terceros interesados con iniciales X. H. M. y S. I. H. M., por medio de edictos, acorde con lo dispuesto por el artículo 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación al diverso 27, fracción III, inciso b), de este último ordenamiento, en razón de que previamente se agotaron los medios idóneos para la localización del domicilio del citado tercero interesado. Asimismo, en dicho proveído -veinticuatro de marzo de dos ml veintidós-, se puso a disposición de la parte quejosa el edicto correspondiente, y se hizo de su conocimiento que contaba con un plazo de veinte días para que acreditara la entrega de éste para su publicación, con el apercibimiento que de no cumplir con ello, podría sobreseerse el presente juicio de amparo. Así, se observa que la parte quejosa, es decir, Samuel Hernández García, hasta la presente fecha no ha comparecido a recibir el edicto, ni realizó manifestación alguna al respecto, ni acredito la entrega para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como en uno de los periódicos de mayor circulación en la república, para emplazar al tercero interesado representante legal Evelin Yolanda Maltos Álvarez, madre de los menores terceros interesados con iniciales X. H. M. y S. I. H. M. Por tanto, al haber transcurrido el término concedido a la parte quejosa para tal efecto, se llega a la conclusión, de que, la contumacia, en que, incurrió la citada parte procesal, impide cumplir con un presupuesto procesal que se rige como formalidad esencial del procedimiento y que este juzgado federal pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, por lo que, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En efecto, al tomar en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen en todo procedimiento y, toda vez que, las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los terceros interesados, se estima que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, es atribuible a la parte quejosa por la falta de publicación de los edictos, que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los justiciables cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De manera que, al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de la tercero interesada en cuestión, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ya que, se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa. Colorario a lo expuesto, se estima que la contumacia de la parte quejosa demuestra una falta de interés, no relativo al juicio, sino a su tramitación, ya que, aun cuando se le apercibió para efecto de que cumpliera con ello, no lo hizo, por lo que quedó paralizado el juicio a su capricho, en esas condiciones se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós y se decreta el sobreseimiento en términos de los previsto en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Fundamenta lo anterior, el contenido de la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 11 de septiembre de 2015, registro 2009915, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (I) recogerlos, (II) entregarlos para su publicación, y (III) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del diez de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese; personalmente a la quejosa y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no ha sido posible localizar el domicilio en donde pudiera emplazarse a la representante legal Evelin Yolanda Maltos Álvarez, madre de los menores terceros interesados con iniciales X. H. M. y S. I. H. M. pese a las diversas investigaciones realizadas con dicho propósito, en consecuencia, se ordena su llamamiento por medio de edictos, a costa de la parte quejosa, los que deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, haciéndosele saber que debe presentarse ante este Juzgado dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación, fijándose además, en la puerta de este Juzgado, una copia íntegra de este proveído, por todo el tiempo del emplazamiento, apercibiéndole que si pasa este término y no comparece a este Juzgado, las ulteriores notificaciones, se le harán por medio de lista, el que se fijará en las puertas de este Juzgado. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley. Por lo tanto, prevéngase a la parte quejosa, para que en el término de tres días, contados a partir de su legal notificación, comparezca ante este Juzgado, a efecto de que se le haga entrega de los citados edictos, para los efectos de su publicación, en los cuales deberá hacerse un breve resumen de la demanda de amparo; prevéngasele que dentro de los veinte días siguientes deberá acreditar que gestionó lo necesario para su publicación. Se apercibe al querellante de amparo que para el caso de que no acuda a este Tribunal, en el lapso otorgado en la parte final del párrafo que antecede, a recabar los edictos o de no acreditar la publicación de los mismos en el plazo fijado, se sobreseerá en el presente controvertido constitucional, ello con apoyo en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 64/2002, que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 211, tomo XVI, correspondiente al mes de julio de dos mil dos, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Por tanto, y a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para verificarse el día de hoy y para que tenga verificativo la misma, se señalan las once horas con veinte minutos del diez de mayo de dos mil veintidós, la que podrá llevarse a cabo en términos de lo dispuesto por el artículo 26, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, se tiene a la Titular del Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, desahogando el requerimiento que se le formuló en auto de dieciséis de febrero del año en curso. Por tanto, téngasele manifestando que en la base de datos de dicha dependencia no se localizó registro alguno a nombre de Evelin Yolanda Maltos Álvarez. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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