Samuel Gonzalez Castro

Expediente 432/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
432/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Samuel Gonzalez Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ...Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la legislación en comento, contra la sentencia de doce de noviembre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo y protección de la justicia a la parte quejosa en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, en virtud que la sentencia no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. Las partes quejosa y tercero interesada no allegaron documentos al presente sumario. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, inciso b), 20, fracción II, inciso a) y 21, párrafo primero, inciso c) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Asimismo, devuélvase al Juez Menor Mixto de Valle de Santiago, Guanajuato, las constancias que allegó al presente sumario, consistente en copia certificada del juicio **********, de su índice, en un tomo, por ser innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a la autoridad responsable para que se abstenga de acusar recibo de los oficios que este juzgado le remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    ...TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Menor Mixto de Valle de Santiago, Guanajuato, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que acompañó en apoyo a su informe de ley, las cuales consisten en copias certificadas del expediente *** en un tomo, a la que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, no se hicieron valer causas de improcedencia, y no se advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, por ende, se procede a entrar al examen de los motivos de inconformidad planteados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, procede relatar los antecedentes del acto reclamado, en los siguientes términos: *** a través de su endosatario en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, a *** y *** el pago de la cantidad de $52,000.00 (cincuenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), como suerte principal y demás anexos. Tal asunto se registró bajo el número de expediente *** y seguido el trámite de ley, por sentencia de veintiséis de mayo de dos mil catorce, se condenó a los demandados, al pago de la cantidad de $52,000.00 (cincuenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, más los intereses moratorios generados a razón del 4% mensual, a partir del dieciséis de septiembre de dos mil diez (fecha en que venció el documento base de la acción), más los que se siguieran generando hasta la total liquidación del adeudo. Por auto de siete de mayo de dos mil quince, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria. El veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se resolvió el incidente de liquidación de intereses promovido por el aquí quejoso, en que se condenó a la parte demandada, al pago de la cantidad de $218,400.000 (doscientos dieciocho mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios. Tal interlocutoria causó ejecutoria el siete de febrero del año que transcurre. A petición del actor, se corrió traslado a los demandados, quienes en lo individual, por escritos presentados ante la responsable el seis de julio de dos mil veinte, interpusieron el incidente de prescripción de la sentencia. El siete de julio siguiente, el aquí quejoso presentó incidente de actualización y liquidación de intereses. Admitidas dichas incidencias, y efectuada la vista correspondiente, el juez responsable, el veintidós de julio de dos mil veinte, dictó resoluciones, en las que respectivamente: Declaró que operó la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva de veintiséis de mayo de dos mil catorce, dentro del expediente *** peticionada por *** Decretó la prescripción de la ejecución de la mencionada sentencia, instada por *** Y declaró sin materia el incidente de cuantificación de intereses promovido por la parte actora. Las resoluciones que decretaron procedente la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva, constituyen el acto reclamado. SEXTO. Estudio de fondo. No se transcribirán los conceptos de violación esgrimidos, por no exigirlo el artículo 74 de la legislación aplicable. En su único motivo de disenso, la parte quejosa aduce, toralmente, que la prescripción de la ejecución de la sentencia decretada carece de fundamentación y motivación, en virtud que el juez de instancia, retrotrae los efectos que le había concedido mediante interlocutoria de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, la cual causó estado el siete de febrero del año que transcurre. Refiere, que la materia del reclamo contiene una indebida aplicación del numeral 1079 del Código de Comercio, así como de una jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue superada por la diversa 1a./J. 67/2019 (10a.), del mismo origen. Y agrega, que el plazo de prescripción del derecho a ejecutar la sentencia, tanto en su parte líquida como ilíquida, empieza cuando la sentencia causa ejecutoria, y se interrumpe cuando el beneficiario de este derecho realiza cualquiera de los actos mencionados para la ejecución. Por último, solicita el ejercicio del control difuso de constitucionalidad. Es infundado en una parte, e inoperante en una más, el sintetizado concepto de violación. Lo primero, pues contrario a lo expuesto por la parte quejosa, los actos reclamados sí se encuentran fundados y motivados, ya que en éstos el juez responsable señaló con exactitud el precepto legal aplicable al caso, y expresó los razonamientos por los cuales estimó que la parte actora no había interrumpido el término de la prescripción. Cierto, el arábigo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, dispone que el plazo para la ejecución de sentencias de juicios ejecutivos -como el que nos ocupa- es de tres años, los cuales, una vez transcurridos, configuran lo que en términos jurídicos se denomina prescripción negativa, institución establecida en beneficio del deudor para verse librado de una obligación por el transcurso de cierto tiempo sin que el acreedor le exigiera su cumplimiento. En esa tesitura, las constancias remitidas por la responsable, en apoyo a su informe justificado, ponen de manifiesto que la sentencia definitiva causó ejecutoria el siete de mayo de dos mil quince, lo que implica que habían transcurrido más de tres años sin que se hubiere dado impulso procesal para lograr la ejecución de la sentencia, pues fue hasta el nueve de agosto de dos mil diecinueve, cuando la parte actora presentó el incidente de cuantificación de intereses, esto es, posterior a la fecha en que el derecho para solicitar la ejecución de aquella había prescrito (siete de mayo de dos mil dieciocho). De ahí que, como bien lo apuntó la autoridad responsable, con independencia de que el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se hubiere resuelto el incidente de liquidación de intereses propuesto por el aquí quejoso, la prescripción de la ejecución de la sentencia ya había operado de pleno derecho. Esto es, la parte quejosa ya había perdido el derecho a ejecutar la sentencia y ese derecho no vuelve a nacer con posterioridad, como pretende, con la interposición de un incidente, pues aún cuando éste se resolviera, lo cierto es que ya había dejado de tener el derecho a ejecutar; sin que la parte demandada, en algún momento hubiese reconocido o convalidado el derecho de la actora a ejecutar, pues no compareció al incidente de liquidación y, por el contrario su primera actuación fue la de hacer valer la prescripción. De tal manera, que no se advierte que se hubieren retrotraído los efectos de la ejecución de la sentencia, pues cuando el disidente interpuso el multicitado incidente de liquidación de sentencia, ya habían transcurrido los tres años para que operara la prescripción de la ejecución de aquella. Luego, deviene inoperante el argumento relativo a que la jurisprudencia invocada por la autoridad responsable, quedó superada con la diversa 1a./J. 67/2019 (10a.), del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no brinda los razonamientos por los que, a su parecer, el primer criterio superó al segundo, ni tampoco el motivo por el cual, la incidencia que planteó, interrumpe el plazo legal de tres años para su prescripción; máxime que del contenido de la jurisprudencia que el inconforme estima aplicable, se desprende que el plazo de prescripción del derecho a ejecutar la sentencia, tanto en su parte líquida como ilíquida, comienza cuando la sentencia causa ejecutoria, situación que aconteció en el caso. Finalmente, respecto al argumento en que solicita que este juzgado federal realice un control difuso de constitucionalidad, debe puntualizarse que esa sola mención no deriva en que las cuestiones planteadas deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer o solicitar la interpretación más amplia o extensiva que se argumente, pues fue omiso en señalar el derecho humano que estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio que le produce. En las relatadas condiciones, ante lo infundado e inoperante del concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, y sin que se advierta queja deficiente qué suplir, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *** contra los actos y autoridad precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en el sexto subsecuente de la presente resolución...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DICTADA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE CONCLUYÓ EN LO SIGUIENTE: ...TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Menor Mixto de Valle de Santiago, Guanajuato, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que acompañó en apoyo a su informe de ley, las cuales consisten en copias certificadas del expediente *** en un tomo, a la que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, no se hicieron valer causas de improcedencia, y no se advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, por ende, se procede a entrar al examen de los motivos de inconformidad planteados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, procede relatar los antecedentes del acto reclamado, en los siguientes términos: *** a través de su endosatario en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, a *** y *** el pago de la cantidad de $52,000.00 (cincuenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), como suerte principal y demás anexos. Tal asunto se registró bajo el número de expediente *** y seguido el trámite de ley, por sentencia de veintiséis de mayo de dos mil catorce, se condenó a los demandados, al pago de la cantidad de $52,000.00 (cincuenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, más los intereses moratorios generados a razón del 4% mensual, a partir del dieciséis de septiembre de dos mil diez (fecha en que venció el documento base de la acción), más los que se siguieran generando hasta la total liquidación del adeudo. Por auto de siete de mayo de dos mil quince, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria. El veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se resolvió el incidente de liquidación de intereses promovido por el aquí quejoso, en que se condenó a la parte demandada, al pago de la cantidad de $218,400.000 (doscientos dieciocho mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios. Tal interlocutoria causó ejecutoria el siete de febrero del año que transcurre. A petición del actor, se corrió traslado a los demandados, quienes en lo individual, por escritos presentados ante la responsable el seis de julio de dos mil veinte, interpusieron el incidente de prescripción de la sentencia. El siete de julio siguiente, el aquí quejoso presentó incidente de actualización y liquidación de intereses. Admitidas dichas incidencias, y efectuada la vista correspondiente, el juez responsable, el veintidós de julio de dos mil veinte, dictó resoluciones, en las que respectivamente: Declaró que operó la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva de veintiséis de mayo de dos mil catorce, dentro del expediente *** peticionada por *** Decretó la prescripción de la ejecución de la mencionada sentencia, instada por *** Y declaró sin materia el incidente de cuantificación de intereses promovido por la parte actora. Las resoluciones que decretaron procedente la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva, constituyen el acto reclamado. SEXTO. Estudio de fondo. No se transcribirán los conceptos de violación esgrimidos, por no exigirlo el artículo 74 de la legislación aplicable. En su único motivo de disenso, la parte quejosa aduce, toralmente, que la prescripción de la ejecución de la sentencia decretada carece de fundamentación y motivación, en virtud que el juez de instancia, retrotrae los efectos que le había concedido mediante interlocutoria de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, la cual causó estado el siete de febrero del año que transcurre. Refiere, que la materia del reclamo contiene una indebida aplicación del numeral 1079 del Código de Comercio, así como de una jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue superada por la diversa 1a./J. 67/2019 (10a.), del mismo origen. Y agrega, que el plazo de prescripción del derecho a ejecutar la sentencia, tanto en su parte líquida como ilíquida, empieza cuando la sentencia causa ejecutoria, y se interrumpe cuando el beneficiario de este derecho realiza cualquiera de los actos mencionados para la ejecución. Por último, solicita el ejercicio del control difuso de constitucionalidad. Es infundado en una parte, e inoperante en una más, el sintetizado concepto de violación. Lo primero, pues contrario a lo expuesto por la parte quejosa, los actos reclamados sí se encuentran fundados y motivados, ya que en éstos el juez responsable señaló con exactitud el precepto legal aplicable al caso, y expresó los razonamientos por los cuales estimó que la parte actora no había interrumpido el término de la prescripción. Cierto, el arábigo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, dispone que el plazo para la ejecución de sentencias de juicios ejecutivos -como el que nos ocupa- es de tres años, los cuales, una vez transcurridos, configuran lo que en términos jurídicos se denomina prescripción negativa, institución establecida en beneficio del deudor para verse librado de una obligación por el transcurso de cierto tiempo sin que el acreedor le exigiera su cumplimiento. En esa tesitura, las constancias remitidas por la responsable, en apoyo a su informe justificado, ponen de manifiesto que la sentencia definitiva causó ejecutoria el siete de mayo de dos mil quince, lo que implica que habían transcurrido más de tres años sin que se hubiere dado impulso procesal para lograr la ejecución de la sentencia, pues fue hasta el nueve de agosto de dos mil diecinueve, cuando la parte actora presentó el incidente de cuantificación de intereses, esto es, posterior a la fecha en que el derecho para solicitar la ejecución de aquella había prescrito (siete de mayo de dos mil dieciocho). De ahí que, como bien lo apuntó la autoridad responsable, con independencia de que el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, se hubiere resuelto el incidente de liquidación de intereses propuesto por el aquí quejoso, la prescripción de la ejecución de la sentencia ya había operado de pleno derecho. Esto es, la parte quejosa ya había perdido el derecho a ejecutar la sentencia y ese derecho no vuelve a nacer con posterioridad, como pretende, con la interposición de un incidente, pues aún cuando éste se resolviera, lo cierto es que ya había dejado de tener el derecho a ejecutar; sin que la parte demandada, en algún momento hubiese reconocido o convalidado el derecho de la actora a ejecutar, pues no compareció al incidente de liquidación y, por el contrario su primera actuación fue la de hacer valer la prescripción. De tal manera, que no se advierte que se hubieren retrotraído los efectos de la ejecución de la sentencia, pues cuando el disidente interpuso el multicitado incidente de liquidación de sentencia, ya habían transcurrido los tres años para que operara la prescripción de la ejecución de aquella. Luego, deviene inoperante el argumento relativo a que la jurisprudencia invocada por la autoridad responsable, quedó superada con la diversa 1a./J. 67/2019 (10a.), del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no brinda los razonamientos por los que, a su parecer, el primer criterio superó al segundo, ni tampoco el motivo por el cual, la incidencia que planteó, interrumpe el plazo legal de tres años para su prescripción; máxime que del contenido de la jurisprudencia que el inconforme estima aplicable, se desprende que el plazo de prescripción del derecho a ejecutar la sentencia, tanto en su parte líquida como ilíquida, comienza cuando la sentencia causa ejecutoria, situación que aconteció en el caso. Finalmente, respecto al argumento en que solicita que este juzgado federal realice un control difuso de constitucionalidad, debe puntualizarse que esa sola mención no deriva en que las cuestiones planteadas deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer o solicitar la interpretación más amplia o extensiva que se argumente, pues fue omiso en señalar el derecho humano que estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio que le produce. En las relatadas condiciones, ante lo infundado e inoperante del concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, y sin que se advierta queja deficiente qué suplir, procede negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *** contra los actos y autoridad precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en el sexto subsecuente de la presente resolución...

  4. Incidental

    ...Agréguese a los autos el escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles1, expídase a su costa las copias certificadas que solicita, previa razón de recibo que se deje en autos. En el entendido que para su obtención deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.22, respecto de lo que se le informa que el centro de fotocopiado labora hasta antes de las 15:00 horas, a efecto de que lo tome en consideración, al momento de agendar su cita. Asimismo, se le informa que en caso de solicitar su acceso al expediente electrónico, con su firma electrónica, podrá descargar copia de las constancias que obran el expediente electrónico, las cuales, de incluir la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento del ocursante que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación...

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