Samuel Gonzalez Bustos
Expediente 824/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 824/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Samuel Gonzalez Bustos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días por lo que este órgano de control constitucional se encuentra obligado a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por lo que con base en los elementos existentes en el expediente, y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, se impone analizar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En el caso, en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia y se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que diera cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio. En el entendido de que el amparo concedido a Samuel González Bustos, fue para el efecto de que la junta responsable: Desahogue las pruebas admitidas consistentes en el informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, o, en su defecto, decrete la imposibilidad para hacerlo en el juicio laboral 01/831/18, remitiendo copia certificada y legible de las constancias con las que así lo acredite. Así, por oficio recibido en este juzgado el diez de noviembre de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, remitió copia certificada de los acuses de los oficios girados al oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que rindiera su respectivo informe; el oficio del Gerente Jurídico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante el cual rinde su informe de autoridad y del auto por el cual tuvo por cumplido el requerimiento formulado al instituto citado en último término.. Luego, por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la copia certificada del acuerdo de dieciséis de noviembre de la citada anualidad, por el cual la junta responsable tuvo al Instituto Mexicano del Seguro Social rindiendo su informe de autoridad. Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo esa tesitura, atento al estudio íntegro efectuado a los oficios de referencia, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, toda vez que los efectos de la concesión del amparo fueron para que la autoridad responsable desahogara las pruebas consistentes en el informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y toda vez que del contenido de los oficios antes precisados, se advierte que dicha autoridad ha desahogado dichas pruebas, es dable concluir que dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, en las narradas condiciones, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Además, se estima que no se incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo, ni existió imposibilidad para tal efecto. En otro sentido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Asimismo se precisa que este expediente no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 1 del capítulo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en mención, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, en atención al requerimiento de once de noviembre de dos mil veintiuno, remite copia certificada de la siguiente documental: Acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual tiene por cumplido el requerimiento efectuado por oficio JE1/557/2021 y JE1/556/2021, motivo por el cual tuvo por legalmente rendido el informe de autoridad del Instituto Mexicano del Seguro Social. VISTA CON CUMPLIMIENTO Por tanto, con copia de los oficios con folios 15871 y 16528 y anexos respectivos, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda; con el apercibimiento que de no realizarlo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, en el momento procesal oportuno acordará lo que legalmente proceda. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XI, marzo de dos mil, página 243, registro 192174, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa con copia de los oficios con folios 15871 y 16528 y anexos respectivos.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado por este órgano jurisdiccional, remite copia certificada de las siguientes documentales: Auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual, informa que giró oficios al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que rindiera su respectivo informe registrados bajo el número JE1/556/2021 y JE1/557/2021, asimismo, remite copias de los acuse de dichos oficios. Oficio número DR/XI/ASJ/623/2019, suscrito por el Gerente Jurídico del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante el cual rinde su informe de autoridad requerido por la autoridad responsable. Auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual tuvo por cumplido el requerimiento formulado a la autoridad responsable Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante acreditando las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a Eloysa Torices Blanco, Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de diez días, contado a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, remita copia certificada de lo siguiente: Auto recaído al cumplimiento del requerimiento efectuado por auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, a la autoridad Instituto Mexicano del Seguro Social, así como las constancias de notificación respectivas. APERCIBIMIENTO AUTORIDAD RESPONSABLE. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, esto en observancia a lo establecido por el diverso numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. En ese contexto, hágase del conocimiento a la citada autoridad, que el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece que se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Así también, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se le hace saber que seguirá teniendo responsabilidad aunque deje su respectivo cargo. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Estado procesal Visto el estado que guardan los autos, y específicamente de la certificación con que se da cuenta, se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que, se resolvió: ".ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a SAMUEL GONZÁLEZ BUSTOS, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo por las razones vertidas en el diverso quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el considerando séptimo de la presente resolución." Causa ejecutoria Se declara que la resolución dictada, con fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento de cumplimiento Ahora bien, con fundamento en el numeral 192, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que dentro del término de tres días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la ejecutoria de amparo o en su caso, informe las gestiones que se encuentra realizando para dicho cumplimiento, resolución que fue concedida para que dentro del juicio laboral 01/831/18, realice lo siguiente: ".Desahogue las pruebas admitidas consistentes en el informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, o, en su defecto, decrete la imposibilidad para hacerlo en el juicio laboral 01/831/18, remitiendo copia certificada y legible de las constancias con las que así lo acredite..". Apercibimiento autoridad responsable Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo. En ese contexto, hágase del conocimiento a la citada autoridad, que el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, establece que se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, a la autoridad que dolosamente incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir. Así también, conforme al artículo 193 de la ley que nos ocupa, se le hace saber que seguirá teniendo responsabilidad, aunque deje su respectivo cargo. Notifíquese.
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