Samuel Gómez Mendoza y Otros.
Expediente 1147/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1147/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/09/2023
Partes del expediente
- Samuel Gómez Mendoza y Otros.
- Samuel Gómez Mendoza
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción...
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE el juicio de amparo 1147/203-I, promovido por Samuel Gómez Mendoza, contra el acto reclamado, a la autoridad precisada y por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada de conformidad a lo establecido en el considerando último de la misma.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la siguiente autoridad: Juez Especializada del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, Región Uno del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado de referencia. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la citada Ley, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, la documental que anexa la autoridad responsable, consistente en copia certificada de las constancias que obran dentro del expediente ********************, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia del presente expediente. Con el contenido del informe y constancias de que se trata, dese vista a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de garantías promovida por Samuel Gómez Mendoza, contra actos del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral del Distrito Judicial de Tuxtla Gutierrez, con sede en esta ciudad, consistente en la dilación de acordar escrito de dos de marzo de dos mil veintitrés en el expediente laboral 346/2022; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE LA DEMANDA, fórmese expediente y regístrese su ingreso con el número 1147/2023-I, en el libro de gobierno respectivo. Sin que haya lugar aperturar el incidente de suspensión por no haberlo solicitado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días, al en que reciba el oficio en el que se le solicita, enviándole al efecto copia simple de la demanda; al que deberá acompañar los originales, o, en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; con el apercibimiento que de no rendir su informe con justificación, se presumirá cierto el acto que se le reclama; así como también se le impondrá multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos con 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de ser cierto el acto reclamado la responsable deberá remitir la resolución vía correo electrónico (e-mail) a la dirección 5jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx y en caso de no contar con dicho medio de comunicación, en disco compacto; lo anterior para garantizar la prontitud y expeditez en la impartición de justicia consagrada en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117, de la Ley de Amparo, en virtud que en diversos criterios jurisprudenciales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el uso de medios electrónicos en los juicios de amparo para facilitar la labor jurisdiccional en beneficio de los gobernados; apercibida que de no hacerlo, se le impondrá multa por el equivalente a Cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el dispositivo 75, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria, de los Artículos 103 y 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, solicítese a la autoridad responsable para que en caso que la parte quejosa haya promovido diversa demanda de amparo contra el acto que reclama en esta vía constitucional, anexe copias certificadas de las constancias relacionadas con dicha acción; por otro lado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a esta autoridad y, de ser posible, acompañe las constancias que la acredite, apercibido que no hacerlo así, se le impondrá multa por Treinta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos) diarios, que asciende a la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos, 20/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 251, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá lugar a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. En ese sentido, no habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGGJ/index.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al numeral 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que refiere en esta ciudad y como autorizados en términos que refiere en su escrito a los profesionistas que menciona. Por otra parte, el promovente de amparo solicita se autorice el acceso al expediente electrónico. Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta y de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se encontró registrado el usuario "SDABOGADOS"; como lo solicita el promovente, con fundamento en los numerales 34 a 41, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado el doce de junio de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el citado usuario. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la autorización de consulta, ello para los efectos legales conducentes. Se hace del conocimiento que podrán hacer uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser; siempre y cuando, el medio que se utilice no amerite ser implantado en el equipo de cómputo de este órgano jurisdiccional, ya que de acuerdo a las políticas informáticas, este órgano de Control Constitucional no está facultado para introducir unidades de almacenamiento o cualquier otro que se asemeje al equipo de este Juzgado, en virtud que cualquier software malicioso puede dañar el sistema operativo de las máquinas, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cuanto al tercero interesado Afore Invercap, S.A. de C.V., con sede en esta ciudad, que señala la parte quejosa, esta autoridad estima innecesario ordenar su emplazamiento, en consideración a que el acto reclamado se hace consistir dilación de acordar escrito de dos de marzo de dos mil veintitrés en el expediente laboral 346/2022, lo cual no le irroga perjuicio alguno. Además, el tercero interesado es aquél que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado, lo que, en el presente asunto resulta inadmisible, dado que no existe motivo para que personas distintas al quejoso estuvieran interesadas en la subsistencia de una situación de incertidumbre generada por la abstención de pronunciarse en relación a realizar diligencias tendientes al trámite del expediente de origen. Máxime que al dictar diversas medidas para la búsqueda y localización del citado tercero interesado, se retrasaría de manera innecesaria el procedimiento, en detrimento de los derechos que protege el artículo 17 de la Constitución Federal. Al respecto, tiene aplicación la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 923, del Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que al rubro y texto dice: "TERCERO PERJUDICADO, INEXISTENCIA DEL. CUANDO SE RECLAMA LA ABSTENCIÓN DE RESOLUCIÓN CULMINATORIA DE UN PROCEDIMIENTO O LA ABSTENCIÓN DE ACORDAR UNA PROMOCIÓN. De la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, se desprende que tercero perjudicado es el que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado, con intereses semejantes a los de la autoridad responsable, pues pretende se declare la constitucionalidad de los actos reclamados en el amparo o, en su caso, el sobreseimiento en el mismo. Bajo esa premisa, se concluye que cuando se reclaman actos violatorios de las garantías de los artículos 8o. y 17 constitucionales por la abstención de resolución culminatoria de un procedimiento o la falta de acuerdo a una promoción, no es jurídico estimar que deba intervenir con el carácter de tercero perjudicado la contraparte del quejoso, pues con ese carácter sólo se legitima al que tiene interés en la subsistencia del acto reclamado, lo que, en casos como los apuntados, resulta inadmisible, dado que no existe motivo para que personas distintas al quejoso estuvieran interesadas en la subsistencia de una situación de incertidumbre generada por el hecho de no dictarse la resolución que ponga fin a un procedimiento declarando el derecho de las partes o de dictarse el acuerdo de una promoción; por tanto, por vía de consecuencia, la contraparte del quejoso en el juicio natural carece de interés jurídico para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que concede el amparo contra actos de la naturaleza antes señalada, por lo que, el aludido recurso debe desecharse." Respecto a las pruebas documentales ofrecidas por la promovente de amparo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia naturaleza jurídica, las cuales serán valoradas en el momento procesal oportuno. Asimismo, con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes, que las pruebas y alegatos pueden presentarse por escrito, por medio del Portal de Servicios en Línea, o bien, con uso de Firel; asimismo, solamente podrán hacer alegatos en forma verbal tratándose de los supuestos previstos en el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo...
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