Samuel Goldsmit Brindis

Expediente 72/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
72/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
04/04/2019

Partes del expediente

  • Samuel Goldsmit Brindis

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por **, apoderado general del quejoso **, mediante el cual solicita la devolución del instrumento notarial ciento cuarenta y nueve mil veinte, mismo que anexó a su escrito inicial de demanda. Visto lo anterior, y de autos se advierte que obra glosada copia del referido instrumento notarial; en tales condiciones, con apoyo en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2 de le Ley de Amparo, previa comparecencia y toma de razón que por su recibo obre en autos, se ordena devolver al promovente las constancias que refiere. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VI Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por remisión expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio certificado de la ejecutoria pronunciada el seis de marzo del año en curso, en los autos del recurso de queja 34/2019 de su índice, cuyos puntos resolutivos son los siguiente "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido. TERCERO. Se desecha la demanda de amparo promovida por **, por conducto de su apoderado **. En esas condiciones, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), asimismo, archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito. Igualmente, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VI Téngase por recibido el escrito firmado por **, apoderado general del quejoso **, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído dictado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, para los efectos de la tramitación del mencionado recurso, remítase inmediatamente el original y copia del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para su substanciación, con copia certificada del juicio de amparo. En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 101 del ordenamiento en cita, se rinde informe de la queja, en el sentido de que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Sin que sea el caso dar vista a las partes para que señalen las constancias que deben remitirse para resolver el recurso, en virtud de que, como se anticipó en el primer párrafo de este proveído, el auto recurrido es la determinación en la que se desechó la demanda, motivo por el que el suscrito considera pertinente enviar copia certificada del juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VI. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***************, por conducto de su apoderado legal ***************, personalidad que acredita y se le reconoce en términos de la copia certificada de la escritura ciento cuarenta y nueve mil veinte, pasada ante la fe del Notario Público Ciento Treinta y Dos de la Ciudad de México, contra actos de la Primera Sala Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 72/2019-VI. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, este juzgador interpreta que el acto reclamado es:  La resolución dictada por la Sala responsable el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en el toca civil ***************, mediante la cual se confirmó la interlocutoria que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones promovido en los autos del juicio ***************, respecto del auto dictado el veinte de agosto de dos mil dieciocho. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En ese sentido, se destaca que respecto del citado acto reclamado, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. Los citados artículos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107.- El amparo se pedirá ante el juez de distrito: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Es preciso destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Al respecto, debe señalarse que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a) Constitucional y 170 de la Ley de Amparo; pero, existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el propio artículo 107, fracción III, incisos b) y c) constitucional y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Así, el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no vulneran por sí derechos fundamentales, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquéllos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales; ya que de obtener una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de esa violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse algún derecho sustantivo. Esto es así, partiendo de la premisa de que tales actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, sino que tan solo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado; de modo que resulta necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva para en su caso, combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado, como una violación procesal. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Ahora bien, los dispositivos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo vigente, disponen que cuando se reclaman actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Es aplicable la jurisprudencia 607, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, que establece: Se transcribe. Es decir, procede el juicio biinstancial, solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando por lo tanto improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente tienen efectos de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino en que, con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia P./J.24/92, del Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Pleno, de la siguiente manera: Se transcribe. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón de que el acto que por esta vía se reclama no es considerado como de imposible reparación, que hiciera procedente el juicio de amparo. Es conveniente destacar que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo; el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra la sentencia de segunda instancia pronunciada el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho en el toca 819/2018, en la que se confirmó la interlocutoria mediante la cual el juez natural declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones promovido en el expediente 627/2018, respecto del auto dictado el veinte de agosto de dos mil dieciocho, porque dicho acto tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etc.) y que tutela la Constitución General de la República por medio de las garantías individuales, por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación. Por tanto, al quedar asentado que el acto reclamado es una violación de carácter procesal, hay que estar a lo establecido en el numeral 172, fracción VII, en el sentido de que se tomarán en cuenta como violaciones a las leyes del procedimiento y que afecten las defensas del quejoso, los demás casos análogos a las fracciones que la preceden a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 3/J. 40 26/89, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: Se transcribe. Así como también es aplicable el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en la tesis XXI.1o.28 K, cuyo epígrafe y dictamen rezan: Se transcribe. Por tanto, dado que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por ***************, apoderado general de *************** contra actos de la Primera Sala Civil de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otra autoridad, por notoriamente improcedente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. En cuanto a la devolución del documento con el que la parte quejosa acredita su personalidad; en términos de la parte inicial del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, no ha lugar a acordar de conformidad su devolución, hasta en tanto adquiera firmeza procesal la sentencia que se emita en el presente asunto. Ello obedece a que con dicha constancia acreditó su personalidad para instar en el presente sumario y como todo documento, puede ser objetado durante la tramitación del juicio, en cuanto a su falsedad, por ende, es indispensable contar con los elementos que de forma inicial se presentaron para sustentar la calidad con la cual promueve, hasta que se declare firme la resolución por la que se ponga fin a esta instancia. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICO. Finalmente, se autoriza a la parte quejoso el uso de equipo y medios electrónicos para tomar placas fotográficas, únicamente por lo que hace a las constancias que integran el presente juicio de amparo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DOMICILIO. En otro orden, de conformidad con el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquese a la parte quejosa las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en el local que ocupa este de este Juzgado de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***************, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y de forma restringida al resto de los profesionistas señalados en el proemio de la demanda, limitación que subsistirá hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en el aludido Sistema. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 9,095 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano